domingo, 26 de septiembre de 2010

El INDEC y la crisis de confiabilidad

26/09/10

Por
Ismael Bermúdez


El INDEC va a realizar el 27 de octubre próximo el Censo de Población, Hogares y Viviendas cuando la confianza de la sociedad en el Instituto Estadístico es bajísima, por no decir nula.

En su reciente evaluación, el Comité Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES) del INDEC de las cinco universidades nacionales designadas por el propio Gobierno dice que “la pérdida de credibilidad del organismo estadístico es un hecho incontrastable y trasciende las metodologías empleadas. Simplemente los agentes sociales y económicos que toman decisiones usando información no confían en las estadísticas generadas por el Instituto”. Y agrega que este descrédito “se ha dado paralelamente con un deterioro en el funcionamiento del Instituto y con la pérdida de valiosos recursos humanos debido a alejamientos y desplazamientos de carácter involuntario”.

Esta descripción, más que realista, indica que el censo no va a realizarse en el clima de confianza que requiere una convocatoria a más de 41 millones de personas para que, aunque sea en forma anónima, suministren todo tipo de información a los censistas. Y tampoco garantiza que esa información sea luego procesada con el rigor técnico que merece.

Más grave es que desde distintos sectores académicos y parlamentarios se fue advirtiendo de esta situación a tal punto que hay proyectos de ley que plantean suspender la realización del Censo. También, aunque no figuraba en su agenda, el CAES “incluyó este tema en todas las demandas de información al INDEC atento a la importancia que el mismo tiene por tratarse de un relevamiento que se realiza una vez cada 10 años y que constituye el marco de referencia de todas las estadísticas socioeconómicas y demográficas que se elaboran en el país, no sólo a nivel nacional sino también el provincial y local”. El CAES luego formuló objeciones y recomendaciones, que no fueron tomadas en cuenta.

Así, se corre el gran riesgo que se dilapide el enorme esfuerzo humano y económico (el costo presupuestado es de $ 303 millones más el feriado). Y que como, sucede actualmente con el Índice de Precios al Consumidor y otras estadísticas, por una mala preparación, una deficiente recolección de los datos y la manipulación de los resultados se concluya, en lo que advierte el CAES: “en una gravosa carga para las generaciones futuras quienes no podrán contar con un registro histórico confiable de la Nación y su evolución”.

viernes, 24 de septiembre de 2010

Dudoso test para progresistas

24/09/10
en Opinión Clarin.

Por
Ismael Bermúdez



El ex ministro de Salud, Aldo Neri, propuso el lunes en esta sección que respondiéramos a un test para saber si, como la mayoría cree, uno es realmente progresista, o en cambio, un simple populista.

Acepté el desafío . Y resultó que por estar a favor del 82% móvil, un sueldo mínimo igual al costo de la canasta familiar, un salario que no esté alcanzado por el impuesto a las Ganancias y en contra de reducir la previsión a una jubilación y a una cobertura de salud asistenciales, el test arrojó que no soy un progresista ... sino un populista conservador .

Me parece que algo falla en el test del ex ministro. Si el test pretende diferenciarse del “progre-populismo” oficial, Neri quizás está mal informado. El Gobierno no acepta el 82% ni siquiera para la mínima. Mantiene los haberes en un tercio del salario. No actualiza por la inflación el tope salarial de Ganancias. Deja que el 36,5% de los asalariados siga “en negro”. No grava la renta financiera. Entrega la minería a pulpos monopólicos. Y se desvive por pagar la deuda, incluso con reservas del Banco Central y financiamiento de la ANSeS.

El “error” de Neri obedece a que el test tiene como premisa que los beneficios de los trabajadores son un “privilegio” en detrimento de los “sectores más alejados y más débiles”. Neri opone el obrero al desocupado y el jubilado al que carece de este derecho. No tiene en cuenta que la función del desempleo es reducir el valor de la fuerza de trabajo del ocupado e incrementar la ganancia de los monopolios, mientras que la privación de derechos jubilatorios promedia hacia abajo las jubilaciones.

