31/07/10
Por
Ismael Bermúdez
Mientras a nivel nacional aumenta el debate por llevar las jubilaciones al 82 por ciento móvil, en Santa Cruz el gobierno provincial presentó un proyecto de reforma jubilatoria que pretende reducir el 82% al que hoy tienen derecho los empleados públicos de la Provincia.
Con el argumento de que la Caja de Previsión Social tiene un abultado déficit, la reforma –que provocó el rechazo de numerosos gremios- engloba a los 42.000 trabajadores y empleados públicos provinciale s ya que el proyecto aumenta 2 puntos el descuento jubilatorio (pasa del 12 al 14% y en docentes del 14 al 16%) y recorta los beneficios para los que se jubilen en adelante.
“De los 40 artículos que tiene el proyecto de reforma, sólo uno es positivo, pero insuficiente: el que aumenta los bajísimos aportes patronales”, dice Miguel del Plá, dirigente docente de Activos y Pasivos Autoconvocados.
En cambio, y aunque no lo comparó con Luxemburgo (donde según el ministro Amado Boudou sería el único lugar donde rige el 82% ), para el Presidente de la Caja, Marcial Cané el régimen jubilatorio de Santa Cruz “es el más benévolo del mundo” , pero hoy tiene un fuerte déficit que lo haría insostenible.
Y pronosticó que, como en los próximos años mucha gente va a estar en condiciones de jubilarse, el déficit llegaría superar los $ 1.200 millones.
Los principales cambios que se proponen son:
*Sube el descuento jubilatorio del trabajador activo del 12 al 14 por ciento. Entre los docentes pasa del 14 al 16 %.
*Se mantiene el requisito de los 30 años de aportes, pero aumenta de 20 a 25 los años de aportes a la Caja de Santa Cruz, para tener derecho al 82 por ciento . Quienes no alcancen este nuevo requisito, se les disminuye el haber jubilatorio un punto por cada año que falte hasta los 25 años de aporte. Así, quien tiene 10 años aportados a otras Cajas y 20 años en Santa Cruz, cobra el 77%. Con 20 años a otras Cajas y 10 años en Santa Cruz, cobra el 67%.
*Se elimina el plus del 1 por ciento para los que exceden el mínimo de antigüedad requerida, lo que permite ahora alcanzar un haber máximo del 90%.
*Para los docentes, disminuye la compensación por zona desfavorable.
*Se modifica el cálculo del haber inicial. Ahora es el mejor sueldo de los últimos 10 años. Con la reforma pasa ser el promedio actualizado de los últimos 5 años o de los 10 años de la carrera.
*Aumenta a 70 años de edad y 20 de aportes (con 15 a la Caja de Santa Cruz) los requisitos para obtener la jubilación por edad avanzada (Son 5 años más).
*Fija un “aporte solidario” sobre las jubilaciones medias y altas, en el caso de las mujeres hasta que cumplan los 60 años y los varones hasta 65 años. Este descuento “solidario” es del 7 por ciento para los que cobran entre 3 y 4,5 haberes mínimos. Del 10% entre 4,5 y 6 haberes mínimos. Y del 12% para los que perciben más de 6 haberes mínimos.
*Elimina la pensión por viudez si el beneficiario se casa o “hiciere vida marital de hecho”.
*Aumenta el aporte patronal del Estado del 11,5 por ciento al 16 %. En docentes, sube del 5,5 por ciento al 17 %.
Entre los sectores que rechazan esta reforma están el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), la Asociación de Docentes Santacruceños (ADOSAC), Judiciales, ATE y Grupos de Autoconvocados. Estos gremios dicen que los sucesivos gobiernos provinciales desfinanciaron la Caja para recibir subsidios de la ANSeS , que los aportes patronales deben subir más y, de ser necesario, aprobar un “impuesto especial a las mineras y petroleras para asegurar los beneficios de la seguridad social en la provincia”.
El Gobierno dice que si no prospera su proyecta, la Caja debería ser transferida directamente a la ANSeS.
sábado, 31 de julio de 2010
viernes, 30 de julio de 2010
¿Nueva dinámica del mundo laboral?
por
Ismael Bermúdez
Revista Ñ
31-07-2010
¿Hay un nuevo régimen de empleo? Es lo que se asegura en “La Nueva Dinámica de las Relaciones Laborales en la Argentina” que cuestioné semanas atrás (10 de julio) al comentarlo.
Allí señalé que la estructura del empleo era mayoritariamente de servicios, con una industria de ensamblado, con planes de “cooperativas” y subsidios estatales, y un despoblamiento del campo como consecuencia de la sojización. Que luego de la fuerte desvalorización de la fuerza de trabajo, por la crisis, la devaluación y pesificación de 2001/02, hubo una recuperación basada en los bajos salarios, que siguen deprimidos ahora con relación a una inflación que golpea con mayor fuerza a los sectores asalariados. Que los altos niveles de informalidad (34,6% según INDEC), si bien menores respecto a los años de crisis, superan todavía a los de inicios de los 90. También que la legislación laboral y sindical sigue sin mayores cambios y que los estudios sectoriales publicados en el propio libro contradicen la tesis del “nuevo régimen de empleo” ya que muestran la extendida precarización de las actividades analizadas.
Ahora, (Ver Ñ del 24 de julio) para los autores la tesis principal del libro es que coexiste “un nuevo régimen de empleo con la subsistencia (sic) de la precariedad laboral en algunas actividades”. Si fuera así, Argentina estaría viviendo una revolución industrial acaudillada por una burguesía nacional renovada en menos de un lustro. No sería una “realidad contradictoria”, como dicen, sino los estertores del régimen de trabajo flexible. Pero la precariedad laboral no es un resabio en extinción sino el modo dominante, incluso cuando las condiciones laborales y salariales del trabajo “en negro” se “blanquean”.
Lo que ha caracterizado la gestión actual es desatender las condiciones laborales para acelerar la llamada creación de empleo, como se manifiesta en el fraude laboral de los contratos a tiempo parcial, en la subcontratación, en el registro de asalariados como Monotributistas o en Cooperativas bajo la forma del Monotributo Social. Incluso desde comienzos de la crisis mundial, el desmembramiento de las unidades productivas hacia China e India, cuya expresión relevante es la industria de mayor expansión, la automotriz, se ha acentuado a nivel internacional,
También pretenden desacreditarme al decir que los datos que cito “nos generan dudas vinculadas con su validez” ya que serían “equivocados”, “anacrónicos” y “algunos no provienen de fuentes confiables”. Eso podría valer para las estadísticas del INDEC. Justamente por las sospechas sobre las estadísticas oficiales, se citan otras fuentes oficiales, como la de los Institutos Provinciales, o académicas, como el Observatorio Social de la UCA.
Lejos de un encasillamiento, mis observaciones tienen en cuenta la realidad tal cuál es. La versión oficial de la reindustrialización de la Argentina es un pasatiempo ideológico.
Ismael Bermúdez
Revista Ñ
31-07-2010
¿Hay un nuevo régimen de empleo? Es lo que se asegura en “La Nueva Dinámica de las Relaciones Laborales en la Argentina” que cuestioné semanas atrás (10 de julio) al comentarlo.
Allí señalé que la estructura del empleo era mayoritariamente de servicios, con una industria de ensamblado, con planes de “cooperativas” y subsidios estatales, y un despoblamiento del campo como consecuencia de la sojización. Que luego de la fuerte desvalorización de la fuerza de trabajo, por la crisis, la devaluación y pesificación de 2001/02, hubo una recuperación basada en los bajos salarios, que siguen deprimidos ahora con relación a una inflación que golpea con mayor fuerza a los sectores asalariados. Que los altos niveles de informalidad (34,6% según INDEC), si bien menores respecto a los años de crisis, superan todavía a los de inicios de los 90. También que la legislación laboral y sindical sigue sin mayores cambios y que los estudios sectoriales publicados en el propio libro contradicen la tesis del “nuevo régimen de empleo” ya que muestran la extendida precarización de las actividades analizadas.
Ahora, (Ver Ñ del 24 de julio) para los autores la tesis principal del libro es que coexiste “un nuevo régimen de empleo con la subsistencia (sic) de la precariedad laboral en algunas actividades”. Si fuera así, Argentina estaría viviendo una revolución industrial acaudillada por una burguesía nacional renovada en menos de un lustro. No sería una “realidad contradictoria”, como dicen, sino los estertores del régimen de trabajo flexible. Pero la precariedad laboral no es un resabio en extinción sino el modo dominante, incluso cuando las condiciones laborales y salariales del trabajo “en negro” se “blanquean”.
Lo que ha caracterizado la gestión actual es desatender las condiciones laborales para acelerar la llamada creación de empleo, como se manifiesta en el fraude laboral de los contratos a tiempo parcial, en la subcontratación, en el registro de asalariados como Monotributistas o en Cooperativas bajo la forma del Monotributo Social. Incluso desde comienzos de la crisis mundial, el desmembramiento de las unidades productivas hacia China e India, cuya expresión relevante es la industria de mayor expansión, la automotriz, se ha acentuado a nivel internacional,
También pretenden desacreditarme al decir que los datos que cito “nos generan dudas vinculadas con su validez” ya que serían “equivocados”, “anacrónicos” y “algunos no provienen de fuentes confiables”. Eso podría valer para las estadísticas del INDEC. Justamente por las sospechas sobre las estadísticas oficiales, se citan otras fuentes oficiales, como la de los Institutos Provinciales, o académicas, como el Observatorio Social de la UCA.
Lejos de un encasillamiento, mis observaciones tienen en cuenta la realidad tal cuál es. La versión oficial de la reindustrialización de la Argentina es un pasatiempo ideológico.
El 82% móvil se puede pagar
30/07/10
Por
Ismael Bermúdez
Hoy la ANSeS destina una quinta parte de sus ingresos –más de $ 20.000 millones anuales– en cubrir déficits ajenos, en financiar programas y en pagar beneficios que no son propios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) . De los ingresos corrientes de la ANSeS se pagan más de 900.000 pensiones no contributivas, se cubre el déficit de las Cajas militares y de Seguridad y se abonan los subsidios del programa de Reproducción Productiva (Repro). Y de los intereses del Fondo de Garantía de la ANSeS sale la plata para el pago de la nueva Asignación por Hijo.
Todos estos gastos no propios del SIPA fueron los que más crecieron en los últimos años –650% desde 2001– y ahora se agrega la Asignación por Hijo, con el agravante de que absorbe planes sociales, como el Plan Familias, cuyo crédito presupuestario por esa razón este año directamente no se usó. Si todos esos gastos y beneficios tuviesen un financiamiento propio hasta podrían ser mejorados y acrecentados y la ANSeS podría cómodamente pagar el 82% móvil , ya que además cuenta con un superávit de unos $ 7.000 millones anuales.
