26/06/10
Por
Ismael Bermúdez
Néstor Kirchner hizo un reconocimiento inesperado: admitió que los jubilados están muy lejos de cobrar el 82% móvil, como mostró ayer Clarín . “A todos nos gustaría aplicar el 82% móvil, pero llevaría $ 145 mil millones por año. Lo podríamos pagar sólo un año”, agregó reconociendo que el supuesto superávit de las cuentas públicas se basa en una confiscación de los haberes de los jubilados. No obstante, este supuesto costo es exagerado. Y tampoco es cierto que se podría pagar pero sólo un año. Veamos.
Por los 3,5 millones que se jubilaron con sus aportes al día como dependientes o autónomos la ANSeS destina $ 58.500 millones anuales. Aplicarles el 82% implicaría unos $ 40.000 millones . Y llevar al 82% del sueldo mínimo a los que se jubilaron por moratoria, otros $ 8.500 millones . Así la confiscación de los jubilados suma casi $ 50.000 millones anuales.
En 2009 la ANSeS tuvo un superávit de $ 7.000 millones, insuficientes para esos pagos. En tanto los $ 147.000 millones del Fondo de Garantía son un valor “teórico” ya que el grueso está en papeles de la deuda. El solo rumor de que para pagar el 82% debería salir a vender bonos y acciones desplomaría el valor de esos papeles y se esfumarían antes que alguien cobre la mejora. ¿Entonces no hay solución? Si, la hay.
De los intereses del Fondo de Garantía, la ANSeS destina $ 8.000 millones anuales a pagar la asignación por hijo que absorbió planes que antes abonaba el Tesoro. Así el Gobierno le pasó a la ANSeS un gasto que debe pagarse con rentas generales.
En los 90 se redujeron las contribuciones patronales que siguen por debajo de los valores anteriores. La restitución sólo a las grandes empresas de esos aportes reportaría $20.000 millones anuales.
El resto podría financiarse gravando la renta financiera que se alimenta del propio Estado con los títulos de la deuda.
Todo esto debería hacerse en forma rápida, llevando el haber mínimo al 82% del sueldo mínimo, pagando las sentencias, mientras se efectiviza el resto de las reformas y se abre el camino a la vigencia plena del 82% móvil.
sábado, 26 de junio de 2010
viernes, 25 de junio de 2010
La jubilación equivale sólo al 36% del sueldo promedio de los trabajadores
25/06/10
Por
Ismael Bermúdez
Los tribunales terminan siendo una vía ineludible
Excluyendo a los que se jubilaron por moratoria o en forma anticipada por desempleo, actualmente hay 3.500.000 que se jubilaron o pensionaron luego de aportar durante 30 años o más. Y en promedio perciben 1.275 pesos por mes, según datos a mayo de la ANSeS.
Esos $ 1.275 de haber medio representan apenas el 36% del sueldo medio de los trabajadores en blanco, los que hacen aportes.
Aunque una parte de esos 3,5 millones se jubilaron como autónomos, con haberes bajos, hay solamente 500.000 jubilados que cobran por encima de los $ 1.500.
El resto cobra menos.
Así, los que se jubilaron después de haber trabajado en relación de dependencia están cobrando en promedio alrededor del 40% del sueldo medio de los activos.
Esos datos desmienten que el bajo haber promedio se debe a que mucha gente se jubiló por moratoria, como dice el Gobierno. También los que se jubilaron con los aportes al día cobran muy poco.
En la jerga previsional, la relación entre el haber y el sueldo representa la “tasa de sustitución” o “de reemplazo”. Y mide cuán cerca o alejado está el jubilado de disponer de un ingreso similar al que tiene el que está en actividad.
Esta enorme distancia entre la jubilación y el sueldo obedece a varias causas:
* Luego de la devaluación de 2002, las jubilaciones no fueron ajustadas por la evolución de los salario s, como sí marca la doctrina fijada por la Corte Suprema en numerosos fallos (Sánchez, Badaro, Ellif) con lo que quedaron muy desactualizadas. En el caso Badaro el ajuste ordenado por la Corte entre enero de 2002 y diciembre de 2006 fue del 88,6%, cuando en ese período los aumentos generales fueron entre el 10 y 22%.
* Se redujo en forma sustancial el valor de la Prestación Básica Universal (PBU) que integra el calculo del haber. Inicialmente fue fijada en el 27,5% del sueldo medio. Ahora, la PBU ahora es un valor fijo de $ 422,91 que representa menos del 15 % del sueldo medio.
* El cálculo del sueldo promedio de referencia para determinar la otra parte del haber (PC/PAP) se actualiza con un índice que es inferior a la real evolución de los salarios.
* Una vez obtenida la jubilación, el haber se ajusta cada 6 meses con una fórmula de movilidad compleja que combina dos índices (que incluye evolución de los salarios, recaudación e ingresos por impuestos) pero aplicando siempre el más bajo . Así con el paso del tiempo, la jubilación se va achicando aún más y termina representando apenas el 25 o 30 por ciento del sueldo que cobra el empleado activo en el cargo por el que se jubiló.
* La jubilación mínima es de 895 pesos, cuando el salario mínimo está en $ 1.500.
* Así más de la mitad de los jubilaron con todos los aportes al día cobren el haber mínimo, lo mismo que los que se jubilaron con moratoria.
Todo esto explica el extraordinario aumento de los juicios de reajustes previsionales, a los que los jubilados recurren como único medio para que le reajusten sus haberes.
Sin embargo, aunque obtienen sentencias favorables, el reajuste se demora y en muchos casos, el jubilados tiene que hacer un nuevo juicio para que se ejecute la sentencia.
En la Justicia, como anticipó Clarín , se acumulan más de 360.000 juicios de reajuste de las jubilaciones. Y los reclamos vienen en ascenso a razón de 12.000 por mes. Aún así la Justicia no extiende a todos los jubilados sus propios fallos, como podría hacerlo, obligando a que cada uno inicie una demanda
Por
Ismael Bermúdez
Los tribunales terminan siendo una vía ineludible
Excluyendo a los que se jubilaron por moratoria o en forma anticipada por desempleo, actualmente hay 3.500.000 que se jubilaron o pensionaron luego de aportar durante 30 años o más. Y en promedio perciben 1.275 pesos por mes, según datos a mayo de la ANSeS.
Esos $ 1.275 de haber medio representan apenas el 36% del sueldo medio de los trabajadores en blanco, los que hacen aportes.
Aunque una parte de esos 3,5 millones se jubilaron como autónomos, con haberes bajos, hay solamente 500.000 jubilados que cobran por encima de los $ 1.500.
El resto cobra menos.
Así, los que se jubilaron después de haber trabajado en relación de dependencia están cobrando en promedio alrededor del 40% del sueldo medio de los activos.
Esos datos desmienten que el bajo haber promedio se debe a que mucha gente se jubiló por moratoria, como dice el Gobierno. También los que se jubilaron con los aportes al día cobran muy poco.
En la jerga previsional, la relación entre el haber y el sueldo representa la “tasa de sustitución” o “de reemplazo”. Y mide cuán cerca o alejado está el jubilado de disponer de un ingreso similar al que tiene el que está en actividad.
Esta enorme distancia entre la jubilación y el sueldo obedece a varias causas:
* Luego de la devaluación de 2002, las jubilaciones no fueron ajustadas por la evolución de los salario s, como sí marca la doctrina fijada por la Corte Suprema en numerosos fallos (Sánchez, Badaro, Ellif) con lo que quedaron muy desactualizadas. En el caso Badaro el ajuste ordenado por la Corte entre enero de 2002 y diciembre de 2006 fue del 88,6%, cuando en ese período los aumentos generales fueron entre el 10 y 22%.
* Se redujo en forma sustancial el valor de la Prestación Básica Universal (PBU) que integra el calculo del haber. Inicialmente fue fijada en el 27,5% del sueldo medio. Ahora, la PBU ahora es un valor fijo de $ 422,91 que representa menos del 15 % del sueldo medio.
* El cálculo del sueldo promedio de referencia para determinar la otra parte del haber (PC/PAP) se actualiza con un índice que es inferior a la real evolución de los salarios.
* Una vez obtenida la jubilación, el haber se ajusta cada 6 meses con una fórmula de movilidad compleja que combina dos índices (que incluye evolución de los salarios, recaudación e ingresos por impuestos) pero aplicando siempre el más bajo . Así con el paso del tiempo, la jubilación se va achicando aún más y termina representando apenas el 25 o 30 por ciento del sueldo que cobra el empleado activo en el cargo por el que se jubiló.
