El 31 de enero de 2007, Clarín anticipó el relevo de Graciela Bevacqua, responsable del área de Precios del INDEC. Fue el comienzo de una política deliberada para ocultar la suba de precios.
Por
Ismael Bermúdez
Ibermudez@clarin.com
El próximo martes 31 se cumplirán cinco años de un anticipo de Clarín : el Gobierno había desplazado a la directora del área de Precios del INDEC, Graciela Bevacqua. El 24 de febrero, la directora de Condiciones de Vida, Clyde Trabuchi, “pidió ser separada de su cargo”. Semanas después renunció el entonces titular del INDEC, Lelio Mármora, y otros que lo sucedieron. En tanto, y sin pausa, hubo decenas de desplazamientos y hasta despidos de funcionarios y empleados opuestos a la “intervención”.
El balance de estos cinco años es lapidario por el descrédito del organismo, incluso fuera de la Argentina, y también entre consultoras afines al Gobierno.
El Indice de Precios (IPC) no es utilizado como referencia por ningún agente económico ni actor social ni tampoco por los propios funcionarios que elaboran los presupuestos sobre pautas inflacionarias que duplican y hasta triplican a los números del Instituto.
El INDEC tampoco pasó la prueba de los académicos universitarios designados por el propio Gobierno para auditar las estadísticas oficiales. A mediados de 2009, a través de un decreto, el Gobierno constituyó el Consejo Académico de Estudio y Seguimiento (CAES) con profesores de las universidades de Buenos Aires (UBA), Mar del Plata, Rosario, Tres de Febrero y Tucumán. El objetivo era obtener un “certificado de calidad” al cuestionado IPC, pero se transformó en un bumerán.
El CAES concluyó que “la confiabilidad del IPC-GBA está cuestionada”, que los precios relevados no guardan relación con los que pagan los consumidores, que “es necesario generar acciones para modificar nuevamente el período base y asegurar la calidad de los procedimientos de relevamiento y procesamiento de precios” y que las estadísticas oficiales no adolecen de un problema metodológico sino “de naturaleza fundamentalmente institucional”, además de impugnar la calidad técnica del personal incorporado al organismo después de fines de 2006. También se menciona que las cifras del INDEC discrepan llamativamente de los índices provinciales cuando hasta la intervención del organismo habían sido convergentes.
El decreto que puso en marcha la auditoria académica del INDEC dice que del resultado de la tarea pedida a las universidades “se dará conocimiento al Honorable Congreso de la Nación”. Sin embargo, a más de un año que el CAES entregó el informe, el Gobierno no lo envió al Parlamento, quizás, o con seguridad, por no avalar las “manipulaciones” oficiales.
Otro incumplimiento, que también se arrastra desde julio de 2009, es que no se constituyó “el Consejo de Observación Económico y Social en materia de estadística, el que estará integrado por representantes de los sectores primario, secundario, comercio y servicios, como así también representantes de los trabajadores y de los usuarios y consumidores, que el Ministerio de Economía y Finanzas invite”, según el decreto.
En tanto, a partir de la “manipulación” del IPC, están también cuestionadas otras estadísticas que se elaboran en base al índice de precios, como el PBI, el valor de la canasta básica alimentaria y total, los índices de salario real, de tipo de cambio real, los niveles de indigencia y pobreza. Y hoy se producen menos estadísticas que cinco años atrás.
Un número final: en estos cinco años, para el INDEC, la inflación acumulada fue del 52%. Para las direcciones de estadísticas provinciales fue del 155% al 180%, tres veces el dato nacional.
domingo, 29 de enero de 2012
viernes, 27 de enero de 2012
AFIP y ANSeS, beneficiados por una paritaria
Ismael Bermúdez - 26/01/12
Ayer, en medio de las asambleas que realizó la Federación sindical aceitera por la firma del convenio con una suba del 24% en los sueldos, y con la garantía de un básico inicial de $ 6.200 – como informó ayer Clarín – surgió un dato más que paradójico y polémico. Aunque no formaron parte de las negociaciones, la AFIP y la ANSeS son dos grandes ganadores en lo que es la primera paritaria del año. Y que puede marcar al resto de los gremios.
Con el nuevo piso salarial, ahora la totalidad de los trabajadores aceiteros quedaron excluidos de cobrar las asignaciones familiares que mensualmente paga la ANSeS. Y casi todo el personal quedó alcanzado por el impuesto a las Ganancias, mientras que los que ya pagaban, pasarán a pagar más en ese rubro.
Por la falta de actualización, hoy tienen derecho a cobrar las asignaciones familiares los trabajadores con hijos, que se casen o tengan hijos, que ganan menos de $ 5.200 mensuales de sueldo bruto. Esas asignaciones las paga la ANSeS con fondos que provienen de las contribuciones sobre la masa salarial. Al pasar el básico inicial de la categoría más baja (peón) de $ 5.000 a 6.200 mensuales, todo el gremio quedó fuera de este beneficio. La ANSeS sale beneficiada porque recauda sobre una masa salarial más alta y no paga ni una sola asignación familiar.
