martes, 28 de diciembre de 2010

Quedó firme un fallo que elimina los topes para cobrar jubilaciones altas

La ANSeS no apeló una sentencia en favor de un jubilado por recálculo de haberes.

28/12/10
Por
Ismael Bermúdez


El primer fallo que introdujo la novedad de suprimir el tope para calcular el haber del jubilado quedó firme. La ANSeS no lo apeló . Ahora el organismo previsional deberá pagar el retroactivo y reajustar el haber del jubilado en más del 100%.

La sentencia, que beneficia a los trabajadores y empleados de sueldos altos, provocará un nuevo reguero de juicios contra la ANSeS, reclamando lo mismo.

Como anticipó Clarín días atrás, la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social había ordenado recalcular el haber del jubilado Oscar Cruz tomando el cuenta todo el sueldo, sin el tope previsional.

Actualmente, aunque ganen más, los trabajadores en relación de dependencia aportan el 11% hasta $ 11.829,21 de la remuneración bruta (antes de los descuentos). Y la jubilación también está “topeada”: tiene un límite de 7.666,37 pesos.

Lo que dice el fallo firmado por los jueces Nora Dorado, Emilio Fernández y Luís Herrero es que esos topes son inconstitucionales porque la jubilación debe mantener una “proporción justa y razonable” con el ingreso que tuvo el jubilado en su vida activa, algo que lógicamente se reduce con los topes.

Así, ordenaron recalcular la jubilación tomando en cuenta todo el sueldo y no sólo sobre lo aportado. Pero como aportó hasta el tope, la sentencia autoriza a la ANSeS a retener de la jubilación recalculada de Cruz lo que no aportó, o sea el 11% de la diferencia entre el sueldo real y el tope actualizado. Esa diferencia es una deuda de Cruz con el sistema previsional que la ANSeS deberá deducir mensualmente por el equivalente al 5% de la jubilación hasta que quede cancelada .

En el caso Cruz lo que pasó fue lo siguiente, según comentó a Clarín el abogado que lo patrocinó, Rodrigo Martul Sainz: durante 6 de los últimos 10 años anteriores a su jubilación, que se toman como referencia para calcular la jubilación de los empleados en relación de dependencia, Cruz — quien se desempeñaba como contador— cobró un sueldo entre un 50% y 80% superior al tope sobre el cual se realizaban los aportes previsionales. Por ejemplo, a mediados de los 90 “el sueldo de Cruz era de $7.720 pero sus aportes fueron realizados hasta el máximo o el tope de aquel momento -1995- que era de $4.320. Entonces la ANSeS calculó la jubilación sobre la base de lo aportado y no de lo que efectivamente ganaba, como dice la ley previsional”.

En su demanda, Cruz también cuestionó, que para calcular su jubilación, la ANSeS no actualizara los salarios de referencia por la variación de los salarios . Y que a partir de 2002, su jubilación efectiva no siguió la evolución de los salarios.

En relación a estos reclamos, los camaristas plantearon que la Corte Suprema ya se había pronunciado y así resolvieron, siguiendo el caso Elliff, tomar en cuenta los salarios percibidos ajustados por el índice de los salarios básicos de la industria y la construcción -personal no calificado-, sin la limitación del tope. Y para la movilidad del haber posterior a enero de 2002, aplicar el ajuste del caso “Badaro”.

En Badaro, la Corte Suprema ajustó los haberes un 88,6% entre enero de 2002 y diciembre de 2006, cuando en ese lapso Cruz recibió un aumento de solo el 11 por ciento.

“Si se suma el ajuste de Elliff y Badaro, más el ajuste por la eliminación del tope, menos el descuento por la deuda con la ANSeS, la jubilación de Cruz más que se duplica”, aseguró Martul Sainz.

Que la ANSeS no haya apelado este fallo, significa que está firme pero no anticipa que no apele otras sentencias similares . De todos modos, anticipa una nueva oleada de juicios

lunes, 27 de diciembre de 2010

La economía en el “País de las Maravillas”: cómo fue el 2010 para el INDEC

Con la inflación manipulada, hubo aumentos notables en los indicadores oficiales de ingresos.

Por
Ismael Bermúdez

27/12/10

En el “mundo” del INDEC, en el que la inflación anual ronda el 11%, este año fue extraordinario para los más humildes, para los indigentes y pobres, para los jubilados y para los asalariados en blanco y en negro. Y como en los tres años anteriores, los precios subieron moderamente en la versión oficiail, 2007, 2008 y 2009 fueron también más que beneficiosos para la gran mayoría de los argentinos.

Se acumulan cuatro años de mejoras que desafían todos los manuales de economía, aunque este período coincide con las sospechas de que los índices de inflación están manipulados .

Con los números del INDEC, los asalariados formales -8 millones- pueden comprar un 16% más que a fines de 2009, sin considerar los plus que recibieron o están recibiendo algunos gremios en estos días porque dicen que el salario no les alcanza . Los más de 4 millones que están “en negro” también fortalecieron el poder adquisitivo, pero “apenas” un 10%, solo porque entre 2007 y 2009 ya habían tenido una recuperación más que sorprendente.

Así, y luego de la normalización salarial que se produjo hacia fines de 2006 tras la crisis de 2001-2002, en solo 4 años el poder de compra de los asalariados no registrados creció el 77%, dejando atrás a los trabajadores formales que mejoraron un 52%. Esto pasó porque los empleadores consintieron en dar aumentos salariales que superaron ampliamente el 110%, en tanto remarcaron los precios minoristas menos del 40%.

Que los salarios suban año tras año por el ascensor y los precios por la escalera es otro “mérito” de la estadística oficial .

Aunque siguen colapsando con juicios los tribunales de la Seguridad Social, más de 5 millones de jubilados y pensionados no se quedaron atrás porque recibieron dos aumentos en el año y en diciembre los $ 500 extras, que les permitieron fortalecer un 15% la capacidad de compra . Y en estos cuatro años, si bien no les fue tan bien como a los empleados en negro, no deberían quejarse: cotejando los aumentos de los haberes y la inflación oficial pueden comprar un 60% más. Algo similar sucedió con los pensionados.

Todo esto tuvo lugar con el agregado de que este año los hijos de los desocupados y trabajadores informales cobraron la asignación de $ 180 mensuales que luego se elevó a $ 220, absorbiendo lo que percibían de los planes sociales.

Sin embargo, esta mejora real no modificó mayormente los datos de indigencia y pobreza que bajaron poco en 2010 porque ya habían caído mucho desde que se empezó a manipular los datos de inflación a fines de 2006 . El INDEC puso así en cuestión el impacto de la implementación de la Asignación por Hijo -algo que no motivó la reprimenda del Gobierno-, porque si hubiera tomado en cuenta plenamente la incidencia social, las cifras de indigencia hubieran sido negativas , algo imposible.

De todas maneras, con las mejoras reales y los beneficios surgidos de la baja estadística inflación oficial, no es extraño que para el INDEC no haya casi indigentes -apenas el 3,1% según los datos de la primera mitad de 2010- y en estos 4 años hayan salido de la pobreza 8 millones de personas, aunque el consultor oficialista Artemio López contradiga esos números y asegure que el número de pobres duplica las cifras oficiales

sábado, 25 de diciembre de 2010

Un convenio salarial toma como válida la inflación de una ex INDEC

El convenio salarial entre el SMATA y TA GAS Technology dice que se revisará la evolución salarial “teniendo en cuenta entre otras fuentes el IPC (UBA) correspondiente al trimestre enero/marzo 2011”.


Por
Ismael Bermúdez
ibermudez@clarin.com

Mientras empresarios y sindicalistas buscar llegar a un acuerdo social, ayer el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el convenio salarial entre el SMATA y una empresa del sector –TA GAS Technology- homologado por la Secretaría de Trabajo. La novedad es que, negro sobre blanco, en el punto sexto se dice que acuerdan revisar la evolución salarial, “teniendo en cuenta entre otras fuentes el IPC (UBA) correspondiente al trimestre enero/marzo 2011”.

El IPC-UBA es el que elabora Graciela Bevacqua, la desplazada directora del IPC del INDEC . En lo que va de este año, este índice arroja un alza de los precios minoristas del 23,4%, mientras el INDEC registró apenas un 10% .

En el sector automotor casi todos los convenios —como el de Ford, Mercedes Benz y Volkswagen— ya toman como referencia para la discusión salarial futura, no los datos del INDEC, sino el IPC de Bevacqua. .

Otra novedad comprende a los trabajadores químicos y petroquímicos de Bahía Blanca. En el convenio con la empresa Praxair —también homologado por la Secretaría de Trabajo— se dice que “las partes asumen el compromiso de incluir como primer punto de discusión de la próxima paritaria salarial el eventual excedente inflacionario que pudiera existir entre la variación que sufra el Indice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBA) durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2010 y el 31 de marzo de 2011 y el incremento salarial acordado en la presente”.

El Indice CREEBA arroja un alza del 22% en los últimos 12 meses, bastante similar al del IPC-UBA, y que es el doble del índice oficial.

Si bien ningún sindicato, ninguna empresa o cámara empresaria y ni el propio Gobierno nacional o los gobiernos provinciales vienen negociando los salarios en base a la inflación oficial, lo notable es que, expresamente en varios convenios y con la rúbrica de la Secretaría de Trabajo, acepten sustituir al IPC del INDEC como una referencia de las futuras negociaciones . Y acepten como válidas las estadísticas alternativas que difunde la ex funcionaria que hasta diciembre de 2006 elaboraba el índice oficial y que fue desplazada con el argumento de que “medía mal la evolución de los precios” o se admitan mediciones de entidades privadas.

martes, 21 de diciembre de 2010

Los argentinos tienen en el colchón US$ 140.000 millones

Los fondos que están fuera del sistema casi triplican las reservas del Banco Central.


Por
Ismael Bermúdez
21/12/10



Los ahorros que los argentinos tienen bajo el colchón, en cajas de seguridad o en el exterior ya suman US$ 140.408 millones, de acuerdo a las estimaciones de la balanza de pagos difundidas ayer por el INDEC.

De este total, y a pesar de la persistencia de la crisis europea y estadounidense, en los 9 meses primeros de 2010, casi US$ 7.000 millones salieron fuera del sistema , divisas que fueron provistas por el fuerte excedente del comercio exterior.

En cambio, en igual período, las reservas del Banco Central, presidido por Mercedes Marcó del Pont, aumentaron menos de la mitad: US$ 3.080 millones, totalizando a fines de septiembre US$ 51.125 millones.

Esos cuantiosos fondos que están al margen del sistema superan la deuda externa total (estimada en US$ 127.369 millones) y equivalen casi tres veces las reservas del Banco Central. Además, en la mayoría de los casos esos ahorros no están declarados, afectando la recaudación tributaria.

El informe del INDEC señala que en los primeros nueve meses del 2010 los “activos externos del sector privado no financiero” se incrementaron en US$ 7.324 millones. De ese total, apenas US$ 472 millones se destinaron a inversiones directas en el exterior y el resto (US$ 6.852 millones) a depósitos, bonos y acciones al margen del sistema.

Del informe oficial se desprende que también hubo un fuerte incremento de las utilidades y dividendos de las empresas extranjeras radicadas en la Argentina que, entre enero y septiembre, acumularon US$ 5.376 millones, un 15% más que lo que obtuvieron en igual período de 2009. Se estima que menos de la mitad fue reinvertido en el país.

Además se giraron más fondos por intereses: sumaron US$ 2.030 millones, US$ 339 millones más que en igual lapso de 2009.

Al mismo tiempo, por el mayor incremento de las importaciones por sobre las exportaciones, el saldo comercial se redujo en US$ 2.059 millones.

Todo eso explica la reducción del saldo de la cuenta corriente que se achicó en casi US$ 6.000 millones.