Universalizar el asistencialismo, como pide el Banco Mundial, es reaccionario.

Progresista es universalizar el derecho al trabajo en blanco y el retiro jubilatorio en las mismas condiciones del activo .

Neri dice que “los tiempos” y “el arte de lo posible” aconsejan anular los derechos adquiridos y reemplazarlos por un piso asistencial de salud y jubilación que ronda entre la indigencia y la pobreza.

¿Y no es hacia allí que estamos yendo de la mano del “progre-populismo”? Sería preferible no resignarse a los hechos consumados, característica esencial del conservador, ni mirar para otro lado ante las ganancias del capital

viernes, 17 de septiembre de 2010

El informe universitario que aplazó a la plana mayor del INDEC

Clarin
17/09/10

Por
Ismael Bermúdez
Analisis

El informe universitario terminó de zanjar la polémica sobre la credibilidad del Indice de Precios al Consumidor (IPC) y otras mediciones que todos los meses difunde el INDEC.

Porque el diagnóstico académico --a saber, que el IPC no es creíble, que hay que hacer uno nuevo y que desde fines de 2006 la calidad del organismo se encuentra en su punto más bajo después de ubicarse “en los más altos estándares internacionales”--proviene, ni más ni menos, que de un Consejo Académico integrado por profesores de estadística, matemáticas, economía, sociología y derecho de cinco universidades nacionales creado por un decreto presidencial y designado por el propio Gobierno en julio de 2009.

“Es como perder 5 a 0, jugando de local, y después de fijar las reglas del juego, designar al referí y a los jugadores tanto locales como visitantes”, graficó un docente de la UBA quien agregó que, con este informe, “la plana mayor del INDEC no pasó el examen, no revalidó los títulos, quedó bochada”.

De ahí que lo que se diseñó como una estrategia para “ganar tiempo” y lograr el aval “de las instituciones técnico-académicas de nivel nacional” se transformó en un búmeran para el Gobierno.

Ahora se corre el riesgo que el informe académico universitario quede perdido en un cajón ministerial. Sin embargo, no hay margen para dejar las cosas como están, ensayar maquillajes o gatopardismos.

Con más urgencia que antes, lo que corresponde es apartar a los responsables de este estado de descrédito del INDEC, revisar las estadísticas posteriores a 2007, reincorporar a los directores, técnicos y empleados desplazados u obligados a renunciar y, sobre esa base, reorganizar el organismo

“Expertos” que nivelan para abajo

Clarin
17/09/10

Por
Ismael Bermúdez


¿Hay que eliminar la vinculación de la jubilación con el salario, borrar definitivamente el 82% de la historia previsional y fijar una jubilación básica “universal”?
Es lo que plantean distintos especialistas con el argumento de que el 82% es inviable, que no hay fondos para garantizarlo y que el aumento de la expectativa de vida destruye toda posibilidad de financiarlo. Y recomiendan, a quienes pretendan percibir un haber superior al mínimo asistencial, que realicen aportes voluntarios en algún régimen de capitalización, sin ninguna garantía respecto del monto a cobrar en el futuro ya que dependerá de las vicisitudes financieras.

Esta argumentación -que se presenta como de “responsabilidad fiscal” y que convierte el progreso de vivir más años en una calamidad personal y social - soslaya que los fondos previsionales fueron desviados en subsidios y desvalorizados por las sucesivas crisis fiscales y financieras , que no son responsabilidad de los que aportaron . También omite, en la magnitud de la crisis fiscal y previsional, los efectos de la evasión, el empleo “en negro”, el desempleo, los aumentos salariales “no remunerativos” y la reducción de los aportes patronales, tolerados y hasta alentados por los sucesivos gobiernos.