* La jubilación mínima es de 895 pesos, cuando el salario mínimo está en $ 1.500.
* Así más de la mitad de los jubilaron con todos los aportes al día cobren el haber mínimo, lo mismo que los que se jubilaron con moratoria.
Todo esto explica el extraordinario aumento de los juicios de reajustes previsionales, a los que los jubilados recurren como único medio para que le reajusten sus haberes.
Sin embargo, aunque obtienen sentencias favorables, el reajuste se demora y en muchos casos, el jubilados tiene que hacer un nuevo juicio para que se ejecute la sentencia.
En la Justicia, como anticipó Clarín , se acumulan más de 360.000 juicios de reajuste de las jubilaciones. Y los reclamos vienen en ascenso a razón de 12.000 por mes. Aún así la Justicia no extiende a todos los jubilados sus propios fallos, como podría hacerlo, obligando a que cada uno inicie una demanda
82% móvil: Una idea que se patentó hace 52 años
18/06/10
Por
Ismael Bermúdez
El 82% móvil está registrado en la memoria previsional a partir de 1958. Entonces se sancionó la ley 14.499, luego que la Convención Constituyente de 1957 fijara que las jubilaciones y pensiones debían ser “integrales” y “móviles”.
Como la jubilación es un salario diferido -en parte financiado por el propio trabajador con su aporte a lo largo de su vida activa- el principio que lo guía es que el jubilado pueda mantener el nivel de vida que tuvo en los últimos años de vida activa. Se fijó en el 82% porque equivale al ingreso de bolsillo del trabajador activo, una vez descontados los aportes a la Seguridad Social. Y móvil para asegurar su continuidad.
Aún así, los distintos gobiernos no solo no fueron cumpliendo con esa norma sino que lanzaron una batería de medidas que lo pulverizaron.
A eso se agregó que los enormes superávit de las cajas acumulados en los años 50 y 60, que estaban invertidos en bonos del Estado -llegaron a representar casi el 50% del PBI- fueron usados para financiar los rojos del Estado y licuados por la inflación.
Lo que vino después es más conocido. La reforma de 1994, además de instalar un régimen privado, no dejó en el sistema público ni rastros del 82% ni de la movilidad. Luego, en 2001, apareció el recorte del 13%.
Después, las jubilaciones quedaron pulverizadas por la inflación. Y si bien el Gobierno fue subiendo el haber mínimo, reestatizó el sistema y otorgó la jubilación por moratoria, no recompuso los haberes, achatádolos a tal punto que tres de cada cuatro jubilados cobra apenas 895 pesos mensuales
Por
Ismael Bermúdez
El 82% móvil está registrado en la memoria previsional a partir de 1958. Entonces se sancionó la ley 14.499, luego que la Convención Constituyente de 1957 fijara que las jubilaciones y pensiones debían ser “integrales” y “móviles”.
Como la jubilación es un salario diferido -en parte financiado por el propio trabajador con su aporte a lo largo de su vida activa- el principio que lo guía es que el jubilado pueda mantener el nivel de vida que tuvo en los últimos años de vida activa. Se fijó en el 82% porque equivale al ingreso de bolsillo del trabajador activo, una vez descontados los aportes a la Seguridad Social. Y móvil para asegurar su continuidad.
Aún así, los distintos gobiernos no solo no fueron cumpliendo con esa norma sino que lanzaron una batería de medidas que lo pulverizaron.
A eso se agregó que los enormes superávit de las cajas acumulados en los años 50 y 60, que estaban invertidos en bonos del Estado -llegaron a representar casi el 50% del PBI- fueron usados para financiar los rojos del Estado y licuados por la inflación.
Lo que vino después es más conocido. La reforma de 1994, además de instalar un régimen privado, no dejó en el sistema público ni rastros del 82% ni de la movilidad. Luego, en 2001, apareció el recorte del 13%.
Después, las jubilaciones quedaron pulverizadas por la inflación. Y si bien el Gobierno fue subiendo el haber mínimo, reestatizó el sistema y otorgó la jubilación por moratoria, no recompuso los haberes, achatádolos a tal punto que tres de cada cuatro jubilados cobra apenas 895 pesos mensuales
domingo, 20 de junio de 2010
Esta semana en la Revista Ñ "Flexiguridad"
12 de junio de 2010
Los puntos débiles de un modelo importado
La crisis europea pone a prueba la "flexiguridad", que combina amplia flexibilidad de la fuerza de trabajo con un ingreso contra el desempleo. Aquí, los límites de un sistema que se ofrece para América Latina.
Por Ismael Bermúdez
Los puntos débiles de un modelo importado
La crisis europea pone a prueba la "flexiguridad", que combina amplia flexibilidad de la fuerza de trabajo con un ingreso contra el desempleo. Aquí, los límites de un sistema que se ofrece para América Latina.
Por Ismael Bermúdez
miércoles, 16 de junio de 2010
Ya hay acumulados en Tribunales 362.000 juicios de los jubilados
Cada demanda es, en promedio, por unos $ 60.000 que tendrá que pagar la ANSeS.
Por Ismael Bermúdez
En los Tribunales de la Seguridad Social ya se acumulan alrededor de 360.000 juicios que esperan sentencia. Y la cifra está creciendo a razón de 12.000 nuevos juicios por mes.
La mayor parte de esos juicios va a tener, en algún momento, sentencia favorable porque las demandas son similares a los casos Badaro, Eliff o Sánchez en los que la Corte Suprema ya sentó jurisprudencia o doctrina favorable a los jubilados que reclaman.
En función de las 1.500 a 2.000 sentencias por mes que la ANSeS está pagando a razón, en promedio, de $ 60.000 por jubilado , según calculó el especialista Guillermo Jáuregui, se estima que, a valor actual, esos 360.000 juicios podrían representar un pasivo para la ANSeS de $ 21.600 millones .
Ese monto es por la retroactividad y los intereses acumulados. Y se agrega el reajuste del haber que se paga mensualmente.
Los propios jueces y camaristas consideran que el fárrago de expedientes es tal que sistema “está colapsado” .
Los datos oficiales marcan que en la Cámara Federal de la Seguridad Social porteña al 31 de marzo había 239.017 expedientes. Y en los 60 Juzgados provinciales, al 31 de diciembre de 2009, sumaban 93.063 (ver infografía). Si se agregan los nuevos juicios ingresados desde esa fecha y las sentencias pagadas por la ANSeS, el stock llegaría a 360.000 expedientes.
Así cada Juzgado porteño tiene unas 25.000 causas lo que ayuda a explicar por qué los expedientes demoran varios años en ser resueltos. A eso se agrega, muchas veces, la apelación de la ANSeS. Y luego y a pesar de tener una sentencia favorable, el jubilado debe iniciar un nuevo juicio -de ejecución- para lograr el efectivo cumplimiento de la sentencia porque la ANSeS dilata el pago de la sentencia . Todo esto agrava la demora la causa durante muchos años.
Para este año el Presupuesto prevé destinar $ 2.800 millones al pago de juicios, con lo que se estima que la ANSeS podría saldar entre 20.000 y 25.000 sentencias.
Gran parte de los juicios son por reclamos de ajuste de los haberes por el período que va de enero de 2002 a diciembre de 2006. En ese lapso, en el caso Badaro la Corte ordenó un ajuste del 88,6% -acompañando la evolución de los salarios- cuando el Gobierno subió varias veces el haber mínimo pero otorgó dos aumentos generales de entre el 10 y 22%.
En noviembre de 2009, la ANSeS se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a no apelar más los fallos de primera o segunda instancia en los casos en que ya hubiera una sentencia de la Corte que hubiera sentado jurisprudencia. “Esto se está cumpliendo parcialmente”, le dijo a Clarín el abogado Sergio Bobrovsky, quien promovió la causa ante la OEA. Estimó que hay un 30% de casos en los que la ANSeS apela. Y eso obedecería “más a un desorden administrativo en la dependencia Contencioso de la ANSeS que a una intencionalidad del organismo previsional”, subrayó Bobrovsky.
También hay juicios de retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad porque les calcularon las jubilaciones sin incluir los rubros no remunerativos. También la Corte Suprema determinó que las sumas “no remunerativas” deben ser consideradas para el cálculo de la jubilación.
