Jubilados: $ 500 extras ¿Plus o confiscación?

25-11-10
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¿Un plus de suma fija todos los fines de año o vigencia plena de los derechos jubilatorios tal como marca la legislación previsional, reafirmada por la doctrina de la Corte Suprema?
En estos términos se plantea hoy la cuestión previsional. Porque los $ 500 por única vez anunciados ayer para los jubilados y pensionados que cobran menos de $ 1.500 representa una mejora anual de entre el 3 y el 5% , que compensa en parte apenas la mayor inflación de los últimos meses.

Pero el problema previsional es que los haberes jubilatorios están muy lejos de la "relación proporcional y adecuada" que deben tener con los sueldos de los activos o con el sueldo debidamente actualizado por el que la gente se jubiló.

Como indica la legislación previsional, ratificada por varios fallos de la Corte Suprema, la jubilación es un salario indirecto o diferido que se va constituyendo con los aportes y contribuciones efectuados durante la vida laboral activa.

No es una dádiva ni un subsidio del Estado sino un derecho ganado con el aporte de una porción del salario.

Cuando llega el momento de la jubilación -o sea, efectivizar los aportes acumulados- ese salario diferido no puede ser inferior al 70% del sueldo, como acaba de señalar la Justicia en base a la historia previsional argentina, en tanto la proporción razonable debería ser del 82% móvil.

Ayer, el Gobierno reconoció que la jubilación promedio actual ronda hoy los $ 1.500 cuando el sueldo promedio formal es de 4.200 pesos mensuales. El salario previsional equivale a apenas el 36% del sueldo.

Por eso los $ 500 no son un "plus", porque no es una suma que se agrega a lo que corresponde pagar de acuerdo a la ley previsional. Tampoco achica la diferencia con relación al 70% o 82% porque en términos mensuales representa una cifra baja -$ 42 por mes- que lo va a cobrar la mayoría, pero no todos los jubilados y pensionados. Y está muy lejos de compensar el veto presidencial a la ley votada por el Congreso, como sí parecieron sugerir ayer desde la CGT y desde sectores de la CTA al aplaudir el anuncio.

Mientras tanto el sistema afronta una litigiosidad creciente, con más de 400.000 demandas y todos los meses se suman 10.000 reclamos más. Y las miradas apuntan a la Corte Suprema para que extienda a todos los jubilados su propia doctrina, ante la negativa del Ejecutivo y la impotencia del Legislativo