Pero la jubilación es un salario indirecto o diferido que se financia en parte con el sueldo del trabajador . Por eso, si la jubilación fuese reemplazada por una prestación básica, se produciría jurídicamente una confiscación del salario y una “legalización” de toda la sustracción sufrida por los fondos de los trabajadores por la acción especulativa, la evasión y las decisiones gubernamentales contrarias a la previsión social, que es lo que ha venido pasando.

En lugar de ampliar los derechos sociales, se nivelaría hacia abajo, empobreciendo aún más a los trabajadores que aportaron a lo largo de 30 o más años, como se evidencia hoy en que el haber medio equivale a apenas el 36% del sueldo medio de la economía . Y en lugar de sacar a los indigentes y pobres de la degradación, con más trabajo, inversión, reestructuración económica, financiera y tributaria se consagraría como aspiración y meta del milenio el “derecho a un piso de indigencia

sábado, 11 de septiembre de 2010

¿Ganó la precariedad?

Revista Ñ
11-09-2010

El derrumbe de la sociedad salarial generalizó el empleo precario.
Para la polémica, el francés Robert Castel propone adaptarse sin discutir.

Por Ismael Bermúdez



En “El ascenso de las incertidumbres”( “Trabajo, Protecciones, Estatuto del individuo”), el renombrado sociólogo francés Robert Castel, vuelve a indagar en “la gran transformación” que se produjo en las últimas décadas en la sociedad salarial y que dio lugar a lo que define como “precariado”.
Con esto se refiere al fenómeno de la precariedad laboral que al comienzo –dice- fue pregonada como “un mal momento” pasajero mientras el capitalismo iría superando su crisis, pero que se ha convertido “en una condición de alguna manera “normal” de la organización del trabajo, con sus características propias y su propio régimen de existencia”. “Se podría llamar “precariado” a esta condición bajo la cual la precariedad se convierte en un registro propio de la organización del trabajo”.
Si bien Castel menciona los ejemplos franceses, como los contratos “atípicos” de empleo, de aprendizaje, de acompañamiento en el empleo, de ingreso mínimo de actividad, de tiempo parcial, de pasantías, esas figuras del precariado son ampliamente conocidas en la Argentina, camufladas o no bajo los contratos a tiempo parcial, el Monotributo o Monotributo Social, Argentina Trabaja u otros planes llamados de empleo.
”Por cierto – agrega Castel- la mayoría de estas medidas son siempre presentadas como provisionales y destinadas a servir de transición en un recorrido que debe conducir al “empleo duradero”. Pero la experiencia de aquellos que llevan a cabo estos recorridos por lo general es muy diferente. En lugar de una transición hacia el empleo duradero con frecuencia se observa el pasaje de una pasantía a otra o de un contrato asistido hacia otro contrato asistido o un empleo de duración limitada, con el intervalo de períodos más o menos largos de inactividad, soportados gracias a un poco de ayuda social, un poco de ayuda familiar cuando existe, y a veces también algunas actividades delictiva”.
Este proceso fue acompañado – prosigue el autor- de un “deslizamiento progresivo” del modelo de protección social basado en el trabajo hacia otro “minimalista” para “los que no pueden entrar en el régimen de la seguridad social porque están fuera del trabajo”.
A pesar de este duro y realista diagnóstico de la situación laboral y social, Castel descarta toda superación a esta degradación social porque – escribe- “la versión más resplandeciente y heroica de la crítica del capitalismo, la alternativa revolucionaria, se retiró de nuestra historia, por lo menos en el presente y en un porvenir previsible”.
A partir de este diagnóstico, Castel confía en que se irá logrando un nuevo registro o regulación de las relaciones laborales y de protección social adaptados a la situación actual. “Desde este punto de vista, la búsqueda de un nuevo compromiso, diferente pero homólogo al del capitalismo industrial, entre una exigencia de competitividad-flexibilidad por el lado de las empresas y una exigencia de protección-seguridad por el lado de los trabajadores, aparece como la articulación que sería necesario promover para que los trastornos actuales no desemboquen en una salida por la parte inferior de la sociedad salarial, cuyo desenlace sería un remercantilización completa del trabajo”.