Por Ismael Bermúdez
En los Tribunales de la Seguridad Social ya se acumulan alrededor de 360.000 juicios que esperan sentencia. Y la cifra está creciendo a razón de 12.000 nuevos juicios por mes.
La mayor parte de esos juicios va a tener, en algún momento, sentencia favorable porque las demandas son similares a los casos Badaro, Eliff o Sánchez en los que la Corte Suprema ya sentó jurisprudencia o doctrina favorable a los jubilados que reclaman.
En función de las 1.500 a 2.000 sentencias por mes que la ANSeS está pagando a razón, en promedio, de $ 60.000 por jubilado , según calculó el especialista Guillermo Jáuregui, se estima que, a valor actual, esos 360.000 juicios podrían representar un pasivo para la ANSeS de $ 21.600 millones .
Ese monto es por la retroactividad y los intereses acumulados. Y se agrega el reajuste del haber que se paga mensualmente.
Los propios jueces y camaristas consideran que el fárrago de expedientes es tal que sistema “está colapsado” .
Los datos oficiales marcan que en la Cámara Federal de la Seguridad Social porteña al 31 de marzo había 239.017 expedientes. Y en los 60 Juzgados provinciales, al 31 de diciembre de 2009, sumaban 93.063 (ver infografía). Si se agregan los nuevos juicios ingresados desde esa fecha y las sentencias pagadas por la ANSeS, el stock llegaría a 360.000 expedientes.
Así cada Juzgado porteño tiene unas 25.000 causas lo que ayuda a explicar por qué los expedientes demoran varios años en ser resueltos. A eso se agrega, muchas veces, la apelación de la ANSeS. Y luego y a pesar de tener una sentencia favorable, el jubilado debe iniciar un nuevo juicio -de ejecución- para lograr el efectivo cumplimiento de la sentencia porque la ANSeS dilata el pago de la sentencia . Todo esto agrava la demora la causa durante muchos años.
Para este año el Presupuesto prevé destinar $ 2.800 millones al pago de juicios, con lo que se estima que la ANSeS podría saldar entre 20.000 y 25.000 sentencias.
Gran parte de los juicios son por reclamos de ajuste de los haberes por el período que va de enero de 2002 a diciembre de 2006. En ese lapso, en el caso Badaro la Corte ordenó un ajuste del 88,6% -acompañando la evolución de los salarios- cuando el Gobierno subió varias veces el haber mínimo pero otorgó dos aumentos generales de entre el 10 y 22%.
En noviembre de 2009, la ANSeS se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a no apelar más los fallos de primera o segunda instancia en los casos en que ya hubiera una sentencia de la Corte que hubiera sentado jurisprudencia. “Esto se está cumpliendo parcialmente”, le dijo a Clarín el abogado Sergio Bobrovsky, quien promovió la causa ante la OEA. Estimó que hay un 30% de casos en los que la ANSeS apela. Y eso obedecería “más a un desorden administrativo en la dependencia Contencioso de la ANSeS que a una intencionalidad del organismo previsional”, subrayó Bobrovsky.
También hay juicios de retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad porque les calcularon las jubilaciones sin incluir los rubros no remunerativos. También la Corte Suprema determinó que las sumas “no remunerativas” deben ser consideradas para el cálculo de la jubilación.
domingo, 13 de junio de 2010
Casi 5 millones de jubilados cobran menos de 900 pesos por mes
76% de los pasivos percibe el ingreso mínimo. El promedio igual es bajo: $ 1.150.
Por Ismael Bermúdez
12/06/10
La jubilación promedio de los 5,5 millones de jubilados y pensionados ronda los 1.150 pesos por mes . De ese total, e incluyendo a las pensiones no contributivas, el 76,5% –casi 4,9 millones de beneficiarios– cobra el haber mínimo de $ 895 o menos . Las pensiones no contributivas –más de 900.000– promedian los $ 780 mensuales .
Este bajo valor del haber medio previsional –representa apenas una tercera parte del sueldo medio de los trabajadores registrados– se debe a que muchos se jubilaron como autónomos, monotributistas o completando años de aportes “con moratoria” con haberes más bajos o directamente con la mínima. Pero aún así el achatamiento de la pirámide previsional obedece a muchos otros factores.
Ante todo, las jubilaciones no fueron ajustadas por la evolución de los salarios, como sí marca la doctrina fijada por la Corte Suprema en numerosos fallos (Sánchez, Badaro y Ellif) con lo que quedaron muy desactualizadas.
Por ejemplo, en Badaro el ajuste ordenado por la Corte entre enero de 2002 y diciembre de 2006 fue del 88,6%, cuando en ese período los aumentos generales fueron entre el 10 y 22%. Así en forma creciente una buena parte de los jubilados se fue quedando con los haberes muy retrasados y pasaron a cobrar el haber mínimo.
Además se redujo en forma sustancial el valor de la Prestación Básica Universal (PBU). Inicialmente fue fijada en el 27,5% del sueldo medio, a lo que debía sumarse para fijar el haber inicial, con 30 años de aportes, el 45% del sueldo ajustado de los últimos 10 años anteriores al retiro laboral. Así, para un sueldo medio, la jubilación inicial debería representar el 72,5% (27,5 más 45). Con más años de 30 años de aportes, el porcentaje crecía.
La PBU ahora es un valor fijo – $ 422,91– que representa menos del 15% del sueldo medio, mientras el cálculo para ajustar los sueldos de los últimos 10 años se realiza con un índice que es inferior a la real evolución de los salarios.
Esto explica que se jubilaron en los últimos dos años y los nuevos jubilados cobren un haber inicial que equivale al 50% o menos del sueldo que tenían cuando estaban en actividad.
Eso provoca lógicamente una fuerte resistencia a querer acceder a la jubilación o iniciar un juicio en el mismo momento que se accede a la jubilación.
Una vez obtenida la jubilación, el haber se ajusta cada 6 meses con una fórmula de movilidad compleja que combina dos índices (que incluye evolución de los salarios, recaudación e ingresos por impuestos) pero aplicando siempre el más bajo .
Eso va licuando los haberes y con mayor intensidad en los momentos de alta inflación. Por ejemplo, el último aumento semestral fue del 8,21% cuando en apenas tres meses la inflación “verdadera” superó ese porcentaje. En el caso de los docentes, el ajuste de marzo fue de tan solo el 0,98%. Ahora el próximo aumento debería aplicarse en septiembre.
Todo esto explica el extraordinario aumento de los juicios de reajustes previsionales –103.000 causas sólo en 2009– y a razón de 600 nuevos juicios por día en lo que va de este año.
La acumulación de causas es tal que, el viernes pasado, en una Acordada, la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que “está colapsada”. Por tal motivo, existe un proyecto para crear una cuarta Sala y 5 juzgados más en la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Por Ismael Bermúdez
12/06/10
La jubilación promedio de los 5,5 millones de jubilados y pensionados ronda los 1.150 pesos por mes . De ese total, e incluyendo a las pensiones no contributivas, el 76,5% –casi 4,9 millones de beneficiarios– cobra el haber mínimo de $ 895 o menos . Las pensiones no contributivas –más de 900.000– promedian los $ 780 mensuales .
Este bajo valor del haber medio previsional –representa apenas una tercera parte del sueldo medio de los trabajadores registrados– se debe a que muchos se jubilaron como autónomos, monotributistas o completando años de aportes “con moratoria” con haberes más bajos o directamente con la mínima. Pero aún así el achatamiento de la pirámide previsional obedece a muchos otros factores.
Ante todo, las jubilaciones no fueron ajustadas por la evolución de los salarios, como sí marca la doctrina fijada por la Corte Suprema en numerosos fallos (Sánchez, Badaro y Ellif) con lo que quedaron muy desactualizadas.
Por ejemplo, en Badaro el ajuste ordenado por la Corte entre enero de 2002 y diciembre de 2006 fue del 88,6%, cuando en ese período los aumentos generales fueron entre el 10 y 22%. Así en forma creciente una buena parte de los jubilados se fue quedando con los haberes muy retrasados y pasaron a cobrar el haber mínimo.