Del informe oficial surge que en diciembre de 2005 los fondos fuera del sistema sumaban 100.000 millones de dólares. A partir de entonces volvieron a incrementarse a pesar de que bajaron los rendimientos en el exterior, el sistema financiero global se hizo más volátil por la crisis global y el peso se fue apreciando. Todo esto debería haber promovido la repatriación de una parte de esos fondos, pero eso no se produjo a pesar de que hubo un blanqueo de capitales.

lunes, 20 de diciembre de 2010

Harían falta 17 años para pagar todos los juicios de los jubilados

Es porque existen 421.000 demandas acumuladas y sólo se pagan 2 mil al mes.

Por
Ismael Bermúdez

20/12/10

En los Tribunales previsionales hay 421.000 juicios de jubilados . Y se liquidan a razón de 2.000 juicios por mes . Estos datos los admitió hace pocas semanas Diego Bossio, titular de la ANSeS, ante la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Lo que pone de relieve la confesión de este funcionario es que, a este ritmo, la ANSeS necesitaría 210 meses -más de 17 años- para cancelar el stock de juicios . Y esto sin tomar en cuenta que todos los meses ingresan entre 8.000 y 10.000 nuevas demandas; es decir unas 100.000 por año.

Así, por cada juicio que se cancela ingresan 5 nuevas demandas lo que va incrementando el stock total, alargando aún más los meses y años que se necesitarían para cancelar los reclamos.

Los juicios duran en promedio 6 años , aunque muchas demandas se iniciaron en los 90 y aún no se resolvieron, por distintas apelaciones. Entre el trámite, la sentencia y la liquidación efectiva, el juicio se prolonga de tal manera que excede la expectativa de vida de los reclamantes.

A eso se agrega que, en muchos casos, la ANSeS liquida mal la sentencia lo que obliga a iniciar un nuevo juicio o apela las sentencias de primera instancia, alargando los plazos. Por esta razón, el Estado argentino fue denunciado por un grupo de abogados previsionales y el CELS ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Y la cantidad de juicios es tal que por el “sobrepeso” de los expedientes, el edificio del Fuero de la Seguridad Social tuvo que ser cerrado al público durante 3 semanas para que los empleados pudieran trasladar las carpetas a otras instalaciones.

También incide que la ANSeS tiene un cupo limitado para el pago de sentencias – del orden de las 24.000 anuales. Por ejemplo, en el proyecto oficial de Presupuesto 2011 la partida para sentencias es de $ 2.933,8 millones y otros $ 847,3 millones por sentencias correspondientes a retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad.

Se estima que por la retroactividad e intereses acumulados, en promedio cada juicio ronda los $ 100.000 , de los cuales un porcentaje, que puede llegar al 30%, quedan como honorarios de los abogados. Y el haber debe ser reajustado de acuerdo a los términos de la sentencia.

Si bien siempre hubo reclamos judiciales de los jubilados, los fallos de la Corte Suprema incrementaron las demandas porque ratificaron que la ANSeS no cumple con lo que fijan las leyes previsionales . Y el veto presidencial a la ley sancionada por el Congreso -que contemplaba el reajuste de los haberes de acuerdo a los fallos de la Corte, aunque sin la retroactividad- volvió a incrementar la litigiosidad . Por ejemplo, una mayoría de jubilados reclama que se les aplique el ajuste del caso Badaro en el que el máximo Tribunal ordenó que entre enero de 2002 y diciembre de 2006, las jubilaciones se ajustaran un 88,6 %.

En ese lapso la ANSeS dio sólo dos subas generales: 10% si el jubilado ganaba más de $ 1.000; y 22,1% si cobraba menos de $ 1.000. Así, la diferencia con lo resuelto por la Corte Suprema implica una mejora en el haber del 54,2 o 69,9%, según los casos

El Gobierno recortó muy fuerte el gasto en construcción de viviendas

Lo congeló en $ 5.000 millones. Pero por la inflación, equivale a una poda del 40%.

Por

Ismael Bermúdez


El déficit de viviendas y las condiciones de habitabilidad de las familias se agravaron en los últimos años para los sectores medios y de bajos ingresos. Este deterioro estuvo acompañado de la disparada de los precios de las propiedades y de la drástica reducción del presupuesto público destinado a las mejoras y construcción de viviendas accesibles para las familias menos pudientes.

En 2009 el programa de vivienda fue de $ 5.276 millones y el de este año, con un inflación del 25%, se ejecutarían $ 5.000 millones. Para 2011, con una proyección inflacionaria de casi el 30%, se prevé invertir lo mismo, $ 5.100 millones, cuando para acompañar la inflación de dos años debería ser de $ 8.000 millones.

Los números son contundentes: indican una reducción real de casi el 40%.

El programa más importante, Techo Digno, para 2009 preveía terminar 27.547 viviendas y se construyeron 18.582, un 33% menos . Durante el 2009 se terminaron 668 viviendas del plan Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, cuando el número previsto era de 1.792, o sea un 63% menos, según comentó a Clarín , Gisell Cogliandro, Directora de la Fundación Siena, que analiza las Políticas Públicas. Estos dos programas centrales insumieron en 2009 casi $ 3.900 millones, se ejecutarían en 2010 unos 3.600 millones y se prevén para 2011 gastar $ 3.800 millones.

Cogliandro agrega que el nivel de ejecución de Techo Digno es del 58,9%, con fuertes disparidades entre los distritos. “El programa no se ha ejecutado en Santa Fe, la segunda provincia con mayores necesidades de infraestructura social básica, Chubut, Ciudad de Buenos Aires y San Luis. En menor medida, se aprecia un muy bajo nivel de ejecución del crédito vigente en Córdoba (12,7%), Corrientes (10,2%) y Catamarca (13,7%). En el otro extremo, La Pampa y San Cruz ejecutaron el 261 y 236,1% del crédito vigente , respectivamente.

El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina detectó que “a pesar del crecimiento económico importante durante la última década”, en los últimos tres años los indicadores de hacinamiento volvieron a subir mostrando “un empeoramiento de la condición económica de los sectores más vulnerables”. Al mismo tiempo, por la suba de los precios de las propiedades y los alquileres, y cambios migratorios, se produjo un incremento de los barrios de urbanización precaria, generando “una nueva presión sobre la problemática habitacional”.

El informe reconoce que hubo mejoras en las condiciones de vivienda que comprendieron a los sectores de mayores ingresos, en tanto la proporción de hogares con “déficit habitacional severo” tuvo escasa variación y eso “estaría vinculado con la persistencia en el tiempo de villas y asentamientos que, más allá del crecimiento económico, expresan la dificultad que en nuestro país existe para instrumentar una política habitacional eficaz”.

Otros indicadores del Observatorio marcan la misma tendencia. Así se señala que “tras 6 años de crecimiento económico ininterrumpido, en 2009 casi la mitad de los hogares pobres seguían calefaccionándose y cocinando por medio de garrafas” – pagando precios más altos que el resto — o “la desigualdad en el acceso al agua de red es sumamente alarmante”.

domingo, 19 de diciembre de 2010

La Justicia eliminó el tope a las jubilaciones de los sueldos altos

Un fallo admite que se tome la totalidad del salario para calcular los haberes.

Por
Ismael Bermúdez

La Justicia admitió un cambio jubilatorio clave para los empleados de sueldos altos. Los jueces de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social determinaron que la ANSeS debe calcular y liquidar las jubilaciones tomando en cuenta la totalidad del sueldo del trabajador, sin considerar el tope a partir del cual no se hacen los aportes previsionales. La sentencia beneficia a empleados que ganan más de $11.829,21en bruto (antes de los descuentos), el actual tope previsional.

El fundamento –que puede leerse en la causas “Rispolí Luís Jorge” y “Cruz Oscar Tadeo”– es que la jubilación debe mantener una “proporción justa y razonable” con el ingreso que tuvo el jubilado en su vida activa. Y declararon la inconstitucionalidad de los artículos 25 y 26 de la ley 24.241 de jubilaciones (que limitan el cálculo previsional al tope) sólo si al aplicar el tope el haber se achica más de un 15%. Si la diferencia es menor al 15%, el tope sigue vigente porque la Justicia considera que ese porcentaje es razonable “como una contribución solidaria por parte de quienes poseen mayor capacidad económica”.

De acuerdo a la legislación vigente, aunque ganen más, los empleados aportan a la ANSeS o les descuentan el 11% hasta $ 11.829,21. Esta cifra se ajusta dos veces por año con la “movilidad jubilatoria”. Por encima de esa cifra no aportan y, a la hora de calcular la jubilación, la ANSeS toma como base de referencia el promedio actualizado de los sueldos aportados en los últimos 10 años anteriores al retiro, hasta el valor tope. En cambio, el empleador contribuye sobre todo el sueldo declarado.

Sin embargo, aunque rige el tope, se dan muchas circunstancias en que –porque no existían topes en el pasado, por tener en forma simultánea dos o más empleos o aportar al mismo tiempo al sistema nacional y a un régimen provincial–, el trabajador termina aportando por encima del tope.

Muchos trabajadores no saben que en esos casos deben comunicar a uno de los empleadores que no les practiquen el descuento por alcanzar ya el tope en el otro empleo o le descuenten la diferencia hasta llegar al tope.

De todos modos, según los camaristas, si por la aplicación del tope la diferencia en la proporción entre el sueldo cobrado y la jubilación es superior al 15%, el haber debe ser calculado sobre la totalidad de lo percibido, quedando autorizada la ANSeS “a retener los aportes que hubieran correspondido de computarse la totalidad de la remuneración, utilizándose para ello los mismos parámetros de actualización”.

A partir de estos fallos, se presentan dos variantes: Si el trabajador aportó sobre todo el sueldo, por encima del tope, la jubilación debe calcularse sobre el promedio de la totalidad de la remuneración percibida y actualizada de los últimos 10 años anteriores a la jubilación, aunque supere el tope.

Si el trabajador aportó hasta el tope aunque su ingreso fue superior, y su jubilación puede verse afectada en más del 15%, la ANSeS debe calcular también la jubilación en base al sueldo promedio actualizado sin el tope. Y calcular la diferencia que dejó de aportar y deducirla del haber en cuotas equivalentes al 5% del haber, según explicó el abogado Guillermo Jáuregui.

La sentencia aclara que la ANSeS debe “verificar si por esas remuneraciones se han efectivizado los aportes correspondientes y/o en caso contrario, formular el cargo pertinente” .
A su vez, las sumas no remunerativas o vales alimentarios se toman en cuenta para el cálculo del sueldo de referencia de la jubilación, como ya se pronunció la Corte, aunque se exceda el tope

domingo, 12 de diciembre de 2010

Casi el 10% de los porteños vive en condiciones muy precarias

Están en inquilinatos, pensiones, villas o son ocupas. Y no cubren la canasta familiar.

Por
Ismael Bermúdez
12-12-2010

En la Ciudad de Buenos Aires, más de 80.000 familias que nuclean a unas 300.000 personas viven en inquilinatos, pensiones, casas tomadas o villas de emergencia.

Así casi el 10% de la población porteña viven en condiciones extremas de precariedad, con un agravante: el 20% no tiene ingresos suficientes para cubrir el costo de los gastos alimenticios y casi tres de cada cuatro (72%) no llegan a cubrir el costo de la canasta familiar , según los últimos datos de la Dirección de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Mayoritariamente esas familias viven en la zona Sur de la ciudad. Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati tienen los mayores asentamientos de villas y son las comunas que tienen los hogares con ingresos deficitarios más altos.

La Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por profundas desigualdades en las condiciones de vida de su población, que se manifiestan por zona de residencia y por ingresos. Y en muchos casos esas diferencias contribuyen a nuevos y pequeños asentamientos o tomas mayores como la que se produjo en Villa Soldati.

De las cifras oficiales se desprende que en el sur porteño:
Hay más hogares de bajos ingresos. En los inquilinatos el 60,8% no cubre no cubre el costo de la canasta familiar y en las villas el 89,8%.

La población sufre mayores carencias habitacionales, con una mayor cantidad de personas por vivienda debido a que las familias son más numerosas. Y es mayor el porcentaje de viviendas precarias, que hasta comparten el uso del baño con otros hogares.

Es muy elevado el porcentaje de hogares en distintas situaciones de informalidad o de irregularidad en relación a la tenencia de la vivienda, en situación de hacinamiento y construidos con materiales no adecuados.