Castel califica esta posición, a la que adhiere, como la de “un reformismo realista” con un Estado social que articula el mercado y el trabajo, que redefine los derechos laborales y la protección social y que construye una “verdadera solidaridad” en el que todos los miembros de la sociedad reciban un mínimo de recursos y derechos comunes que constituyen “su ciudadanía social”. Y hace esta propuesta porque considera que el Estado no es un instrumento de la dominación de clase sino un árbitro que conduce y articula compromisos “en nombre de la cohesión social”.
Así, por ejemplo, plantea “dar un estatuto al trabajador móvil” o garantizar prestaciones a los que se desempeñan en las actividades precarias o están desempleados. En lugar “de la concepción degradada de la solidaridad que consiste en prodigar ayudas a las categorías más desprovistas”, Castel dice que habría que “refundar por completo el conjunto de los derechos y las protecciones del trabajo, inclusive para aquellos que tienen actualmente un empleo estable”.
De este modo, en lugar de cuestionar el “precariado” para sacar a los precarios de esa situación para que dispongan de los derechos plenos de los asalariados y de la previsión social, Castel plantea adaptar la legislación laboral y de seguridad social a las nuevas condiciones precarias. Eso no sería otra cosa que nivelar hacia abajo, ya que incluye en su propuesta a los que tienen una ocupación estable.
Estas serían las tareas de arbitraje que le asigna al Estado social que no es otra cosa que articular un compromiso con las organizaciones sindicales y sociales - lo que supone la reglamentación y regimentación del accionar laboral y social y hasta una mayor estatización de las organizaciones sindicales- en función de la “cohesión” de los intereses del sistema.
Castel soslaya que los Estados llamados a cumplir este rol no solo no fueron ajenos a la enorme degradación social que describe sino sus promotores, luego de haberse devorado los fondos que debían servir para financiar el Estado de Bienestar. Ahora esos Estados están en bancarrota fiscal por los niveles de endeudamiento que debieron asumir para rescatar a los grandes grupos económicos y al sistema financiero, al mismo tiempo que pretenden descargar esos déficits achicando salarios y jubilaciones, elevando la edad jubilatoria, mientras el desempleo vuelve a trepar a tasas de dos dígitos. Las propuestas que Castel califica de realistas-reformistas no se oponen a este curso de acción sino que se adaptan y complementan. Los derechos y las prestaciones mínimas de la “ciudadanía social” no son otra cosa que “precariado” en la vida activa y un ingreso de pobreza luego del retiro laboral.
El autor también soslaya las consecuencias regimentadoras y hasta totalitarias de un llamado Estado social cuya tarea esencial sería regular todavía más a la fuerza de trabajo para permitir el desenvolvimiento del mercado.
Castel incurre en un error de método ya que pretende abordar la degradación social ya no solo sin discutir o cuestionar el régimen de producción que la produce y reproduce. Ni siquiera cuestiona el rescate de la banca y de los fondos especulativos o sugiere alguna quita al sistema financiero y a los monopolios, la nacionalización de los bancos o la eliminación de la deuda pública financiera. Concluye así adaptándose al precariado que tan magníficamente describe.

Asignacion por hijo: marcha atrás del Gobierno

Asignación y debates
POR ISMAEL BERMUDEZ

La Razón
11-09-2010

Tuvo que producirse una fuerte reacción popular para que el Gobierno diera marcha atrás --por lo menos hasta fin de año- con la decisión de dejar de pagar la asignación por hijo a los chicos que concurren a escuelas privadas.

El argumento, según un comunicado oficial, es que "los recursos de ANSES no son ni de la Presidenta ni del Director Ejecutivo, sino de todos los argentinos" y no pueden destinarse a favorecer a establecimientos educativos privados o a familias que cuentan con recursos para pagar una cuota privada.