Además se redujo en forma sustancial el valor de la Prestación Básica Universal (PBU). Inicialmente fue fijada en el 27,5% del sueldo medio, a lo que debía sumarse para fijar el haber inicial, con 30 años de aportes, el 45% del sueldo ajustado de los últimos 10 años anteriores al retiro laboral. Así, para un sueldo medio, la jubilación inicial debería representar el 72,5% (27,5 más 45). Con más años de 30 años de aportes, el porcentaje crecía.
La PBU ahora es un valor fijo – $ 422,91– que representa menos del 15% del sueldo medio, mientras el cálculo para ajustar los sueldos de los últimos 10 años se realiza con un índice que es inferior a la real evolución de los salarios.
Esto explica que se jubilaron en los últimos dos años y los nuevos jubilados cobren un haber inicial que equivale al 50% o menos del sueldo que tenían cuando estaban en actividad.
Eso provoca lógicamente una fuerte resistencia a querer acceder a la jubilación o iniciar un juicio en el mismo momento que se accede a la jubilación.
Una vez obtenida la jubilación, el haber se ajusta cada 6 meses con una fórmula de movilidad compleja que combina dos índices (que incluye evolución de los salarios, recaudación e ingresos por impuestos) pero aplicando siempre el más bajo .
Eso va licuando los haberes y con mayor intensidad en los momentos de alta inflación. Por ejemplo, el último aumento semestral fue del 8,21% cuando en apenas tres meses la inflación “verdadera” superó ese porcentaje. En el caso de los docentes, el ajuste de marzo fue de tan solo el 0,98%. Ahora el próximo aumento debería aplicarse en septiembre.
Todo esto explica el extraordinario aumento de los juicios de reajustes previsionales –103.000 causas sólo en 2009– y a razón de 600 nuevos juicios por día en lo que va de este año.
La acumulación de causas es tal que, el viernes pasado, en una Acordada, la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que “está colapsada”. Por tal motivo, existe un proyecto para crear una cuarta Sala y 5 juzgados más en la Cámara Federal de la Seguridad Social.
sábado, 12 de junio de 2010
Los puntos débiles de un modelo importado
La crisis europea pone a prueba la "flexiguridad", que combina amplia flexibilidad de la fuerza de trabajo con un ingreso contra el desempleo. Aquí, los límites de un sistema que se ofrece para América Latina
Por Ismael Bermúdez.
Revista Ñ 12-6-2010
“El Nuevo Escenario Laboral Latinoamericano” reúne diversos estudios que ponderan la llamada “flexiguridad” como una alternativa válida y superadora para las economías de América Latina.
Como se explica a lo largo de todo el libro, la llamada “flexiguridad” es un modelo “que surgió en varios países europeos, de los cuales Dinamarca es su principal exponente”, donde rige una amplia y absoluta flexibilidad de la fuerza de trabajo en las empresas con un sistema de ingreso garantizado contra el desempleo y de reinserción laboral.
Básicamente, en el modelo danés, las empresas pueden despedir en cualquier momento al trabajador sin costo directo alguno. En tanto, si cuando estuvo activo hizo aportes, el despedido tiene asegurado – con un año de pertenencia--un ingreso a través de los Fondos de Desempleo (llamados a-kasse), administrados por los sindicatos. La administración de esos cuantiosos fondos asegura la colaboración de las direcciones sindicales con el sistema y contribuye a que haya una alta tasa de afiliación sindical (80%).
En caso de no pertenecer a un fondo de desempleo, el desocupado puede percibir un subsidio cuyo monto está condicionado por su situación económica familiar y no solamente individual. Y también condicionado a la búsqueda y aceptación de un empleo vacante.
Otra característica es la “paz social”: entre los períodos de renovación de los convenios de trabajo es ilegal que los trabajadores hagan huelga, aunque mantienen ese derecho si no se logra un acuerdo para renovar el convenio.
Según los distintos autores, al combinar “flexibilidad laboral” con “seguridad social”, este sistema habría logrado mostrar que es posible contar con un mercado de trabajo flexible sin afectar la protección social de los trabajadores. Y agregan que resultó ser exitoso ya que habría logrado aumentar la productividad de las empresas, disminuir la desocupación y acortar el período de búsqueda de un nuevo empleo. Así Dinamarca tiene una alta tasa de empleo y una baja tasa de desocupación.
“El eje primario de este programa es una fuerza de trabajo muy móvil y una seguridad de ingreso apoyada equitativamente por políticas activas del mercado de trabajo y políticas de educación. Juntas constituyen uno de los tres pilares del llamado “triángulo de oro” danés”, señala Henning Jorgensen, profesor de la Universidad de Aalborg y ex director del Instituto Sindical Europeo, quien agrega que “un equilibrio sensato y justo entre la flexibilidad y la seguridad, teniendo en cuenta los distintos intereses de los interlocutores sociales, facilitará la eficiencia del mercado de trabajo”.
Otro ingrediente es la alta presión fiscal (más del 50% del PBI frente al 30/35% de la mayoría de los países europeos) que ayudan a financiar el esquema social.
Algunos autores atribuyen la implementación de este esquema a que Dinamarca es un país pequeño, con 5,6 millones de habitantes y una fuerza laboral de 2,8 millones de personas, y una tradición política de colaboración liberal-socialdemócrata, que no se puede generalizar sino que debe ser adaptada a las características de cada país.
“La flexiguridad se plasmará de manera distinta en cada sistema. Las condiciones iniciales y las tradiciones nacionales influirán mucho en los procesos y diseños. No se puede trazar una única hoja para América Latina. No existe un enfoque único aplicable a todos los casos, al contrario de las recetas que se encuentran en el “Consenso de Washington”. La flexiguridad debe promoverse no como una cuestión de imitación sino de inspiración”, dice Jorgensen, quien destaca que en 1993 la tasa de desempleo llegó al 12,4% y fue disminuyendo hasta el 1,6% en agosto de 2008, con una alta tasa de empleo – 77%-- una de las más altas de Europa. “Esto sólo se puede entender como algo promovido por la estructura institucional del modelo danés de flexiguridad”, concluye Jorgensen.
BOOM PETROLERO E INMOBILIARIO
Los textos presentan todos estos “logros” laborales y sociales como propios de la “flexiguridad” sin analizar que el contexto económico global se caracterizó durante los últimos años anteriores a 2007 por un fuerte repunte económico, crecimiento de la actividad y del empleo al amparo de la fuerte suba del precio del petróleo y una burbuja inmobiliaria que inundó buena parte de Europa.
La suba del precio del petróleo ayudó a que Dinamarca- que logró en 1997 el auto-abastecimiento- pasara a ser exportador neto de energía, lo que benefició ampliamente a las arcas públicas con los impuestos y la participación del Estado en las ganancias petroleras. Así en 2006, petróleo y gas constituyeron el segundo rubro más importante de exportación, contribuyendo con 12% del total de las exportaciones. Luego, en 2008, el superávit en el comercio exterior de Dinamarca fue de casi US$ 6.000 millones, mientras que la que la contribución neta del sector de los hidrocarburos a la balanza de pagos fue de US$ 10.000 millones. O sea si no hubiera sido por el sector de hidrocarburos, las cuentas hubieran sido deficitarias.
Por su parte, el superávit fiscal fue en 2008 alrededor de US$ 12.000 millones, gracias a que la contribución del sector de hidrocarburos fue de casi 7.000 millones. Así el superávit hubiera sido de menos de la mitad si no hubiera sido por el sector de hidrocarburos. También hubo una “burbuja” en el valor de las propiedades.
Con la caída del precio del petróleo esta situación se revirtió. “Mucho depende del comportamiento del precio del petróleo. En un escenario de precios bajos (U$S 30 por barril), la contribución fiscal del sector de hidrocarburos será insignificante, y aún a un precio de US$ 60 por barril la contribución va mermando en los años venideros. Solamente si el precio regresa a US$ 120, “la fiesta” puede continuar un rato más – por lo menos una media década”.
NO TODO LO QUE RELUCE ES ORO
A partir de fines de 2007, con el inicio de la crisis internacional, la realidad económica y social danesa se modificó.
“Dinamarca, que experimentó un 'boom' inmobiliario en la década de los 90, se ha convertido en la primera economía de la Unión Europea en entrar en recesión”, señaló la información oficial por la caída consecutiva de su economía en la primera mitad de 2008. Así, la inversión cayó el 5,1% en 2008, retrocedió otro 12,4% en 2009 y se prevé que vuelva a disminuir el 4,9% en 2010. En 2009, el comercio exterior se contrajo más del 10%.