Es cierto que dentro de los ingresos de la ANSeS se contabilizan impuestos y el 15% de la Coparticipación Federal. Pero en los 90 se tomó esa decisión para compensar al régimen previsional nacional que pasaba a financiar los desequilibrios de las cajas de jubilaciones provinciales transferidas, los déficits de las Cajas que no se transfiriesen a la Nación y la reducción de las contribuciones patronales implementadas. Así, desde hace tiempo, el 15% de la coparticipación no financia al régimen previsional sino todos esos gastos llamados “figurativos” y la reducción de las alícuotas patronales . En su momento, en el Acta Acuerdo Nación-Provincia se decía que el 15% era “para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos que resulten necesarios”.
Hoy los “otros gastos” no son del régimen previsional y se llevan casi todo ese 15% . Así las cosas, la ANSeS paga haberes muy bajos y acumula una enorme litigiosidad por este “desvío” de fondos. Si se pone fin a esta irregularidad, el debate para restaurar el 82% móvil quedaría más esclarecido.
Por
Ismael Bermúdez
Hoy la ANSeS destina una quinta parte de sus ingresos –más de $ 20.000 millones anuales– en cubrir déficits ajenos, en financiar programas y en pagar beneficios que no son propios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) . De los ingresos corrientes de la ANSeS se pagan más de 900.000 pensiones no contributivas, se cubre el déficit de las Cajas militares y de Seguridad y se abonan los subsidios del programa de Reproducción Productiva (Repro). Y de los intereses del Fondo de Garantía de la ANSeS sale la plata para el pago de la nueva Asignación por Hijo.
Todos estos gastos no propios del SIPA fueron los que más crecieron en los últimos años –650% desde 2001– y ahora se agrega la Asignación por Hijo, con el agravante de que absorbe planes sociales, como el Plan Familias, cuyo crédito presupuestario por esa razón este año directamente no se usó. Si todos esos gastos y beneficios tuviesen un financiamiento propio hasta podrían ser mejorados y acrecentados y la ANSeS podría cómodamente pagar el 82% móvil , ya que además cuenta con un superávit de unos $ 7.000 millones anuales.
Es cierto que dentro de los ingresos de la ANSeS se contabilizan impuestos y el 15% de la Coparticipación Federal. Pero en los 90 se tomó esa decisión para compensar al régimen previsional nacional que pasaba a financiar los desequilibrios de las cajas de jubilaciones provinciales transferidas, los déficits de las Cajas que no se transfiriesen a la Nación y la reducción de las contribuciones patronales implementadas. Así, desde hace tiempo, el 15% de la coparticipación no financia al régimen previsional sino todos esos gastos llamados “figurativos” y la reducción de las alícuotas patronales . En su momento, en el Acta Acuerdo Nación-Provincia se decía que el 15% era “para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos que resulten necesarios”.
Hoy los “otros gastos” no son del régimen previsional y se llevan casi todo ese 15% . Así las cosas, la ANSeS paga haberes muy bajos y acumula una enorme litigiosidad por este “desvío” de fondos. Si se pone fin a esta irregularidad, el debate para restaurar el 82% móvil quedaría más esclarecido.
domingo, 18 de julio de 2010
Jubilados: Cada vez más lejos de la canasta básica
Por
Ismael Bermúdez
18/07/10
Casi 3 millones de jubilados cobran $ 895 por mes y otros 2 millones menos de $ 700 porque les descuentan la cuota de la moratoria. Se llegó a esa situación porque el Gobierno fue subiendo el haber mínimo que, en 2001 cobraba el 10% de los jubilados, otorgando subas muy inferiores al resto, respecto de los salarios y de la inflación. Eso perjudicó a la mayoría, acható la pirámide previsional y ahora el 75% cobra una mensualidad que está muy lejos –menos de la mitad– del costo de una canasta básica. Esta es la radiografía de los ya jubilados. Los que ahora se están jubilando, o lo hagan más adelante, no les va mejor porque se retiran con un haber de entre el 35 y 45% del sueldo. Con el 60% de los trabajadores con sueldos inferiores a 2.500 pesos, la mayoría se jubila con la mínima o un poco más.
Más de 360.000 jubilados y los 10.000 que se suman cada mes, en base a la doctrina de la Corte Suprema, esperan un fallo favorable, que luego no sea apelado por la ANSeS y que se pague, sin necesidad de hacer un nuevo juicio. Así, el Estado promueve la “industria del juicio” contra ella misma, especulando que dilatar las sentencias resultará “más barato” que cumplir con la ley.
Ahora se discute fijar el haber básico en el 82% del sueldo mínimo, recomponer hacia adelante las jubilaciones ya otorgadas según los fallos de la Corte y fijar la movilidad en base a la evolución de los salarios. Es sólo una parte de la agenda previsional. Quedarían por resolver los juicios y las retroactividades, la aplicación del 82% a los que superan el sueldo mínimo y también a los que se están jubilando o se retiren en el futuro. La jubilación no una prestación asistencial. Como dice la Corte, representa “una previsión con profundo contenido social” que debe mantener “una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores”. Es el 82% móvil.
Ismael Bermúdez
18/07/10
Casi 3 millones de jubilados cobran $ 895 por mes y otros 2 millones menos de $ 700 porque les descuentan la cuota de la moratoria. Se llegó a esa situación porque el Gobierno fue subiendo el haber mínimo que, en 2001 cobraba el 10% de los jubilados, otorgando subas muy inferiores al resto, respecto de los salarios y de la inflación. Eso perjudicó a la mayoría, acható la pirámide previsional y ahora el 75% cobra una mensualidad que está muy lejos –menos de la mitad– del costo de una canasta básica. Esta es la radiografía de los ya jubilados. Los que ahora se están jubilando, o lo hagan más adelante, no les va mejor porque se retiran con un haber de entre el 35 y 45% del sueldo. Con el 60% de los trabajadores con sueldos inferiores a 2.500 pesos, la mayoría se jubila con la mínima o un poco más.
Más de 360.000 jubilados y los 10.000 que se suman cada mes, en base a la doctrina de la Corte Suprema, esperan un fallo favorable, que luego no sea apelado por la ANSeS y que se pague, sin necesidad de hacer un nuevo juicio. Así, el Estado promueve la “industria del juicio” contra ella misma, especulando que dilatar las sentencias resultará “más barato” que cumplir con la ley.
Ahora se discute fijar el haber básico en el 82% del sueldo mínimo, recomponer hacia adelante las jubilaciones ya otorgadas según los fallos de la Corte y fijar la movilidad en base a la evolución de los salarios. Es sólo una parte de la agenda previsional. Quedarían por resolver los juicios y las retroactividades, la aplicación del 82% a los que superan el sueldo mínimo y también a los que se están jubilando o se retiren en el futuro. La jubilación no una prestación asistencial. Como dice la Corte, representa “una previsión con profundo contenido social” que debe mantener “una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores”. Es el 82% móvil.
sábado, 17 de julio de 2010
¿El Estado de Bienestar traicionó?
Por
Ismael Bermúdez
17/07/10
Debería ser evidente para cualquiera que la crisis económica, financiera y fiscal que sacude a buena parte del planeta no es responsabilidad ni de los jubilados ni de los asalariados . Pero se anuncian la suba de la edad de retiro y el recorte de sueldos y jubilaciones como si fueran los responsables. En verdad, la Seguridad Social es una víctima de los quebrantos de los bancos y de las Bolsas y de la crisis fiscal provocada por esa quiebra económico-financiera.
Para justificar estos ajustes se dice que el incremento en la esperanza de vida y la retracción en la natalidad han roto el contrato del estado de bienestar . El Estado de Bienestar surgido después de la II Guerra se formó con las contribuciones y aportes de los asalariados a cambio de la promesa de que financiarían un nivel de ingreso adecuado en la jubilación. Ahora, cuando debe pagar la factura, se declara en default y rompe esa promesa en forma unilateral.
¿Pero dónde están esos fondos que acumuló el Estado de Bienestar? Fueron colocados por los gobiernos o fondos privados en bonos, acciones y otros papeles que financiaron subsidios y apalancaron beneficios extraordinarios que se escurrieron por los poros de la acumulación de capital .
Ahora se argumenta que los Estados endeudados y esos fondos jubilatorios -desvalorizados por el estallido de la burbuja y de la crisis- no tienen otra opción que recortar aún más los sueldos y las jubilaciones.
En 2008, según la OCDE, “los mercados de valores de los países desarrollados perdieron el 43% de su valor. Sólo en EE. UU., el valor de los activos de los planes de pensiones descendió cerca de US$ 4 billones”. En 2009, tuvieron una pérdida del 20%, en tanto para los Fondos de Pensión públicos “las pérdidas representaron hasta 5años de ingresos en concepto de inversiones o el 25% del valor de los activos netos”.
La OCDE, sin embargo, pregona que jubilados y asalariados paguen una cuenta aún mayor por la magnitud de la crisis fiscal y la deuda de los Estados generados por los rescates al capital quebrado.
La opción es: o el Estado de Bienestar se reconstruye a partir de una quita al capital financiera y una reorganización económica integral, o profundiza su default contra los jubilados.
Ismael Bermúdez
17/07/10
Debería ser evidente para cualquiera que la crisis económica, financiera y fiscal que sacude a buena parte del planeta no es responsabilidad ni de los jubilados ni de los asalariados . Pero se anuncian la suba de la edad de retiro y el recorte de sueldos y jubilaciones como si fueran los responsables. En verdad, la Seguridad Social es una víctima de los quebrantos de los bancos y de las Bolsas y de la crisis fiscal provocada por esa quiebra económico-financiera.
Para justificar estos ajustes se dice que el incremento en la esperanza de vida y la retracción en la natalidad han roto el contrato del estado de bienestar . El Estado de Bienestar surgido después de la II Guerra se formó con las contribuciones y aportes de los asalariados a cambio de la promesa de que financiarían un nivel de ingreso adecuado en la jubilación. Ahora, cuando debe pagar la factura, se declara en default y rompe esa promesa en forma unilateral.
¿Pero dónde están esos fondos que acumuló el Estado de Bienestar? Fueron colocados por los gobiernos o fondos privados en bonos, acciones y otros papeles que financiaron subsidios y apalancaron beneficios extraordinarios que se escurrieron por los poros de la acumulación de capital .
Ahora se argumenta que los Estados endeudados y esos fondos jubilatorios -desvalorizados por el estallido de la burbuja y de la crisis- no tienen otra opción que recortar aún más los sueldos y las jubilaciones.
En 2008, según la OCDE, “los mercados de valores de los países desarrollados perdieron el 43% de su valor. Sólo en EE. UU., el valor de los activos de los planes de pensiones descendió cerca de US$ 4 billones”. En 2009, tuvieron una pérdida del 20%, en tanto para los Fondos de Pensión públicos “las pérdidas representaron hasta 5años de ingresos en concepto de inversiones o el 25% del valor de los activos netos”.