Los que viven en piezas de hoteles, pensiones, inquilinatos y casas tomadas se caracterizan por sus exiguos recursos económicos pero con menor presencia de niños. El 32,6% son hogares compuestos de una persona. Se interpreta que esto obedece a que las normas que suelen aplicarse en este tipo de viviendas restringen o no permiten la presencia de familias con niños. En las villas pasa lo contrario: casi no hay viviendas unipersonales , la mayoría son familias extendidas, con hogares integrados con otras personas que no son de la familia y tienen una estructura de población muy joven, donde más de un tercio son niños.

En cambio, el norte geográfico de la Ciudad es el más favorecido ya que concentra una alta proporción de hogares de altos niveles de ingresos. Prevalecen los departamentos, con un promedio de personas por vivienda que es menor al del total de la Ciudad, con muy escasa presencia de viviendas precarias y mínimo nivel de hacinamiento.

La precariedad habitacional va de la mano del hacinamiento. Las familias que viven en las villas son más numerosas –casi duplican al resto– y el 40,1% de esos hogares viven 5 o más personas

viernes, 10 de diciembre de 2010

En el sur porteño, casi la mitad no cubre la canasta familiar

Es una canasta más amplia que la del INDEC. En el norte, no la alcanza sólo el 10%.


Por
Ismael Bermúdez


Casi la mitad de las familias que viven en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires –como Villa Lugano, Soldati, Parque Patricios, La Boca y Pompeya– no tienen los ingresos suficientes para comprar los bienes y servicios de una canasta familiar .

Entre las familias que viven en inquilinatos, hoteles, pensiones o casas tomadas esa proporción sube al 60,8% . Y entre los hogares ubicados en villas de emergencia trepa al 89,8%.

En la otra punta, la situación es diametralmente opuesta. En Recoleta o Palermo, no llega a cubrir la canasta familiar apenas el 10% de los hogares.

Estos datos son oficiales, de la Dirección de Estadísticas y Censos que depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y corresponden a los resultados finales de 2009, los últimos disponibles.

A lo largo de 2010 estas cifras pudieron haber mejorado por la implementación de la Asignación por Hijo, pero por el otro lado la mayor inflación, en especial de los precios de alimentos, erosionó gran parte de esa mejora que afectan más a las familias de bajos ingresos.

La canasta familiar porteña es más amplia que la del INDEC. Incluye alimentos, alquiler, servicios, esparcimiento, gastos de salud, tomados a los precios que paga el consumidor. A fines de 2009 costaba $ 2.884 mensuales. La del INDEC es una canasta de alimentos y gastos reducidos (llamada de pobreza) valuada de manera “sospechosa” con un valor de $ 1.056 a fines de 2009. Del informe surge que: Sobre 1.197.710 hogares, 288.088 –el 24,1%– no cubre el costo de la canasta familiar.

La población porteña suma 2.977.147, de los cuales 846.205 personas viven en familias que no cubren la canasta familiar.

Un 25% de las familias con adultos mayores no dispone de ingresos suficientes para atender los gastos en salud, renovar el vestuario y demás gastos estacionales.

El 11% de los que viven en inquilinatos, hoteles, pensiones o casas tomadas no cubre el costo de los gastos alimenticios. Esa proporción sube al 34,8% de las familias que residen en villas de emergencia.

Los hogares con jefatura femenina están en peor situación ya que el 27,5% no cubre el costo de la canasta familiar, contra el 21,7% donde el Jefe es un varón.

Tener o no empleo es otro factor pero entre los ocupados, el 20% no cubre el costo de la canasta familiar. Entre los desocupados, el 20% ni siquiera cubre los gastos alimenticios.

La conclusión del informe es que la Ciudad presenta importantes situaciones de inequidad, con una fuerte heterogeneidad que son importantes a tener en cuenta “a la hora de tomar decisiones”.

sábado, 4 de diciembre de 2010

Claves para poder cobrar los juicios de los jubilados

30/11/10

Por
Ismael Bermúdez


La gran cantidad de juicios previsionales y los años que pueden pasar hasta que salgan las sentencias, queden firmes y sean efectivamente pagadas, plantea interrogantes sobre lo que puede pasar si fallece el jubilado reclamante.

La Corte Suprema acaba de ratificar, en la causa “Cari, Lorenzo”, que la viuda puede continuar con el reclamo del jubilado fallecido . Y para el cálculo de la retroactividad se toma en cuenta la fecha en que el marido inició el pedido administrativo de reajuste.

Así la Corte revocó los fallos de los tribunales inferiores que habían resuelto que la viuda debía iniciar un nuevo reclamo porque el marido no había iniciado el reclamo judicial.

Para el Alto Tribunal esas sentencias se dictaron “sin tener a la vista los expedientes administrativos” y “no se avienen con las garantías del debido proceso ni ponderan la cuestión con la amplitud de criterio propia de la materia previsional”. En base a este fallo, el abogado Guillermo Jáuregui, consultado por Clarín , planteó cinco claves a tener en cuenta:

1. Quién cobra
Si un jubilado o jubilada presentó una solicitud de reajuste por vía administrativa o inició una demanda en la justicia y luego fallece, tanto la viuda/o como los hijos menores o incapacitados –los llamados derechohabientes previsionales - pueden continuar con el trámite. Y pasan a cobrar la eventual retroactividad y el reajuste del haber.

2. Cómo se paga
La ANSeS debe abonar directamente a los derechohabientes previsionales, sin necesidad de hacer el trámite sucesorio.

3. Los herederos
Si no existan derechohabientes previsionales, el reclamo puede ser continuado por los herederos. Pero queda acotado a los años de retroactividad que se le debían al beneficiario fallecido, que son de2 años antes desde que se interpuso el reclamo administrativo hasta la fecha del fallecimiento.

4. Trámite sucesorio
En este caso para poder continuar con el reclamo es indispensable hacer el trámite sucesorio. Es importante aclarar que cuando el proceso de reajuste se complica con el trámite sucesorio, las demoras para el pago son mayores ya que la ANSeS tiene un presupuesto más acotado y distinto de la liquidación de las sentencias de beneficios activos, por lo que el pago puede demorar varios años más.

5. Compartir información
Una recomendación que se considera importante para ser tenida en cuenta por todos jubilados los que tengan juicios de reajustes es que informen a sus familiares más cercanos la existencia de la demanda, ya que en muchas ocasiones el trámite no se continúa porque el letrado desconoce la existencia de los herederos y éstos ignoran la existencia del pleito

martes, 30 de noviembre de 2010

Colapso previsional: dicen que la solución pasa por la Corte

30/11/10
Los expertos piden que el alto Tribunal extienda su doctrina a todos los jubilados.

Por
Ismael Bermúdez

El traslado de miles de causas del edificio del Fuero de la Seguridad Social de Marcelo T. de Alvear 1840 a otras instalaciones judiciales, le dio una salida transitoria al riesgo que estaba ocasionando el sobrepeso de los expedientes. Pero no solucionó el problema central: qué hacer con los más de 400.000 juicios y con las 10.000 nuevas demandas que ingresan todos los meses.

Este colapso se agravó aun más por el veto presidencial a la ley que votó el Congreso y que establecía el 82% móvil para la mínima y la aplicación de los ajustes ordenados por la Justicia. Si bien la iniciativa no solucionaba el tema de los juicios por la mala liquidación de haberes, disponía hacia delante el reajuste según las leyes previsionales y la doctrina de la Corte Suprema. Eso suponía al menos una desaceleración de nuevos juicios.

Bloqueado el camino legislativo y ante la negativa del Poder Ejecutivo en resolver la enorme litigiosidad provocada por sus propios incumplimientos, todas las miradas apuntan ahora a los tres poderes, y en especial a la Corte Suprema.

Hace más de dos años, la Defensoría del Pueblo reclamó extender las sentencias de la Corte a todos los jubilados que estén en condiciones similares al caso Badaro, o sea que después de enero de 2002 no hubieran tenido un ajuste igual al aumento del índice de salarios, que hasta diciembre de 2006 fue del 88,57 por ciento.

La demanda fue aceptada por el Juez Alberto Ize, pero la ANSeS apeló y la Sala III de la Cámara Federal revocó el fallo. La defensoría apeló la sentencia y así, hace tiempo, la “pelota” está en terreno de la Corte Suprema.

Según Luis Herrero, juez de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “la solución es muy sencilla y no tolera más dilaciones ni artificios jurídicos”. Pide que la Corte dicte “una sentencia de “clase” , de alcance general que condene a la ANSeS a cumplir en el ámbito administrativo la movilidad reconocida en las sentencias “Sánchez” (de 1991 a 1995) y “Badaro” (de 2002 al 2006).

Herrero agrega que “esta sentencia de alcance expansivo debería fijarle un plazo perentorio a la ANSeS para el cumplimiento de la condena, bajo apercibimiento de dar intervención a la justicia penal e imponerle al Director Ejecutivo una multa compulsiva y progresiva en caso de incumplimiento”.

El abogado Horacio González, uno de los denunciantes de esta situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, también plantea que “la Corte podría brindar una salida dictando sentencia en tutela de los derechos colectivos de todos los beneficiarios afectados por la falta de cumplimiento del caso Badaro”.

González agrega que “el Congreso determine los recursos y asigne partidas presupuestarias necesarias para pagar a todos el haber que les corresponde y se cumplan las sentencias judiciales” y que “el Poder Ejecutivo respete las decisiones del Congreso, e instruya a la ANSeS actuar conforme derecho, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, liquidando correctamente los beneficios previsionales”.

Por otro lado, el abogado Guillermo Jáuregui dice que “una posible solución para este problema sería recomponer gradualmente los haberes , empezando por los más atrasados y antiguos, para que en un plazo razonable se terminen pagando correctamente. Esto se puede hacer de forma sustentable y contribuiría a desalentar los pleitos”, agregó. El letrado recuerda que “durante 2009 se recaudaron $ 26.000 millones más por los aportes que antes iban a las AFJP y no se destinaron a la tarea más urgente que es recomponer las jubilaciones”.

domingo, 28 de noviembre de 2010

Colapso previsional:
Es urgente una solución colectiva
28/11/10

Por
Ismael Bermúdez

Que el edificio donde funcionan los juzgados de la Seguridad Social haya alcanzado “el máximo admisible de peso”, y que se hayan tenido que evacuar miles de expedientes a otras instalaciones para prevenir algún derrumbe ilustra de una manera más que trágica el nivel del colapso previsional . Nunca antes se llegó a semejante situación de acumular 400.000 juicios. Y eso que en la crítica historia jubilatoria argentina hubo toda clase de atropellos, inclusive la rebaja nominal de los haberes para pagar la deuda .

A este colapso se llegó porque con la inflación un gran sector de los jubilados perdió hasta un 40% de su haber.

Hoy, la mayoría cobra menos de un tercio del sueldo del trabajador activo, y en el mejor de los casos puede aspirar a cobrar un haber equivalente a la mitad del salario: muy lejos del 82% móvil.

Aunque la Corte ya dio su veredicto –la jubilación es un salario, y debe actualizarse por la variación de salarios– y hace unos días la Sala III de la Cámara de la Seguridad fijó que nadie puede cobrar menos del 70% del salario con el que se jubiló debidamente actualizado, cada jubilado deberá iniciar un juicio para reclamar lo que la ley determina y lo que la jurisprudencia dictaminó que le corresponde.

Pero si aún con el respaldo de la legislación previsional y de la doctrina de la Corte hay 400.000 jubilados pleiteando ante la Justicia –mientras siguen ingresando más de 10.000 nuevas demandas por mes en los 10 juzgados porteños– estamos frente a un conflicto de carácter colectivo , no individual.