Casi inmediatamente, y por la caída de los precios de la vivienda, el Banco Nacional de Dinamarca, Danmarks Nationalbank, se vio forzado a tomar el control de Roskilde Bank con el 45% de sus créditos otorgados al sector inmobiliario, ante la situación de insolvencia de la entidad. Luego se produjo la caída del Ebh Bank, “por las pérdidas de la entidad relacionadas con los créditos hipotecarios”, en tanto a comienzos de 2009 el fondo estatal danés de estabilización financiera tuvo que asumir el control del Fiona Bank, la novena entidad del país.
Un documento de la OCDE (Organización de Cooperación y Desenvolvimiento Económico), difundido luego de editado el libro, señala que recién ahora la “flexiguridad” va a experimentar “la primera verdadera prueba” por el impacto de la crisis global. Y aporta cifras. En 2009, el PBI de Dinamarca retrocedió el 2,9%, “la mayor caída de los últimos 40 años”. El desempleo subió del 3,3% en 2009 al 5,9% en 2009 y se prevé que alcance el 6,9% en 2010. “La tasa de desempleo de los jóvenes aumentó del 7,2 en 2008 al 12,4% en el cuarto trimestre de 2009”, reconoce la OCDE que agrega que “un aumento de la tasa de desocupación puede desembocar en un alza del desempleo estructural…”.
Por su parte, un reciente estudio de Óscar García Agustín de la Universidad de Aalborg puntualiza que con la irrupción de la crisis empezaron afectar “seriamente a uno de los tres pilares del “triángulo de oro” danés: la seguridad”. Y cuestiona por “paradójico que la Unión Europea explore las bondades del modelo danés mientras que el gobierno aplica políticas económicas que lo contradicen y lo ponen en peligro”.
Así señala que “un estudio reciente del sindicato LO (Confederación de Sindicatos de Dinamarca) mostraba que en los últimos 25 años la compensación por desempleo (la relación entre el salario y la prestación por desempleo) había caído un 25%. La media de la compensación de los miembros del sindicato LO es actualmente de 52,4%. Esto se debe a que se ha ido rebajando el salario fijado para obtener el 90% (sólo un 15% de los desempleados recibe este porcentaje, esto es, los trabajadores con los salarios más bajos). Ante esta disminución constante del porcentaje de la prestación, los trabajadores empiezan a cuestionar la facilidad del despido y pedir un mayor número de días de preaviso para poder planificar su futuro laboral. La pérdida de seguridad podría traducirse en una pérdida de movilidad”.
También en el período de bonanza, muchos jóvenes consideraron innecesario aportar al Fondo de Desempleo. Ahora, con la crisis, muchos se quedaron sin el empleo y sin el seguro.
“Un fenómeno similar – agrega- ha sido revelado por la mayor fragilidad a la que el mercado laboral ha quedado expuesto con la crisis. La bonanza económica llevó a algunos trabajadores a darse de baja de su fondo de desempleo a-kasse (hablamos de pertenecer al fondo y no al sindicato, aunque sea éste el que gestione el fondo). Los trabajadores, que vieron innecesaria la dimensión de la seguridad, percibieron que apenas tenían problemas para encontrar empleo y que no dependían del fondo de desempleo. En la actualidad, cuando se encuentran en el paro y se vuelven a anotar al fondo de desempleo, no pueden cobrar la prestación inmediatamente porque necesitan haber sido miembros durante un año. Tampoco pueden recibir el subsidio de desempleo porque está condicionado por la situación económica familiar (incluyendo propiedades) y se reserva solamente para gente que se encuentra en serios apuros y carece de recursos económicos básicos”.
La calidad del empleo también está afectada. “La pérdida de seguridad conlleva una pérdida gradual de la calidad del empleo. En los actuales tiempos de crisis, los trabajadores daneses están dispuestos a trabajar por un salario menor. En términos del modelo de flexiguridad, esto supone volver a la seguridad en el puesto de trabajo, debido a la disminución de la seguridad en el empleo, y un abandono de los altos salarios e impuestos para mantener el Estado de bienestar”, señala Óscar García Agustín.
Por su parte, y no obstante resaltar el modelo danés, Jorgensen reconoce que por la alta flexibilidad laboral, “una de cada tres personas del mercado de trabajo danés cambia de empleo cada año”. Esta alta rotación – por la facilidad del despido- “desalienta a las empresas y autoridades públicas a invertir mucho en más formación y educación debido a la posibilidad de perder su inversión”.
Otro problema clave es la inmigración. Jorgensen precisa que, “ por ejemplo, las personas que no son de origen danés tienen una participación limitada en el mercado de trabajo; sólo el 47% de las minorías étnicas tiene empleo, en comparación con el 77% de los daneses”.
Ahora, con el agravamiento de la crisis -- el déficit fiscal danés se perfila al 5,4% del PBI -- el Gobierno de Dinamarca presentó un plan de “recuperación económica” que incluye medidas como reducir la ayuda al desempleo de 4 a 2 años y recortes en el cheque o ayuda infantil. La fórmula es: más flexibilidad y menos seguridad.
A modo de conclusión puede afirmarse entonces que “El nuevo escenario laboral latinoamericano” es un intento tardío de desembarcar en la región la “flexiguridad” cuando la crisis global está destruyendo millones de puestos de trabajo en el mundo y el capital reclama un nuevo ajuste sobre las condiciones laborales y sociales
Por Ismael Bermúdez.
Revista Ñ 12-6-2010
“El Nuevo Escenario Laboral Latinoamericano” reúne diversos estudios que ponderan la llamada “flexiguridad” como una alternativa válida y superadora para las economías de América Latina.
Como se explica a lo largo de todo el libro, la llamada “flexiguridad” es un modelo “que surgió en varios países europeos, de los cuales Dinamarca es su principal exponente”, donde rige una amplia y absoluta flexibilidad de la fuerza de trabajo en las empresas con un sistema de ingreso garantizado contra el desempleo y de reinserción laboral.
Básicamente, en el modelo danés, las empresas pueden despedir en cualquier momento al trabajador sin costo directo alguno. En tanto, si cuando estuvo activo hizo aportes, el despedido tiene asegurado – con un año de pertenencia--un ingreso a través de los Fondos de Desempleo (llamados a-kasse), administrados por los sindicatos. La administración de esos cuantiosos fondos asegura la colaboración de las direcciones sindicales con el sistema y contribuye a que haya una alta tasa de afiliación sindical (80%).
En caso de no pertenecer a un fondo de desempleo, el desocupado puede percibir un subsidio cuyo monto está condicionado por su situación económica familiar y no solamente individual. Y también condicionado a la búsqueda y aceptación de un empleo vacante.
Otra característica es la “paz social”: entre los períodos de renovación de los convenios de trabajo es ilegal que los trabajadores hagan huelga, aunque mantienen ese derecho si no se logra un acuerdo para renovar el convenio.
Según los distintos autores, al combinar “flexibilidad laboral” con “seguridad social”, este sistema habría logrado mostrar que es posible contar con un mercado de trabajo flexible sin afectar la protección social de los trabajadores. Y agregan que resultó ser exitoso ya que habría logrado aumentar la productividad de las empresas, disminuir la desocupación y acortar el período de búsqueda de un nuevo empleo. Así Dinamarca tiene una alta tasa de empleo y una baja tasa de desocupación.
“El eje primario de este programa es una fuerza de trabajo muy móvil y una seguridad de ingreso apoyada equitativamente por políticas activas del mercado de trabajo y políticas de educación. Juntas constituyen uno de los tres pilares del llamado “triángulo de oro” danés”, señala Henning Jorgensen, profesor de la Universidad de Aalborg y ex director del Instituto Sindical Europeo, quien agrega que “un equilibrio sensato y justo entre la flexibilidad y la seguridad, teniendo en cuenta los distintos intereses de los interlocutores sociales, facilitará la eficiencia del mercado de trabajo”.
Otro ingrediente es la alta presión fiscal (más del 50% del PBI frente al 30/35% de la mayoría de los países europeos) que ayudan a financiar el esquema social.
Algunos autores atribuyen la implementación de este esquema a que Dinamarca es un país pequeño, con 5,6 millones de habitantes y una fuerza laboral de 2,8 millones de personas, y una tradición política de colaboración liberal-socialdemócrata, que no se puede generalizar sino que debe ser adaptada a las características de cada país.