La OCDE, sin embargo, pregona que jubilados y asalariados paguen una cuenta aún mayor por la magnitud de la crisis fiscal y la deuda de los Estados generados por los rescates al capital quebrado.
La opción es: o el Estado de Bienestar se reconstruye a partir de una quita al capital financiera y una reorganización económica integral, o profundiza su default contra los jubilados.
martes, 13 de julio de 2010
Impuesto a las Ganancias: Bajo el signo de la Alianza
13/07/10
Por
Ismael Bermúdez
El Ministro Amado Boudou dijo anoche que Clarín -al informar sobre el ajuste de Ganancias- había convertido “una buena medida en una mala noticia”. Sin embargo, fue la CGT la primera que salió a cuestionarla porque, tras dos años congelado, la suba de 20% en el mínimo no imponible está lejos del 45% de inflación acumulada. Y eso lleva a que aumente el peso de Ganancias sobre los salarios.
Además, fueron los tributaristas los que también cuestionaron que la medida no fuera retroactiva, como dijo erróneamente Boudou el jueves.
Lo que sí advirtió ayer este diario en exclusiva fue que los tramos de las escalas sobre los que se aplican las tasas del impuesto se mantienen congeladas hace más de 10 años. Y que si bien se anuló la tablita de Machinea, se mantuvo la suba de alícuotas de la tan criticada reforma de la Alianza.
Todo esto lleva a que quienes tributan Ganancias paguen entre 3 y 5 veces más que en 1999 y que un trabajador soltero que gana $ 7.500 mensuales que debería estar alcanzado por la tasa más baja, del 6% (como era antes de Machinea), esté ahora en el tramo del 23%
Por
Ismael Bermúdez
El Ministro Amado Boudou dijo anoche que Clarín -al informar sobre el ajuste de Ganancias- había convertido “una buena medida en una mala noticia”. Sin embargo, fue la CGT la primera que salió a cuestionarla porque, tras dos años congelado, la suba de 20% en el mínimo no imponible está lejos del 45% de inflación acumulada. Y eso lleva a que aumente el peso de Ganancias sobre los salarios.
Además, fueron los tributaristas los que también cuestionaron que la medida no fuera retroactiva, como dijo erróneamente Boudou el jueves.
Lo que sí advirtió ayer este diario en exclusiva fue que los tramos de las escalas sobre los que se aplican las tasas del impuesto se mantienen congeladas hace más de 10 años. Y que si bien se anuló la tablita de Machinea, se mantuvo la suba de alícuotas de la tan criticada reforma de la Alianza.
Todo esto lleva a que quienes tributan Ganancias paguen entre 3 y 5 veces más que en 1999 y que un trabajador soltero que gana $ 7.500 mensuales que debería estar alcanzado por la tasa más baja, del 6% (como era antes de Machinea), esté ahora en el tramo del 23%
domingo, 11 de julio de 2010
SALARIOS BAJO CONTROL
Por
ISMAEL BERMUDEZ
10-7-2010
Revista Ñ
Un estudio aborda, con diferentes ópticas,
la conflictiva situación del trabajador
sometido a un estado de precarización
comparable al de los 90
“La Nueva Dinámica de las Relaciones Laborales en la Argentina”, una recopilación de textos dirigida por Héctor Palomino (Director de Estudios de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo) plantea que existe hoy en la Argentina “un nuevo régimen de empleo” que revirtió la tendencia de precarización prevaleciente en la década pasada. Y basa esta tesis en que luego de la crisis 2001/02, la expansión del empleo permitió incorporar a los desocupados, sustituir el empleo informal por el formal, elevar el salario mínimo, ampliar las negociaciones de los convenios colectivos de trabajo e incrementar la participación del salario en el ingreso total.
Lo llamativo es que la recopilación incluye estudios sectoriales que contradicen esa tesis. En “El trabajo en el Comercio de Indumentaria en Ferias” se admite que el sector es emblemático por la magnitud del trabajo informal y que en esas Ferias, caso La Salada, el “la protección social de los trabajadores, en general, se encuentra ausente”.
Otro Estudio se refiere a la “Flexibilidad Laboral y Call Centers” donde se detalla “la extensión de la tercerización y subcontratación” con la mayor parte de esos trabajadores cobrando apenas el salario mínimo.
En el texto sobre el sector Alimenticio se reconoce que en el sector de Panaderías la informalidad en el sector “es grave”. “Representantes legales del sindicato sostienen que el trabajo en negro alcanza un 40% en la Provincia de Buenos Aires y un 45% en todo el país”. En el sector aceitero se admite que “desde el sindicato se denuncia que el personal tercerizado tiene un 40 y un 50% del salario “en negro”.
El análisis global insiste, ¡todavía! en comparar la actual situación con la que prevalecía en 2002 e incluso respecto de 1997-2001 cuando el proceso de derrumbe de la convertibilidad ya era irreversible. Y omite señalar que, luego de 9 años de la crisis, el panorama laboral y social sigue siendo más que preocupante con muchos indicadores por debajo de la media de los 90.
Hoy en la Argentina rige un “régimen de empleo” asistido -- con planes informales (caso las cooperativas de Argentina Trabajo) y con los Repro de hasta $ 600 para las empresas en crisis-- con un despoblamiento del campo como consecuencia de la sojización, una industria de ensamblado, que va de autos a celulares, que emplea menos trabajadores que 15 años atrás (6% menos, según el INDEC) y una relativa mayor ocupación en la construcción por la obra pública y la fuerte especulación inmobiliaria. Así, el empleo en la Argentina es mayoritariamente de servicios con salarios bajos (los básicos mínimos de convenio apenas superan los $ 2.000) y una extendida informalidad.
Los últimos datos oficiales (I Trimestre 2010) indican que el empleo no registrado del 34,6% representa una baja respecto de los altos guarismos de 1997-2003, pero aún son muy superiores al 25% de comienzos de los 90 o al 30/33% de la primera mitad del menemismo. El salario mínimo – de $ 1.500 – representa menos de la mitad del costo de una canasta familiar, valuada entre $ 3.200 y $ 3.800. Y a pesar de las negociaciones salariales, el 60% de los trabajadores formales cobraba menos de $ 2.000, antes del inicio de las paritarias 2010. Las últimas negociaciones salariales no lograron revertir esta situación sino más bien la ahondaron ya que los incrementos logrados fueron inferiores a la inflación real o verdadera (entre 22 y 25% en los últimos 12 meses, según los Institutos oficiales provinciales).
Todos estos datos son oficiales ya que las mediciones que cuestionan a las del INDEC – el Área de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) fue intervenida --señalan que el desempleo actual rondaría el 12% y el trabajo precario e “indecente” superaría el 60% de la población activa. El Observatorio Social de la UCA, considerando a asalariados y cuentapropistas, ubica el empleo en negro en el 53,6%.
La legislación laboral, sindical y de obras sociales se ha mantenido sin cambios o con modificaciones marginales. La falta de democracia sindical y la reelección indefinida de autoridades en los sindicatos sigue perpetuando, en muchos casos más de 30 años, a la misma casta dirigente. Y ante el cierre de los mercados de créditos internacionales, se recurrió a la estatización del sistema se jubilaciones no para restablecer el 82% móvil sino para cubrir el déficit fiscal y financiar el pago de la deuda, mientras las jubilaciones siguen achatadas con el 75% de los jubilaciones en el haber mínimo de $ 895 y un haber promedio que no llega al 40% del sueldo medio.
ISMAEL BERMUDEZ
10-7-2010
Revista Ñ
Un estudio aborda, con diferentes ópticas,
la conflictiva situación del trabajador
sometido a un estado de precarización
comparable al de los 90
“La Nueva Dinámica de las Relaciones Laborales en la Argentina”, una recopilación de textos dirigida por Héctor Palomino (Director de Estudios de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo) plantea que existe hoy en la Argentina “un nuevo régimen de empleo” que revirtió la tendencia de precarización prevaleciente en la década pasada. Y basa esta tesis en que luego de la crisis 2001/02, la expansión del empleo permitió incorporar a los desocupados, sustituir el empleo informal por el formal, elevar el salario mínimo, ampliar las negociaciones de los convenios colectivos de trabajo e incrementar la participación del salario en el ingreso total.
Lo llamativo es que la recopilación incluye estudios sectoriales que contradicen esa tesis. En “El trabajo en el Comercio de Indumentaria en Ferias” se admite que el sector es emblemático por la magnitud del trabajo informal y que en esas Ferias, caso La Salada, el “la protección social de los trabajadores, en general, se encuentra ausente”.
Otro Estudio se refiere a la “Flexibilidad Laboral y Call Centers” donde se detalla “la extensión de la tercerización y subcontratación” con la mayor parte de esos trabajadores cobrando apenas el salario mínimo.
En el texto sobre el sector Alimenticio se reconoce que en el sector de Panaderías la informalidad en el sector “es grave”. “Representantes legales del sindicato sostienen que el trabajo en negro alcanza un 40% en la Provincia de Buenos Aires y un 45% en todo el país”. En el sector aceitero se admite que “desde el sindicato se denuncia que el personal tercerizado tiene un 40 y un 50% del salario “en negro”.
El análisis global insiste, ¡todavía! en comparar la actual situación con la que prevalecía en 2002 e incluso respecto de 1997-2001 cuando el proceso de derrumbe de la convertibilidad ya era irreversible. Y omite señalar que, luego de 9 años de la crisis, el panorama laboral y social sigue siendo más que preocupante con muchos indicadores por debajo de la media de los 90.
Hoy en la Argentina rige un “régimen de empleo” asistido -- con planes informales (caso las cooperativas de Argentina Trabajo) y con los Repro de hasta $ 600 para las empresas en crisis-- con un despoblamiento del campo como consecuencia de la sojización, una industria de ensamblado, que va de autos a celulares, que emplea menos trabajadores que 15 años atrás (6% menos, según el INDEC) y una relativa mayor ocupación en la construcción por la obra pública y la fuerte especulación inmobiliaria. Así, el empleo en la Argentina es mayoritariamente de servicios con salarios bajos (los básicos mínimos de convenio apenas superan los $ 2.000) y una extendida informalidad.
Los últimos datos oficiales (I Trimestre 2010) indican que el empleo no registrado del 34,6% representa una baja respecto de los altos guarismos de 1997-2003, pero aún son muy superiores al 25% de comienzos de los 90 o al 30/33% de la primera mitad del menemismo. El salario mínimo – de $ 1.500 – representa menos de la mitad del costo de una canasta familiar, valuada entre $ 3.200 y $ 3.800. Y a pesar de las negociaciones salariales, el 60% de los trabajadores formales cobraba menos de $ 2.000, antes del inicio de las paritarias 2010. Las últimas negociaciones salariales no lograron revertir esta situación sino más bien la ahondaron ya que los incrementos logrados fueron inferiores a la inflación real o verdadera (entre 22 y 25% en los últimos 12 meses, según los Institutos oficiales provinciales).