La solución no es entonces que cada jubilado haga juicio, sino que se instrumente una medida colectiva. Ningún juzgado puede administrar justicia en tiempo y forma cuando todos los días ingresan centenares de causas que se suman a las 40.000 que cada juez ya tiene para resolver, cuando luego la ANSeS –desconociendo un compromiso público– apela esos fallos , y cuando después l iquida mal las sentencias, obligando a iniciar un nuevo juicio. Por todo esto, y otras cosas más, el Estado argentino volvió a ser denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

Lo insólito es que el Estado no sólo no resuelve la crisis sino que la agrava o deja que se agrave , especulando –quizás– con que la edad de los demandantes ponga “naturalmente” un “punto final” a buena parte de las demandas. Mientras tanto, la ANSeS financia con la compra de bonos y Letras del Tesoro el pago de la deuda pública .

Ante este accionar antiprevisional del Gobierno y la pasividad e impotencia del Congreso –como se manifestó con el veto presidencial a la ley votada hace un mes– lo que correspondería es que la Corte Suprema extienda su propia doctrina a todos los jubilados , y obligue a la ANSeS a reconocer lo que marca la legislación previsional.

Sólo así, Será justicia

sábado, 27 de noviembre de 2010

Siguen en riesgo archivos de los juicios de jubilados

26/11/10
Por
Ismael Bermúdez


Por el peso de los juicios iniciados por los jubilados, que ponían en peligro el edificio del Fuero de la Seguridad Social, unos 9.500 expedientes fueron trasladados del edificio judicial de la calle Marcelo T. de Alvear 1840 a un archivo judicial en la calle Villarino 2010. Ahora resulta que este edificio “se encuentra en total estado de abandono, y que aún resta la adecuación de la instalación eléctrica y la reparación de las filtraciones de lluvia en parte de los techos, situación que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades en innumerables oportunidades”.

Así le informó la subdirectora General del Archivo Judicial, Carmen Nastasi de Rodríguez a la titular de la Cámara Nacional de la Seguridad Social, Lilia Maffei de Borghi.

El traslado de esos expedientes se hizo porque el Edificio Anexo del Fuero, en Marcelo T. de Alvear, tenía “el máximo admisible de peso ” por la cantidad de expedientes acumulados, de acuerdo al informe realizado, luego de una inspección, por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). Este organismo oficial recomendó trasladar parte de los expedientes a otros lugares por los riesgos sobre las personas –empleados y público en general— y la integridad de los expedientes.

Ese sobrepeso se debe a que esos Juzgados almacenan unos 400.000 expedientes, mientras todos los meses ingresan 10.000 nuevas demandas debido a que la ANSeS no está cumpliendo con lo que marca la legislación previsional, ratificada en numerosos fallos de la Corte.

Para hacer esos traslados, la Corte Suprema dispuso un feriado judicial de 3 semanas , que concluyó el pasado 19 de noviembre, en 7 Juzgados del Fuero previsional para permitir que durante ese lapso los empleados trasladaran miles de expedientes a otras instalaciones, con el objetivo de aliviar el peso que soportaba el edificio .

Una parte de esos expedientes fueron llevados al depósito de la calle Villarino, sin reparar que tiene otros riesgos por el “abandono” en el que se encuentra, además de las filtraciones de agua y descuido de las instalaciones eléctricas.

En el texto –al que tuvo acceso Clarín — la subdirectora general del Archivo Judicial aclara que se habilitó “la carga de un espacio que ya poseíamos en el depósito de Villarino 2010, para la guarda de los aproximadamente 9.500 legajos de expedientes de dicho fuero, pero en condición de “precarios”, o sea que su custodia y administración, continúa siendo de los Juzgados y Secretarías intervinientes, hasta tanto se proceda a su recepción definitiva”.

Además, se vació un ambiente que poseía el Archivo en el subsuelo del edificio de Marcelo T. de Alterar, “pero aún resta cerrar una puerta que comunica dicho ambiente con nuestra encuadernación, trabajo ya solicitado”.

Todo esto es la consecuencia del colapso de la justicia previsional debido a que el Gobierno no extiende a todos los jubilados la doctrina marcada por la Corte. Y obliga a cada jubilado a iniciar un juicio especulando con que muchos no lo hagan y con los años que demora una resolución judicial, que luego es apelada, alargando los plazos más allá de la propia expectativa de vida de los reclamantes.

Ponen límites al derecho de huelga de los gremios de salud

26/11/10
Por
Ismael Bermúdez




En caso de plantearse un conflicto laboral en el gremio de la salud, los sindicatos o las asociaciones médicas pueden tomar medidas de acción de fuerza pero sólo 2 días por semana. En esos días deben garantizar en un 100% los servicios de atención a la mujer embarazada, a los niños, ancianos y personas discapacitadas y brindar al resto una cobertura similar a los días domingos o feriados. Y todos y cada uno de los médicos deben permanecen en guardia pasiva, pudiendo ser convocados por el Director del Hospital o Centro de Salud y los Jefes de Servicio y los Directores de los Centros de Salud están obligados a cumplir sus tareas Además, los 2 días de paro admitidos, deben ser anunciados con una antelación de cinco días corridos.

Así lo dictaminó la Comisión de Garantías dependiente del Ministerio de Trabajo, conformada por la Unión Industrial, la CGT, la CTA, la Federación de Abogados y el Consejo Interuniversitario, cuya tarea es regular las medidas de fuerza en los llamados “servicios esenciales”. Entre otros, el dictamen tiene la firma de Rodolfo Capón Filas, Horacio Martínez, Alcira Pasini y Gabriel Binstein.

Este dictamen lleva el N° 1 porque es el primero que emite esta Comisión , que se terminó de constituir en marzo de este año. Y se produjo a partir de un conflicto entre el gobierno de la provincia de Mendoza y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) que llevó a los médicos a paros escalonados de 2, 3 y 4 días por semana “auto-regulados” con guardias mínimas por tratarse de un servicio esencial. Convocada por la Secretaría de Trabajo nacional, la Comisión deliberó y produjo ese dictamen.

La viceministra de Trabajo, Noemí Rial trasladó el dictamen a Mendoza y la subsecretaría laboral de la provincia intimó a AMPROS a cumplir con la resolución de dicho dictamen.

Pero la asociación médica rechazó la intimación y prosigue con el plan de lucha. “Un Estado que no garantiza la salud, nos obliga a garantizar la atención al 100% cuando las normas internacionales fijan servicios mínimos y no máximos, y es la responsable del conflicto”, le dijo a Clarín María Isabel Del Pópulo, secretaria general de AMPROS.

Según el dictamen, “no luce razonable que la prolongación de una huelga médica deje a la población sin cobertura suficiente y la empuje a otras alternativas que ponen en peligro su vida y salud.

El sector sindical debería encontrar otros medios de protesta que, sin perjudicar al usuario, le permita ejercer el derecho de huelga en forma adecuada”.

Si bien el dictamen se refiere al conflicto mendocino, “sienta preceden te” y tuvo el consenso unánime de todos los integrantes de la Comisión, le dijo este diario Horacio Martínez, representante de la UIA.

jueves, 25 de noviembre de 2010

Jubilados: $ 500 extras ¿Plus o confiscación?

25-11-10
..
¿Un plus de suma fija todos los fines de año o vigencia plena de los derechos jubilatorios tal como marca la legislación previsional, reafirmada por la doctrina de la Corte Suprema?
En estos términos se plantea hoy la cuestión previsional. Porque los $ 500 por única vez anunciados ayer para los jubilados y pensionados que cobran menos de $ 1.500 representa una mejora anual de entre el 3 y el 5% , que compensa en parte apenas la mayor inflación de los últimos meses.

Pero el problema previsional es que los haberes jubilatorios están muy lejos de la "relación proporcional y adecuada" que deben tener con los sueldos de los activos o con el sueldo debidamente actualizado por el que la gente se jubiló.

Como indica la legislación previsional, ratificada por varios fallos de la Corte Suprema, la jubilación es un salario indirecto o diferido que se va constituyendo con los aportes y contribuciones efectuados durante la vida laboral activa.

No es una dádiva ni un subsidio del Estado sino un derecho ganado con el aporte de una porción del salario.

Cuando llega el momento de la jubilación -o sea, efectivizar los aportes acumulados- ese salario diferido no puede ser inferior al 70% del sueldo, como acaba de señalar la Justicia en base a la historia previsional argentina, en tanto la proporción razonable debería ser del 82% móvil.

Ayer, el Gobierno reconoció que la jubilación promedio actual ronda hoy los $ 1.500 cuando el sueldo promedio formal es de 4.200 pesos mensuales. El salario previsional equivale a apenas el 36% del sueldo.

Por eso los $ 500 no son un "plus", porque no es una suma que se agrega a lo que corresponde pagar de acuerdo a la ley previsional. Tampoco achica la diferencia con relación al 70% o 82% porque en términos mensuales representa una cifra baja -$ 42 por mes- que lo va a cobrar la mayoría, pero no todos los jubilados y pensionados. Y está muy lejos de compensar el veto presidencial a la ley votada por el Congreso, como sí parecieron sugerir ayer desde la CGT y desde sectores de la CTA al aplaudir el anuncio.

Mientras tanto el sistema afronta una litigiosidad creciente, con más de 400.000 demandas y todos los meses se suman 10.000 reclamos más. Y las miradas apuntan a la Corte Suprema para que extienda a todos los jubilados su propia doctrina, ante la negativa del Ejecutivo y la impotencia del Legislativo

Cómo el INDEC manipuló las estadísticas de la inflación

24/09/10
Conclusiones del estudio que hicieron las universidades contratadas por el Gobierno.

Por
Ismael Bermúdez


El Informe de las 5 universidades nacionales designadas por el Gobierno para evaluar al INDEC determinó que, desde fines de 2006, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue manipulado, dejó de reflejar la evolución de los precios que pagan efectivamente los consumidores y perdió toda credibilidad. Y recomendó hacer un nuevo IPC, asegurando “la calidad de los procedimientos de relevamiento y procesamiento de precios”. Las Universidades son UBA, Tres de Febrero, Mar del Plata, Tucumán y Rosario.


El voluminoso Informe muestra cómo se fueron manipulando las estadísticas de precios. Las más importantes “trampas” son:

1. Achique: Se redujo de 90.000 a menos de 30.000 los precios relevados en locales y negocios, a la vez que aumentó a casi el 30% la proporción de los precios “imputados” (calculado) por los técnicos del INDEC, sin explicitar con qué criterio lo hicieron. Al mismo tiempo se reemplazaron los precios de mercado “por la información brindada por organismos públicos, lo cual no permite captar los precios pagados por los consumidores”.

2. Distorsión: Las variedades de productos y servicios incluidas en el nuevo IPC se redujeron de 818 a 440. Si bien todos los Grupos registraron disminuciones, el capítulo que sufrió la mayor disminución proporcional fue Esparcimiento (más del 70%) y los que menor reducción tuvieron fueron Transporte y Comunicaciones y Vivienda y Servicios básicos. Así, la estructura de ponderaciones del nuevo IPC difiere “significativamente” de la estructura que surge de la Encuesta Nacional de Hogares que “es la principal fuente de la determinación de los patrones de consumo de los hogares”. Además, esta canasta más chica quedó reducida “en más de un 25% debido a problemas en los precios relevados, falta de precios o precios nulos”.
3. Turismo y Servicio: entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007, la variación de precios en turismo fue negativa en un 10,4% y en servicio doméstico también negativo en el 1,5%, cuando los salarios en el sector formal aumentaron el 20% y en el sector informal el 24,1%.

4. Salud: sobre 55 planes registrados en diciembre de 2006, se eliminaron 7 en la medición de diciembre de 2007, entre los cuales se encuentra el plan más alto. Con respecto a la medicina prepaga, en enero de 2007 se reemplazó la forma habitual de relevamiento de precios por información brindada por la Superintendencia de Servicios de Salud. Y no se explica cómo se procedió después.

5. Canastas de consumo: El Informe dice que es correcto que se haya incluido en el nuevo Índice las variaciones estacionales. Pero agrega que se hizo de tal manera que “sesga hacia abajo la estimación del IPC en situaciones de aceleración de los precios y viceversa”. En el caso del cálculo para Frutas y Verduras, el INDEC afirma que se respeta el mismo nivel calórico cuando, según los académicos, “se deben basar en consumos observados y no en consumos ideales desde el punto de vista nutricional”.