“La flexiguridad se plasmará de manera distinta en cada sistema. Las condiciones iniciales y las tradiciones nacionales influirán mucho en los procesos y diseños. No se puede trazar una única hoja para América Latina. No existe un enfoque único aplicable a todos los casos, al contrario de las recetas que se encuentran en el “Consenso de Washington”. La flexiguridad debe promoverse no como una cuestión de imitación sino de inspiración”, dice Jorgensen, quien destaca que en 1993 la tasa de desempleo llegó al 12,4% y fue disminuyendo hasta el 1,6% en agosto de 2008, con una alta tasa de empleo – 77%-- una de las más altas de Europa. “Esto sólo se puede entender como algo promovido por la estructura institucional del modelo danés de flexiguridad”, concluye Jorgensen.
BOOM PETROLERO E INMOBILIARIO
Los textos presentan todos estos “logros” laborales y sociales como propios de la “flexiguridad” sin analizar que el contexto económico global se caracterizó durante los últimos años anteriores a 2007 por un fuerte repunte económico, crecimiento de la actividad y del empleo al amparo de la fuerte suba del precio del petróleo y una burbuja inmobiliaria que inundó buena parte de Europa.
La suba del precio del petróleo ayudó a que Dinamarca- que logró en 1997 el auto-abastecimiento- pasara a ser exportador neto de energía, lo que benefició ampliamente a las arcas públicas con los impuestos y la participación del Estado en las ganancias petroleras. Así en 2006, petróleo y gas constituyeron el segundo rubro más importante de exportación, contribuyendo con 12% del total de las exportaciones. Luego, en 2008, el superávit en el comercio exterior de Dinamarca fue de casi US$ 6.000 millones, mientras que la que la contribución neta del sector de los hidrocarburos a la balanza de pagos fue de US$ 10.000 millones. O sea si no hubiera sido por el sector de hidrocarburos, las cuentas hubieran sido deficitarias.
Por su parte, el superávit fiscal fue en 2008 alrededor de US$ 12.000 millones, gracias a que la contribución del sector de hidrocarburos fue de casi 7.000 millones. Así el superávit hubiera sido de menos de la mitad si no hubiera sido por el sector de hidrocarburos. También hubo una “burbuja” en el valor de las propiedades.
Con la caída del precio del petróleo esta situación se revirtió. “Mucho depende del comportamiento del precio del petróleo. En un escenario de precios bajos (U$S 30 por barril), la contribución fiscal del sector de hidrocarburos será insignificante, y aún a un precio de US$ 60 por barril la contribución va mermando en los años venideros. Solamente si el precio regresa a US$ 120, “la fiesta” puede continuar un rato más – por lo menos una media década”.
NO TODO LO QUE RELUCE ES ORO
A partir de fines de 2007, con el inicio de la crisis internacional, la realidad económica y social danesa se modificó.
“Dinamarca, que experimentó un 'boom' inmobiliario en la década de los 90, se ha convertido en la primera economía de la Unión Europea en entrar en recesión”, señaló la información oficial por la caída consecutiva de su economía en la primera mitad de 2008. Así, la inversión cayó el 5,1% en 2008, retrocedió otro 12,4% en 2009 y se prevé que vuelva a disminuir el 4,9% en 2010. En 2009, el comercio exterior se contrajo más del 10%.
Casi inmediatamente, y por la caída de los precios de la vivienda, el Banco Nacional de Dinamarca, Danmarks Nationalbank, se vio forzado a tomar el control de Roskilde Bank con el 45% de sus créditos otorgados al sector inmobiliario, ante la situación de insolvencia de la entidad. Luego se produjo la caída del Ebh Bank, “por las pérdidas de la entidad relacionadas con los créditos hipotecarios”, en tanto a comienzos de 2009 el fondo estatal danés de estabilización financiera tuvo que asumir el control del Fiona Bank, la novena entidad del país.
Un documento de la OCDE (Organización de Cooperación y Desenvolvimiento Económico), difundido luego de editado el libro, señala que recién ahora la “flexiguridad” va a experimentar “la primera verdadera prueba” por el impacto de la crisis global. Y aporta cifras. En 2009, el PBI de Dinamarca retrocedió el 2,9%, “la mayor caída de los últimos 40 años”. El desempleo subió del 3,3% en 2009 al 5,9% en 2009 y se prevé que alcance el 6,9% en 2010. “La tasa de desempleo de los jóvenes aumentó del 7,2 en 2008 al 12,4% en el cuarto trimestre de 2009”, reconoce la OCDE que agrega que “un aumento de la tasa de desocupación puede desembocar en un alza del desempleo estructural…”.
Por su parte, un reciente estudio de Óscar García Agustín de la Universidad de Aalborg puntualiza que con la irrupción de la crisis empezaron afectar “seriamente a uno de los tres pilares del “triángulo de oro” danés: la seguridad”. Y cuestiona por “paradójico que la Unión Europea explore las bondades del modelo danés mientras que el gobierno aplica políticas económicas que lo contradicen y lo ponen en peligro”.
Así señala que “un estudio reciente del sindicato LO (Confederación de Sindicatos de Dinamarca) mostraba que en los últimos 25 años la compensación por desempleo (la relación entre el salario y la prestación por desempleo) había caído un 25%. La media de la compensación de los miembros del sindicato LO es actualmente de 52,4%. Esto se debe a que se ha ido rebajando el salario fijado para obtener el 90% (sólo un 15% de los desempleados recibe este porcentaje, esto es, los trabajadores con los salarios más bajos). Ante esta disminución constante del porcentaje de la prestación, los trabajadores empiezan a cuestionar la facilidad del despido y pedir un mayor número de días de preaviso para poder planificar su futuro laboral. La pérdida de seguridad podría traducirse en una pérdida de movilidad”.
También en el período de bonanza, muchos jóvenes consideraron innecesario aportar al Fondo de Desempleo. Ahora, con la crisis, muchos se quedaron sin el empleo y sin el seguro.
“Un fenómeno similar – agrega- ha sido revelado por la mayor fragilidad a la que el mercado laboral ha quedado expuesto con la crisis. La bonanza económica llevó a algunos trabajadores a darse de baja de su fondo de desempleo a-kasse (hablamos de pertenecer al fondo y no al sindicato, aunque sea éste el que gestione el fondo). Los trabajadores, que vieron innecesaria la dimensión de la seguridad, percibieron que apenas tenían problemas para encontrar empleo y que no dependían del fondo de desempleo. En la actualidad, cuando se encuentran en el paro y se vuelven a anotar al fondo de desempleo, no pueden cobrar la prestación inmediatamente porque necesitan haber sido miembros durante un año. Tampoco pueden recibir el subsidio de desempleo porque está condicionado por la situación económica familiar (incluyendo propiedades) y se reserva solamente para gente que se encuentra en serios apuros y carece de recursos económicos básicos”.
La calidad del empleo también está afectada. “La pérdida de seguridad conlleva una pérdida gradual de la calidad del empleo. En los actuales tiempos de crisis, los trabajadores daneses están dispuestos a trabajar por un salario menor. En términos del modelo de flexiguridad, esto supone volver a la seguridad en el puesto de trabajo, debido a la disminución de la seguridad en el empleo, y un abandono de los altos salarios e impuestos para mantener el Estado de bienestar”, señala Óscar García Agustín.
Por su parte, y no obstante resaltar el modelo danés, Jorgensen reconoce que por la alta flexibilidad laboral, “una de cada tres personas del mercado de trabajo danés cambia de empleo cada año”. Esta alta rotación – por la facilidad del despido- “desalienta a las empresas y autoridades públicas a invertir mucho en más formación y educación debido a la posibilidad de perder su inversión”.
Otro problema clave es la inmigración. Jorgensen precisa que, “ por ejemplo, las personas que no son de origen danés tienen una participación limitada en el mercado de trabajo; sólo el 47% de las minorías étnicas tiene empleo, en comparación con el 77% de los daneses”.
Ahora, con el agravamiento de la crisis -- el déficit fiscal danés se perfila al 5,4% del PBI -- el Gobierno de Dinamarca presentó un plan de “recuperación económica” que incluye medidas como reducir la ayuda al desempleo de 4 a 2 años y recortes en el cheque o ayuda infantil. La fórmula es: más flexibilidad y menos seguridad.
