30/11/10
Los expertos piden que el alto Tribunal extienda su doctrina a todos los jubilados.
Por
Ismael Bermúdez
El traslado de miles de causas del edificio del Fuero de la Seguridad Social de Marcelo T. de Alvear 1840 a otras instalaciones judiciales, le dio una salida transitoria al riesgo que estaba ocasionando el sobrepeso de los expedientes. Pero no solucionó el problema central: qué hacer con los más de 400.000 juicios y con las 10.000 nuevas demandas que ingresan todos los meses.
Este colapso se agravó aun más por el veto presidencial a la ley que votó el Congreso y que establecía el 82% móvil para la mínima y la aplicación de los ajustes ordenados por la Justicia. Si bien la iniciativa no solucionaba el tema de los juicios por la mala liquidación de haberes, disponía hacia delante el reajuste según las leyes previsionales y la doctrina de la Corte Suprema. Eso suponía al menos una desaceleración de nuevos juicios.
Bloqueado el camino legislativo y ante la negativa del Poder Ejecutivo en resolver la enorme litigiosidad provocada por sus propios incumplimientos, todas las miradas apuntan ahora a los tres poderes, y en especial a la Corte Suprema.
Hace más de dos años, la Defensoría del Pueblo reclamó extender las sentencias de la Corte a todos los jubilados que estén en condiciones similares al caso Badaro, o sea que después de enero de 2002 no hubieran tenido un ajuste igual al aumento del índice de salarios, que hasta diciembre de 2006 fue del 88,57 por ciento.
La demanda fue aceptada por el Juez Alberto Ize, pero la ANSeS apeló y la Sala III de la Cámara Federal revocó el fallo. La defensoría apeló la sentencia y así, hace tiempo, la “pelota” está en terreno de la Corte Suprema.
Según Luis Herrero, juez de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “la solución es muy sencilla y no tolera más dilaciones ni artificios jurídicos”. Pide que la Corte dicte “una sentencia de “clase” , de alcance general que condene a la ANSeS a cumplir en el ámbito administrativo la movilidad reconocida en las sentencias “Sánchez” (de 1991 a 1995) y “Badaro” (de 2002 al 2006).
Herrero agrega que “esta sentencia de alcance expansivo debería fijarle un plazo perentorio a la ANSeS para el cumplimiento de la condena, bajo apercibimiento de dar intervención a la justicia penal e imponerle al Director Ejecutivo una multa compulsiva y progresiva en caso de incumplimiento”.
El abogado Horacio González, uno de los denunciantes de esta situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, también plantea que “la Corte podría brindar una salida dictando sentencia en tutela de los derechos colectivos de todos los beneficiarios afectados por la falta de cumplimiento del caso Badaro”.
González agrega que “el Congreso determine los recursos y asigne partidas presupuestarias necesarias para pagar a todos el haber que les corresponde y se cumplan las sentencias judiciales” y que “el Poder Ejecutivo respete las decisiones del Congreso, e instruya a la ANSeS actuar conforme derecho, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, liquidando correctamente los beneficios previsionales”.
Por otro lado, el abogado Guillermo Jáuregui dice que “una posible solución para este problema sería recomponer gradualmente los haberes , empezando por los más atrasados y antiguos, para que en un plazo razonable se terminen pagando correctamente. Esto se puede hacer de forma sustentable y contribuiría a desalentar los pleitos”, agregó. El letrado recuerda que “durante 2009 se recaudaron $ 26.000 millones más por los aportes que antes iban a las AFJP y no se destinaron a la tarea más urgente que es recomponer las jubilaciones”.
martes, 30 de noviembre de 2010
domingo, 28 de noviembre de 2010
Colapso previsional:
Es urgente una solución colectiva
28/11/10
Por
Ismael Bermúdez
Que el edificio donde funcionan los juzgados de la Seguridad Social haya alcanzado “el máximo admisible de peso”, y que se hayan tenido que evacuar miles de expedientes a otras instalaciones para prevenir algún derrumbe ilustra de una manera más que trágica el nivel del colapso previsional . Nunca antes se llegó a semejante situación de acumular 400.000 juicios. Y eso que en la crítica historia jubilatoria argentina hubo toda clase de atropellos, inclusive la rebaja nominal de los haberes para pagar la deuda .
A este colapso se llegó porque con la inflación un gran sector de los jubilados perdió hasta un 40% de su haber.
Hoy, la mayoría cobra menos de un tercio del sueldo del trabajador activo, y en el mejor de los casos puede aspirar a cobrar un haber equivalente a la mitad del salario: muy lejos del 82% móvil.
Aunque la Corte ya dio su veredicto –la jubilación es un salario, y debe actualizarse por la variación de salarios– y hace unos días la Sala III de la Cámara de la Seguridad fijó que nadie puede cobrar menos del 70% del salario con el que se jubiló debidamente actualizado, cada jubilado deberá iniciar un juicio para reclamar lo que la ley determina y lo que la jurisprudencia dictaminó que le corresponde.
Pero si aún con el respaldo de la legislación previsional y de la doctrina de la Corte hay 400.000 jubilados pleiteando ante la Justicia –mientras siguen ingresando más de 10.000 nuevas demandas por mes en los 10 juzgados porteños– estamos frente a un conflicto de carácter colectivo , no individual.
La solución no es entonces que cada jubilado haga juicio, sino que se instrumente una medida colectiva. Ningún juzgado puede administrar justicia en tiempo y forma cuando todos los días ingresan centenares de causas que se suman a las 40.000 que cada juez ya tiene para resolver, cuando luego la ANSeS –desconociendo un compromiso público– apela esos fallos , y cuando después l iquida mal las sentencias, obligando a iniciar un nuevo juicio. Por todo esto, y otras cosas más, el Estado argentino volvió a ser denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
Lo insólito es que el Estado no sólo no resuelve la crisis sino que la agrava o deja que se agrave , especulando –quizás– con que la edad de los demandantes ponga “naturalmente” un “punto final” a buena parte de las demandas. Mientras tanto, la ANSeS financia con la compra de bonos y Letras del Tesoro el pago de la deuda pública .
Ante este accionar antiprevisional del Gobierno y la pasividad e impotencia del Congreso –como se manifestó con el veto presidencial a la ley votada hace un mes– lo que correspondería es que la Corte Suprema extienda su propia doctrina a todos los jubilados , y obligue a la ANSeS a reconocer lo que marca la legislación previsional.
Sólo así, Será justicia
Es urgente una solución colectiva
28/11/10
Por
Ismael Bermúdez
Que el edificio donde funcionan los juzgados de la Seguridad Social haya alcanzado “el máximo admisible de peso”, y que se hayan tenido que evacuar miles de expedientes a otras instalaciones para prevenir algún derrumbe ilustra de una manera más que trágica el nivel del colapso previsional . Nunca antes se llegó a semejante situación de acumular 400.000 juicios. Y eso que en la crítica historia jubilatoria argentina hubo toda clase de atropellos, inclusive la rebaja nominal de los haberes para pagar la deuda .
A este colapso se llegó porque con la inflación un gran sector de los jubilados perdió hasta un 40% de su haber.
Hoy, la mayoría cobra menos de un tercio del sueldo del trabajador activo, y en el mejor de los casos puede aspirar a cobrar un haber equivalente a la mitad del salario: muy lejos del 82% móvil.
Aunque la Corte ya dio su veredicto –la jubilación es un salario, y debe actualizarse por la variación de salarios– y hace unos días la Sala III de la Cámara de la Seguridad fijó que nadie puede cobrar menos del 70% del salario con el que se jubiló debidamente actualizado, cada jubilado deberá iniciar un juicio para reclamar lo que la ley determina y lo que la jurisprudencia dictaminó que le corresponde.
Pero si aún con el respaldo de la legislación previsional y de la doctrina de la Corte hay 400.000 jubilados pleiteando ante la Justicia –mientras siguen ingresando más de 10.000 nuevas demandas por mes en los 10 juzgados porteños– estamos frente a un conflicto de carácter colectivo , no individual.
La solución no es entonces que cada jubilado haga juicio, sino que se instrumente una medida colectiva. Ningún juzgado puede administrar justicia en tiempo y forma cuando todos los días ingresan centenares de causas que se suman a las 40.000 que cada juez ya tiene para resolver, cuando luego la ANSeS –desconociendo un compromiso público– apela esos fallos , y cuando después l iquida mal las sentencias, obligando a iniciar un nuevo juicio. Por todo esto, y otras cosas más, el Estado argentino volvió a ser denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
Lo insólito es que el Estado no sólo no resuelve la crisis sino que la agrava o deja que se agrave , especulando –quizás– con que la edad de los demandantes ponga “naturalmente” un “punto final” a buena parte de las demandas. Mientras tanto, la ANSeS financia con la compra de bonos y Letras del Tesoro el pago de la deuda pública .
Ante este accionar antiprevisional del Gobierno y la pasividad e impotencia del Congreso –como se manifestó con el veto presidencial a la ley votada hace un mes– lo que correspondería es que la Corte Suprema extienda su propia doctrina a todos los jubilados , y obligue a la ANSeS a reconocer lo que marca la legislación previsional.
Sólo así, Será justicia
sábado, 27 de noviembre de 2010
Siguen en riesgo archivos de los juicios de jubilados
26/11/10
Por
Ismael Bermúdez
Por el peso de los juicios iniciados por los jubilados, que ponían en peligro el edificio del Fuero de la Seguridad Social, unos 9.500 expedientes fueron trasladados del edificio judicial de la calle Marcelo T. de Alvear 1840 a un archivo judicial en la calle Villarino 2010. Ahora resulta que este edificio “se encuentra en total estado de abandono, y que aún resta la adecuación de la instalación eléctrica y la reparación de las filtraciones de lluvia en parte de los techos, situación que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades en innumerables oportunidades”.