6. Precios Nulos: Por primera vez, en diciembre de 2007, aparecen precios nulos -de productos que no pudieron ser relevados- con variación 0 imputados por el INDEC “lo cual carece de sentido”. Y “cuestiona fuertemente al metodología usada para su imputación “ ya que si se aplicara la metodología del Manual no deberían existir precios imputados nulos.

7. Grupos: En el nuevo Índice, 7 grupos fueron reemplazados por una sola variedad. Por ejemplo, el grupo Cines, Teatros y Otros Espectáculos -que incluía la entrada a discotecas, partidos de fútbol, concertás- ahora solo registra el precio del cine. En Clubes, Parques y Entretenimientos, se anuló el gimnasio, alquiler de canchas de fútbol o el club deportivo y solo se considera la “entrada al zoológico”. En Sistema de Salud, se dejaron de lado los análisis y las emergencias médicas, y ahora solo se toman los planes de afiliación. En todos los casos, “la variedad que permanece registra menores variaciones de precios e incluso, en algunos casos, baja de precios en el período 2005-2007. Esto también se hizo para “Afiliación a sistema de salud”, aún cuando la información es oficial

viernes, 19 de noviembre de 2010

Más Vida y Más Bienestar

por
Ismael Bermúdez
Revista Ñ
sábado 20 de noviembre 2010

Desde hace tiempo se viene planteando que el alargamiento de la esperanza de vida -- la buena noticia de vivir más-- no es sustentable si no se incrementan los años de trabajo, se achican las jubilaciones y se recortan o encarecen los gastos de salud.
El argumento es que los cambios demográficos, expresados en la baja tasa de natalidad y el creciente número de adultos mayores, serían los responsables de que “no haya recursos suficientes para todos”, obligaría a realizar más recortes en las jubilaciones y a alargar la vida activa laboral. Y hasta llevaría a un “racionamiento” de la atención médica y hospitalaria en un conflicto tan “ineludible como complejo de resolver”, como planteó Diana Cohen Agrest el pasado 30 de octubre en Ñ.
Aún si todo esto fuese cierto, esos desequilibrios serían una pequeña porción en relación al enorme agujero fiscal y la fenomenal hipoteca que implican las sucesivas crisis económicas globales, que no tienen nada que ver por los cambios demográficos. Tan solo días atrás, la Reserva Federal de EE.UU. inyectó US$ 600.000 millones más US$ 250.000 millones con la venta de activos inmobiliarios que tenía en cartera, después de emitir el año pasado $ 1,7 billones, para tratar de contener la hemorragia generada por el desplome del sistema financiero, sin lograr que el “enfermo mejore”. Si se suman las dosis de la Banca Central Europea, de Japón y demás países, la “transfusión” de divisas es inconmensurable.
La deuda de los Estados ha crecido de una manera exponencial, lo que implica que la carga actual se traslada sobre las futuras generaciones. Solamente la deuda pública de Estados Unidos supera los 13 billones de dólares. Equivale al 92,7% % del PBI, un 50% más que tres años atrás el doble de lo que se asegura sería tolerable para una economía. La deuda de los países del G-7 es del 109,7% del PBI y el FMI estima que será del 122,5% en 2015. La acelerada depreciación del dólar apunta a licuar esa enorme pública y eso ya está llevando una “guerra” cambiaria y comercial de resultados impredecibles.
Esto solo bastaría para desmentir que los cambios demográficos son los responsables por la crisis fiscal, de la que la Seguridad Social integra una parte. En verdad, la jubilación y la salud son víctimas del quebranto de los bancos, del desplome de los patrimonios de los fondos de pensión y de inversión y del colosal endeudamiento de los Estados. Todo esto acentúa la pauperización social. En su Informe anual , la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) estimó que como consecuencia de la crisis económica global, "39 millones de personas más caerán bajo el nivel de pobreza en América Latina a fines de 2010", y así "quedarán virtualmente anulados todos los progresos obtenidos en los cinco años que precedieron a la crisis".
Pero el argumento de que hay una crisis previsional y de salud porque, en proporción, hay menos activos para mantener a más pasivos es, en sí mismo, también falaz. La relación previsional entre el número de trabajadores activos y de jubilados depende de muchas variables: de la tasa de empleo, de los años y de las alícuotas de los aportes sobre los salarios, del grado de evasión de las empresas en los pagos a la Seguridad Social, del crecimiento o no de la acumulación capitalista y de los rendimientos reales o pérdidas de los fondos de pensión (públicos o privados) a los que fueron aportando los trabajadores y empresas a lo largo de la vida activa. Y por último, de la productividad del trabajo, expresada en el incremento de la producción y el desarrollo tecnológico.
En materia de salud, diversos estudios señalan que los gastos no demográficos siguen creciendo a un ritmo mayor que los demográficos. “De hecho, puede ser un error centrar la atención en la edad”, dicen los especialistas John Bryant y Autrey Sonerson en “Los costos de la Tercera Edad”. Señalan que “el estado de salud básico, más que la edad, es la razón por la cual las personas de edad requieren más atención en salud; es decir, la mala salud, más que la edad, es lo que cuenta para el gasto en salud. El envejecimiento representa solo una pequeña parte del aumento del gasto en salud”. Tampoco se puede atribuir el incremento del gasto en salud al efecto “distancia de la muerte” –el que corresponde a los últimos años de vida- porque esto siempre fue así y seguramente seguirá siéndolo porque no se altera por vivir más años.
Lo que en general se omite es que tanto los sistemas jubilatorios como los de salud son sistemas de capitalización colectivos. Eso significa que sobre la base de una contribución durante la vida laboral y cuando los requerimientos médicos de las personas son inferiores se va generando un fondo, el cual sumado a sus rendimientos, debe financiar la atención médica, incluida en la vejez, y a un beneficio dinerario definido como un porcentaje del salario luego del retiro laboral. En todos los casos, esos fondos se constituyeron sobre la base de una tasa de aporte que asegura que las contribuciones capitalizadas alcancen y en exceso para pagar los beneficios de la atención médica y los haberes en la vejez, y deje un fuerte beneficio a sus administradores.
Por definición estos fondos son inicialmente fuertemente superavitarios, ya que en los primeros años sólo recaudan aportes y pagan o financian pocos beneficios. Con el tiempo, la masa de beneficiarios va en aumento, mientras siguen ingresando los aportes de los trabajadores en actividad y los rendimientos de los fondos acumulados. Ahora, cuando esos fondos deben hacer frente a sus compromisos, sus administradores declaran en forma unilateral que no pueden hacerlo si no disminuyen las prestaciones. ¿Pero dónde están los aportes capitalizados de tantos años? Fueron colocados por los gobiernos o fondos privados en bonos, acciones y otros papeles que financiaron subsidios y apalancaron beneficios extraordinarios que se escurrieron por los poros de la acumulación, de las crisis y la desvalorización del capital.
Llamativamente quienes abogan subir la edad jubilatoria para prevenir mayores desequilibrios sociales no reparan que eso bloquearía aún más el ingreso laboral de los más jóvenes, en momentos en que, por la crisis global, “el desempleo juvenil ha alcanzado el nivel más alto en la historia”, según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que advierte sobre el “riesgo de un legado de esta crisis en términos de una 'generación perdida' de jóvenes que ha abandonado el mercado laboral tras haber perdido toda esperanza de trabajar y lograr una vida decente”.
En definitiva, la explicación demográfica omite y oculta todo esto. Propicia como solución lo mismo que el FMI, el Banco Mundial y los fondos especulativos. No repara que al presentar el avance que implica vivir más en un factor de crisis, coloca en el banquillo de los acusados al régimen social que no puedo convertir el progreso en mayor bienestar. Y esto porque requiere de ese excedente para los “rescates”, para amortizar la deuda pública y para producir una desvalorización más general de la fuerza de trabajo (que incluye la salud y la jubilación) para abrir un nuevo ciclo de acumulación. Esto es lo está en juego.

Un fallo ordenó que la jubilación no debe bajar de 70% del sueldo

19/11/10
Lo resolvió la Cámara de la Seguridad Social en una sentencia. Si bien beneficia sólo a quien inició la demanda, crea una jurisprudencia para casi todos los pasivos. Actualmente, los haberes de los nuevos jubilados rondan apenas el 50%.

Por
Ismael Bermúdez




La Justicia resolvió ayer que las jubilaciones no pueden ser inferiores al 70% del sueldo promedio , actualizado, que tenía el trabajador al momento de retirarse. Así lo dispuso la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social en un fallo que favorece a un jubilado , pero que tiene gran transcendencia para la totalidad de la clase pasiva .

La sentencia se adoptó tras la presentación de una demanda del jubilado José Betancur. Y constituye un avance previsional de grandes implicancias, porque fija un nuevo “piso” para el haber , aunque haya sido correctamente calculado según la doctrina que fijó la Corte Suprema a través de fallos como Badaro y Sánchez.

Con ese fin, el fallo crea un nuevo beneficio que denomina “suplemento por sustitutividad” para que el demandante pueda alcanzar el 70% del sueldo promedio, actualizado según los índices del fallo Badaro (hasta diciembre de 2006), más los aumentos posteriores.

Esta sentencia comprende a la mayoría de los jubilados que se desempeñaron en relación de dependencia o como autónomos y a los que se jubilen de ahora en más. Y esto es así porque la inmensa mayoría, incluyendo a los que se jubilaron después de 2006, con la vigencia de la movilidad, cobra menos de ese piso del 70% .

En promedio, para los nuevos jubilados, el “suplemento” representa una mejora de entre 30 y 40% . Es porque en la actualidad, con 30 años de aportes, la mayoría se jubila con el 50% del sueldo promedio actualizado de los últimos 10 años.

De todos modos se descuenta que la ANSeS apelará el fallo y el caso pasará a la Corte Suprema.

En los fundamentos, los camaristas Néstor Fasciolo y Juan Poclava Fuente sostienen:
1.La jubilación es una “consecuencia” del salario que percibía el trabajador “razón por la cual el principio básico es el de la necesaria proporcionalidad entre el haber de pasividad y el de actividad”. En definitiva, dicen, la jubilación sustituye al salario.

2.En la historia previsional argentina esa tasa de sustitución del salario por la jubilación se fijó con un piso del 70% del salario del trabajador dependiente, en tanto el haber final podía incrementarse hasta el 82%.

3.Cuando en 1994 entró a regir la actual ley previsional 24.241 no se puso ningún piso con relación al salario porque el sistema propiciaba el pase de los trabajadores del régimen público a las AFJP.

4.La omisión de fijar un piso, dicen los camaristas, “en modo alguno puede sustentar la legitimidad” del monto jubilatorio que se determina con la ley vigente si “su cuantía no refleja una razonable proporcionalidad con la remuneración o renta imponible en base a las cuales el trabajador activo aportó”. Y agrega porque se frustraría “por exiguo el carácter integral de la prestación”.

5.En consecuencia, los camaristas sostienen que la ANSeS debe calcular la jubilación según el sueldo promedio de los últimos 10 años actualizado por los índices salariales (Fallo Elliff de la Corte). Y si resulta inferior al 70% debe abonar la diferencia como “suplemento”.

A valores actuales, sin la sentencia, el haber de Betancur es de 2.072 pesos. Actualizándolo según los fallos de la Corte percibirá $ 2.779. Y con este nuevo “suplemento” creado por la Cámara debería cobrar $ 3.795, que equivale al 70% que plantean los camaristas.

Todo esto implica un incremento de la jubilación de Betancur de $ 1.723, que se desdobla en $ 707 por el ajuste Badaro y $ 1.016 por el “suplemento de sustitución”. Solamente este suplemento representa una suba del 36,6% .

En medio de la polémica por el 82% móvil en el Congreso, el fallo sostiene que el piso jubilatorio, estrechamente vinculado a la movilidad del haber, “es uno de los aspectos centrales” que deberán considerar los legisladores “cuando el Poder Legislativo encare el cometido pendiente de establecer un nuevo régimen previsional general debidamente ordenado, surgido del consenso interdisciplinario mayoritario y sustentable en el tiempo”.

martes, 16 de noviembre de 2010

Denunciaron al Gobierno ante la OEA por trabar los juicios de jubilados

16/11/10
Es porque la ANSeS apela las sentencias y elude medidas para que puedan cobrar.