A modo de conclusión puede afirmarse entonces que “El nuevo escenario laboral latinoamericano” es un intento tardío de desembarcar en la región la “flexiguridad” cuando la crisis global está destruyendo millones de puestos de trabajo en el mundo y el capital reclama un nuevo ajuste sobre las condiciones laborales y sociales
El Estado se queda con $ 1.200 millones al no subir el seguro de desempleo
sábado, 12 de junio de 2010
Aunque el Fondo que lo financia es por demás superavitario, casi 150.000 trabajadores despedidos a nivel país están cobrando, en promedio, apenas $ 354 por mes por el seguro de desempleo. Cifra que, con el salario familiar, sube a $ 548, de acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Trabajo.
Este monto equivale al 12% del salario medio y es bajísimo porque desde que se implantó en 1992, con un tope de $ 300, se ajustó una sola vez a $ 400 en 2006 y sigue en esos valores, pese a la inflación acumulada desde entonces.
El beneficio, que alcanza sólo a los trabajadores privados en blanco que perdieron sus empleos, debería calcularse tomando la mitad de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual de los últimos 6 meses antes de la cesantía. Eso daría, en promedio, unos $ 1.600 por trabajador al mes, contra el techo de $ 400.
El Fondo Nacional de Empleo (FNE) que paga este seguro se financia con un aporte patronal sobre los salarios que se pagan en blanco. En 2009 el FNE, que está bajo la órbita de la Anses, tuvo ingresos totales por $ 1.881 millones y pagos por sólo $ 610 millones. Así lo pagado representa apenas una tercera parte de los recursos recaudados por este fondo.
Algo similar vino pasando en todos estos años porque, por la inflación, aumentaron los salarios mientras el beneficio seguía congelado en los mismos valores.
Aún así, sobre 1.357.000 de desocupados que informa el Indec (8,3% de la población activa en el I Trimestre de 2010) muy pocos lo cobran porque no tienen derecho a este seguro ni el personal público ni el servicio doméstico, tampoco la construcción y rurales (con régimen propio) mientras no se aplica a los que trabajan en negro.
Además, este subsidio se paga como máximo durante 12 meses, y se extingue aunque el desempleado no haya conseguido un nuevo empleo.
Su monto es decreciente: primero se reduce al 85% y luego al 70%. Para los mayores de 45 años, el seguro se extiende automáticamente por 6 meses con el 70%. Por esta razón, y porque una parte debe haber encontrado empleo, sobre 243.487 que obtuvieron este seguro en 2009, en diciembre de ese año lo percibían sólo 143.573 cesanteados en todo el país.
La facultad de incrementar la prestación por desempleo es del Consejo del Salario Mínimo, entidad que conforman los dirigentes gremiales de la CGT y la CTA junto a representantes empresarios. Durante todos estos años el punto ni siquiera figuró en el temario ni en la agenda de discusiones.
Ahora, frente a la contundencia de los hechos, se espera que esto se revierta en la próxima convocatoria, que debe formalizarse en los próximos días, y que se discuta la cifra que se paga por el seguro de desempleo.
Aunque el Fondo que lo financia es por demás superavitario, casi 150.000 trabajadores despedidos a nivel país están cobrando, en promedio, apenas $ 354 por mes por el seguro de desempleo. Cifra que, con el salario familiar, sube a $ 548, de acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Trabajo.
Este monto equivale al 12% del salario medio y es bajísimo porque desde que se implantó en 1992, con un tope de $ 300, se ajustó una sola vez a $ 400 en 2006 y sigue en esos valores, pese a la inflación acumulada desde entonces.
El beneficio, que alcanza sólo a los trabajadores privados en blanco que perdieron sus empleos, debería calcularse tomando la mitad de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual de los últimos 6 meses antes de la cesantía. Eso daría, en promedio, unos $ 1.600 por trabajador al mes, contra el techo de $ 400.
El Fondo Nacional de Empleo (FNE) que paga este seguro se financia con un aporte patronal sobre los salarios que se pagan en blanco. En 2009 el FNE, que está bajo la órbita de la Anses, tuvo ingresos totales por $ 1.881 millones y pagos por sólo $ 610 millones. Así lo pagado representa apenas una tercera parte de los recursos recaudados por este fondo.
Algo similar vino pasando en todos estos años porque, por la inflación, aumentaron los salarios mientras el beneficio seguía congelado en los mismos valores.
Aún así, sobre 1.357.000 de desocupados que informa el Indec (8,3% de la población activa en el I Trimestre de 2010) muy pocos lo cobran porque no tienen derecho a este seguro ni el personal público ni el servicio doméstico, tampoco la construcción y rurales (con régimen propio) mientras no se aplica a los que trabajan en negro.
Además, este subsidio se paga como máximo durante 12 meses, y se extingue aunque el desempleado no haya conseguido un nuevo empleo.
Su monto es decreciente: primero se reduce al 85% y luego al 70%. Para los mayores de 45 años, el seguro se extiende automáticamente por 6 meses con el 70%. Por esta razón, y porque una parte debe haber encontrado empleo, sobre 243.487 que obtuvieron este seguro en 2009, en diciembre de ese año lo percibían sólo 143.573 cesanteados en todo el país.
La facultad de incrementar la prestación por desempleo es del Consejo del Salario Mínimo, entidad que conforman los dirigentes gremiales de la CGT y la CTA junto a representantes empresarios. Durante todos estos años el punto ni siquiera figuró en el temario ni en la agenda de discusiones.
Ahora, frente a la contundencia de los hechos, se espera que esto se revierta en la próxima convocatoria, que debe formalizarse en los próximos días, y que se discuta la cifra que se paga por el seguro de desempleo.
Jubilados: medida inncesaria
Opinión
Clarin.com
SÁB 12.06.10
Por Ismael Bermúdez
Con el argumento de que se están acumulando miles y miles de juicios de jubilados y el Fuero está en “colapso”, en el Congreso hay un proyecto de ley en favor de crear una cuarta Sala y 5 Juzgados más en la Cámara Federal de la Seguridad Social .
El Consejo de la Magistratura ya dio su aval. Ahora hay 10 juzgados federales y una Cámara compuesta por tres Salas, todas en el ámbito de la Capital. En los fundamentos del proyecto se señala que, por la “continua litigiosidad”, los Juzgados están desbordados y “dado el carácter alimentario de todos los litigios que tramitan ante este fuero, al no existir una respuesta eficaz y oportuna, se vulneran los artículos 14 bis, 17, 18, 43, 75 inc. 22 y 23 de la Constitución y los derechos humanos jerarquizados constitucionalmente a partir de la reforma de 1994”.
La medida parecería que va en la buena dirección. Pero sólo en apariencia porque, como señala el juez Luis Herrero, la alta litigiosidad en la Seguridad Social es “ficticia” . El 60% de las causas sorteadas en 2009 -60.000 sobre 103.000 expedientes- son reajustes similares al caso Badaro, ordenado por la Corte Suprema . Desde el 2003 hubo varios aumentos del haber mínimo, pero los que ganaban por encima de esa cifra recibieron incrementos muy inferiores a las subas de los salarios. Por eso, en Badaro, la Corte reconoció una movilidad del 88,6 % entre enero de 2002 y diciembre de 2006 , cuando los aumentos jubilatorios generales en ese lapso fueron entre el 10% y el 22%.
En base a esa doctrina, miles de jubilados comenzaron a realizar reclamos similares, incrementando el número de causas cuando la ANSeS debería haber extendido ese reajuste sin necesidad de que el jubilado siga reclamando en los estratos judiciales . “Si la ANSeS cumpliera la doctrina de la Corte, la litigiosidad bajaría ostensiblemente”, asegura Herrero. Además, el Estado argentino no está cumpliendo con el compromiso asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA de no apelar ningún fallo vinculado a temas en los que la Corte ya se pronunció.
La creación de nuevos juzgados y salas no resuelve el tema de fondo sino que convalida este estado de cosas, sumando una carga presupuestaria innecesaria.
Clarin.com
SÁB 12.06.10
Por Ismael Bermúdez
Con el argumento de que se están acumulando miles y miles de juicios de jubilados y el Fuero está en “colapso”, en el Congreso hay un proyecto de ley en favor de crear una cuarta Sala y 5 Juzgados más en la Cámara Federal de la Seguridad Social .