Así le informó la subdirectora General del Archivo Judicial, Carmen Nastasi de Rodríguez a la titular de la Cámara Nacional de la Seguridad Social, Lilia Maffei de Borghi.
El traslado de esos expedientes se hizo porque el Edificio Anexo del Fuero, en Marcelo T. de Alvear, tenía “el máximo admisible de peso ” por la cantidad de expedientes acumulados, de acuerdo al informe realizado, luego de una inspección, por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). Este organismo oficial recomendó trasladar parte de los expedientes a otros lugares por los riesgos sobre las personas –empleados y público en general— y la integridad de los expedientes.
Ese sobrepeso se debe a que esos Juzgados almacenan unos 400.000 expedientes, mientras todos los meses ingresan 10.000 nuevas demandas debido a que la ANSeS no está cumpliendo con lo que marca la legislación previsional, ratificada en numerosos fallos de la Corte.
Para hacer esos traslados, la Corte Suprema dispuso un feriado judicial de 3 semanas , que concluyó el pasado 19 de noviembre, en 7 Juzgados del Fuero previsional para permitir que durante ese lapso los empleados trasladaran miles de expedientes a otras instalaciones, con el objetivo de aliviar el peso que soportaba el edificio .
Una parte de esos expedientes fueron llevados al depósito de la calle Villarino, sin reparar que tiene otros riesgos por el “abandono” en el que se encuentra, además de las filtraciones de agua y descuido de las instalaciones eléctricas.
En el texto –al que tuvo acceso Clarín — la subdirectora general del Archivo Judicial aclara que se habilitó “la carga de un espacio que ya poseíamos en el depósito de Villarino 2010, para la guarda de los aproximadamente 9.500 legajos de expedientes de dicho fuero, pero en condición de “precarios”, o sea que su custodia y administración, continúa siendo de los Juzgados y Secretarías intervinientes, hasta tanto se proceda a su recepción definitiva”.
Además, se vació un ambiente que poseía el Archivo en el subsuelo del edificio de Marcelo T. de Alterar, “pero aún resta cerrar una puerta que comunica dicho ambiente con nuestra encuadernación, trabajo ya solicitado”.
Todo esto es la consecuencia del colapso de la justicia previsional debido a que el Gobierno no extiende a todos los jubilados la doctrina marcada por la Corte. Y obliga a cada jubilado a iniciar un juicio especulando con que muchos no lo hagan y con los años que demora una resolución judicial, que luego es apelada, alargando los plazos más allá de la propia expectativa de vida de los reclamantes.
Por
Ismael Bermúdez
Por el peso de los juicios iniciados por los jubilados, que ponían en peligro el edificio del Fuero de la Seguridad Social, unos 9.500 expedientes fueron trasladados del edificio judicial de la calle Marcelo T. de Alvear 1840 a un archivo judicial en la calle Villarino 2010. Ahora resulta que este edificio “se encuentra en total estado de abandono, y que aún resta la adecuación de la instalación eléctrica y la reparación de las filtraciones de lluvia en parte de los techos, situación que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades en innumerables oportunidades”.
Así le informó la subdirectora General del Archivo Judicial, Carmen Nastasi de Rodríguez a la titular de la Cámara Nacional de la Seguridad Social, Lilia Maffei de Borghi.
El traslado de esos expedientes se hizo porque el Edificio Anexo del Fuero, en Marcelo T. de Alvear, tenía “el máximo admisible de peso ” por la cantidad de expedientes acumulados, de acuerdo al informe realizado, luego de una inspección, por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). Este organismo oficial recomendó trasladar parte de los expedientes a otros lugares por los riesgos sobre las personas –empleados y público en general— y la integridad de los expedientes.
Ese sobrepeso se debe a que esos Juzgados almacenan unos 400.000 expedientes, mientras todos los meses ingresan 10.000 nuevas demandas debido a que la ANSeS no está cumpliendo con lo que marca la legislación previsional, ratificada en numerosos fallos de la Corte.
Para hacer esos traslados, la Corte Suprema dispuso un feriado judicial de 3 semanas , que concluyó el pasado 19 de noviembre, en 7 Juzgados del Fuero previsional para permitir que durante ese lapso los empleados trasladaran miles de expedientes a otras instalaciones, con el objetivo de aliviar el peso que soportaba el edificio .
Una parte de esos expedientes fueron llevados al depósito de la calle Villarino, sin reparar que tiene otros riesgos por el “abandono” en el que se encuentra, además de las filtraciones de agua y descuido de las instalaciones eléctricas.
En el texto –al que tuvo acceso Clarín — la subdirectora general del Archivo Judicial aclara que se habilitó “la carga de un espacio que ya poseíamos en el depósito de Villarino 2010, para la guarda de los aproximadamente 9.500 legajos de expedientes de dicho fuero, pero en condición de “precarios”, o sea que su custodia y administración, continúa siendo de los Juzgados y Secretarías intervinientes, hasta tanto se proceda a su recepción definitiva”.
Además, se vació un ambiente que poseía el Archivo en el subsuelo del edificio de Marcelo T. de Alterar, “pero aún resta cerrar una puerta que comunica dicho ambiente con nuestra encuadernación, trabajo ya solicitado”.
Todo esto es la consecuencia del colapso de la justicia previsional debido a que el Gobierno no extiende a todos los jubilados la doctrina marcada por la Corte. Y obliga a cada jubilado a iniciar un juicio especulando con que muchos no lo hagan y con los años que demora una resolución judicial, que luego es apelada, alargando los plazos más allá de la propia expectativa de vida de los reclamantes.
Ponen límites al derecho de huelga de los gremios de salud
26/11/10
Por
Ismael Bermúdez
En caso de plantearse un conflicto laboral en el gremio de la salud, los sindicatos o las asociaciones médicas pueden tomar medidas de acción de fuerza pero sólo 2 días por semana. En esos días deben garantizar en un 100% los servicios de atención a la mujer embarazada, a los niños, ancianos y personas discapacitadas y brindar al resto una cobertura similar a los días domingos o feriados. Y todos y cada uno de los médicos deben permanecen en guardia pasiva, pudiendo ser convocados por el Director del Hospital o Centro de Salud y los Jefes de Servicio y los Directores de los Centros de Salud están obligados a cumplir sus tareas Además, los 2 días de paro admitidos, deben ser anunciados con una antelación de cinco días corridos.
Así lo dictaminó la Comisión de Garantías dependiente del Ministerio de Trabajo, conformada por la Unión Industrial, la CGT, la CTA, la Federación de Abogados y el Consejo Interuniversitario, cuya tarea es regular las medidas de fuerza en los llamados “servicios esenciales”. Entre otros, el dictamen tiene la firma de Rodolfo Capón Filas, Horacio Martínez, Alcira Pasini y Gabriel Binstein.
Este dictamen lleva el N° 1 porque es el primero que emite esta Comisión , que se terminó de constituir en marzo de este año. Y se produjo a partir de un conflicto entre el gobierno de la provincia de Mendoza y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) que llevó a los médicos a paros escalonados de 2, 3 y 4 días por semana “auto-regulados” con guardias mínimas por tratarse de un servicio esencial. Convocada por la Secretaría de Trabajo nacional, la Comisión deliberó y produjo ese dictamen.
La viceministra de Trabajo, Noemí Rial trasladó el dictamen a Mendoza y la subsecretaría laboral de la provincia intimó a AMPROS a cumplir con la resolución de dicho dictamen.
Pero la asociación médica rechazó la intimación y prosigue con el plan de lucha. “Un Estado que no garantiza la salud, nos obliga a garantizar la atención al 100% cuando las normas internacionales fijan servicios mínimos y no máximos, y es la responsable del conflicto”, le dijo a Clarín María Isabel Del Pópulo, secretaria general de AMPROS.
Según el dictamen, “no luce razonable que la prolongación de una huelga médica deje a la población sin cobertura suficiente y la empuje a otras alternativas que ponen en peligro su vida y salud.
El sector sindical debería encontrar otros medios de protesta que, sin perjudicar al usuario, le permita ejercer el derecho de huelga en forma adecuada”.
Si bien el dictamen se refiere al conflicto mendocino, “sienta preceden te” y tuvo el consenso unánime de todos los integrantes de la Comisión, le dijo este diario Horacio Martínez, representante de la UIA.
Por
Ismael Bermúdez
En caso de plantearse un conflicto laboral en el gremio de la salud, los sindicatos o las asociaciones médicas pueden tomar medidas de acción de fuerza pero sólo 2 días por semana. En esos días deben garantizar en un 100% los servicios de atención a la mujer embarazada, a los niños, ancianos y personas discapacitadas y brindar al resto una cobertura similar a los días domingos o feriados. Y todos y cada uno de los médicos deben permanecen en guardia pasiva, pudiendo ser convocados por el Director del Hospital o Centro de Salud y los Jefes de Servicio y los Directores de los Centros de Salud están obligados a cumplir sus tareas Además, los 2 días de paro admitidos, deben ser anunciados con una antelación de cinco días corridos.
Así lo dictaminó la Comisión de Garantías dependiente del Ministerio de Trabajo, conformada por la Unión Industrial, la CGT, la CTA, la Federación de Abogados y el Consejo Interuniversitario, cuya tarea es regular las medidas de fuerza en los llamados “servicios esenciales”. Entre otros, el dictamen tiene la firma de Rodolfo Capón Filas, Horacio Martínez, Alcira Pasini y Gabriel Binstein.
Este dictamen lleva el N° 1 porque es el primero que emite esta Comisión , que se terminó de constituir en marzo de este año. Y se produjo a partir de un conflicto entre el gobierno de la provincia de Mendoza y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) que llevó a los médicos a paros escalonados de 2, 3 y 4 días por semana “auto-regulados” con guardias mínimas por tratarse de un servicio esencial. Convocada por la Secretaría de Trabajo nacional, la Comisión deliberó y produjo ese dictamen.