Por
Ismael Bermúdez

Por la cuestión jubilatoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y abogados previsionalistas volvieron a denunciar al Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

Esta vez fue porque el Gobierno no convoca a la Comisión de Seguimiento de los compromisos asumidos el año pasado por el cual debían implementar una serie de medidas en favor de los jubilados.

Clarín accedió a la carta que el CELS y los abogados previsionalistas Sergio Bobrovsky y Horacio González -patrocinantes de la denuncia- enviaron al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón.

Allí señalan que, en junio de este año, “se acordó la conformación de una comisión de seguimiento periódico de los compromisos asumidos, coordinada por la Cancillería”, que fijó “la primera reunión para el 22 de septiembre”. Y a renglón seguido agregan que “lamentablemente, hasta el día de la fecha, la segunda reunión de trabajo no se ha concretado” y “no hemos recibido comunicación alguna para reprogramar la reunión inicialmente concertada para el 22 de septiembre y luego suspendida”.

Como se recordará, luego de un proceso que insumió muchos años, en noviembre de 2009, tras un acuerdo de “solución amistosa” la ANSeS se comprometió a:
Pagar todas las sentencias judiciales firmes.

No apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia favorables a los jubilados, en los que la Corte Suprema ya se hubiera expedido, como el caso Badaro.

Desistir de los recursos judiciales que ya hubieran sido presentados ante la Corte Suprema o ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, contra las sentencias favorables a los beneficiarios.

Establecer un mecanismo de seguimiento periódico del cumplimiento de los compromisos asumidos coordinado por la Cancillería argentina.

Ninguno de estos compromisos fueron cumplidos. Como adelantó este diario el sábado pasado, en lo que va de este año, hasta octubre, l as apelaciones a los fallos de primera instancia sumaron 26.083 , casi un 25% más que en igual período de 2009. A eso se agregan 80.620 nuevas demandas iniciadas por los jubilados, con lo que este año la litigiosidad previsional volvería a marcar un nuevo récord.

Estas nuevas demandas, se agregan a un stock de 400.000 juicios, cuya magnitud es tal que la Corte Suprema debió declarar “feriado judicial” durante 3 semanas, hasta el próximo 19 de noviembre, en 7 Juzgados de esta Capital para que los empleados puedan trasladar expedientes a otras instalaciones.

Para el abogado Horacio González “es inconcebible que el Estado no respete los fallos de la Corte, dilate deliberadamente el pago de las sentencias judiciales firmes, oponga todo tipo de excepciones y chicanas para prolongar los pleitos y siga apelando, a pesar que se comprometió internacionalmente a no hacerlo”.

domingo, 14 de noviembre de 2010

Inflación: Golpea a todos y se ensaña con los pobres

Golpea a todos y se ensaña con los pobres
03/11/10

Por
Ismael Bermúdez
Análisis

La inflación golpea a todas las clases sociales, pero se ensaña más con las más pobres. Y no es un “tema menor” porque la suba de los precios hace tiempo superó el dígito y se aproxima al 30% anual, impulsada por factores externos e internos, sin que se vislumbre un freno o desaceleración.


Estas conclusiones se basan en que todas las mediciones, inclusive las del INDEC, marcan que la inflación actual está siendo motorizada por la suba de los precios de los alimentos y en especial por los que integran la canasta básica alimentaria, como carne, frutas y verduras.


Es sabido que la suba de los precios de los alimentos impacta más en las franjas de la población que menos ganan, como los asalariados y los jubilados. La razón es que esos sectores destinan una parte mayor de sus ingresos a alimentarse.


Además, la inflación ya está superando las subas nominales alcanzadas por la mayoría de las paritarias y los jubilados, con el agravante en este caso que recién en marzo de 2011 deberían recibir una nueva actualización, mientras la inflación sigue licuando sus ingresos. Nuevamente salarios y jubilaciones corren por detrás de los precios, con el riesgo de que continúe esa carrera ascendente y despareja en una espiral más que preocupante.


Veamos las cifras. En lo que va del año, hasta octubre, los precios de los alimentos subieron más del 27%. Pero si se toman sólo los alimentos de la canasta básica (que se utiliza como referencia para medir la indigencia y la pobreza), la suba trepa al 37%, con la carne vacuna haciendo punta: por ejemplo, Economía & Regiones registró que el precio del asado de ternera tuvo un aumento del 104%. Otros cortes, como la carne picada, subieron el 90%.


En promedio, los alimentos insumen el 37,9% del gasto de los hogares pero en las familias pobres, esa proporción supera el 40% y hasta más del 45% porque con un ingreso más chico deben destinar una parte mayor a asegurarse la alimentación. Cuánto menor es el ingreso de las familias, mayor es la parte que absorbe los alimentos y queda un resto menor para el resto de los bienes y servicios.


En cambio, al disponer de un ingreso mayor, en las familias de clase media se sitúa por debajo del 35% y entre las más ricas, por debajo del 30%. Y disponen de una proporción mayor de sus ingresos para adquirir bienes y servicios cuyos precios aumentan para un ritmo menor.


A todo esto se agrega que, por factores internacionales y domésticos, el tipo de cambio nominal está planchado y la inflación argentina también sube medida en dólares.


Nuevamente, las clases altas están aprovechando esos precios relativamente más baratos para comprar bienes importados o para viajar al exterior, algo que no hacen ni los indigentes ni los pobres ni los que ganan menos. Eso también es aprovechado por las filiales de empresas extranjeras para girar más utilidades (divisas) a sus casas matrices. Y por los inversores financieros internacionales para “apostar” en bonos y acciones argentinos porque obtienen aquí rendimientos varias veces superiores a los del los mercados avanzados

lunes, 8 de noviembre de 2010

La suba en alimentos ya licuó gran parte del subsidio por hijo

Según el valor de la canasta que se tome, la erosión puede llegar hasta el 92%.
Clarin
08/11/10

Por
Ismael Bermúdez


El fuerte incremento de los precios de los alimentos básicos no solamente está deteriorando el poder de compra de los asalariados y jubilados.

Ya erosionó buena parte de la Asignación por Hijo y de otros planes sociales . Además, volvió a incrementar los niveles de indigencia y de pobreza que se determinan por la evolución de la canasta básica alimentaria.

Según el INDEC, esa canasta mínima para una familia tipo (matrimonio y dos hijos) aumentó 164 pesos en los últimos 12 meses , tomada a septiembre, absorbiendo más de una tercera parte de las dos asignaciones por hijo que percibe esa familia y que suman $ 440 ($ 220 por cada chico).

Con un relevamiento propio de los precios, la consultora FIEL calculó que en un año -en este caso a octubre- esa misma canasta se encareció en 404 pesos, “devorando” el 92 por ciento de la asignación de dos hijos.

Para el INDEC, en un año, el valor la canasta básica alimentaria se incrementó un 20,3% , duplicando el alza promedio de los precios. Para FIEL ahora esa misma canasta vale un 36,2% más que en octubre de 2009. El Estudio Bein calculó que los alimentos que se consumen en el hogar subieron en un año el 37,3% (ver recuadro).

Así, aunque divergentes, estas cifras públicas y privadas coinciden en un punto: la inflación está en ascenso y ya licuó buena parte de la política asistencial del Gobierno , pese a lo que sostiene el ministro de Economía, Amado Boudou, cuando dice que la inflación es un tema que no preocupa a la gente y que “tal vez” pueda preocupar a la clase media-alta.

El fenómeno sigue golpeando con más fuerza a los sectores más débiles. Por condición social, a los indigentes y a los pobres que destinan casi la totalidad de sus magros ingresos a alimentarse. Por ingresos, perjudica a los que ganan menos o tienen un haber o sueldo fijo que vuelcan un alta proporción a la compra de alimentos. Por actividad, a los operarios y empleados que, en promedio, vuelcan el 40% de sus sueldos al rubro alimenticio.

Para FIEL, a octubre, una familia tipo necesitaba $ 2.017 mensuales para no ser considerada pobre. Se calcula que el 30% de los hogares gana menos de esa cifra .

Además de las grandes cadenas formadoras de precios, uno de los beneficiados por la mayor inflación es el propio Gobierno.

Porque le permite recaudar más con el llamado “impuesto inflacionario” . Es considerado el peor y más regresivo de los tributos porque hace que los sectores de ingresos fijos aporten más al Fisco a costa de una pérdida de su poder adquisitivo.

Con los números de la Tesorería en la mano, Maximiliano Castillo Carrillo, economista de la consultora ACM, calculó que el 58% del aumento de la recaudación tributaria “se explica por la dinámica de precios y salarios”. Y que del 33,8% que creció la recaudación en el acumulado del año, 19,6 puntos se explican por la inflación. Castillo Carrillo agrega que “el aporte de la inflación a la suba de la recaudación es el más elevado desde 2006 ”. Y opina que eso tiene efectos “distorsionantes” sobre la economía.

Además, mientras que la suba de los precios apuntala los ingresos de las empresas que remarcan y la recaudación impositiva aumenta día a día, el gasto público y los partidas para los sueldos suben, pero lo hacen con un enorme rezago . Los ejemplos más destacados son las jubilaciones, que se actualizan cada seis meses, y los salarios de los trabajadores del sector público y el privado, una vez por año, con aumentos escalonados.

Estas distintas velocidades de actualización le permiten al Gobierno y a los formadores de precios hacer “jugosas” diferencias a costa de los salarios y jubilaciones.

sábado, 6 de noviembre de 2010

Jubilados: la factura es injusta

Clarín
06/11/10

Por
Ismael Bermúdez

Ante el rechazo masivo a las reformas jubilatorias que los gobiernos están impulsando en casi todo el planeta, el martes en esta sección, el ex jefe de gobierno de España, el “socialista” Felipe González, insistió en la necesidad de subir la edad jubilatoria y reducir el cálculo de las jubilaciones . El argumento es que, sin esos cambios, esos regímenes son inviables porque la gente vive más y tiene menos hijos.

Así González se suma a los que plantean que la crisis es por causas demográficas y que el agujero fiscal de los Estados no tiene nada que ver con los “rescates” de billones de dólares a los grandes bancos y al sistema financiero internacional. Tampoco tendría que ver con las enormes pérdidas que sufrieron las inversiones que hicieron los fondos jubilatorios públicos y privados con los aportes de los trabajadores - que se dijo aseguraban de “por vida” las jubilaciones- o con el aumento de la precarización laboral o el trabajo “en negro” .

Como si el sistema previsional fuese una isla, González repite la “tesis” de que la buena noticia de vivir más no puede sostenerse si no se achican las jubilaciones y se incrementan los años de trabajo. Pero no dice que esto agrava la crisis laboral y social . Con la desocupación en alza, prolongar la vida laboral llevaría a bloquear aún más el ingreso laboral de los más jóvenes, o sea, más desocupación . En lugar de mitigarla, permitiendo la jubilación anticipada , se propicia un mayor desempleo y hasta “regular” los flujos inmigratorios para que sean funcionales a las necesidades del capital en cada coyuntura.

González soslaya que el crecimiento de la expectativa de vida es una consecuencia del aumento de la productividad del trabajo y que hoy el trabajador crea una riqueza varias veces superior al incremento de los jubilados respecto a la población ocupada . Pero ese excedente es apropiado por el capital bajo sus diversas formas, en especial las financieras, lo que impide que se convierta en un mayor bienestar social y más todavía cuando por sus propias contradicciones desemboca en crisis global.
En definitiva, lo que se propicia es que esta “factura” la paguen los trabajadores y los jubilados , prolongando los años de trabajo y reduciendo los haberes

domingo, 24 de octubre de 2010

Jubilaciones: El impacto de no cumplir con la ley

24/10/10

Por
Ismael Bermúdez


Hace tiempo se sabe que los edificios de Juzgados de la Seguridad Social están colapsados. También, que por cada sentencia que se dicta ingresan cuatro nuevos juicios; que la ANSeS apela las sentencias o las liquida mal, lo que obliga a nuevos juicios; que ya no alcanzan los pasillos para archivar los expedientes; que se especula con el tiempo que demoran los juicios, muy superior a la expectativa de vida de los jubilados reclamantes; que las jubilaciones son magras, achatadas y cubren menos de la mitad de una canasta básica.