Todos estos datos son oficiales ya que las mediciones que cuestionan a las del INDEC – el Área de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) fue intervenida --señalan que el desempleo actual rondaría el 12% y el trabajo precario e “indecente” superaría el 60% de la población activa. El Observatorio Social de la UCA, considerando a asalariados y cuentapropistas, ubica el empleo en negro en el 53,6%.
La legislación laboral, sindical y de obras sociales se ha mantenido sin cambios o con modificaciones marginales. La falta de democracia sindical y la reelección indefinida de autoridades en los sindicatos sigue perpetuando, en muchos casos más de 30 años, a la misma casta dirigente. Y ante el cierre de los mercados de créditos internacionales, se recurrió a la estatización del sistema se jubilaciones no para restablecer el 82% móvil sino para cubrir el déficit fiscal y financiar el pago de la deuda, mientras las jubilaciones siguen achatadas con el 75% de los jubilaciones en el haber mínimo de $ 895 y un haber promedio que no llega al 40% del sueldo medio.
Jubilaciones: la dimensión del problema
OPINION
ISMAEL BERMUDEZ
La Razón
10-7-2010
Los dictámenes de la Comisión de Previsión que plantean llevar la jubilación mínima al 82% del sueldo mínimo, recomponer hacia el futuro las jubilaciones ya otorgadas de acuerdo a los fallos de la Corte Suprema (Sanchez y Badaro) y fijar la movilidad dos veces por año en base a la evolución de los salarios -con todo el avance que significa si fuesen aprobados- son tan solo una parte de la reforma previsional que requiere la Argentina.
En la agenda de la Seguridad Social quedarían todavía sin resolver los 360.000 juicios de jubilados y pensionados y los 10.000 que se van agregando todos los meses- que reclaman el pago retroactivo de las diferencias entre lo que cobraron y el ajuste ordenado en los casos Sanchez (de 1991 a 1995) y Badaro que, entre enero de 2002 y diciembre de 2006, la Corte lo fijó en el 88,6%. En ese período los aumentos generales fueron de entre el 10 y 22%.
Aunque luego de largos años esos jubilados a cuentagotas están obteniendo fallos favorables, el pago de las sentencias se demora o se liquida mal y así muchos jubilados tienen que hacer un nuevo juicio para que se ejecute la sentencia.
También se fue reduciendo y de manera sustancial el valor de la Prestación Básica Universal (PBU) uno de los dos componentes del haber jubilatorio. Inicialmente la PBU fue fijada en el 27,5% del sueldo medio. Ahora, es un valor fijo de $ 422,91 que representa menos del 12% del sueldo medio.
En un reciente fallo ("Bruzzo"), la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad estableció que la PBU debe actualizarse por el índice de salarios. Con este criterio de la Justicia, la PBU debería ascender ahora a más de $ 1.200 mensuales.
La otra parte de la jubilación (PC/PAP) se calcula sobre el sueldo promedio actualizado de los 10 años anteriores al retiro laboral. Aquí el problema es que esa actualización se hace con un índice que es inferior a la real evolución de los salarios.
Esto determina que ya el haber inicial arranque con una "pérdida" importante. A esto se agrega que las sumas no remunerativas muy de moda en los últimos años- no son tomadas en cuenta por la ANSeS para calcular la jubilación, pero también este criterio fue cuestionado en varios fallos por la Justicia., Así las cosas, con 30 años de aportes, hoy quien se jubila cobra el 45% de un sueldo promedio entre un 25 y 30% inferior al real, más una PBU también licuada. Eso arroja un haber inicial muy bajo, lo que abre el camino para una nueva litigiosidad.
A su vez, quienes tienen menos de 30 años de aportes, aunque sí tienen la edad requerida, no pueden jubilarse a pesar de que realizaron aportes durante una etapa de su vida activa. Esto transitoriamente "se resolvió" a través de una moratoria. Pero se requiere una solución razonable y permanente, proporcional a los aportes realizados.
También hay falencias vinculadas a las pensiones, a las asignaciones familiares y a la prestación o seguro por desempleo que tiene un tope de $ 400 por mes.
Toda esta agenda tiene una fuerte dimensión social y económica que la política no solo no puede desconocer sino que tiene que resolver. "Ningunearla" o "vetarla" lo único que hará es que siga agrandándose, profundice la pobreza, ahonde las desigualdades y estalle con más fuerza.
ISMAEL BERMUDEZ
La Razón
10-7-2010
Los dictámenes de la Comisión de Previsión que plantean llevar la jubilación mínima al 82% del sueldo mínimo, recomponer hacia el futuro las jubilaciones ya otorgadas de acuerdo a los fallos de la Corte Suprema (Sanchez y Badaro) y fijar la movilidad dos veces por año en base a la evolución de los salarios -con todo el avance que significa si fuesen aprobados- son tan solo una parte de la reforma previsional que requiere la Argentina.
En la agenda de la Seguridad Social quedarían todavía sin resolver los 360.000 juicios de jubilados y pensionados y los 10.000 que se van agregando todos los meses- que reclaman el pago retroactivo de las diferencias entre lo que cobraron y el ajuste ordenado en los casos Sanchez (de 1991 a 1995) y Badaro que, entre enero de 2002 y diciembre de 2006, la Corte lo fijó en el 88,6%. En ese período los aumentos generales fueron de entre el 10 y 22%.
Aunque luego de largos años esos jubilados a cuentagotas están obteniendo fallos favorables, el pago de las sentencias se demora o se liquida mal y así muchos jubilados tienen que hacer un nuevo juicio para que se ejecute la sentencia.
También se fue reduciendo y de manera sustancial el valor de la Prestación Básica Universal (PBU) uno de los dos componentes del haber jubilatorio. Inicialmente la PBU fue fijada en el 27,5% del sueldo medio. Ahora, es un valor fijo de $ 422,91 que representa menos del 12% del sueldo medio.
En un reciente fallo ("Bruzzo"), la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad estableció que la PBU debe actualizarse por el índice de salarios. Con este criterio de la Justicia, la PBU debería ascender ahora a más de $ 1.200 mensuales.
La otra parte de la jubilación (PC/PAP) se calcula sobre el sueldo promedio actualizado de los 10 años anteriores al retiro laboral. Aquí el problema es que esa actualización se hace con un índice que es inferior a la real evolución de los salarios.
Esto determina que ya el haber inicial arranque con una "pérdida" importante. A esto se agrega que las sumas no remunerativas muy de moda en los últimos años- no son tomadas en cuenta por la ANSeS para calcular la jubilación, pero también este criterio fue cuestionado en varios fallos por la Justicia., Así las cosas, con 30 años de aportes, hoy quien se jubila cobra el 45% de un sueldo promedio entre un 25 y 30% inferior al real, más una PBU también licuada. Eso arroja un haber inicial muy bajo, lo que abre el camino para una nueva litigiosidad.
A su vez, quienes tienen menos de 30 años de aportes, aunque sí tienen la edad requerida, no pueden jubilarse a pesar de que realizaron aportes durante una etapa de su vida activa. Esto transitoriamente "se resolvió" a través de una moratoria. Pero se requiere una solución razonable y permanente, proporcional a los aportes realizados.
También hay falencias vinculadas a las pensiones, a las asignaciones familiares y a la prestación o seguro por desempleo que tiene un tope de $ 400 por mes.
Toda esta agenda tiene una fuerte dimensión social y económica que la política no solo no puede desconocer sino que tiene que resolver. "Ningunearla" o "vetarla" lo único que hará es que siga agrandándose, profundice la pobreza, ahonde las desigualdades y estalle con más fuerza.
Los nuevos jubilados cobran entre el 35% y 45% de su último sueldo
La abogada del “caso Badaro” prepara un nuevo reclamo para actualizar haberes.
Por
Ismael Bermúdez
Hoy los que se jubilan cobran entre el 35% y el 45% del sueldo de la actividad. Eso se debe, en parte, a que el sueldo promedio de los últimos 10 años, sobre el que se calcula la jubilación, se actualiza por un índice que no toma en cuenta la evolución de los salarios sino de las jubilaciones , que es más bajo.
Además, en el cálculo no consideran las sumas no remunerativas, contrariando la doctrina de la Corte Suprema, y se aplican topes. Todo eso asegura que el haber inicial sea bajo . Y luego esa magra jubilación se va achicando porque se ajusta por una fórmula de movilidad que tampoco considera toda la evolución de los salarios .
Quien describe esta realidad o drama jubilatorio es Graciela Stasevich, la abogada de Adolfo Badaro, el jubilado que cobró notoriedad como caso pionero. Badaro ganó dos veces reclamos en la Corte Suprema, con el ajuste del 88,6% entre enero de 2002 y diciembre de 2006, sentando doctrina para todos los jubilados . Entre los abogados, a esos fallos se los conoce como Badaro 1 y Badaro 2.
Stasevich dice que volvió a trajinar los Tribunales planteando la inconstitucionalidad del índice que aplica la ANSeS para calcular el sueldo que se toma como referencia que determinar el haber inicial. “El fundamento es que en la Seguridad Social, las actualizaciones siempre se hacen en base a las remuneraciones. La Corte, en Badaro como en otras causas, dijo que los aumentos jubilatorios otorgados por el Gobierno eran insuficientes y había que actualizar las jubilaciones por los salarios. Entonces ahora ANSeS no puede actualizar los sueldos para calcular el haber inicial por los cuestionados, impugnados e irrisorios aumentos jubilatorios. Tiene que tomar el índice salarial como fijó la Corte Suprema en Badaro”, argumenta Stasevich, quien ya bautizó este reclamo con un término que parece sacado de una saga de Holliwood, pero en version tribunalicia: Badaro 3 .
-¿Cuándo baja el sueldo promedio entre aplicar un índice u otro? , preguntó Clarín a Stasevich.
-Se reduce un 30%, sin considerar lo que pudo cobrar como sumas “no remunerativas”. En especial esto se da entre los empleados públicos. Sin embargo, también se incorporaron en muchos convenios del sector privado. Además, la Prestación Básica Universal que cuando se implantó en 1994 estaba $ 4 por encima del haber mínimo, ahora es menos de la mitad, porque está en $ 422 y se ajusta por el índice jubilatorio y no el salarial.
De acuerdo a las estimaciones de los especialistas en temas previsionales, las cuentas son así: Quien gana antes de jubilarse 4.000 pesos, por el índice cuestionado le calculan la jubilación sobre $ 2.800. Con 30 años de aportes, la jubilación es un 45% de $ 2.800, o sea $ 1.260 más $ 422 de la PBU. En total es un haber inicial de 1.682 pesos, que equivale al 42% de lo que ganaba.
Con $ 7.000 de sueldo, el haber es más bajo, porque el 45% se calcula sobre $ 4.900. Eso da $ 2.205 más $ 422. En total son $ 2.627, el 37,5% de los $ 7.000 .