Detrás de este mensaje - ­que está embuido de un supuesto rapto de laicismo- hay varias falacias:
* El gobierno se impregna de una supuesta defensa de la enseñanza estatal, cuando hay un vasto movimiento de protesta estudiantil por el deterioro de los edificios de las escuelas públicas, que ahora se extendió a las Universidades.
* Así como no todos los chicos que van a escuelas públicas son de familias pobres, no todos los que cursan en escuelas privadas pertenecen a hogares ricos. Es sabido que a través de becas o cuotas muy bajas el 20% de los hogares con chicos pobres reciben educación privada.

* Muchas familias recurren a la educación privada por el deterioro educativo y de infraestructura de la educación pública, que es de entera responsabilidad del Estado y los gobiernos tanto de orden nacional como provinciales.

* El supuesto espíritu laicista se contradice con el vaciamiento de la educación pública, en tanto el Estado subsidia la educación privada y confesional.

* Los recursos de la ANSeS son de todos los argentinos ­ dicen desde el Gobierno- cuando el Estado no cumple con las leyes previsionales y tampoco con los fallos judiciales, alienta la "industria del juicio" favoreciendo a miles de abogados que se llevan una parte sustancial de las sentencias favorables a los jubilados que se pagan con dinero público y los fondos del Presupuesto se manejan con total discrecionalidad.

* La asignación "universal" no es tal porque muchos sectores de bajos recursos ­ como los hijos de monotributistas de categorías bajas--están excluidos del beneficio.

* La asignación se paga con fondos de la ANSeS, absorbiendo los planes sociales que antes se pagaban a través del Tesoro. Luego se justifican los magros haberes jubilatorios con el argumento de que la ANSeS tiene mayores erogaciones no previsionales.

Finalmente, la ANSeS dio marcha atrás con una medida que nunca informó. Pretendió hacer pasar una medida excluyente y discriminatoria que fue frustrada por la reacción de las familias perjudicadas.

viernes, 10 de septiembre de 2010

Asignación: Un plan que deja marginados

10/09/10

Por
Ismael Bermúdez

El requisito de que los chicos asistan a una escuela estatal para cobrar la asignación por hijo supone excluir a las familias que tienen ingresos suficientes para pagar una escuela privada.

Sin embargo, por la existencia de escuelas subsidiadas que no cobran cuotas o son muy bajas, “la asistencia a escuelas privadas no es exclusiva de los niños pertenecientes a hogares de altos ingresos.

De hecho, más de un quinto de los niños en edad escolar que viven en el 20% de hogares de menores ingresos en aglomerados urbanos asiste a un establecimiento privado”, dice el último Informe de CENDA (Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino).

Esta exclusión es más irritante porque muchas de estas familias eran asistidas por planes sociales, como el Familias, que fueron absorbidos por la asignación por hijo . Ahora, estas familias pobres “excluidas” no tienen ni una ni otra ayuda.

Otro sector no contemplado en la Asignación es el de los hijos de los monotributistas de las categorías más bajas que en general, como precisa CENDA, “son trabajadores víctimas de una relación salarial fraudulenta o bien se desempeñan por cuenta propia, lo cual no implica necesariamente que se hallen fuera de una situación de vulnerabilidad social o de bajos ingresos”. Así, la exclusión de este sector termina siendo un incentivo para darse de baja del monotributo ya que así podrían acceder a la Asignación.

A todo esto se agrega un tema clave: el financiamiento. Mientras los planes sociales se pagaban con partidas de presupuesto, la asignación por hijo se paga con los intereses del Fondo de la ANSeS . Por este pase, el organismo previsional -que paga haberes muy bajos, acumula una enorme litigiosidad y dice que no puede pagar el 82% móvil- termina financiando gastos que antes eran cubiertos con fondos del Tesoro Nacional.

En tanto, hace dos años que el Gobierno no actualiza el tope salarial (sigue en $ 4.800) que da derecho a los trabajadores en blanco a cobrar el salario familiar . Por esta razón, con cada aumento salarial, hay trabajadores que dejan de cobrar las asignaciones familiares.