La explosión de juicios es porque el Estado no está cumpliendo con la legislación previsional que dice que la jubilación es un salario, que se calcula según el salario y se actualiza por la evolución de los salarios.

Con sus fallos, la Corte lo único que hizo fue ratificar que el Estado no cumple con esas normas y ordenó cumplirlas en los casos Badaro, Elliff o Gemelli.

Lo que sucede es que esos fallos, al ser individuales, obliga a cada jubilado a iniciar un juicio para percibir lo que le corresponde. En lugar de penalizar al infractor, en este caso al Estado, se obliga al perjudicado a costear un abogado, a iniciar un juicio y a esperar años y años hasta que se conozca la sentencia favorable que, sin embargo, va a ser apelada por la ANSeS o mal liquidada, obligando a comenzar un nuevo juicio.

En parte, esto intentó corregirse con la ley que establecía el 82%, sancionada por el Congreso ya que, no reconocía la retroactividad pero, al menos, extendía hacia delante a todos los jubilados los reajustes ratificados por la Corte. Pero el veto presidencial frustró esta alternativa, agravando el colapso judicial.

Tras el veto, ahora para evitar que se desplomen los edificios judiciales, está la amenaza de una feria judicial.

Para no seguir penalizando a los jubilados, la Corte Suprema debería extender su propia doctrina a todos los que les corresponde, poniendo un punto final a la “industria del juicio”. Así, será justicia

Por temor a un derrumbe, los jueces piden no aceptar nuevos juicios de jubilados

Por Ismael Bermúdez


En las próximas horas, la Justicia de la Seguridad Social podría quedar paralizada. El edificio donde funcionan los Juzgados de la Seguridad Social en la calle Marcelo T. de Alvear 1.840 de esta Capital está en “el máximo admisible de peso” por las decenas de miles de expedientes que acumula, según el informe técnico del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). Y como siguen ingresando nuevas causas, los jueces del Fuero le pidieron a la Cámara Federal de la Seguridad Social, “que se decrete en forma inmediata feriado judicial (sin concurrencia a los lugares de trabajo). La medida solicitada es requerida para la totalidad de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social, a fin de evitar la previsible recarga del edificio principal por ingreso de causas y público asistente a los Juzgados allí ubicados, que además deberían redistribuir los espacios existentes en la planta principal”.

En otras palabras: hasta que se resuelve este colapso, y si se aprueba este pedido, los jubilados no podrán ingresar en los Tribunales nuevas demandas.

Como viene informando Clarín , en la Justicia hay más de 400.000 juicios de jubilados que reclaman que se reajusten sus haberes de acuerdo a la ley previsional, ratificada por la Corte Suprema en casos como Badaro, Elliff, Gemeli y otros (ver Fallos ). Solamente en lo que va de este año, ingresaron 73.000 demandas nuevas.

Según los jueces, el INTI les informó que de acuerdo al último informe de ese organismo, el edificio Anexo de Marcelo T. de Alvear no puede almacenar más papeles.

A eso se suman “los 23 empleados por piso” y “la cantidad de letrados y público en general que transita los Juzgados diariamente”. Y agregan que “en el transcurso de esta semana, los inspectores del INTI concurrieron nuevamente al edificio, diciendo que ya venían informando de la situación, que esta vez el dictamen sería más contundente y que alguien debería tomar decisiones”.

En el Edificio funcionan los 10 juzgados , repartidos 3 en el sector principal y 7 en el Anexo. Solamente “en los últimos días ingresaron alrededor de 15.000 expedientes nuevos”. Se estima que cada Juzgado tiene 40.000 causas. Los expedientes se acrecientan porque, además, la ANSeS apela la mayoría de las sentencias y no está cumpliendo con el compromiso de desistir ante sentencias similares a lo que fijado por la Corte Suprema.

Los jueces agregan que “no podemos soslayar que no existe en el edificio Anexo salida de emergencia alguna ni escalera de incendio, y que los estrechos pasillos se encuentran obstruidos actualmente por la gran cantidad de expedientes en trámite, que ya no pueden ser ubicados al interior de los Juzgados por resultar insuficiente el lugar asignado, incrementando los mismos de la carga de fuego debido al exceso de papel”.

Las autoridades de la Cámara también vienen denunciando que el Fuero está colapsado por lo que se considera que adoptarían alguna medida de emergencia que podría llevar a suspender la recepción o el sorteo de nuevas demandas de los jubilados. Sería otro golpe muy duro para los jubilados, cuando todavía no terminaron de digerir el veto presidencial al 82% y al reajuste de los haberes.

Para superar este colapso judicial, cada vez son más los especialistas que plantean que la Corte Suprema debería extender su doctrina a todos los jubilados lo que evitaría que más jubilados presenten nuevas demandas.

lunes, 11 de octubre de 2010

82% móvil

El 82% móvil está registrado en la memoria
previsional a partir de 1958. Entonces se
sancionó la ley 14.499, luego que la Convención
Constituyente de 1957 fijara que las jubilaciones
y pensiones debían ser “integrales” y
“móviles”.
Como la jubilación es un salario diferido -
en parte financiado por el propio trabajador
con su aporte a lo largo de su vida activa- el
principio que lo guía es que el jubilado pueda
mantener el nivel de vida que tuvo en los últimos
años de vida activa. Se fijó en el 82%
porque equivale al ingreso de bolsillo del trabajador
activo, una vez descontados los aportes
a la Seguridad Social. Y móvil para asegurar
su continuidad y actualización.
Aún así, los distintos gobiernos no sólo
no fueron cumpliendo con esa norma sino
que lanzaron una batería de medidas que lo
pulverizaron.
A eso se agregó que los enormes superávit
de las cajas acumulados en los años 50 y 60,
que estaban invertidos en bonos del Estado -
llegaron a representar casi el 50% del Producto
Bruto Interno (PBI)- fueron usados para
financiar los rojos del mismo Estado y licuados
por la inflación.
Lo que vino después es más conocido. La
reforma de 1994, además de instalar un régimen
privado, no dejó en el sistema público ni
rastros del 82% ni de la movilidad. Luego, en
2001, apareció el recorte del 13%.
Después, las jubilaciones quedaron demolidas
por la inflación. Y si bien el gobierno
fue subiendo el haber mínimo, reestatizó el
sistema y otorgó la jubilación por moratoria,
no recompuso los haberes, achatándolos a tal
punto que hoy tres de cada cuatro jubilados
cobra apenas el haber mínimo de 1.046 pesos mensuales. ◗

domingo, 26 de septiembre de 2010

El INDEC y la crisis de confiabilidad

26/09/10

Por
Ismael Bermúdez


El INDEC va a realizar el 27 de octubre próximo el Censo de Población, Hogares y Viviendas cuando la confianza de la sociedad en el Instituto Estadístico es bajísima, por no decir nula.

En su reciente evaluación, el Comité Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES) del INDEC de las cinco universidades nacionales designadas por el propio Gobierno dice que “la pérdida de credibilidad del organismo estadístico es un hecho incontrastable y trasciende las metodologías empleadas. Simplemente los agentes sociales y económicos que toman decisiones usando información no confían en las estadísticas generadas por el Instituto”. Y agrega que este descrédito “se ha dado paralelamente con un deterioro en el funcionamiento del Instituto y con la pérdida de valiosos recursos humanos debido a alejamientos y desplazamientos de carácter involuntario”.

Esta descripción, más que realista, indica que el censo no va a realizarse en el clima de confianza que requiere una convocatoria a más de 41 millones de personas para que, aunque sea en forma anónima, suministren todo tipo de información a los censistas. Y tampoco garantiza que esa información sea luego procesada con el rigor técnico que merece.

Más grave es que desde distintos sectores académicos y parlamentarios se fue advirtiendo de esta situación a tal punto que hay proyectos de ley que plantean suspender la realización del Censo. También, aunque no figuraba en su agenda, el CAES “incluyó este tema en todas las demandas de información al INDEC atento a la importancia que el mismo tiene por tratarse de un relevamiento que se realiza una vez cada 10 años y que constituye el marco de referencia de todas las estadísticas socioeconómicas y demográficas que se elaboran en el país, no sólo a nivel nacional sino también el provincial y local”. El CAES luego formuló objeciones y recomendaciones, que no fueron tomadas en cuenta.

Así, se corre el gran riesgo que se dilapide el enorme esfuerzo humano y económico (el costo presupuestado es de $ 303 millones más el feriado). Y que como, sucede actualmente con el Índice de Precios al Consumidor y otras estadísticas, por una mala preparación, una deficiente recolección de los datos y la manipulación de los resultados se concluya, en lo que advierte el CAES: “en una gravosa carga para las generaciones futuras quienes no podrán contar con un registro histórico confiable de la Nación y su evolución”.

viernes, 24 de septiembre de 2010

Dudoso test para progresistas

24/09/10
en Opinión Clarin.

Por
Ismael Bermúdez



El ex ministro de Salud, Aldo Neri, propuso el lunes en esta sección que respondiéramos a un test para saber si, como la mayoría cree, uno es realmente progresista, o en cambio, un simple populista.

Acepté el desafío . Y resultó que por estar a favor del 82% móvil, un sueldo mínimo igual al costo de la canasta familiar, un salario que no esté alcanzado por el impuesto a las Ganancias y en contra de reducir la previsión a una jubilación y a una cobertura de salud asistenciales, el test arrojó que no soy un progresista ... sino un populista conservador .

Me parece que algo falla en el test del ex ministro. Si el test pretende diferenciarse del “progre-populismo” oficial, Neri quizás está mal informado. El Gobierno no acepta el 82% ni siquiera para la mínima. Mantiene los haberes en un tercio del salario. No actualiza por la inflación el tope salarial de Ganancias. Deja que el 36,5% de los asalariados siga “en negro”. No grava la renta financiera. Entrega la minería a pulpos monopólicos. Y se desvive por pagar la deuda, incluso con reservas del Banco Central y financiamiento de la ANSeS.

El “error” de Neri obedece a que el test tiene como premisa que los beneficios de los trabajadores son un “privilegio” en detrimento de los “sectores más alejados y más débiles”. Neri opone el obrero al desocupado y el jubilado al que carece de este derecho. No tiene en cuenta que la función del desempleo es reducir el valor de la fuerza de trabajo del ocupado e incrementar la ganancia de los monopolios, mientras que la privación de derechos jubilatorios promedia hacia abajo las jubilaciones.

Universalizar el asistencialismo, como pide el Banco Mundial, es reaccionario.

Progresista es universalizar el derecho al trabajo en blanco y el retiro jubilatorio en las mismas condiciones del activo .

Neri dice que “los tiempos” y “el arte de lo posible” aconsejan anular los derechos adquiridos y reemplazarlos por un piso asistencial de salud y jubilación que ronda entre la indigencia y la pobreza.

¿Y no es hacia allí que estamos yendo de la mano del “progre-populismo”? Sería preferible no resignarse a los hechos consumados, característica esencial del conservador, ni mirar para otro lado ante las ganancias del capital

viernes, 17 de septiembre de 2010

El informe universitario que aplazó a la plana mayor del INDEC

Clarin
17/09/10

Por
Ismael Bermúdez
Analisis

El informe universitario terminó de zanjar la polémica sobre la credibilidad del Indice de Precios al Consumidor (IPC) y otras mediciones que todos los meses difunde el INDEC.

Porque el diagnóstico académico --a saber, que el IPC no es creíble, que hay que hacer uno nuevo y que desde fines de 2006 la calidad del organismo se encuentra en su punto más bajo después de ubicarse “en los más altos estándares internacionales”--proviene, ni más ni menos, que de un Consejo Académico integrado por profesores de estadística, matemáticas, economía, sociología y derecho de cinco universidades nacionales creado por un decreto presidencial y designado por el propio Gobierno en julio de 2009.