La viceministra de Trabajo, Noemí Rial trasladó el dictamen a Mendoza y la subsecretaría laboral de la provincia intimó a AMPROS a cumplir con la resolución de dicho dictamen.
Pero la asociación médica rechazó la intimación y prosigue con el plan de lucha. “Un Estado que no garantiza la salud, nos obliga a garantizar la atención al 100% cuando las normas internacionales fijan servicios mínimos y no máximos, y es la responsable del conflicto”, le dijo a Clarín María Isabel Del Pópulo, secretaria general de AMPROS.
Según el dictamen, “no luce razonable que la prolongación de una huelga médica deje a la población sin cobertura suficiente y la empuje a otras alternativas que ponen en peligro su vida y salud.
El sector sindical debería encontrar otros medios de protesta que, sin perjudicar al usuario, le permita ejercer el derecho de huelga en forma adecuada”.
Si bien el dictamen se refiere al conflicto mendocino, “sienta preceden te” y tuvo el consenso unánime de todos los integrantes de la Comisión, le dijo este diario Horacio Martínez, representante de la UIA.
jueves, 25 de noviembre de 2010
Jubilados: $ 500 extras ¿Plus o confiscación?
25-11-10
..
¿Un plus de suma fija todos los fines de año o vigencia plena de los derechos jubilatorios tal como marca la legislación previsional, reafirmada por la doctrina de la Corte Suprema?
En estos términos se plantea hoy la cuestión previsional. Porque los $ 500 por única vez anunciados ayer para los jubilados y pensionados que cobran menos de $ 1.500 representa una mejora anual de entre el 3 y el 5% , que compensa en parte apenas la mayor inflación de los últimos meses.
Pero el problema previsional es que los haberes jubilatorios están muy lejos de la "relación proporcional y adecuada" que deben tener con los sueldos de los activos o con el sueldo debidamente actualizado por el que la gente se jubiló.
Como indica la legislación previsional, ratificada por varios fallos de la Corte Suprema, la jubilación es un salario indirecto o diferido que se va constituyendo con los aportes y contribuciones efectuados durante la vida laboral activa.
No es una dádiva ni un subsidio del Estado sino un derecho ganado con el aporte de una porción del salario.
Cuando llega el momento de la jubilación -o sea, efectivizar los aportes acumulados- ese salario diferido no puede ser inferior al 70% del sueldo, como acaba de señalar la Justicia en base a la historia previsional argentina, en tanto la proporción razonable debería ser del 82% móvil.
Ayer, el Gobierno reconoció que la jubilación promedio actual ronda hoy los $ 1.500 cuando el sueldo promedio formal es de 4.200 pesos mensuales. El salario previsional equivale a apenas el 36% del sueldo.
Por eso los $ 500 no son un "plus", porque no es una suma que se agrega a lo que corresponde pagar de acuerdo a la ley previsional. Tampoco achica la diferencia con relación al 70% o 82% porque en términos mensuales representa una cifra baja -$ 42 por mes- que lo va a cobrar la mayoría, pero no todos los jubilados y pensionados. Y está muy lejos de compensar el veto presidencial a la ley votada por el Congreso, como sí parecieron sugerir ayer desde la CGT y desde sectores de la CTA al aplaudir el anuncio.
Mientras tanto el sistema afronta una litigiosidad creciente, con más de 400.000 demandas y todos los meses se suman 10.000 reclamos más. Y las miradas apuntan a la Corte Suprema para que extienda a todos los jubilados su propia doctrina, ante la negativa del Ejecutivo y la impotencia del Legislativo
..
¿Un plus de suma fija todos los fines de año o vigencia plena de los derechos jubilatorios tal como marca la legislación previsional, reafirmada por la doctrina de la Corte Suprema?
En estos términos se plantea hoy la cuestión previsional. Porque los $ 500 por única vez anunciados ayer para los jubilados y pensionados que cobran menos de $ 1.500 representa una mejora anual de entre el 3 y el 5% , que compensa en parte apenas la mayor inflación de los últimos meses.
Pero el problema previsional es que los haberes jubilatorios están muy lejos de la "relación proporcional y adecuada" que deben tener con los sueldos de los activos o con el sueldo debidamente actualizado por el que la gente se jubiló.
Como indica la legislación previsional, ratificada por varios fallos de la Corte Suprema, la jubilación es un salario indirecto o diferido que se va constituyendo con los aportes y contribuciones efectuados durante la vida laboral activa.
No es una dádiva ni un subsidio del Estado sino un derecho ganado con el aporte de una porción del salario.
Cuando llega el momento de la jubilación -o sea, efectivizar los aportes acumulados- ese salario diferido no puede ser inferior al 70% del sueldo, como acaba de señalar la Justicia en base a la historia previsional argentina, en tanto la proporción razonable debería ser del 82% móvil.
Ayer, el Gobierno reconoció que la jubilación promedio actual ronda hoy los $ 1.500 cuando el sueldo promedio formal es de 4.200 pesos mensuales. El salario previsional equivale a apenas el 36% del sueldo.
Por eso los $ 500 no son un "plus", porque no es una suma que se agrega a lo que corresponde pagar de acuerdo a la ley previsional. Tampoco achica la diferencia con relación al 70% o 82% porque en términos mensuales representa una cifra baja -$ 42 por mes- que lo va a cobrar la mayoría, pero no todos los jubilados y pensionados. Y está muy lejos de compensar el veto presidencial a la ley votada por el Congreso, como sí parecieron sugerir ayer desde la CGT y desde sectores de la CTA al aplaudir el anuncio.
Mientras tanto el sistema afronta una litigiosidad creciente, con más de 400.000 demandas y todos los meses se suman 10.000 reclamos más. Y las miradas apuntan a la Corte Suprema para que extienda a todos los jubilados su propia doctrina, ante la negativa del Ejecutivo y la impotencia del Legislativo
Cómo el INDEC manipuló las estadísticas de la inflación
24/09/10
Conclusiones del estudio que hicieron las universidades contratadas por el Gobierno.
Por
Ismael Bermúdez
El Informe de las 5 universidades nacionales designadas por el Gobierno para evaluar al INDEC determinó que, desde fines de 2006, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue manipulado, dejó de reflejar la evolución de los precios que pagan efectivamente los consumidores y perdió toda credibilidad. Y recomendó hacer un nuevo IPC, asegurando “la calidad de los procedimientos de relevamiento y procesamiento de precios”. Las Universidades son UBA, Tres de Febrero, Mar del Plata, Tucumán y Rosario.
El voluminoso Informe muestra cómo se fueron manipulando las estadísticas de precios. Las más importantes “trampas” son:
1. Achique: Se redujo de 90.000 a menos de 30.000 los precios relevados en locales y negocios, a la vez que aumentó a casi el 30% la proporción de los precios “imputados” (calculado) por los técnicos del INDEC, sin explicitar con qué criterio lo hicieron. Al mismo tiempo se reemplazaron los precios de mercado “por la información brindada por organismos públicos, lo cual no permite captar los precios pagados por los consumidores”.
2. Distorsión: Las variedades de productos y servicios incluidas en el nuevo IPC se redujeron de 818 a 440. Si bien todos los Grupos registraron disminuciones, el capítulo que sufrió la mayor disminución proporcional fue Esparcimiento (más del 70%) y los que menor reducción tuvieron fueron Transporte y Comunicaciones y Vivienda y Servicios básicos. Así, la estructura de ponderaciones del nuevo IPC difiere “significativamente” de la estructura que surge de la Encuesta Nacional de Hogares que “es la principal fuente de la determinación de los patrones de consumo de los hogares”. Además, esta canasta más chica quedó reducida “en más de un 25% debido a problemas en los precios relevados, falta de precios o precios nulos”.
3. Turismo y Servicio: entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007, la variación de precios en turismo fue negativa en un 10,4% y en servicio doméstico también negativo en el 1,5%, cuando los salarios en el sector formal aumentaron el 20% y en el sector informal el 24,1%.
4. Salud: sobre 55 planes registrados en diciembre de 2006, se eliminaron 7 en la medición de diciembre de 2007, entre los cuales se encuentra el plan más alto. Con respecto a la medicina prepaga, en enero de 2007 se reemplazó la forma habitual de relevamiento de precios por información brindada por la Superintendencia de Servicios de Salud. Y no se explica cómo se procedió después.
5. Canastas de consumo: El Informe dice que es correcto que se haya incluido en el nuevo Índice las variaciones estacionales. Pero agrega que se hizo de tal manera que “sesga hacia abajo la estimación del IPC en situaciones de aceleración de los precios y viceversa”. En el caso del cálculo para Frutas y Verduras, el INDEC afirma que se respeta el mismo nivel calórico cuando, según los académicos, “se deben basar en consumos observados y no en consumos ideales desde el punto de vista nutricional”.
6. Precios Nulos: Por primera vez, en diciembre de 2007, aparecen precios nulos -de productos que no pudieron ser relevados- con variación 0 imputados por el INDEC “lo cual carece de sentido”. Y “cuestiona fuertemente al metodología usada para su imputación “ ya que si se aplicara la metodología del Manual no deberían existir precios imputados nulos.
7. Grupos: En el nuevo Índice, 7 grupos fueron reemplazados por una sola variedad. Por ejemplo, el grupo Cines, Teatros y Otros Espectáculos -que incluía la entrada a discotecas, partidos de fútbol, concertás- ahora solo registra el precio del cine. En Clubes, Parques y Entretenimientos, se anuló el gimnasio, alquiler de canchas de fútbol o el club deportivo y solo se considera la “entrada al zoológico”. En Sistema de Salud, se dejaron de lado los análisis y las emergencias médicas, y ahora solo se toman los planes de afiliación. En todos los casos, “la variedad que permanece registra menores variaciones de precios e incluso, en algunos casos, baja de precios en el período 2005-2007. Esto también se hizo para “Afiliación a sistema de salud”, aún cuando la información es oficial
Conclusiones del estudio que hicieron las universidades contratadas por el Gobierno.