Cuánto mayor es el sueldo, menor es el porcentaje de la jubilación ( para un sueldo de $ 10.000, la jubilación ronda los $ 3.500 ). Luego ese haber inicial bajo se ajusta por otro índice que tampoco sigue la evolución plena de las remuneraciones. Así quien arrancó con 40% o 35%, en pocos años está cobrando el 30%, el 25%, etc.
-¿Entonces, apenas uno se jubila, tiene que iniciar un juicio? -No tiene otra opción. Habría que reformar integralmente la legislación previsional porque, como está ahora, todo pasa por el juicio.
-¿Qué pasa con los que tienen el 82% móvil directo sobre los sueldos, como los docentes? -Ahí armaron otro índice, que es un desastre, porque promedia la evolución de sueldos de varios cargos y distritos generando distorsiones muy grandes, concluyó Stasevich.
Por
Ismael Bermúdez
Hoy los que se jubilan cobran entre el 35% y el 45% del sueldo de la actividad. Eso se debe, en parte, a que el sueldo promedio de los últimos 10 años, sobre el que se calcula la jubilación, se actualiza por un índice que no toma en cuenta la evolución de los salarios sino de las jubilaciones , que es más bajo.
Además, en el cálculo no consideran las sumas no remunerativas, contrariando la doctrina de la Corte Suprema, y se aplican topes. Todo eso asegura que el haber inicial sea bajo . Y luego esa magra jubilación se va achicando porque se ajusta por una fórmula de movilidad que tampoco considera toda la evolución de los salarios .
Quien describe esta realidad o drama jubilatorio es Graciela Stasevich, la abogada de Adolfo Badaro, el jubilado que cobró notoriedad como caso pionero. Badaro ganó dos veces reclamos en la Corte Suprema, con el ajuste del 88,6% entre enero de 2002 y diciembre de 2006, sentando doctrina para todos los jubilados . Entre los abogados, a esos fallos se los conoce como Badaro 1 y Badaro 2.
Stasevich dice que volvió a trajinar los Tribunales planteando la inconstitucionalidad del índice que aplica la ANSeS para calcular el sueldo que se toma como referencia que determinar el haber inicial. “El fundamento es que en la Seguridad Social, las actualizaciones siempre se hacen en base a las remuneraciones. La Corte, en Badaro como en otras causas, dijo que los aumentos jubilatorios otorgados por el Gobierno eran insuficientes y había que actualizar las jubilaciones por los salarios. Entonces ahora ANSeS no puede actualizar los sueldos para calcular el haber inicial por los cuestionados, impugnados e irrisorios aumentos jubilatorios. Tiene que tomar el índice salarial como fijó la Corte Suprema en Badaro”, argumenta Stasevich, quien ya bautizó este reclamo con un término que parece sacado de una saga de Holliwood, pero en version tribunalicia: Badaro 3 .
-¿Cuándo baja el sueldo promedio entre aplicar un índice u otro? , preguntó Clarín a Stasevich.
-Se reduce un 30%, sin considerar lo que pudo cobrar como sumas “no remunerativas”. En especial esto se da entre los empleados públicos. Sin embargo, también se incorporaron en muchos convenios del sector privado. Además, la Prestación Básica Universal que cuando se implantó en 1994 estaba $ 4 por encima del haber mínimo, ahora es menos de la mitad, porque está en $ 422 y se ajusta por el índice jubilatorio y no el salarial.
De acuerdo a las estimaciones de los especialistas en temas previsionales, las cuentas son así: Quien gana antes de jubilarse 4.000 pesos, por el índice cuestionado le calculan la jubilación sobre $ 2.800. Con 30 años de aportes, la jubilación es un 45% de $ 2.800, o sea $ 1.260 más $ 422 de la PBU. En total es un haber inicial de 1.682 pesos, que equivale al 42% de lo que ganaba.
Con $ 7.000 de sueldo, el haber es más bajo, porque el 45% se calcula sobre $ 4.900. Eso da $ 2.205 más $ 422. En total son $ 2.627, el 37,5% de los $ 7.000 .
Cuánto mayor es el sueldo, menor es el porcentaje de la jubilación ( para un sueldo de $ 10.000, la jubilación ronda los $ 3.500 ). Luego ese haber inicial bajo se ajusta por otro índice que tampoco sigue la evolución plena de las remuneraciones. Así quien arrancó con 40% o 35%, en pocos años está cobrando el 30%, el 25%, etc.
-¿Entonces, apenas uno se jubila, tiene que iniciar un juicio? -No tiene otra opción. Habría que reformar integralmente la legislación previsional porque, como está ahora, todo pasa por el juicio.
-¿Qué pasa con los que tienen el 82% móvil directo sobre los sueldos, como los docentes? -Ahí armaron otro índice, que es un desastre, porque promedia la evolución de sueldos de varios cargos y distritos generando distorsiones muy grandes, concluyó Stasevich.
sábado, 10 de julio de 2010
Los trabajadores no pagarían menos impuesto, sino más
Es porque el ajuste del mínimo no imponible resulta menor que la suba de la inflación.
Por
Ismael Bermúdez
El 1,5 millón de trabajadores y los 100.000 jubilados ya alcanzados por el Impuesto a las Ganancias pagarán este año más que en 2009 y mucho más que en 2008. Esto es así porque la suba del 20 por ciento del piso salarial a partir del cual se paga Ganancias (“mínimo no imponible y deducciones”) regirá para la segunda mitad de 2010, como anunció el jueves el Ministro de Economía, Amado Boudou, acompañado del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Y eso implica que los descuentos impositivos que ya tuvo el trabajador durante todos estos meses no serán ni devueltos ni compensados.
¿Por qué se pagará más? Porque el minino no imponible subirá el 20%, pero solo en el segundo semestre .
Así, en el año equivale a una suba promedio del 10 por ciento. Y como, en promedio, los salarios aumentaron mucho más, (20 por ciento o más), a igual poder de compra, ingreso o salario real, el trabajador o jubilado pagará en el año de Ganancias mucho más que lo que pagó en 2009.
A su vez, ya en 2009 asalariados y jubilados pagaron de Ganancias más que en 2008 porque el año pasado directamente el Gobierno no subió el mínimo no imponible del impuesto.
Pero además, el Gobierno sigue sin actualizar las escalas de las Ganancias Netas sobre las que se calculan el impuesto. Entonces, por la inflación, el trabajador aparece contablemente con una mayor “ganancia neta” nominal y sube el porcentaje o la alícuota del impuesto que arranca en el 9% y llega al 35%.
Conclusión: lejos de aliviar la carga impositiva de Ganancias sobre los trabajadores y jubilados, el Gobierno la volvió a aumentar por segundo año consecutivo.
Tomemos un ejemplo (ver Infografía ), un trabajador soltero que, luego de los descuentos de jubilación y salud, ganaba 5.000 pesos. En 2008 le retuvieron por Ganancias el 1,99% de su ingreso anual.
En 2009 pasó a ganar 5.850 pesos, compensando la inflación, con lo que su salario real se mantuvo sin cambios. Pero el año pasado, al no subir el mínimo imponible, pagó más por Ganancias: el 3,99 por ciento de su ingreso anual.
Este año, en promedio ganará $ 7.020, también compensando la inflación. Entonces tendrá el mismo salario real, pero por Ganancias le descontarán el 5,57% de su sueldo.
En 2008, a ese trabajador le aplicaban sobre la “ganancia neta” la alícuota del 9%. Como nominalmente, por la inflación, en 2009 aumentó supuestamente su “ganancia neta”, subió a la escala del 14%.
Y en 2010 volvió a subir, ahora al 19% .
Estas cifras, que ilustran la mayor carga impositiva sobre los asalariados y jubilados, rebaten otro argumento oficial: que lo anunciado el jueves tiene un costo fiscal de más de $ 3.000 millones como si el Estado estuviese devolviendo dinero a los trabajadores
Por
Ismael Bermúdez
El 1,5 millón de trabajadores y los 100.000 jubilados ya alcanzados por el Impuesto a las Ganancias pagarán este año más que en 2009 y mucho más que en 2008. Esto es así porque la suba del 20 por ciento del piso salarial a partir del cual se paga Ganancias (“mínimo no imponible y deducciones”) regirá para la segunda mitad de 2010, como anunció el jueves el Ministro de Economía, Amado Boudou, acompañado del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Y eso implica que los descuentos impositivos que ya tuvo el trabajador durante todos estos meses no serán ni devueltos ni compensados.
¿Por qué se pagará más? Porque el minino no imponible subirá el 20%, pero solo en el segundo semestre .
Así, en el año equivale a una suba promedio del 10 por ciento. Y como, en promedio, los salarios aumentaron mucho más, (20 por ciento o más), a igual poder de compra, ingreso o salario real, el trabajador o jubilado pagará en el año de Ganancias mucho más que lo que pagó en 2009.
A su vez, ya en 2009 asalariados y jubilados pagaron de Ganancias más que en 2008 porque el año pasado directamente el Gobierno no subió el mínimo no imponible del impuesto.
Pero además, el Gobierno sigue sin actualizar las escalas de las Ganancias Netas sobre las que se calculan el impuesto. Entonces, por la inflación, el trabajador aparece contablemente con una mayor “ganancia neta” nominal y sube el porcentaje o la alícuota del impuesto que arranca en el 9% y llega al 35%.
Conclusión: lejos de aliviar la carga impositiva de Ganancias sobre los trabajadores y jubilados, el Gobierno la volvió a aumentar por segundo año consecutivo.
Tomemos un ejemplo (ver Infografía ), un trabajador soltero que, luego de los descuentos de jubilación y salud, ganaba 5.000 pesos. En 2008 le retuvieron por Ganancias el 1,99% de su ingreso anual.
En 2009 pasó a ganar 5.850 pesos, compensando la inflación, con lo que su salario real se mantuvo sin cambios. Pero el año pasado, al no subir el mínimo imponible, pagó más por Ganancias: el 3,99 por ciento de su ingreso anual.
Este año, en promedio ganará $ 7.020, también compensando la inflación. Entonces tendrá el mismo salario real, pero por Ganancias le descontarán el 5,57% de su sueldo.
En 2008, a ese trabajador le aplicaban sobre la “ganancia neta” la alícuota del 9%. Como nominalmente, por la inflación, en 2009 aumentó supuestamente su “ganancia neta”, subió a la escala del 14%.
Y en 2010 volvió a subir, ahora al 19% .
Estas cifras, que ilustran la mayor carga impositiva sobre los asalariados y jubilados, rebaten otro argumento oficial: que lo anunciado el jueves tiene un costo fiscal de más de $ 3.000 millones como si el Estado estuviese devolviendo dinero a los trabajadores
domingo, 4 de julio de 2010
Jubilaciones: el grueso perdió hasta 50% del poder adquisitivo
04/07/10
Los aumentos generales que se otorgaron desde 2002 no alcanzaron para compensar la inflación. Sólo se salvaron los que percibían el haber mínimo. Esto afecta también a los nuevos jubilados. La Justicia de la Seguridad Social, colapsada.