“Es como perder 5 a 0, jugando de local, y después de fijar las reglas del juego, designar al referí y a los jugadores tanto locales como visitantes”, graficó un docente de la UBA quien agregó que, con este informe, “la plana mayor del INDEC no pasó el examen, no revalidó los títulos, quedó bochada”.

De ahí que lo que se diseñó como una estrategia para “ganar tiempo” y lograr el aval “de las instituciones técnico-académicas de nivel nacional” se transformó en un búmeran para el Gobierno.

Ahora se corre el riesgo que el informe académico universitario quede perdido en un cajón ministerial. Sin embargo, no hay margen para dejar las cosas como están, ensayar maquillajes o gatopardismos.

Con más urgencia que antes, lo que corresponde es apartar a los responsables de este estado de descrédito del INDEC, revisar las estadísticas posteriores a 2007, reincorporar a los directores, técnicos y empleados desplazados u obligados a renunciar y, sobre esa base, reorganizar el organismo

“Expertos” que nivelan para abajo

Clarin
17/09/10

Por
Ismael Bermúdez


¿Hay que eliminar la vinculación de la jubilación con el salario, borrar definitivamente el 82% de la historia previsional y fijar una jubilación básica “universal”?
Es lo que plantean distintos especialistas con el argumento de que el 82% es inviable, que no hay fondos para garantizarlo y que el aumento de la expectativa de vida destruye toda posibilidad de financiarlo. Y recomiendan, a quienes pretendan percibir un haber superior al mínimo asistencial, que realicen aportes voluntarios en algún régimen de capitalización, sin ninguna garantía respecto del monto a cobrar en el futuro ya que dependerá de las vicisitudes financieras.

Esta argumentación -que se presenta como de “responsabilidad fiscal” y que convierte el progreso de vivir más años en una calamidad personal y social - soslaya que los fondos previsionales fueron desviados en subsidios y desvalorizados por las sucesivas crisis fiscales y financieras , que no son responsabilidad de los que aportaron . También omite, en la magnitud de la crisis fiscal y previsional, los efectos de la evasión, el empleo “en negro”, el desempleo, los aumentos salariales “no remunerativos” y la reducción de los aportes patronales, tolerados y hasta alentados por los sucesivos gobiernos.

Pero la jubilación es un salario indirecto o diferido que se financia en parte con el sueldo del trabajador . Por eso, si la jubilación fuese reemplazada por una prestación básica, se produciría jurídicamente una confiscación del salario y una “legalización” de toda la sustracción sufrida por los fondos de los trabajadores por la acción especulativa, la evasión y las decisiones gubernamentales contrarias a la previsión social, que es lo que ha venido pasando.

En lugar de ampliar los derechos sociales, se nivelaría hacia abajo, empobreciendo aún más a los trabajadores que aportaron a lo largo de 30 o más años, como se evidencia hoy en que el haber medio equivale a apenas el 36% del sueldo medio de la economía . Y en lugar de sacar a los indigentes y pobres de la degradación, con más trabajo, inversión, reestructuración económica, financiera y tributaria se consagraría como aspiración y meta del milenio el “derecho a un piso de indigencia

sábado, 11 de septiembre de 2010

¿Ganó la precariedad?

Revista Ñ
11-09-2010

El derrumbe de la sociedad salarial generalizó el empleo precario.
Para la polémica, el francés Robert Castel propone adaptarse sin discutir.

Por Ismael Bermúdez



En “El ascenso de las incertidumbres”( “Trabajo, Protecciones, Estatuto del individuo”), el renombrado sociólogo francés Robert Castel, vuelve a indagar en “la gran transformación” que se produjo en las últimas décadas en la sociedad salarial y que dio lugar a lo que define como “precariado”.
Con esto se refiere al fenómeno de la precariedad laboral que al comienzo –dice- fue pregonada como “un mal momento” pasajero mientras el capitalismo iría superando su crisis, pero que se ha convertido “en una condición de alguna manera “normal” de la organización del trabajo, con sus características propias y su propio régimen de existencia”. “Se podría llamar “precariado” a esta condición bajo la cual la precariedad se convierte en un registro propio de la organización del trabajo”.
Si bien Castel menciona los ejemplos franceses, como los contratos “atípicos” de empleo, de aprendizaje, de acompañamiento en el empleo, de ingreso mínimo de actividad, de tiempo parcial, de pasantías, esas figuras del precariado son ampliamente conocidas en la Argentina, camufladas o no bajo los contratos a tiempo parcial, el Monotributo o Monotributo Social, Argentina Trabaja u otros planes llamados de empleo.
”Por cierto – agrega Castel- la mayoría de estas medidas son siempre presentadas como provisionales y destinadas a servir de transición en un recorrido que debe conducir al “empleo duradero”. Pero la experiencia de aquellos que llevan a cabo estos recorridos por lo general es muy diferente. En lugar de una transición hacia el empleo duradero con frecuencia se observa el pasaje de una pasantía a otra o de un contrato asistido hacia otro contrato asistido o un empleo de duración limitada, con el intervalo de períodos más o menos largos de inactividad, soportados gracias a un poco de ayuda social, un poco de ayuda familiar cuando existe, y a veces también algunas actividades delictiva”.
Este proceso fue acompañado – prosigue el autor- de un “deslizamiento progresivo” del modelo de protección social basado en el trabajo hacia otro “minimalista” para “los que no pueden entrar en el régimen de la seguridad social porque están fuera del trabajo”.
A pesar de este duro y realista diagnóstico de la situación laboral y social, Castel descarta toda superación a esta degradación social porque – escribe- “la versión más resplandeciente y heroica de la crítica del capitalismo, la alternativa revolucionaria, se retiró de nuestra historia, por lo menos en el presente y en un porvenir previsible”.
A partir de este diagnóstico, Castel confía en que se irá logrando un nuevo registro o regulación de las relaciones laborales y de protección social adaptados a la situación actual. “Desde este punto de vista, la búsqueda de un nuevo compromiso, diferente pero homólogo al del capitalismo industrial, entre una exigencia de competitividad-flexibilidad por el lado de las empresas y una exigencia de protección-seguridad por el lado de los trabajadores, aparece como la articulación que sería necesario promover para que los trastornos actuales no desemboquen en una salida por la parte inferior de la sociedad salarial, cuyo desenlace sería un remercantilización completa del trabajo”.
Castel califica esta posición, a la que adhiere, como la de “un reformismo realista” con un Estado social que articula el mercado y el trabajo, que redefine los derechos laborales y la protección social y que construye una “verdadera solidaridad” en el que todos los miembros de la sociedad reciban un mínimo de recursos y derechos comunes que constituyen “su ciudadanía social”. Y hace esta propuesta porque considera que el Estado no es un instrumento de la dominación de clase sino un árbitro que conduce y articula compromisos “en nombre de la cohesión social”.
Así, por ejemplo, plantea “dar un estatuto al trabajador móvil” o garantizar prestaciones a los que se desempeñan en las actividades precarias o están desempleados. En lugar “de la concepción degradada de la solidaridad que consiste en prodigar ayudas a las categorías más desprovistas”, Castel dice que habría que “refundar por completo el conjunto de los derechos y las protecciones del trabajo, inclusive para aquellos que tienen actualmente un empleo estable”.
De este modo, en lugar de cuestionar el “precariado” para sacar a los precarios de esa situación para que dispongan de los derechos plenos de los asalariados y de la previsión social, Castel plantea adaptar la legislación laboral y de seguridad social a las nuevas condiciones precarias. Eso no sería otra cosa que nivelar hacia abajo, ya que incluye en su propuesta a los que tienen una ocupación estable.
Estas serían las tareas de arbitraje que le asigna al Estado social que no es otra cosa que articular un compromiso con las organizaciones sindicales y sociales - lo que supone la reglamentación y regimentación del accionar laboral y social y hasta una mayor estatización de las organizaciones sindicales- en función de la “cohesión” de los intereses del sistema.
Castel soslaya que los Estados llamados a cumplir este rol no solo no fueron ajenos a la enorme degradación social que describe sino sus promotores, luego de haberse devorado los fondos que debían servir para financiar el Estado de Bienestar. Ahora esos Estados están en bancarrota fiscal por los niveles de endeudamiento que debieron asumir para rescatar a los grandes grupos económicos y al sistema financiero, al mismo tiempo que pretenden descargar esos déficits achicando salarios y jubilaciones, elevando la edad jubilatoria, mientras el desempleo vuelve a trepar a tasas de dos dígitos. Las propuestas que Castel califica de realistas-reformistas no se oponen a este curso de acción sino que se adaptan y complementan. Los derechos y las prestaciones mínimas de la “ciudadanía social” no son otra cosa que “precariado” en la vida activa y un ingreso de pobreza luego del retiro laboral.
El autor también soslaya las consecuencias regimentadoras y hasta totalitarias de un llamado Estado social cuya tarea esencial sería regular todavía más a la fuerza de trabajo para permitir el desenvolvimiento del mercado.
Castel incurre en un error de método ya que pretende abordar la degradación social ya no solo sin discutir o cuestionar el régimen de producción que la produce y reproduce. Ni siquiera cuestiona el rescate de la banca y de los fondos especulativos o sugiere alguna quita al sistema financiero y a los monopolios, la nacionalización de los bancos o la eliminación de la deuda pública financiera. Concluye así adaptándose al precariado que tan magníficamente describe.

Asignacion por hijo: marcha atrás del Gobierno

Asignación y debates
POR ISMAEL BERMUDEZ

La Razón
11-09-2010

Tuvo que producirse una fuerte reacción popular para que el Gobierno diera marcha atrás --por lo menos hasta fin de año- con la decisión de dejar de pagar la asignación por hijo a los chicos que concurren a escuelas privadas.

El argumento, según un comunicado oficial, es que "los recursos de ANSES no son ni de la Presidenta ni del Director Ejecutivo, sino de todos los argentinos" y no pueden destinarse a favorecer a establecimientos educativos privados o a familias que cuentan con recursos para pagar una cuota privada.

Detrás de este mensaje - ­que está embuido de un supuesto rapto de laicismo- hay varias falacias:
* El gobierno se impregna de una supuesta defensa de la enseñanza estatal, cuando hay un vasto movimiento de protesta estudiantil por el deterioro de los edificios de las escuelas públicas, que ahora se extendió a las Universidades.
* Así como no todos los chicos que van a escuelas públicas son de familias pobres, no todos los que cursan en escuelas privadas pertenecen a hogares ricos. Es sabido que a través de becas o cuotas muy bajas el 20% de los hogares con chicos pobres reciben educación privada.

* Muchas familias recurren a la educación privada por el deterioro educativo y de infraestructura de la educación pública, que es de entera responsabilidad del Estado y los gobiernos tanto de orden nacional como provinciales.

* El supuesto espíritu laicista se contradice con el vaciamiento de la educación pública, en tanto el Estado subsidia la educación privada y confesional.

* Los recursos de la ANSeS son de todos los argentinos ­ dicen desde el Gobierno- cuando el Estado no cumple con las leyes previsionales y tampoco con los fallos judiciales, alienta la "industria del juicio" favoreciendo a miles de abogados que se llevan una parte sustancial de las sentencias favorables a los jubilados que se pagan con dinero público y los fondos del Presupuesto se manejan con total discrecionalidad.

* La asignación "universal" no es tal porque muchos sectores de bajos recursos ­ como los hijos de monotributistas de categorías bajas--están excluidos del beneficio.

* La asignación se paga con fondos de la ANSeS, absorbiendo los planes sociales que antes se pagaban a través del Tesoro. Luego se justifican los magros haberes jubilatorios con el argumento de que la ANSeS tiene mayores erogaciones no previsionales.

Finalmente, la ANSeS dio marcha atrás con una medida que nunca informó. Pretendió hacer pasar una medida excluyente y discriminatoria que fue frustrada por la reacción de las familias perjudicadas.