Por
Ismael Bermúdez
El Informe de las 5 universidades nacionales designadas por el Gobierno para evaluar al INDEC determinó que, desde fines de 2006, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue manipulado, dejó de reflejar la evolución de los precios que pagan efectivamente los consumidores y perdió toda credibilidad. Y recomendó hacer un nuevo IPC, asegurando “la calidad de los procedimientos de relevamiento y procesamiento de precios”. Las Universidades son UBA, Tres de Febrero, Mar del Plata, Tucumán y Rosario.
El voluminoso Informe muestra cómo se fueron manipulando las estadísticas de precios. Las más importantes “trampas” son:
1. Achique: Se redujo de 90.000 a menos de 30.000 los precios relevados en locales y negocios, a la vez que aumentó a casi el 30% la proporción de los precios “imputados” (calculado) por los técnicos del INDEC, sin explicitar con qué criterio lo hicieron. Al mismo tiempo se reemplazaron los precios de mercado “por la información brindada por organismos públicos, lo cual no permite captar los precios pagados por los consumidores”.
2. Distorsión: Las variedades de productos y servicios incluidas en el nuevo IPC se redujeron de 818 a 440. Si bien todos los Grupos registraron disminuciones, el capítulo que sufrió la mayor disminución proporcional fue Esparcimiento (más del 70%) y los que menor reducción tuvieron fueron Transporte y Comunicaciones y Vivienda y Servicios básicos. Así, la estructura de ponderaciones del nuevo IPC difiere “significativamente” de la estructura que surge de la Encuesta Nacional de Hogares que “es la principal fuente de la determinación de los patrones de consumo de los hogares”. Además, esta canasta más chica quedó reducida “en más de un 25% debido a problemas en los precios relevados, falta de precios o precios nulos”.
3. Turismo y Servicio: entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007, la variación de precios en turismo fue negativa en un 10,4% y en servicio doméstico también negativo en el 1,5%, cuando los salarios en el sector formal aumentaron el 20% y en el sector informal el 24,1%.
4. Salud: sobre 55 planes registrados en diciembre de 2006, se eliminaron 7 en la medición de diciembre de 2007, entre los cuales se encuentra el plan más alto. Con respecto a la medicina prepaga, en enero de 2007 se reemplazó la forma habitual de relevamiento de precios por información brindada por la Superintendencia de Servicios de Salud. Y no se explica cómo se procedió después.
5. Canastas de consumo: El Informe dice que es correcto que se haya incluido en el nuevo Índice las variaciones estacionales. Pero agrega que se hizo de tal manera que “sesga hacia abajo la estimación del IPC en situaciones de aceleración de los precios y viceversa”. En el caso del cálculo para Frutas y Verduras, el INDEC afirma que se respeta el mismo nivel calórico cuando, según los académicos, “se deben basar en consumos observados y no en consumos ideales desde el punto de vista nutricional”.
6. Precios Nulos: Por primera vez, en diciembre de 2007, aparecen precios nulos -de productos que no pudieron ser relevados- con variación 0 imputados por el INDEC “lo cual carece de sentido”. Y “cuestiona fuertemente al metodología usada para su imputación “ ya que si se aplicara la metodología del Manual no deberían existir precios imputados nulos.
7. Grupos: En el nuevo Índice, 7 grupos fueron reemplazados por una sola variedad. Por ejemplo, el grupo Cines, Teatros y Otros Espectáculos -que incluía la entrada a discotecas, partidos de fútbol, concertás- ahora solo registra el precio del cine. En Clubes, Parques y Entretenimientos, se anuló el gimnasio, alquiler de canchas de fútbol o el club deportivo y solo se considera la “entrada al zoológico”. En Sistema de Salud, se dejaron de lado los análisis y las emergencias médicas, y ahora solo se toman los planes de afiliación. En todos los casos, “la variedad que permanece registra menores variaciones de precios e incluso, en algunos casos, baja de precios en el período 2005-2007. Esto también se hizo para “Afiliación a sistema de salud”, aún cuando la información es oficial
viernes, 19 de noviembre de 2010
Más Vida y Más Bienestar
por
Ismael Bermúdez
Revista Ñ
sábado 20 de noviembre 2010
Desde hace tiempo se viene planteando que el alargamiento de la esperanza de vida -- la buena noticia de vivir más-- no es sustentable si no se incrementan los años de trabajo, se achican las jubilaciones y se recortan o encarecen los gastos de salud.
El argumento es que los cambios demográficos, expresados en la baja tasa de natalidad y el creciente número de adultos mayores, serían los responsables de que “no haya recursos suficientes para todos”, obligaría a realizar más recortes en las jubilaciones y a alargar la vida activa laboral. Y hasta llevaría a un “racionamiento” de la atención médica y hospitalaria en un conflicto tan “ineludible como complejo de resolver”, como planteó Diana Cohen Agrest el pasado 30 de octubre en Ñ.
Aún si todo esto fuese cierto, esos desequilibrios serían una pequeña porción en relación al enorme agujero fiscal y la fenomenal hipoteca que implican las sucesivas crisis económicas globales, que no tienen nada que ver por los cambios demográficos. Tan solo días atrás, la Reserva Federal de EE.UU. inyectó US$ 600.000 millones más US$ 250.000 millones con la venta de activos inmobiliarios que tenía en cartera, después de emitir el año pasado $ 1,7 billones, para tratar de contener la hemorragia generada por el desplome del sistema financiero, sin lograr que el “enfermo mejore”. Si se suman las dosis de la Banca Central Europea, de Japón y demás países, la “transfusión” de divisas es inconmensurable.
La deuda de los Estados ha crecido de una manera exponencial, lo que implica que la carga actual se traslada sobre las futuras generaciones. Solamente la deuda pública de Estados Unidos supera los 13 billones de dólares. Equivale al 92,7% % del PBI, un 50% más que tres años atrás el doble de lo que se asegura sería tolerable para una economía. La deuda de los países del G-7 es del 109,7% del PBI y el FMI estima que será del 122,5% en 2015. La acelerada depreciación del dólar apunta a licuar esa enorme pública y eso ya está llevando una “guerra” cambiaria y comercial de resultados impredecibles.
Esto solo bastaría para desmentir que los cambios demográficos son los responsables por la crisis fiscal, de la que la Seguridad Social integra una parte. En verdad, la jubilación y la salud son víctimas del quebranto de los bancos, del desplome de los patrimonios de los fondos de pensión y de inversión y del colosal endeudamiento de los Estados. Todo esto acentúa la pauperización social. En su Informe anual , la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) estimó que como consecuencia de la crisis económica global, "39 millones de personas más caerán bajo el nivel de pobreza en América Latina a fines de 2010", y así "quedarán virtualmente anulados todos los progresos obtenidos en los cinco años que precedieron a la crisis".
Pero el argumento de que hay una crisis previsional y de salud porque, en proporción, hay menos activos para mantener a más pasivos es, en sí mismo, también falaz. La relación previsional entre el número de trabajadores activos y de jubilados depende de muchas variables: de la tasa de empleo, de los años y de las alícuotas de los aportes sobre los salarios, del grado de evasión de las empresas en los pagos a la Seguridad Social, del crecimiento o no de la acumulación capitalista y de los rendimientos reales o pérdidas de los fondos de pensión (públicos o privados) a los que fueron aportando los trabajadores y empresas a lo largo de la vida activa. Y por último, de la productividad del trabajo, expresada en el incremento de la producción y el desarrollo tecnológico.
En materia de salud, diversos estudios señalan que los gastos no demográficos siguen creciendo a un ritmo mayor que los demográficos. “De hecho, puede ser un error centrar la atención en la edad”, dicen los especialistas John Bryant y Autrey Sonerson en “Los costos de la Tercera Edad”. Señalan que “el estado de salud básico, más que la edad, es la razón por la cual las personas de edad requieren más atención en salud; es decir, la mala salud, más que la edad, es lo que cuenta para el gasto en salud. El envejecimiento representa solo una pequeña parte del aumento del gasto en salud”. Tampoco se puede atribuir el incremento del gasto en salud al efecto “distancia de la muerte” –el que corresponde a los últimos años de vida- porque esto siempre fue así y seguramente seguirá siéndolo porque no se altera por vivir más años.
Lo que en general se omite es que tanto los sistemas jubilatorios como los de salud son sistemas de capitalización colectivos. Eso significa que sobre la base de una contribución durante la vida laboral y cuando los requerimientos médicos de las personas son inferiores se va generando un fondo, el cual sumado a sus rendimientos, debe financiar la atención médica, incluida en la vejez, y a un beneficio dinerario definido como un porcentaje del salario luego del retiro laboral. En todos los casos, esos fondos se constituyeron sobre la base de una tasa de aporte que asegura que las contribuciones capitalizadas alcancen y en exceso para pagar los beneficios de la atención médica y los haberes en la vejez, y deje un fuerte beneficio a sus administradores.
Por definición estos fondos son inicialmente fuertemente superavitarios, ya que en los primeros años sólo recaudan aportes y pagan o financian pocos beneficios. Con el tiempo, la masa de beneficiarios va en aumento, mientras siguen ingresando los aportes de los trabajadores en actividad y los rendimientos de los fondos acumulados. Ahora, cuando esos fondos deben hacer frente a sus compromisos, sus administradores declaran en forma unilateral que no pueden hacerlo si no disminuyen las prestaciones. ¿Pero dónde están los aportes capitalizados de tantos años? Fueron colocados por los gobiernos o fondos privados en bonos, acciones y otros papeles que financiaron subsidios y apalancaron beneficios extraordinarios que se escurrieron por los poros de la acumulación, de las crisis y la desvalorización del capital.