Por Ismael Bermúdez
La mayoría de los jubilados perdió en los últimos años hasta un 50% de su ingreso real o poder adquisitivo , porque recibió aumentos muy inferiores a lo que subieron los precios o los salarios, o porque terminaron jubilándose con haberes que equivalen a la mitad del sueldo que tenían cuando estaban en actividad.
Esta realidad previsional es la que explica la “montaña” de juicios que se acumulan en los Tribunales y que sigue creciendo de “manera exponencial”, según le dijo a Clarín la presidente de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Lilia Maffei de Borghi ( Ver página 4 ). Y la que explica también la presión a favor de restituir el 82% móvil y recomponer los haberes de acuerdo a la evolución de los salarios.
Según las cifras oficiales, mientras con relación a comienzos de 2002, los salarios se triplicaron (más del 300%), un gran sector recibió aumentos de entre el 111,6 y 132,7%.
Sólo un poco más del 40% de los 3,3 millones de jubilados y pensionados le ganó o le empató a la inflación : son los que ocho años y medio atrás –no bien se terminó la convertibilidad– ganaban menos de $ 220.
El panorama jubilatorio es el siguiente:
Desde enero de 2002, la jubilación mínima aumentó el 497% , aunque el incremento efectivo fue de 307%, porque quedó absorbido un subsidio que se otorgaba en aquel momento y que llevaba el piso jubilatorio a $ 220. En ambos casos, este sector supera o empata a la inflación y a la suba de los salarios. Pero según las cifras de la Seguridad Social, entonces 1,5 millón cobraban menos de $ 220 y ahora de este total los que siguen jubilados o pensionados perciben $ 895 mensuales. Eso representa un incremento del 307%, similar a la evolución de los salarios .
El resto –1,8 millón– recibió aumentos menores . Aquí hay un abanico de situaciones porque los aumentos fueron diferenciados y la pirámide previsional se fue achatando ya que la mayoría pasó a cobrar la mínima .
Así, los que ganaban entre $ 300 y $ 350 mensuales, hoy cobran la mínima de $ 895, lo que equivale a una suba de entre el 155% y el 198%, inferior a la inflación y a la mejora salarial En tanto, los que ganaban entre $ 400 y $ 1.000, tuvieron alzas del 132,7%. Y para los que tenían un haber superior a $ 1.000, los aumentos sumaron el 111,6%.
Esos dos sectores fueron los que tuvieron la mayor pérdida de ingresos .
Un ejemplo: el jubilado que cobraba $ 1.000 en enero de 2002, hoy cobra $ 2.116. Mientras el trabajador activo que cobraba $ 1.000, hoy percibe $ 3.900, según las cifras de Seguridad Social.En relación al salario, cobra un 46% menos.
Por su parte, a los que se jubilaron hasta fines de 2008 a través de las AFJP no les fue mejor. De los 350.000 jubilados o pensionados por el sistema privado, el 70% está cobrando menos de $ 1.000 por mes.
Al mismo tiempo, en todos estos años el padrón de jubilados fue cambiando porque hubo más de 130.000 bajas anuales por fallecimiento y se incorporaron nuevos jubilados , en especial más de 2 millones que pudieron acceder al beneficio gracias a la moratoria.
Según los datos que presentó el titular de la ANSeS, Diego Bossio en el Congreso, el haber medio de estos jubilados es de $ 918, pero cobran $ 697 porque se les descuenta la cuota de la moratoria que, en promedio, es de $ 221. Recién cuando cancelen la totalidad de las cuotas, estos jubilados percibirá íntegramente el haber mínimo.
Los que se jubilaron después de 2002 con los aportes al día (30 o más años) obtuvieron haberes de entre el 30 y el 55% de los salarios anteriores al retiro laboral.
Y los que se jubilaron en los últimos dos años y los nuevos jubilados cobran un haber inicial que equivale al 50% o menos del sueldo que tenían cuando estaban en actividad.
El problema adicional es que por la actual y “compleja” fórmula de movilidad, esos haberes se ajustan menos que la inflación y/o los salarios.
Los aumentos generales que se otorgaron desde 2002 no alcanzaron para compensar la inflación. Sólo se salvaron los que percibían el haber mínimo. Esto afecta también a los nuevos jubilados. La Justicia de la Seguridad Social, colapsada.
Por Ismael Bermúdez
La mayoría de los jubilados perdió en los últimos años hasta un 50% de su ingreso real o poder adquisitivo , porque recibió aumentos muy inferiores a lo que subieron los precios o los salarios, o porque terminaron jubilándose con haberes que equivalen a la mitad del sueldo que tenían cuando estaban en actividad.
Esta realidad previsional es la que explica la “montaña” de juicios que se acumulan en los Tribunales y que sigue creciendo de “manera exponencial”, según le dijo a Clarín la presidente de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Lilia Maffei de Borghi ( Ver página 4 ). Y la que explica también la presión a favor de restituir el 82% móvil y recomponer los haberes de acuerdo a la evolución de los salarios.
Según las cifras oficiales, mientras con relación a comienzos de 2002, los salarios se triplicaron (más del 300%), un gran sector recibió aumentos de entre el 111,6 y 132,7%.
Sólo un poco más del 40% de los 3,3 millones de jubilados y pensionados le ganó o le empató a la inflación : son los que ocho años y medio atrás –no bien se terminó la convertibilidad– ganaban menos de $ 220.
El panorama jubilatorio es el siguiente:
Desde enero de 2002, la jubilación mínima aumentó el 497% , aunque el incremento efectivo fue de 307%, porque quedó absorbido un subsidio que se otorgaba en aquel momento y que llevaba el piso jubilatorio a $ 220. En ambos casos, este sector supera o empata a la inflación y a la suba de los salarios. Pero según las cifras de la Seguridad Social, entonces 1,5 millón cobraban menos de $ 220 y ahora de este total los que siguen jubilados o pensionados perciben $ 895 mensuales. Eso representa un incremento del 307%, similar a la evolución de los salarios .
El resto –1,8 millón– recibió aumentos menores . Aquí hay un abanico de situaciones porque los aumentos fueron diferenciados y la pirámide previsional se fue achatando ya que la mayoría pasó a cobrar la mínima .
Así, los que ganaban entre $ 300 y $ 350 mensuales, hoy cobran la mínima de $ 895, lo que equivale a una suba de entre el 155% y el 198%, inferior a la inflación y a la mejora salarial En tanto, los que ganaban entre $ 400 y $ 1.000, tuvieron alzas del 132,7%. Y para los que tenían un haber superior a $ 1.000, los aumentos sumaron el 111,6%.
Esos dos sectores fueron los que tuvieron la mayor pérdida de ingresos .
Un ejemplo: el jubilado que cobraba $ 1.000 en enero de 2002, hoy cobra $ 2.116. Mientras el trabajador activo que cobraba $ 1.000, hoy percibe $ 3.900, según las cifras de Seguridad Social.En relación al salario, cobra un 46% menos.
Por su parte, a los que se jubilaron hasta fines de 2008 a través de las AFJP no les fue mejor. De los 350.000 jubilados o pensionados por el sistema privado, el 70% está cobrando menos de $ 1.000 por mes.
Al mismo tiempo, en todos estos años el padrón de jubilados fue cambiando porque hubo más de 130.000 bajas anuales por fallecimiento y se incorporaron nuevos jubilados , en especial más de 2 millones que pudieron acceder al beneficio gracias a la moratoria.
Según los datos que presentó el titular de la ANSeS, Diego Bossio en el Congreso, el haber medio de estos jubilados es de $ 918, pero cobran $ 697 porque se les descuenta la cuota de la moratoria que, en promedio, es de $ 221. Recién cuando cancelen la totalidad de las cuotas, estos jubilados percibirá íntegramente el haber mínimo.
Los que se jubilaron después de 2002 con los aportes al día (30 o más años) obtuvieron haberes de entre el 30 y el 55% de los salarios anteriores al retiro laboral.
Y los que se jubilaron en los últimos dos años y los nuevos jubilados cobran un haber inicial que equivale al 50% o menos del sueldo que tenían cuando estaban en actividad.
El problema adicional es que por la actual y “compleja” fórmula de movilidad, esos haberes se ajustan menos que la inflación y/o los salarios.
Entrevista a Lilia Maffei de Borghi
“Hay más demandas y cada juez ya tiene a su cargo 30.000 casos”
04/07/10 La ANSeS apela todos los fallos que le son desfavorables, a pesar que había prometido no hacerlo.
Por Ismael Bermúdez
El ingreso de juicios a los Tribunales de la Seguridad Social crece en forma exponencial.Cada juez tiene más de 30.000 causas . No hay lugar ya en los edificios para guardar los expedientes. Y la ANSeS sigue apelando los juicios favorables a los jubilados, a pesar que se había comprometido a no hacerlo.
Así le dijo a Clarín la Presidente de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Lilia Maffei de Borghi, quien detalló que en 2008 la ANSeS se había comprometido a no apelar las sentencias favorables a los jubilados que fueran similares a la doctrina del caso Badaro, en referencia al ajuste del 88,6% que dispuso la Corte Suprema por el período enero 2002 a diciembre de 2006. Después, en noviembre de 2009 –agregó la Magistrada– firman un acuerdo de “solución amistosa” en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en el que el Poder Ejecutivo se comprometió a desistir de todas las apelaciones en causas de reajustes previsionales, así como organizar un sistema de liquidaciones de sentencias que asegure el pago de los fallos firmes a favor de los demandantes.
¿Se está cumpliendo?
- Tenemos reuniones con ANSeS, donde insistimos que desistan en primera instancia porque no lo están haciendo. Siguen apelando ¿No era que iban a desistir en primera instancia? Claro. Eso es lo que les estoy diciendo, que cumplan. Porque al apelar, esos expedientes vienen a la Cámara y cuando se les da traslado, no los responden y el recurso queda desierto. Entonces digo, para qué hacer ese papeleo que demora varios meses …
¿Lo hacen para postergar el pago de la sentencia?
No sabría decirle, pero lo cierto es que la ANSeS no está cumpliendo con sus propias resoluciones y compromisos.
¿Qué pasa con las sentencias firmes, las pagan, las liquidan mal o no las liquidan y el jubilado tiene que hacer un nuevo juicio, de ejecución?
- Hay muchos expedientes de ejecución. En algunos casos es por incumplimiento tardío o no cumplimiento y en otros casos es porque la ANSeS hace liquidaciones parciales porque cuestiona el pago. Ahí se produce otra demora – y estamos hablando de juicios de gente de edad avanzada y con enfermedades serias — que vamos a solucionar porque estamos trabajando con ANSeS y el Consejo de la Magistratura para establecer un sistema único de liquidaciones. O sea unificar la forma de hacer las liquidaciones. También se hacen poderes y habilitamos el inicio de las demandas vía Web y ya el 85% se hace por Internet, lo que aligera muchísimo los trámites y los plazos. Además acordamos que la notificación de las demandas contra el Estado se haga por esa vía. Todo apunta a lo mismo: menos papelerío y acortamiento de plazos.