Con el impuesto a las Ganancias, pasa algo similar. Hoy pagan Ganancias los trabajadores que ganan, después de los descuentos de jubilación y salud, un sueldo neto de más de $ 5.782. Con el nuevo básico, más algún adicional por antigüedad o premio, el 95% o más de los trabajadores aceiteros quedó gravado por Ganancias. Y los que ya pagaban, pagan más. Así, la AFIP es la otra gran beneficiada.
Con estos pisos salariales tan bajos, que en términos reales bajan más a medida que avanza la inflación, la AFIP y la ANSeS son “socios” obligados, no deseados, de los trabajadores ya que capturan una parte no menor de los aumentos salariales
Ayer, en medio de las asambleas que realizó la Federación sindical aceitera por la firma del convenio con una suba del 24% en los sueldos, y con la garantía de un básico inicial de $ 6.200 – como informó ayer Clarín – surgió un dato más que paradójico y polémico. Aunque no formaron parte de las negociaciones, la AFIP y la ANSeS son dos grandes ganadores en lo que es la primera paritaria del año. Y que puede marcar al resto de los gremios.
Con el nuevo piso salarial, ahora la totalidad de los trabajadores aceiteros quedaron excluidos de cobrar las asignaciones familiares que mensualmente paga la ANSeS. Y casi todo el personal quedó alcanzado por el impuesto a las Ganancias, mientras que los que ya pagaban, pasarán a pagar más en ese rubro.
Por la falta de actualización, hoy tienen derecho a cobrar las asignaciones familiares los trabajadores con hijos, que se casen o tengan hijos, que ganan menos de $ 5.200 mensuales de sueldo bruto. Esas asignaciones las paga la ANSeS con fondos que provienen de las contribuciones sobre la masa salarial. Al pasar el básico inicial de la categoría más baja (peón) de $ 5.000 a 6.200 mensuales, todo el gremio quedó fuera de este beneficio. La ANSeS sale beneficiada porque recauda sobre una masa salarial más alta y no paga ni una sola asignación familiar.
Con el impuesto a las Ganancias, pasa algo similar. Hoy pagan Ganancias los trabajadores que ganan, después de los descuentos de jubilación y salud, un sueldo neto de más de $ 5.782. Con el nuevo básico, más algún adicional por antigüedad o premio, el 95% o más de los trabajadores aceiteros quedó gravado por Ganancias. Y los que ya pagaban, pagan más. Así, la AFIP es la otra gran beneficiada.
Con estos pisos salariales tan bajos, que en términos reales bajan más a medida que avanza la inflación, la AFIP y la ANSeS son “socios” obligados, no deseados, de los trabajadores ya que capturan una parte no menor de los aumentos salariales
Cinco puntos que traban las paritarias
Por Ismael Bermúdez
Son temas pendientes que debe resolver el Gobierno y que tienen incidencia directa sobre el salario de bolsillo. Incluyen el tope de Ganancias, salario familiar, recorte de subsidios, la canasta básica y el decreto que revisa los sueldos estatales.
23/01/12
Las paritarias de este año no logran arrancar . Y no es por falta de acuerdo sobre el nivel de las subas salariales, ya que las posturas de sindicalistas y empresarios se acercan bastante en torno al 24%/28% anual. Lo que impide avanzar en negociaciones de los convenios es que el Gobierno no definió cinco puntos claves que inciden en forma directa sobre los acuerdos.
Según coincidieron varias fuentes sindicales consultadas por Clarín , esos puntos son: la magnitud de la quita de subsidios a los servicios públicos; los topes salariales para el pago del salario familiar; el impacto del impuesto a las Ganancias; el valor real de la canasta familiar; los alcances del decreto que pone en revisión los salarios de la administración pública, y el techo del 18% que pretende fijar el Gobierno. Varios gremios ya plantearon formalmente reclamos por estos temas y esperan alguna señal para avanzar en la negociación.
Cada uno de estos puntos impacta en distinta proporción sobre los salarios y determinan si los sindicatos mantendrán o elevarán su reclamo salarial y si los empresarios están dispuestos a aceptarlos.
1 Quita de subsidios Aunque la decisión política es eliminar los subsidios sobre todos los servicios esenciales, todavía no se sabe a qué valor van a pagar el gas, el agua, la luz y el transporte el grueso de los trabajadores. Esos rubros pesan un 10% en el gasto de las familias cuyo jefe de hogar es un asalariado medio. Y por la magnitud de los aumentos – van del 100 al 300% – pueden incrementar entre $ 400 y $ 600 el gasto mensual de una familia tipo. Entre los requisitos para mantener los subsidios se mencionan a quienes ganan la jubilación mínima o cobran un plan social. Pero no se aclaró qué pasará con quienes ganan menos de $ 4.000 mensuales. Como buena parte de los gremios tienen básicos inferiores a esa cifra, los dirigentes quieren que el Gobierno defina los alcances de la quita para poder fijar el nivel de su reclamo salarial.