Llamativamente quienes abogan subir la edad jubilatoria para prevenir mayores desequilibrios sociales no reparan que eso bloquearía aún más el ingreso laboral de los más jóvenes, en momentos en que, por la crisis global, “el desempleo juvenil ha alcanzado el nivel más alto en la historia”, según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que advierte sobre el “riesgo de un legado de esta crisis en términos de una 'generación perdida' de jóvenes que ha abandonado el mercado laboral tras haber perdido toda esperanza de trabajar y lograr una vida decente”.
En definitiva, la explicación demográfica omite y oculta todo esto. Propicia como solución lo mismo que el FMI, el Banco Mundial y los fondos especulativos. No repara que al presentar el avance que implica vivir más en un factor de crisis, coloca en el banquillo de los acusados al régimen social que no puedo convertir el progreso en mayor bienestar. Y esto porque requiere de ese excedente para los “rescates”, para amortizar la deuda pública y para producir una desvalorización más general de la fuerza de trabajo (que incluye la salud y la jubilación) para abrir un nuevo ciclo de acumulación. Esto es lo está en juego.
Ismael Bermúdez
Revista Ñ
sábado 20 de noviembre 2010
Desde hace tiempo se viene planteando que el alargamiento de la esperanza de vida -- la buena noticia de vivir más-- no es sustentable si no se incrementan los años de trabajo, se achican las jubilaciones y se recortan o encarecen los gastos de salud.
El argumento es que los cambios demográficos, expresados en la baja tasa de natalidad y el creciente número de adultos mayores, serían los responsables de que “no haya recursos suficientes para todos”, obligaría a realizar más recortes en las jubilaciones y a alargar la vida activa laboral. Y hasta llevaría a un “racionamiento” de la atención médica y hospitalaria en un conflicto tan “ineludible como complejo de resolver”, como planteó Diana Cohen Agrest el pasado 30 de octubre en Ñ.
Aún si todo esto fuese cierto, esos desequilibrios serían una pequeña porción en relación al enorme agujero fiscal y la fenomenal hipoteca que implican las sucesivas crisis económicas globales, que no tienen nada que ver por los cambios demográficos. Tan solo días atrás, la Reserva Federal de EE.UU. inyectó US$ 600.000 millones más US$ 250.000 millones con la venta de activos inmobiliarios que tenía en cartera, después de emitir el año pasado $ 1,7 billones, para tratar de contener la hemorragia generada por el desplome del sistema financiero, sin lograr que el “enfermo mejore”. Si se suman las dosis de la Banca Central Europea, de Japón y demás países, la “transfusión” de divisas es inconmensurable.
La deuda de los Estados ha crecido de una manera exponencial, lo que implica que la carga actual se traslada sobre las futuras generaciones. Solamente la deuda pública de Estados Unidos supera los 13 billones de dólares. Equivale al 92,7% % del PBI, un 50% más que tres años atrás el doble de lo que se asegura sería tolerable para una economía. La deuda de los países del G-7 es del 109,7% del PBI y el FMI estima que será del 122,5% en 2015. La acelerada depreciación del dólar apunta a licuar esa enorme pública y eso ya está llevando una “guerra” cambiaria y comercial de resultados impredecibles.
Esto solo bastaría para desmentir que los cambios demográficos son los responsables por la crisis fiscal, de la que la Seguridad Social integra una parte. En verdad, la jubilación y la salud son víctimas del quebranto de los bancos, del desplome de los patrimonios de los fondos de pensión y de inversión y del colosal endeudamiento de los Estados. Todo esto acentúa la pauperización social. En su Informe anual , la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) estimó que como consecuencia de la crisis económica global, "39 millones de personas más caerán bajo el nivel de pobreza en América Latina a fines de 2010", y así "quedarán virtualmente anulados todos los progresos obtenidos en los cinco años que precedieron a la crisis".
Pero el argumento de que hay una crisis previsional y de salud porque, en proporción, hay menos activos para mantener a más pasivos es, en sí mismo, también falaz. La relación previsional entre el número de trabajadores activos y de jubilados depende de muchas variables: de la tasa de empleo, de los años y de las alícuotas de los aportes sobre los salarios, del grado de evasión de las empresas en los pagos a la Seguridad Social, del crecimiento o no de la acumulación capitalista y de los rendimientos reales o pérdidas de los fondos de pensión (públicos o privados) a los que fueron aportando los trabajadores y empresas a lo largo de la vida activa. Y por último, de la productividad del trabajo, expresada en el incremento de la producción y el desarrollo tecnológico.
En materia de salud, diversos estudios señalan que los gastos no demográficos siguen creciendo a un ritmo mayor que los demográficos. “De hecho, puede ser un error centrar la atención en la edad”, dicen los especialistas John Bryant y Autrey Sonerson en “Los costos de la Tercera Edad”. Señalan que “el estado de salud básico, más que la edad, es la razón por la cual las personas de edad requieren más atención en salud; es decir, la mala salud, más que la edad, es lo que cuenta para el gasto en salud. El envejecimiento representa solo una pequeña parte del aumento del gasto en salud”. Tampoco se puede atribuir el incremento del gasto en salud al efecto “distancia de la muerte” –el que corresponde a los últimos años de vida- porque esto siempre fue así y seguramente seguirá siéndolo porque no se altera por vivir más años.
Lo que en general se omite es que tanto los sistemas jubilatorios como los de salud son sistemas de capitalización colectivos. Eso significa que sobre la base de una contribución durante la vida laboral y cuando los requerimientos médicos de las personas son inferiores se va generando un fondo, el cual sumado a sus rendimientos, debe financiar la atención médica, incluida en la vejez, y a un beneficio dinerario definido como un porcentaje del salario luego del retiro laboral. En todos los casos, esos fondos se constituyeron sobre la base de una tasa de aporte que asegura que las contribuciones capitalizadas alcancen y en exceso para pagar los beneficios de la atención médica y los haberes en la vejez, y deje un fuerte beneficio a sus administradores.
Por definición estos fondos son inicialmente fuertemente superavitarios, ya que en los primeros años sólo recaudan aportes y pagan o financian pocos beneficios. Con el tiempo, la masa de beneficiarios va en aumento, mientras siguen ingresando los aportes de los trabajadores en actividad y los rendimientos de los fondos acumulados. Ahora, cuando esos fondos deben hacer frente a sus compromisos, sus administradores declaran en forma unilateral que no pueden hacerlo si no disminuyen las prestaciones. ¿Pero dónde están los aportes capitalizados de tantos años? Fueron colocados por los gobiernos o fondos privados en bonos, acciones y otros papeles que financiaron subsidios y apalancaron beneficios extraordinarios que se escurrieron por los poros de la acumulación, de las crisis y la desvalorización del capital.
Llamativamente quienes abogan subir la edad jubilatoria para prevenir mayores desequilibrios sociales no reparan que eso bloquearía aún más el ingreso laboral de los más jóvenes, en momentos en que, por la crisis global, “el desempleo juvenil ha alcanzado el nivel más alto en la historia”, según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que advierte sobre el “riesgo de un legado de esta crisis en términos de una 'generación perdida' de jóvenes que ha abandonado el mercado laboral tras haber perdido toda esperanza de trabajar y lograr una vida decente”.
En definitiva, la explicación demográfica omite y oculta todo esto. Propicia como solución lo mismo que el FMI, el Banco Mundial y los fondos especulativos. No repara que al presentar el avance que implica vivir más en un factor de crisis, coloca en el banquillo de los acusados al régimen social que no puedo convertir el progreso en mayor bienestar. Y esto porque requiere de ese excedente para los “rescates”, para amortizar la deuda pública y para producir una desvalorización más general de la fuerza de trabajo (que incluye la salud y la jubilación) para abrir un nuevo ciclo de acumulación. Esto es lo está en juego.
Un fallo ordenó que la jubilación no debe bajar de 70% del sueldo
19/11/10
Lo resolvió la Cámara de la Seguridad Social en una sentencia. Si bien beneficia sólo a quien inició la demanda, crea una jurisprudencia para casi todos los pasivos. Actualmente, los haberes de los nuevos jubilados rondan apenas el 50%.
Por
Ismael Bermúdez
La Justicia resolvió ayer que las jubilaciones no pueden ser inferiores al 70% del sueldo promedio , actualizado, que tenía el trabajador al momento de retirarse. Así lo dispuso la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social en un fallo que favorece a un jubilado , pero que tiene gran transcendencia para la totalidad de la clase pasiva .
La sentencia se adoptó tras la presentación de una demanda del jubilado José Betancur. Y constituye un avance previsional de grandes implicancias, porque fija un nuevo “piso” para el haber , aunque haya sido correctamente calculado según la doctrina que fijó la Corte Suprema a través de fallos como Badaro y Sánchez.
Con ese fin, el fallo crea un nuevo beneficio que denomina “suplemento por sustitutividad” para que el demandante pueda alcanzar el 70% del sueldo promedio, actualizado según los índices del fallo Badaro (hasta diciembre de 2006), más los aumentos posteriores.
Esta sentencia comprende a la mayoría de los jubilados que se desempeñaron en relación de dependencia o como autónomos y a los que se jubilen de ahora en más. Y esto es así porque la inmensa mayoría, incluyendo a los que se jubilaron después de 2006, con la vigencia de la movilidad, cobra menos de ese piso del 70% .
En promedio, para los nuevos jubilados, el “suplemento” representa una mejora de entre 30 y 40% . Es porque en la actualidad, con 30 años de aportes, la mayoría se jubila con el 50% del sueldo promedio actualizado de los últimos 10 años.
De todos modos se descuenta que la ANSeS apelará el fallo y el caso pasará a la Corte Suprema.