¿Siguen ingresando más juicios?
- Sí, es exponencial. Cada uno de los 10 juzgados de Capital tiene unos 30.000 expedientes. Por eso sumando las demandas en los Juzgados del interior habría más de 360.000 demandas e ingresan todos los días más.
¿Cómo hace un juez que tiene más de 30.000 causas? Es dramático. Carecemos de espacio para los expedientes en trámite y para los que tenemos que mandar a archivo. No hay lugar físico para mantenerlos
04/07/10 La ANSeS apela todos los fallos que le son desfavorables, a pesar que había prometido no hacerlo.
Por Ismael Bermúdez
El ingreso de juicios a los Tribunales de la Seguridad Social crece en forma exponencial.Cada juez tiene más de 30.000 causas . No hay lugar ya en los edificios para guardar los expedientes. Y la ANSeS sigue apelando los juicios favorables a los jubilados, a pesar que se había comprometido a no hacerlo.
Así le dijo a Clarín la Presidente de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Lilia Maffei de Borghi, quien detalló que en 2008 la ANSeS se había comprometido a no apelar las sentencias favorables a los jubilados que fueran similares a la doctrina del caso Badaro, en referencia al ajuste del 88,6% que dispuso la Corte Suprema por el período enero 2002 a diciembre de 2006. Después, en noviembre de 2009 –agregó la Magistrada– firman un acuerdo de “solución amistosa” en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en el que el Poder Ejecutivo se comprometió a desistir de todas las apelaciones en causas de reajustes previsionales, así como organizar un sistema de liquidaciones de sentencias que asegure el pago de los fallos firmes a favor de los demandantes.
¿Se está cumpliendo?
- Tenemos reuniones con ANSeS, donde insistimos que desistan en primera instancia porque no lo están haciendo. Siguen apelando ¿No era que iban a desistir en primera instancia? Claro. Eso es lo que les estoy diciendo, que cumplan. Porque al apelar, esos expedientes vienen a la Cámara y cuando se les da traslado, no los responden y el recurso queda desierto. Entonces digo, para qué hacer ese papeleo que demora varios meses …
¿Lo hacen para postergar el pago de la sentencia?
No sabría decirle, pero lo cierto es que la ANSeS no está cumpliendo con sus propias resoluciones y compromisos.
¿Qué pasa con las sentencias firmes, las pagan, las liquidan mal o no las liquidan y el jubilado tiene que hacer un nuevo juicio, de ejecución?
- Hay muchos expedientes de ejecución. En algunos casos es por incumplimiento tardío o no cumplimiento y en otros casos es porque la ANSeS hace liquidaciones parciales porque cuestiona el pago. Ahí se produce otra demora – y estamos hablando de juicios de gente de edad avanzada y con enfermedades serias — que vamos a solucionar porque estamos trabajando con ANSeS y el Consejo de la Magistratura para establecer un sistema único de liquidaciones. O sea unificar la forma de hacer las liquidaciones. También se hacen poderes y habilitamos el inicio de las demandas vía Web y ya el 85% se hace por Internet, lo que aligera muchísimo los trámites y los plazos. Además acordamos que la notificación de las demandas contra el Estado se haga por esa vía. Todo apunta a lo mismo: menos papelerío y acortamiento de plazos.
¿Siguen ingresando más juicios?
- Sí, es exponencial. Cada uno de los 10 juzgados de Capital tiene unos 30.000 expedientes. Por eso sumando las demandas en los Juzgados del interior habría más de 360.000 demandas e ingresan todos los días más.
¿Cómo hace un juez que tiene más de 30.000 causas? Es dramático. Carecemos de espacio para los expedientes en trámite y para los que tenemos que mandar a archivo. No hay lugar físico para mantenerlos
ANSeS rica, jubilado pobre
La entidad maneja un presupuesto de $100.000 millones anuales y cuenta con un fondo de otros $150.000. Sin embargo, los haberes equivalen, en promedio, al 36% del salario de los trabajadores.
Por Ismael Bermúdez
¿ANSeS rica y jubilados pobres?
Esta aparente paradoja surge porque el organismo maneja un presupuesto de $100.000 millones anuales y tiene un Fondo llamado de Garantía de Sustentabilidad (FGS) valuado hoy en $150.000 millones, compuesto de títulos públicos, acciones, obligaciones negociables, plazos fijos y otras inversiones. En tanto, el sistema acumula una enorme litigiosidad (360.000 juicios) y paga beneficios que equivalen, en promedio, al 36% del sueldo medio de los trabajadores formales, muy lejos del histórico 82% móvil.
Este contraste llevó, días pasados, al ex presidente Néstor Kirchner a admitir que “a todos nos gustaría aplicar el 82% móvil, pero llevaría $145.000 millones por año. Lo podríamos pagar sólo un año y luego nos fundiríamos”.
¿Cuál es la realidad de la ANSeS y del Fondo que administra? La recomposición de los haberes representa una suma muy inferior a la que estimó Néstor Kirchner y requeriría de un financiamiento adicional que empezó a ser discutido en el Congreso.
En tanto, los $150.000 millones del FGS son un valor “ficticio”, ya que el grueso está invertido en papeles de la deuda que tiene una gran iliquidez porque el Estado va renovando los vencimientos y hasta recurre a nuevos préstamos, como las Letras del Tesoro que colocó días pasados.
En el último año y medio el FGS se valorizó por la trepada de los precios de los bonos y de las acciones, pero esto no es definitivo por la crisis global y los vaivenes domésticos. El solo rumor de que para pagar el 82%, ya no sólo el primer año, sino apenas el primer mes, la ANSeS debería salir a vender bonos y acciones desplomaría el valor de esos papeles antes de que alguien cobre la mejora.
El FGS, además, se está descapitalizando porque los intereses –unos $8.500 millones anuales– se usan para pagar la asignación por hijo, que absorbió los planes sociales que antes pagaba el Tesoro. Y el grueso de los bonos se ajusta por el CER, que no refleja la verdadera inflación, en tanto también las Letras del Tesoro rinden un interés inferior a la inflación.
El FGS se creó en 2007 con los fondos que traspasaron las AFJP de los afiliados que decidieron volver al régimen público, de los que tenían pocos aportes y superaban ciertas edades y los de los regímenes especiales.
El decreto fijaba un “límite máximo de acumulación de fondos” equivalente “a las erogaciones por prestaciones anuales autorizadas para la ANSeS”. Con ese tope se buscaba que los excedentes de este tope se volcaran en la mejora de las prestaciones y del sistema.
Antes de eliminar a las AFJP, en noviembre de 2008, el FGS acumulaba, en bonos, acciones, plazos fijos y otras inversiones, $22.177 millones, y las AFJP unos $80.000 millones; unos meses antes llegaron a rondar los $100.000 millones pero, por la crisis, tuvieron un fuerte desplome.
En diciembre de 2008, con la “unificación” del sistema previsional, el “nuevo” FGS debutó con $98.224 millones, con el 59,5% invertido en papeles del Estado. Al mismo tiempo, sin explicaciones, a través del decreto 2103, se derogó el “limite máximo” de acumulación de fondos que, para esa fecha, ya superaba el pago de un año de beneficios.
Hoy, el Fondo tiene la misma estructura que cuando estaban en manos de las AFJP, con más del 60% en bonos, con algunos puntos más prestados a empresas estatales y privadas para “emprendimientos” productivos.
El gran desafío del FGS –que hoy equivale al 12% del PBI– es que no corra la misma suerte que las cajas previsionales en los años 50 y 60. En el libro La Reforma Previsional en Argentina , FIEL precisa que entonces la acumulación de los títulos en las cajas “representó el 47% del PBI”, mientras que en el análisis que hacen en el Sistema Previsional Argentino , Oscar Cetrángolo y José Luis Machinea señalan que “desafortunadamente los superávits de los primeros años no lograron financiar los déficits posteriores. La razón de ello debe buscarse en el hecho de que los excedentes fueron colocados en Bonos de la Tesorería con un rendimiento del 4% anual, mientras la inflación oscilaba entre el 15 y 25% anual. Por otro lado, el Tesoro hacía sus aportes como empleador en bonos. En 1970, se dispuso mediante una ley el rescate de los bonos por un monto total de 215 millones de dólares, en 10 cuotas anuales, sin ajuste”.
Por Ismael Bermúdez
¿ANSeS rica y jubilados pobres?
Esta aparente paradoja surge porque el organismo maneja un presupuesto de $100.000 millones anuales y tiene un Fondo llamado de Garantía de Sustentabilidad (FGS) valuado hoy en $150.000 millones, compuesto de títulos públicos, acciones, obligaciones negociables, plazos fijos y otras inversiones. En tanto, el sistema acumula una enorme litigiosidad (360.000 juicios) y paga beneficios que equivalen, en promedio, al 36% del sueldo medio de los trabajadores formales, muy lejos del histórico 82% móvil.
Este contraste llevó, días pasados, al ex presidente Néstor Kirchner a admitir que “a todos nos gustaría aplicar el 82% móvil, pero llevaría $145.000 millones por año. Lo podríamos pagar sólo un año y luego nos fundiríamos”.
¿Cuál es la realidad de la ANSeS y del Fondo que administra? La recomposición de los haberes representa una suma muy inferior a la que estimó Néstor Kirchner y requeriría de un financiamiento adicional que empezó a ser discutido en el Congreso.
En tanto, los $150.000 millones del FGS son un valor “ficticio”, ya que el grueso está invertido en papeles de la deuda que tiene una gran iliquidez porque el Estado va renovando los vencimientos y hasta recurre a nuevos préstamos, como las Letras del Tesoro que colocó días pasados.
En el último año y medio el FGS se valorizó por la trepada de los precios de los bonos y de las acciones, pero esto no es definitivo por la crisis global y los vaivenes domésticos. El solo rumor de que para pagar el 82%, ya no sólo el primer año, sino apenas el primer mes, la ANSeS debería salir a vender bonos y acciones desplomaría el valor de esos papeles antes de que alguien cobre la mejora.
El FGS, además, se está descapitalizando porque los intereses –unos $8.500 millones anuales– se usan para pagar la asignación por hijo, que absorbió los planes sociales que antes pagaba el Tesoro. Y el grueso de los bonos se ajusta por el CER, que no refleja la verdadera inflación, en tanto también las Letras del Tesoro rinden un interés inferior a la inflación.
El FGS se creó en 2007 con los fondos que traspasaron las AFJP de los afiliados que decidieron volver al régimen público, de los que tenían pocos aportes y superaban ciertas edades y los de los regímenes especiales.
El decreto fijaba un “límite máximo de acumulación de fondos” equivalente “a las erogaciones por prestaciones anuales autorizadas para la ANSeS”. Con ese tope se buscaba que los excedentes de este tope se volcaran en la mejora de las prestaciones y del sistema.