El Consejo de la Magistratura ya dio su aval. Ahora hay 10 juzgados federales y una Cámara compuesta por tres Salas, todas en el ámbito de la Capital. En los fundamentos del proyecto se señala que, por la “continua litigiosidad”, los Juzgados están desbordados y “dado el carácter alimentario de todos los litigios que tramitan ante este fuero, al no existir una respuesta eficaz y oportuna, se vulneran los artículos 14 bis, 17, 18, 43, 75 inc. 22 y 23 de la Constitución y los derechos humanos jerarquizados constitucionalmente a partir de la reforma de 1994”.
La medida parecería que va en la buena dirección. Pero sólo en apariencia porque, como señala el juez Luis Herrero, la alta litigiosidad en la Seguridad Social es “ficticia” . El 60% de las causas sorteadas en 2009 -60.000 sobre 103.000 expedientes- son reajustes similares al caso Badaro, ordenado por la Corte Suprema . Desde el 2003 hubo varios aumentos del haber mínimo, pero los que ganaban por encima de esa cifra recibieron incrementos muy inferiores a las subas de los salarios. Por eso, en Badaro, la Corte reconoció una movilidad del 88,6 % entre enero de 2002 y diciembre de 2006 , cuando los aumentos jubilatorios generales en ese lapso fueron entre el 10% y el 22%.
En base a esa doctrina, miles de jubilados comenzaron a realizar reclamos similares, incrementando el número de causas cuando la ANSeS debería haber extendido ese reajuste sin necesidad de que el jubilado siga reclamando en los estratos judiciales . “Si la ANSeS cumpliera la doctrina de la Corte, la litigiosidad bajaría ostensiblemente”, asegura Herrero. Además, el Estado argentino no está cumpliendo con el compromiso asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA de no apelar ningún fallo vinculado a temas en los que la Corte ya se pronunció.
La creación de nuevos juzgados y salas no resuelve el tema de fondo sino que convalida este estado de cosas, sumando una carga presupuestaria innecesaria.
sábado, 5 de junio de 2010
Se reabre el debate sobre la inflación
El "impuesto inflacionario" es el más regresivo porque golpea a los que menos tienen.
OPINION
POR ISMAEL BERMUDEZ
Los reclamos salariales en torno de las paritarias reabrieron el viejo debate sobre la inflación. Básicamente si los aumentos de los salarios son la causa o una consecuencia de la suba de los precios.
Los datos oficiales y privados coinciden en que los precios se aceleraron a fines de 2009 cuando prácticamente no había negociaciones salariales, que comenzaron recién en marzo. En ese momento algunos gremios, como Luz y Fuerza o Bancarios, acordaron el 22 o 23%, porcentajes que parecían razonables para el nivel de inflación de ese momento. Pero dichos aumentos quedaron desfasados por la trepada de los precios que se manifestó con fuerza en lo que va de 2010. Además, los precios de los productos que más subieron fueron los alimenticios . Se trata justamente de aquellos que más impactan sobre el poder adquisitivo de los asalariados o de los jubilados.
Así el argumento de que los aumentos de salarios serían responsables de la inflación no responde a la realidad. Y además, ese fundamento es interesado, porque el incremento de los precios es el resultado de muchos factores, como el gasto y el déficit fiscal, la evolución del crédito bancario, la entrada de capitales, el tipo de cambio, la valorización de acciones y bonos -en este caso al compás de la operación de canje de la deuda- de la tasa de interés que determina los desplazamientos de los fondos especulativos y hasta del uso de reservas para pagar la deuda pública.
Los gremios que firmaron por más del 30% recién alcanzan ese porcentaje en el primer cuatrimestre de 2011 por cuánto arrancan con un 20% ahora y se adicionan otras dos o tres subas en los próximos meses que se completan el año próximo.
Este escalonamiento se debe a que los convenios se firman por doce meses lo que obliga, en un escenario inflacionario creciente, a subas en varios tramos porque, de lo contrario, la inflación podría licuar en pocos meses las subas salariales acordadas sino se refuerzan en los siguientes meses. Aún así, queda siempre abierta la posibilidad de pedir una reapertura de la paritaria, como anunció Luz y Fuerza.
Un ejemplo claro de los tiempos es el de las jubilaciones. En marzo, los jubilados recibieron un ajuste semestral del 8,21% hasta septiembre. Entre enero y abril la inf lación "verdadera", según los Institutos of iciales provinciales, fue del 11%, con alimentos liderando con el 17%, marcando que en 4 meses el incremento de los precios se "comió" el aumento de los haberes de 6 meses y algo más.
Salarios y jubilaciones no aventajan sino van detrás de la inflación. Por eso llama la atención que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, ante los reclamos salariales que se reiteraron durante la última semana, le planteara a los gremios que "todo tiene un límite". Lo que sucede -tal como se venía señalando desde hace tiempo- es que también el Gobierno se beneficia de la inflación: y esto es así porque recauda más por el IVA, Ganancias y otros impuestos, mientras el gasto en sueldos públicos y jubilaciones se ajusta menos y con retraso.
De este modo, en lugar de ajustar recortando nominalmente los sueldos y las jubilaciones, se recurre al conocido expediente del ajuste real, por la vía de la inflación. Es lo que técnicamente se denomina el "impuesto inflacionario", el más regresivo de todos porque golpea más a los que menos tienen.
OPINION
POR ISMAEL BERMUDEZ
Los reclamos salariales en torno de las paritarias reabrieron el viejo debate sobre la inflación. Básicamente si los aumentos de los salarios son la causa o una consecuencia de la suba de los precios.
Los datos oficiales y privados coinciden en que los precios se aceleraron a fines de 2009 cuando prácticamente no había negociaciones salariales, que comenzaron recién en marzo. En ese momento algunos gremios, como Luz y Fuerza o Bancarios, acordaron el 22 o 23%, porcentajes que parecían razonables para el nivel de inflación de ese momento. Pero dichos aumentos quedaron desfasados por la trepada de los precios que se manifestó con fuerza en lo que va de 2010. Además, los precios de los productos que más subieron fueron los alimenticios . Se trata justamente de aquellos que más impactan sobre el poder adquisitivo de los asalariados o de los jubilados.
Así el argumento de que los aumentos de salarios serían responsables de la inflación no responde a la realidad. Y además, ese fundamento es interesado, porque el incremento de los precios es el resultado de muchos factores, como el gasto y el déficit fiscal, la evolución del crédito bancario, la entrada de capitales, el tipo de cambio, la valorización de acciones y bonos -en este caso al compás de la operación de canje de la deuda- de la tasa de interés que determina los desplazamientos de los fondos especulativos y hasta del uso de reservas para pagar la deuda pública.
Los gremios que firmaron por más del 30% recién alcanzan ese porcentaje en el primer cuatrimestre de 2011 por cuánto arrancan con un 20% ahora y se adicionan otras dos o tres subas en los próximos meses que se completan el año próximo.
Este escalonamiento se debe a que los convenios se firman por doce meses lo que obliga, en un escenario inflacionario creciente, a subas en varios tramos porque, de lo contrario, la inflación podría licuar en pocos meses las subas salariales acordadas sino se refuerzan en los siguientes meses. Aún así, queda siempre abierta la posibilidad de pedir una reapertura de la paritaria, como anunció Luz y Fuerza.
Un ejemplo claro de los tiempos es el de las jubilaciones. En marzo, los jubilados recibieron un ajuste semestral del 8,21% hasta septiembre. Entre enero y abril la inf lación "verdadera", según los Institutos of iciales provinciales, fue del 11%, con alimentos liderando con el 17%, marcando que en 4 meses el incremento de los precios se "comió" el aumento de los haberes de 6 meses y algo más.
Salarios y jubilaciones no aventajan sino van detrás de la inflación. Por eso llama la atención que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, ante los reclamos salariales que se reiteraron durante la última semana, le planteara a los gremios que "todo tiene un límite". Lo que sucede -tal como se venía señalando desde hace tiempo- es que también el Gobierno se beneficia de la inflación: y esto es así porque recauda más por el IVA, Ganancias y otros impuestos, mientras el gasto en sueldos públicos y jubilaciones se ajusta menos y con retraso.
De este modo, en lugar de ajustar recortando nominalmente los sueldos y las jubilaciones, se recurre al conocido expediente del ajuste real, por la vía de la inflación. Es lo que técnicamente se denomina el "impuesto inflacionario", el más regresivo de todos porque golpea más a los que menos tienen.
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