En los fundamentos, los camaristas Néstor Fasciolo y Juan Poclava Fuente sostienen:
1.La jubilación es una “consecuencia” del salario que percibía el trabajador “razón por la cual el principio básico es el de la necesaria proporcionalidad entre el haber de pasividad y el de actividad”. En definitiva, dicen, la jubilación sustituye al salario.
2.En la historia previsional argentina esa tasa de sustitución del salario por la jubilación se fijó con un piso del 70% del salario del trabajador dependiente, en tanto el haber final podía incrementarse hasta el 82%.
3.Cuando en 1994 entró a regir la actual ley previsional 24.241 no se puso ningún piso con relación al salario porque el sistema propiciaba el pase de los trabajadores del régimen público a las AFJP.
4.La omisión de fijar un piso, dicen los camaristas, “en modo alguno puede sustentar la legitimidad” del monto jubilatorio que se determina con la ley vigente si “su cuantía no refleja una razonable proporcionalidad con la remuneración o renta imponible en base a las cuales el trabajador activo aportó”. Y agrega porque se frustraría “por exiguo el carácter integral de la prestación”.
5.En consecuencia, los camaristas sostienen que la ANSeS debe calcular la jubilación según el sueldo promedio de los últimos 10 años actualizado por los índices salariales (Fallo Elliff de la Corte). Y si resulta inferior al 70% debe abonar la diferencia como “suplemento”.
A valores actuales, sin la sentencia, el haber de Betancur es de 2.072 pesos. Actualizándolo según los fallos de la Corte percibirá $ 2.779. Y con este nuevo “suplemento” creado por la Cámara debería cobrar $ 3.795, que equivale al 70% que plantean los camaristas.
Todo esto implica un incremento de la jubilación de Betancur de $ 1.723, que se desdobla en $ 707 por el ajuste Badaro y $ 1.016 por el “suplemento de sustitución”. Solamente este suplemento representa una suba del 36,6% .
En medio de la polémica por el 82% móvil en el Congreso, el fallo sostiene que el piso jubilatorio, estrechamente vinculado a la movilidad del haber, “es uno de los aspectos centrales” que deberán considerar los legisladores “cuando el Poder Legislativo encare el cometido pendiente de establecer un nuevo régimen previsional general debidamente ordenado, surgido del consenso interdisciplinario mayoritario y sustentable en el tiempo”.
Lo resolvió la Cámara de la Seguridad Social en una sentencia. Si bien beneficia sólo a quien inició la demanda, crea una jurisprudencia para casi todos los pasivos. Actualmente, los haberes de los nuevos jubilados rondan apenas el 50%.
Por
Ismael Bermúdez
La Justicia resolvió ayer que las jubilaciones no pueden ser inferiores al 70% del sueldo promedio , actualizado, que tenía el trabajador al momento de retirarse. Así lo dispuso la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social en un fallo que favorece a un jubilado , pero que tiene gran transcendencia para la totalidad de la clase pasiva .
La sentencia se adoptó tras la presentación de una demanda del jubilado José Betancur. Y constituye un avance previsional de grandes implicancias, porque fija un nuevo “piso” para el haber , aunque haya sido correctamente calculado según la doctrina que fijó la Corte Suprema a través de fallos como Badaro y Sánchez.
Con ese fin, el fallo crea un nuevo beneficio que denomina “suplemento por sustitutividad” para que el demandante pueda alcanzar el 70% del sueldo promedio, actualizado según los índices del fallo Badaro (hasta diciembre de 2006), más los aumentos posteriores.
Esta sentencia comprende a la mayoría de los jubilados que se desempeñaron en relación de dependencia o como autónomos y a los que se jubilen de ahora en más. Y esto es así porque la inmensa mayoría, incluyendo a los que se jubilaron después de 2006, con la vigencia de la movilidad, cobra menos de ese piso del 70% .
En promedio, para los nuevos jubilados, el “suplemento” representa una mejora de entre 30 y 40% . Es porque en la actualidad, con 30 años de aportes, la mayoría se jubila con el 50% del sueldo promedio actualizado de los últimos 10 años.
De todos modos se descuenta que la ANSeS apelará el fallo y el caso pasará a la Corte Suprema.
En los fundamentos, los camaristas Néstor Fasciolo y Juan Poclava Fuente sostienen:
1.La jubilación es una “consecuencia” del salario que percibía el trabajador “razón por la cual el principio básico es el de la necesaria proporcionalidad entre el haber de pasividad y el de actividad”. En definitiva, dicen, la jubilación sustituye al salario.
2.En la historia previsional argentina esa tasa de sustitución del salario por la jubilación se fijó con un piso del 70% del salario del trabajador dependiente, en tanto el haber final podía incrementarse hasta el 82%.
3.Cuando en 1994 entró a regir la actual ley previsional 24.241 no se puso ningún piso con relación al salario porque el sistema propiciaba el pase de los trabajadores del régimen público a las AFJP.
4.La omisión de fijar un piso, dicen los camaristas, “en modo alguno puede sustentar la legitimidad” del monto jubilatorio que se determina con la ley vigente si “su cuantía no refleja una razonable proporcionalidad con la remuneración o renta imponible en base a las cuales el trabajador activo aportó”. Y agrega porque se frustraría “por exiguo el carácter integral de la prestación”.
5.En consecuencia, los camaristas sostienen que la ANSeS debe calcular la jubilación según el sueldo promedio de los últimos 10 años actualizado por los índices salariales (Fallo Elliff de la Corte). Y si resulta inferior al 70% debe abonar la diferencia como “suplemento”.
A valores actuales, sin la sentencia, el haber de Betancur es de 2.072 pesos. Actualizándolo según los fallos de la Corte percibirá $ 2.779. Y con este nuevo “suplemento” creado por la Cámara debería cobrar $ 3.795, que equivale al 70% que plantean los camaristas.
Todo esto implica un incremento de la jubilación de Betancur de $ 1.723, que se desdobla en $ 707 por el ajuste Badaro y $ 1.016 por el “suplemento de sustitución”. Solamente este suplemento representa una suba del 36,6% .
En medio de la polémica por el 82% móvil en el Congreso, el fallo sostiene que el piso jubilatorio, estrechamente vinculado a la movilidad del haber, “es uno de los aspectos centrales” que deberán considerar los legisladores “cuando el Poder Legislativo encare el cometido pendiente de establecer un nuevo régimen previsional general debidamente ordenado, surgido del consenso interdisciplinario mayoritario y sustentable en el tiempo”.
martes, 16 de noviembre de 2010
Denunciaron al Gobierno ante la OEA por trabar los juicios de jubilados
16/11/10
Es porque la ANSeS apela las sentencias y elude medidas para que puedan cobrar.
Por
Ismael Bermúdez
Por la cuestión jubilatoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y abogados previsionalistas volvieron a denunciar al Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
Esta vez fue porque el Gobierno no convoca a la Comisión de Seguimiento de los compromisos asumidos el año pasado por el cual debían implementar una serie de medidas en favor de los jubilados.
Clarín accedió a la carta que el CELS y los abogados previsionalistas Sergio Bobrovsky y Horacio González -patrocinantes de la denuncia- enviaron al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón.
Allí señalan que, en junio de este año, “se acordó la conformación de una comisión de seguimiento periódico de los compromisos asumidos, coordinada por la Cancillería”, que fijó “la primera reunión para el 22 de septiembre”. Y a renglón seguido agregan que “lamentablemente, hasta el día de la fecha, la segunda reunión de trabajo no se ha concretado” y “no hemos recibido comunicación alguna para reprogramar la reunión inicialmente concertada para el 22 de septiembre y luego suspendida”.
Como se recordará, luego de un proceso que insumió muchos años, en noviembre de 2009, tras un acuerdo de “solución amistosa” la ANSeS se comprometió a:
Pagar todas las sentencias judiciales firmes.
No apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia favorables a los jubilados, en los que la Corte Suprema ya se hubiera expedido, como el caso Badaro.
Desistir de los recursos judiciales que ya hubieran sido presentados ante la Corte Suprema o ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, contra las sentencias favorables a los beneficiarios.
Establecer un mecanismo de seguimiento periódico del cumplimiento de los compromisos asumidos coordinado por la Cancillería argentina.
Ninguno de estos compromisos fueron cumplidos. Como adelantó este diario el sábado pasado, en lo que va de este año, hasta octubre, l as apelaciones a los fallos de primera instancia sumaron 26.083 , casi un 25% más que en igual período de 2009. A eso se agregan 80.620 nuevas demandas iniciadas por los jubilados, con lo que este año la litigiosidad previsional volvería a marcar un nuevo récord.
Estas nuevas demandas, se agregan a un stock de 400.000 juicios, cuya magnitud es tal que la Corte Suprema debió declarar “feriado judicial” durante 3 semanas, hasta el próximo 19 de noviembre, en 7 Juzgados de esta Capital para que los empleados puedan trasladar expedientes a otras instalaciones.
Para el abogado Horacio González “es inconcebible que el Estado no respete los fallos de la Corte, dilate deliberadamente el pago de las sentencias judiciales firmes, oponga todo tipo de excepciones y chicanas para prolongar los pleitos y siga apelando, a pesar que se comprometió internacionalmente a no hacerlo”.
Es porque la ANSeS apela las sentencias y elude medidas para que puedan cobrar.
Por
Ismael Bermúdez
Por la cuestión jubilatoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y abogados previsionalistas volvieron a denunciar al Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
Esta vez fue porque el Gobierno no convoca a la Comisión de Seguimiento de los compromisos asumidos el año pasado por el cual debían implementar una serie de medidas en favor de los jubilados.
Clarín accedió a la carta que el CELS y los abogados previsionalistas Sergio Bobrovsky y Horacio González -patrocinantes de la denuncia- enviaron al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón.