Antes de eliminar a las AFJP, en noviembre de 2008, el FGS acumulaba, en bonos, acciones, plazos fijos y otras inversiones, $22.177 millones, y las AFJP unos $80.000 millones; unos meses antes llegaron a rondar los $100.000 millones pero, por la crisis, tuvieron un fuerte desplome.
En diciembre de 2008, con la “unificación” del sistema previsional, el “nuevo” FGS debutó con $98.224 millones, con el 59,5% invertido en papeles del Estado. Al mismo tiempo, sin explicaciones, a través del decreto 2103, se derogó el “limite máximo” de acumulación de fondos que, para esa fecha, ya superaba el pago de un año de beneficios.
Hoy, el Fondo tiene la misma estructura que cuando estaban en manos de las AFJP, con más del 60% en bonos, con algunos puntos más prestados a empresas estatales y privadas para “emprendimientos” productivos.
El gran desafío del FGS –que hoy equivale al 12% del PBI– es que no corra la misma suerte que las cajas previsionales en los años 50 y 60. En el libro La Reforma Previsional en Argentina , FIEL precisa que entonces la acumulación de los títulos en las cajas “representó el 47% del PBI”, mientras que en el análisis que hacen en el Sistema Previsional Argentino , Oscar Cetrángolo y José Luis Machinea señalan que “desafortunadamente los superávits de los primeros años no lograron financiar los déficits posteriores. La razón de ello debe buscarse en el hecho de que los excedentes fueron colocados en Bonos de la Tesorería con un rendimiento del 4% anual, mientras la inflación oscilaba entre el 15 y 25% anual. Por otro lado, el Tesoro hacía sus aportes como empleador en bonos. En 1970, se dispuso mediante una ley el rescate de los bonos por un monto total de 215 millones de dólares, en 10 cuotas anuales, sin ajuste”.
Riesgos del Trabajo: ordenan a la ANSeS devolver recursos
28/06/10
por
Ismael Bermúdez
La Justicia ordenó a la ANSeS que le transfiera a un trabajador que sufrió un accidente de trabajo $ 186.000 más los intereses. Y es porque ese dinero, que corresponde a la indemnización por la incapacidad absoluta que le originó un accidente laboral, había sido depositado por la ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) en la cuenta que el trabajador tenía en la AFJP, tal como lo establecía la legislación entonces vigente. Y al disponerse la eliminación del sistema privado, ese dinero fue transferido a la ANSeS.
Ahora, según los jueces “el traspaso de esos fondos a la ANSeS” no está previsto en la ley 26.425 que eliminó a las AFJP por lo que corresponde que se lo reintegre al trabajador accidentado , más los intereses acumulados.
En base a la doctrina de la Corte Suprema, en el caso de que un accidente laboral produzca la muerte del trabajador o su incapacidad absoluta, el cónyuge o el damnificado pueden solicitar la indemnización sea abonada en un pago único y no en renta mensual. Es lo que pidió Jorge Jara, pero la ANSeS adujo que no existían normas que aclararan qué pasaba con los fondos depositados por las ART en las AFJP que luego le fueron transferidos a fines de 2008. Luego en primera y en segunda instancia, la Justicia hizo lugar al amparo y condenó a la ANSeS a abonarle a Jara $ 186.122 más los intereses.
En otra causa, Eduardo Alvarez, Fiscal General de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, sostuvo que la ley que eliminó el sistema privado fijó que los fondos que debían transferirse a la ANSeS eran exclusivamente los previsionales por lo que sostuvo que la AFJP traspasó indebidamente los fondos. Y ordenó a la AFJP que restituyera al damnificado los fondos, sin perjuicio del reclamo que pudiera efectuar la AFJP a la ANSeS. La Sala II de la Cámara ratificó este dictamen.
Según el abogado Horacio Schick, “estas sentencias permiten que los damnificados por altas incapacidades o los herederos de los trabajadores fallecidos que no cuestionaron inicialmente el pago en renta de las indemnizaciones, pueden reclamar el pago único de los saldos no percibidos en un acción de amparo”.
por
Ismael Bermúdez
La Justicia ordenó a la ANSeS que le transfiera a un trabajador que sufrió un accidente de trabajo $ 186.000 más los intereses. Y es porque ese dinero, que corresponde a la indemnización por la incapacidad absoluta que le originó un accidente laboral, había sido depositado por la ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) en la cuenta que el trabajador tenía en la AFJP, tal como lo establecía la legislación entonces vigente. Y al disponerse la eliminación del sistema privado, ese dinero fue transferido a la ANSeS.
Ahora, según los jueces “el traspaso de esos fondos a la ANSeS” no está previsto en la ley 26.425 que eliminó a las AFJP por lo que corresponde que se lo reintegre al trabajador accidentado , más los intereses acumulados.
En base a la doctrina de la Corte Suprema, en el caso de que un accidente laboral produzca la muerte del trabajador o su incapacidad absoluta, el cónyuge o el damnificado pueden solicitar la indemnización sea abonada en un pago único y no en renta mensual. Es lo que pidió Jorge Jara, pero la ANSeS adujo que no existían normas que aclararan qué pasaba con los fondos depositados por las ART en las AFJP que luego le fueron transferidos a fines de 2008. Luego en primera y en segunda instancia, la Justicia hizo lugar al amparo y condenó a la ANSeS a abonarle a Jara $ 186.122 más los intereses.
En otra causa, Eduardo Alvarez, Fiscal General de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, sostuvo que la ley que eliminó el sistema privado fijó que los fondos que debían transferirse a la ANSeS eran exclusivamente los previsionales por lo que sostuvo que la AFJP traspasó indebidamente los fondos. Y ordenó a la AFJP que restituyera al damnificado los fondos, sin perjuicio del reclamo que pudiera efectuar la AFJP a la ANSeS. La Sala II de la Cámara ratificó este dictamen.
Según el abogado Horacio Schick, “estas sentencias permiten que los damnificados por altas incapacidades o los herederos de los trabajadores fallecidos que no cuestionaron inicialmente el pago en renta de las indemnizaciones, pueden reclamar el pago único de los saldos no percibidos en un acción de amparo”.
jueves, 1 de julio de 2010
Otra denuncia contra la ANSeS por no acatar fallos de jubilados
01/07/10
Por
Ismael Bermúdez
El Gobierno volvió a ser denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Esta vez fue porque la ANSeS no está cumpliendo con el acuerdo alcanzado el año pasado por el cual se comprometió a implementar una serie de medidas en favor de los jubilados.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y los abogados previsionalistas Sergio Bobrovsky y Horacio González -patrocinantes de la denuncia- enviaron una carta al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón. Allí señalaron que, luego de un proceso que insumió muchos años, en noviembre de 2009, tras un acuerdo de “solución amistosa” la ANSeS se comprometió a aplicar una serie de medidas que aún no se cumplen. Estas son: Pagar todas las sentencias judiciales firmes.
No apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia favorables a los jubilados, en los que la Corte Suprema ya se hubiera expedido.
Desistir de los recursos judiciales que ya hubieran sido presentados ante la Corte Suprema o ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, contra las sentencias favorables a los beneficiarios.
Establecer un mecanismo de seguimiento periódico del cumplimiento de los compromisos asumidos coordinado por la Cancillería argentina.
En la carta -a la que accedió Clarín - los organismos y los abogados alegan que, a más de 6 meses desde la firma del convenio, “de acuerdo con la información disponible, y la aportada por el propio Estado”, esos puntos no se están cumpliendo.
A modo ilustrativo mencionan numerosos casos en que la ANSeS apeló las decisiones judiciales , inclusive en causas que involucran a “personas de elevada edad”.
En otros casos, el organismo planteó recursos extraordinarios ante la Corte Suprema”, como en febrero de 2010 “tres meses después de la firma del Acuerdo”.
Agregaron que a pesar de que la Corte Suprema fijó doctrina en los casos “Sánchez”, “Badaro” y “Elliff”, “la ANSeS mantiene la práctica de apelar todas las sentencias de primera instancia que benefician a los jubilados”. Y además, “se mantuvo la práctica de que aún cuando las sentencias quedan firmes no son liquidadas” .
Como conclusión reiteran “que el Estado argentino aún no cumplió el Acuerdo de Solución Amistosa firmado en noviembre pasado”. Y piden “que la CIDH asuma un rol activo y arbitre las medidas necesarias para que el Estado genere el mecanismo de diálogo y seguimiento comprometido, de manera que la ejecución de los diversos puntos del Acuerdo pueda ser debatida y monitoreada de manera efectiva”.
Por
Ismael Bermúdez
El Gobierno volvió a ser denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Esta vez fue porque la ANSeS no está cumpliendo con el acuerdo alcanzado el año pasado por el cual se comprometió a implementar una serie de medidas en favor de los jubilados.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y los abogados previsionalistas Sergio Bobrovsky y Horacio González -patrocinantes de la denuncia- enviaron una carta al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón. Allí señalaron que, luego de un proceso que insumió muchos años, en noviembre de 2009, tras un acuerdo de “solución amistosa” la ANSeS se comprometió a aplicar una serie de medidas que aún no se cumplen. Estas son: Pagar todas las sentencias judiciales firmes.
No apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia favorables a los jubilados, en los que la Corte Suprema ya se hubiera expedido.
Desistir de los recursos judiciales que ya hubieran sido presentados ante la Corte Suprema o ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, contra las sentencias favorables a los beneficiarios.
Establecer un mecanismo de seguimiento periódico del cumplimiento de los compromisos asumidos coordinado por la Cancillería argentina.
En la carta -a la que accedió Clarín - los organismos y los abogados alegan que, a más de 6 meses desde la firma del convenio, “de acuerdo con la información disponible, y la aportada por el propio Estado”, esos puntos no se están cumpliendo.
A modo ilustrativo mencionan numerosos casos en que la ANSeS apeló las decisiones judiciales , inclusive en causas que involucran a “personas de elevada edad”.
En otros casos, el organismo planteó recursos extraordinarios ante la Corte Suprema”, como en febrero de 2010 “tres meses después de la firma del Acuerdo”.
Agregaron que a pesar de que la Corte Suprema fijó doctrina en los casos “Sánchez”, “Badaro” y “Elliff”, “la ANSeS mantiene la práctica de apelar todas las sentencias de primera instancia que benefician a los jubilados”. Y además, “se mantuvo la práctica de que aún cuando las sentencias quedan firmes no son liquidadas” .
Como conclusión reiteran “que el Estado argentino aún no cumplió el Acuerdo de Solución Amistosa firmado en noviembre pasado”. Y piden “que la CIDH asuma un rol activo y arbitre las medidas necesarias para que el Estado genere el mecanismo de diálogo y seguimiento comprometido, de manera que la ejecución de los diversos puntos del Acuerdo pueda ser debatida y monitoreada de manera efectiva”.
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