Allí señalan que, en junio de este año, “se acordó la conformación de una comisión de seguimiento periódico de los compromisos asumidos, coordinada por la Cancillería”, que fijó “la primera reunión para el 22 de septiembre”. Y a renglón seguido agregan que “lamentablemente, hasta el día de la fecha, la segunda reunión de trabajo no se ha concretado” y “no hemos recibido comunicación alguna para reprogramar la reunión inicialmente concertada para el 22 de septiembre y luego suspendida”.
Como se recordará, luego de un proceso que insumió muchos años, en noviembre de 2009, tras un acuerdo de “solución amistosa” la ANSeS se comprometió a:
Pagar todas las sentencias judiciales firmes.
No apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia favorables a los jubilados, en los que la Corte Suprema ya se hubiera expedido, como el caso Badaro.
Desistir de los recursos judiciales que ya hubieran sido presentados ante la Corte Suprema o ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, contra las sentencias favorables a los beneficiarios.
Establecer un mecanismo de seguimiento periódico del cumplimiento de los compromisos asumidos coordinado por la Cancillería argentina.
Ninguno de estos compromisos fueron cumplidos. Como adelantó este diario el sábado pasado, en lo que va de este año, hasta octubre, l as apelaciones a los fallos de primera instancia sumaron 26.083 , casi un 25% más que en igual período de 2009. A eso se agregan 80.620 nuevas demandas iniciadas por los jubilados, con lo que este año la litigiosidad previsional volvería a marcar un nuevo récord.
Estas nuevas demandas, se agregan a un stock de 400.000 juicios, cuya magnitud es tal que la Corte Suprema debió declarar “feriado judicial” durante 3 semanas, hasta el próximo 19 de noviembre, en 7 Juzgados de esta Capital para que los empleados puedan trasladar expedientes a otras instalaciones.
Para el abogado Horacio González “es inconcebible que el Estado no respete los fallos de la Corte, dilate deliberadamente el pago de las sentencias judiciales firmes, oponga todo tipo de excepciones y chicanas para prolongar los pleitos y siga apelando, a pesar que se comprometió internacionalmente a no hacerlo”.
domingo, 14 de noviembre de 2010
Inflación: Golpea a todos y se ensaña con los pobres
Golpea a todos y se ensaña con los pobres
03/11/10
Por
Ismael Bermúdez
Análisis
La inflación golpea a todas las clases sociales, pero se ensaña más con las más pobres. Y no es un “tema menor” porque la suba de los precios hace tiempo superó el dígito y se aproxima al 30% anual, impulsada por factores externos e internos, sin que se vislumbre un freno o desaceleración.
Estas conclusiones se basan en que todas las mediciones, inclusive las del INDEC, marcan que la inflación actual está siendo motorizada por la suba de los precios de los alimentos y en especial por los que integran la canasta básica alimentaria, como carne, frutas y verduras.
Es sabido que la suba de los precios de los alimentos impacta más en las franjas de la población que menos ganan, como los asalariados y los jubilados. La razón es que esos sectores destinan una parte mayor de sus ingresos a alimentarse.
Además, la inflación ya está superando las subas nominales alcanzadas por la mayoría de las paritarias y los jubilados, con el agravante en este caso que recién en marzo de 2011 deberían recibir una nueva actualización, mientras la inflación sigue licuando sus ingresos. Nuevamente salarios y jubilaciones corren por detrás de los precios, con el riesgo de que continúe esa carrera ascendente y despareja en una espiral más que preocupante.
Veamos las cifras. En lo que va del año, hasta octubre, los precios de los alimentos subieron más del 27%. Pero si se toman sólo los alimentos de la canasta básica (que se utiliza como referencia para medir la indigencia y la pobreza), la suba trepa al 37%, con la carne vacuna haciendo punta: por ejemplo, Economía & Regiones registró que el precio del asado de ternera tuvo un aumento del 104%. Otros cortes, como la carne picada, subieron el 90%.
En promedio, los alimentos insumen el 37,9% del gasto de los hogares pero en las familias pobres, esa proporción supera el 40% y hasta más del 45% porque con un ingreso más chico deben destinar una parte mayor a asegurarse la alimentación. Cuánto menor es el ingreso de las familias, mayor es la parte que absorbe los alimentos y queda un resto menor para el resto de los bienes y servicios.
En cambio, al disponer de un ingreso mayor, en las familias de clase media se sitúa por debajo del 35% y entre las más ricas, por debajo del 30%. Y disponen de una proporción mayor de sus ingresos para adquirir bienes y servicios cuyos precios aumentan para un ritmo menor.
A todo esto se agrega que, por factores internacionales y domésticos, el tipo de cambio nominal está planchado y la inflación argentina también sube medida en dólares.
Nuevamente, las clases altas están aprovechando esos precios relativamente más baratos para comprar bienes importados o para viajar al exterior, algo que no hacen ni los indigentes ni los pobres ni los que ganan menos. Eso también es aprovechado por las filiales de empresas extranjeras para girar más utilidades (divisas) a sus casas matrices. Y por los inversores financieros internacionales para “apostar” en bonos y acciones argentinos porque obtienen aquí rendimientos varias veces superiores a los del los mercados avanzados
03/11/10
Por
Ismael Bermúdez
Análisis
La inflación golpea a todas las clases sociales, pero se ensaña más con las más pobres. Y no es un “tema menor” porque la suba de los precios hace tiempo superó el dígito y se aproxima al 30% anual, impulsada por factores externos e internos, sin que se vislumbre un freno o desaceleración.
Estas conclusiones se basan en que todas las mediciones, inclusive las del INDEC, marcan que la inflación actual está siendo motorizada por la suba de los precios de los alimentos y en especial por los que integran la canasta básica alimentaria, como carne, frutas y verduras.
Es sabido que la suba de los precios de los alimentos impacta más en las franjas de la población que menos ganan, como los asalariados y los jubilados. La razón es que esos sectores destinan una parte mayor de sus ingresos a alimentarse.
Además, la inflación ya está superando las subas nominales alcanzadas por la mayoría de las paritarias y los jubilados, con el agravante en este caso que recién en marzo de 2011 deberían recibir una nueva actualización, mientras la inflación sigue licuando sus ingresos. Nuevamente salarios y jubilaciones corren por detrás de los precios, con el riesgo de que continúe esa carrera ascendente y despareja en una espiral más que preocupante.
Veamos las cifras. En lo que va del año, hasta octubre, los precios de los alimentos subieron más del 27%. Pero si se toman sólo los alimentos de la canasta básica (que se utiliza como referencia para medir la indigencia y la pobreza), la suba trepa al 37%, con la carne vacuna haciendo punta: por ejemplo, Economía & Regiones registró que el precio del asado de ternera tuvo un aumento del 104%. Otros cortes, como la carne picada, subieron el 90%.
En promedio, los alimentos insumen el 37,9% del gasto de los hogares pero en las familias pobres, esa proporción supera el 40% y hasta más del 45% porque con un ingreso más chico deben destinar una parte mayor a asegurarse la alimentación. Cuánto menor es el ingreso de las familias, mayor es la parte que absorbe los alimentos y queda un resto menor para el resto de los bienes y servicios.
En cambio, al disponer de un ingreso mayor, en las familias de clase media se sitúa por debajo del 35% y entre las más ricas, por debajo del 30%. Y disponen de una proporción mayor de sus ingresos para adquirir bienes y servicios cuyos precios aumentan para un ritmo menor.
A todo esto se agrega que, por factores internacionales y domésticos, el tipo de cambio nominal está planchado y la inflación argentina también sube medida en dólares.
Nuevamente, las clases altas están aprovechando esos precios relativamente más baratos para comprar bienes importados o para viajar al exterior, algo que no hacen ni los indigentes ni los pobres ni los que ganan menos. Eso también es aprovechado por las filiales de empresas extranjeras para girar más utilidades (divisas) a sus casas matrices. Y por los inversores financieros internacionales para “apostar” en bonos y acciones argentinos porque obtienen aquí rendimientos varias veces superiores a los del los mercados avanzados
lunes, 8 de noviembre de 2010
La suba en alimentos ya licuó gran parte del subsidio por hijo
Según el valor de la canasta que se tome, la erosión puede llegar hasta el 92%.
Clarin
08/11/10
Por
Ismael Bermúdez
El fuerte incremento de los precios de los alimentos básicos no solamente está deteriorando el poder de compra de los asalariados y jubilados.
Ya erosionó buena parte de la Asignación por Hijo y de otros planes sociales . Además, volvió a incrementar los niveles de indigencia y de pobreza que se determinan por la evolución de la canasta básica alimentaria.
Según el INDEC, esa canasta mínima para una familia tipo (matrimonio y dos hijos) aumentó 164 pesos en los últimos 12 meses , tomada a septiembre, absorbiendo más de una tercera parte de las dos asignaciones por hijo que percibe esa familia y que suman $ 440 ($ 220 por cada chico).
Con un relevamiento propio de los precios, la consultora FIEL calculó que en un año -en este caso a octubre- esa misma canasta se encareció en 404 pesos, “devorando” el 92 por ciento de la asignación de dos hijos.
Para el INDEC, en un año, el valor la canasta básica alimentaria se incrementó un 20,3% , duplicando el alza promedio de los precios. Para FIEL ahora esa misma canasta vale un 36,2% más que en octubre de 2009. El Estudio Bein calculó que los alimentos que se consumen en el hogar subieron en un año el 37,3% (ver recuadro).
Así, aunque divergentes, estas cifras públicas y privadas coinciden en un punto: la inflación está en ascenso y ya licuó buena parte de la política asistencial del Gobierno , pese a lo que sostiene el ministro de Economía, Amado Boudou, cuando dice que la inflación es un tema que no preocupa a la gente y que “tal vez” pueda preocupar a la clase media-alta.
El fenómeno sigue golpeando con más fuerza a los sectores más débiles. Por condición social, a los indigentes y a los pobres que destinan casi la totalidad de sus magros ingresos a alimentarse. Por ingresos, perjudica a los que ganan menos o tienen un haber o sueldo fijo que vuelcan un alta proporción a la compra de alimentos. Por actividad, a los operarios y empleados que, en promedio, vuelcan el 40% de sus sueldos al rubro alimenticio.
Para FIEL, a octubre, una familia tipo necesitaba $ 2.017 mensuales para no ser considerada pobre. Se calcula que el 30% de los hogares gana menos de esa cifra .
Además de las grandes cadenas formadoras de precios, uno de los beneficiados por la mayor inflación es el propio Gobierno.
Porque le permite recaudar más con el llamado “impuesto inflacionario” . Es considerado el peor y más regresivo de los tributos porque hace que los sectores de ingresos fijos aporten más al Fisco a costa de una pérdida de su poder adquisitivo.
Con los números de la Tesorería en la mano, Maximiliano Castillo Carrillo, economista de la consultora ACM, calculó que el 58% del aumento de la recaudación tributaria “se explica por la dinámica de precios y salarios”. Y que del 33,8% que creció la recaudación en el acumulado del año, 19,6 puntos se explican por la inflación. Castillo Carrillo agrega que “el aporte de la inflación a la suba de la recaudación es el más elevado desde 2006 ”. Y opina que eso tiene efectos “distorsionantes” sobre la economía.
Además, mientras que la suba de los precios apuntala los ingresos de las empresas que remarcan y la recaudación impositiva aumenta día a día, el gasto público y los partidas para los sueldos suben, pero lo hacen con un enorme rezago . Los ejemplos más destacados son las jubilaciones, que se actualizan cada seis meses, y los salarios de los trabajadores del sector público y el privado, una vez por año, con aumentos escalonados.
Estas distintas velocidades de actualización le permiten al Gobierno y a los formadores de precios hacer “jugosas” diferencias a costa de los salarios y jubilaciones.
Clarin
08/11/10
Por
Ismael Bermúdez
El fuerte incremento de los precios de los alimentos básicos no solamente está deteriorando el poder de compra de los asalariados y jubilados.
Ya erosionó buena parte de la Asignación por Hijo y de otros planes sociales . Además, volvió a incrementar los niveles de indigencia y de pobreza que se determinan por la evolución de la canasta básica alimentaria.
Según el INDEC, esa canasta mínima para una familia tipo (matrimonio y dos hijos) aumentó 164 pesos en los últimos 12 meses , tomada a septiembre, absorbiendo más de una tercera parte de las dos asignaciones por hijo que percibe esa familia y que suman $ 440 ($ 220 por cada chico).
Con un relevamiento propio de los precios, la consultora FIEL calculó que en un año -en este caso a octubre- esa misma canasta se encareció en 404 pesos, “devorando” el 92 por ciento de la asignación de dos hijos.
Para el INDEC, en un año, el valor la canasta básica alimentaria se incrementó un 20,3% , duplicando el alza promedio de los precios. Para FIEL ahora esa misma canasta vale un 36,2% más que en octubre de 2009. El Estudio Bein calculó que los alimentos que se consumen en el hogar subieron en un año el 37,3% (ver recuadro).
Así, aunque divergentes, estas cifras públicas y privadas coinciden en un punto: la inflación está en ascenso y ya licuó buena parte de la política asistencial del Gobierno , pese a lo que sostiene el ministro de Economía, Amado Boudou, cuando dice que la inflación es un tema que no preocupa a la gente y que “tal vez” pueda preocupar a la clase media-alta.
El fenómeno sigue golpeando con más fuerza a los sectores más débiles. Por condición social, a los indigentes y a los pobres que destinan casi la totalidad de sus magros ingresos a alimentarse. Por ingresos, perjudica a los que ganan menos o tienen un haber o sueldo fijo que vuelcan un alta proporción a la compra de alimentos. Por actividad, a los operarios y empleados que, en promedio, vuelcan el 40% de sus sueldos al rubro alimenticio.
Para FIEL, a octubre, una familia tipo necesitaba $ 2.017 mensuales para no ser considerada pobre. Se calcula que el 30% de los hogares gana menos de esa cifra .
Además de las grandes cadenas formadoras de precios, uno de los beneficiados por la mayor inflación es el propio Gobierno.
Porque le permite recaudar más con el llamado “impuesto inflacionario” . Es considerado el peor y más regresivo de los tributos porque hace que los sectores de ingresos fijos aporten más al Fisco a costa de una pérdida de su poder adquisitivo.
Con los números de la Tesorería en la mano, Maximiliano Castillo Carrillo, economista de la consultora ACM, calculó que el 58% del aumento de la recaudación tributaria “se explica por la dinámica de precios y salarios”. Y que del 33,8% que creció la recaudación en el acumulado del año, 19,6 puntos se explican por la inflación. Castillo Carrillo agrega que “el aporte de la inflación a la suba de la recaudación es el más elevado desde 2006 ”. Y opina que eso tiene efectos “distorsionantes” sobre la economía.
Además, mientras que la suba de los precios apuntala los ingresos de las empresas que remarcan y la recaudación impositiva aumenta día a día, el gasto público y los partidas para los sueldos suben, pero lo hacen con un enorme rezago . Los ejemplos más destacados son las jubilaciones, que se actualizan cada seis meses, y los salarios de los trabajadores del sector público y el privado, una vez por año, con aumentos escalonados.
Estas distintas velocidades de actualización le permiten al Gobierno y a los formadores de precios hacer “jugosas” diferencias a costa de los salarios y jubilaciones.
sábado, 6 de noviembre de 2010
Jubilados: la factura es injusta
Clarín
06/11/10
Por
Ismael Bermúdez
Ante el rechazo masivo a las reformas jubilatorias que los gobiernos están impulsando en casi todo el planeta, el martes en esta sección, el ex jefe de gobierno de España, el “socialista” Felipe González, insistió en la necesidad de subir la edad jubilatoria y reducir el cálculo de las jubilaciones . El argumento es que, sin esos cambios, esos regímenes son inviables porque la gente vive más y tiene menos hijos.
Así González se suma a los que plantean que la crisis es por causas demográficas y que el agujero fiscal de los Estados no tiene nada que ver con los “rescates” de billones de dólares a los grandes bancos y al sistema financiero internacional. Tampoco tendría que ver con las enormes pérdidas que sufrieron las inversiones que hicieron los fondos jubilatorios públicos y privados con los aportes de los trabajadores - que se dijo aseguraban de “por vida” las jubilaciones- o con el aumento de la precarización laboral o el trabajo “en negro” .
Como si el sistema previsional fuese una isla, González repite la “tesis” de que la buena noticia de vivir más no puede sostenerse si no se achican las jubilaciones y se incrementan los años de trabajo. Pero no dice que esto agrava la crisis laboral y social . Con la desocupación en alza, prolongar la vida laboral llevaría a bloquear aún más el ingreso laboral de los más jóvenes, o sea, más desocupación . En lugar de mitigarla, permitiendo la jubilación anticipada , se propicia un mayor desempleo y hasta “regular” los flujos inmigratorios para que sean funcionales a las necesidades del capital en cada coyuntura.
González soslaya que el crecimiento de la expectativa de vida es una consecuencia del aumento de la productividad del trabajo y que hoy el trabajador crea una riqueza varias veces superior al incremento de los jubilados respecto a la población ocupada . Pero ese excedente es apropiado por el capital bajo sus diversas formas, en especial las financieras, lo que impide que se convierta en un mayor bienestar social y más todavía cuando por sus propias contradicciones desemboca en crisis global.
En definitiva, lo que se propicia es que esta “factura” la paguen los trabajadores y los jubilados , prolongando los años de trabajo y reduciendo los haberes
06/11/10
Por
Ismael Bermúdez
Ante el rechazo masivo a las reformas jubilatorias que los gobiernos están impulsando en casi todo el planeta, el martes en esta sección, el ex jefe de gobierno de España, el “socialista” Felipe González, insistió en la necesidad de subir la edad jubilatoria y reducir el cálculo de las jubilaciones . El argumento es que, sin esos cambios, esos regímenes son inviables porque la gente vive más y tiene menos hijos.
Así González se suma a los que plantean que la crisis es por causas demográficas y que el agujero fiscal de los Estados no tiene nada que ver con los “rescates” de billones de dólares a los grandes bancos y al sistema financiero internacional. Tampoco tendría que ver con las enormes pérdidas que sufrieron las inversiones que hicieron los fondos jubilatorios públicos y privados con los aportes de los trabajadores - que se dijo aseguraban de “por vida” las jubilaciones- o con el aumento de la precarización laboral o el trabajo “en negro” .
Como si el sistema previsional fuese una isla, González repite la “tesis” de que la buena noticia de vivir más no puede sostenerse si no se achican las jubilaciones y se incrementan los años de trabajo. Pero no dice que esto agrava la crisis laboral y social . Con la desocupación en alza, prolongar la vida laboral llevaría a bloquear aún más el ingreso laboral de los más jóvenes, o sea, más desocupación . En lugar de mitigarla, permitiendo la jubilación anticipada , se propicia un mayor desempleo y hasta “regular” los flujos inmigratorios para que sean funcionales a las necesidades del capital en cada coyuntura.
González soslaya que el crecimiento de la expectativa de vida es una consecuencia del aumento de la productividad del trabajo y que hoy el trabajador crea una riqueza varias veces superior al incremento de los jubilados respecto a la población ocupada . Pero ese excedente es apropiado por el capital bajo sus diversas formas, en especial las financieras, lo que impide que se convierta en un mayor bienestar social y más todavía cuando por sus propias contradicciones desemboca en crisis global.
En definitiva, lo que se propicia es que esta “factura” la paguen los trabajadores y los jubilados , prolongando los años de trabajo y reduciendo los haberes
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