2 Salario familiar Como el Gobierno no actualiza correctamente los topes salariales a partir de los cuales se deja de cobrar el salario familiar, muchos trabajadores están perdiendo el beneficio cuando reciben un aumento de sueldo. Hoy el tope está en $ 5.200 de sueldo bruto (antes de los descuentos). Así, un trabajador con 2 hijos que gana $ 4.300, después de los descuentos, si recibe un aumento neto de $ 1.000, automáticamente al superar el tope, deja de cobrar el salario familiar que en este caso sería de $ 272 ($ 136 por cada hijo). O sea, en lugar de ganar 1.000 pesos más, cobraría $ 728. Como el tope de $ 5.200 es muy bajo, se calcula que los padres de más de un millón de chicos dejaron de cobrar en los últimos años este beneficio.
Los sindicatos piden que se revisen los valores para eliminar esta distorsión .
3 Impuesto a las Ganancias El piso salarial a partir del cual un asalariado paga Ganancias es de $ 5.782 mensuales (después de los descuentos) para un soltero y de $ 7.998 para los casados con 2 hijos. Si el incremento salarial lleva al trabajador a superar esos valores, automáticamente una parte del aumento es acaparado por el Fisco. Y los que ya están alcanzados por este impuesto, pasan a pagar más. Como el “piso” de Ganancias es muy bajo, se calcula que más de 1.500.000 asalariados pagan este impuesto. Se estima que por cada $ 100 de aumento, entre 22 y 35 pesos quedan en manos de la AFIP. Esto sucede porque el mínimo no imponible fue ajustado menos que la inflación y las escalas del impuesto con alícuotas que van del 9 al 35% permanecen congeladas desde hace 12 años. Por eso los gremios reclaman que se exceptúe a los salarios o los topes se ajusten en sintonía con la inflación real.
4 La canasta familiar El valor de la canasta familiar es otra fuente de litigio. Muchos gremios consideran que los salarios básicos de convenio deben fijarse de acuerdo al costo de esa canasta, que está compuesta por los bienes y servicios esenciales para la supervivencia. Aunque las leyes laborales dicen que una de las tareas del Consejo Nacional del Empleo, que conforman el Gobierno, empleadores y sindicatos, “es aprobar los lineamientos, metodología, pautas y normas para la definición de una canasta básica que se convierta en un elemento de referencia para la determinación del salario mínimo, vital y móvil”, hasta ahora no se hizo. Por eso, muchos gremios – como el de la industria del aceite – encargaron a distintas universidades calcular el “costo familiar”, que estimaron en torno de los $ 6.000.
Y quieren que ese valor sea la base de discusión de los nuevos básicos .
5 Poda de salarios estatales Más de 300.000 empleados del sector público están afectados por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de fines de diciembre que autoriza al Gobierno, en su carácter de empleador, a revisar los sueldos estatales. Ya en 13 dependencias el Gobierno no pagó los plus de fin de año que venían abonándose desde hace mucho tiempo. Los gremios denunciaron que se trata de una reducción salarial porque esos plus forman parte de “la remuneración normal y habitual” de esos trabajadores. Los distintos sindicatos del sector público anticiparon que reclamarán un incremento salarial mayor al 25% para compensar ese recorte salarial si sus reclamos no son atendidos
Son temas pendientes que debe resolver el Gobierno y que tienen incidencia directa sobre el salario de bolsillo. Incluyen el tope de Ganancias, salario familiar, recorte de subsidios, la canasta básica y el decreto que revisa los sueldos estatales.
23/01/12
Las paritarias de este año no logran arrancar . Y no es por falta de acuerdo sobre el nivel de las subas salariales, ya que las posturas de sindicalistas y empresarios se acercan bastante en torno al 24%/28% anual. Lo que impide avanzar en negociaciones de los convenios es que el Gobierno no definió cinco puntos claves que inciden en forma directa sobre los acuerdos.
Según coincidieron varias fuentes sindicales consultadas por Clarín , esos puntos son: la magnitud de la quita de subsidios a los servicios públicos; los topes salariales para el pago del salario familiar; el impacto del impuesto a las Ganancias; el valor real de la canasta familiar; los alcances del decreto que pone en revisión los salarios de la administración pública, y el techo del 18% que pretende fijar el Gobierno. Varios gremios ya plantearon formalmente reclamos por estos temas y esperan alguna señal para avanzar en la negociación.
Cada uno de estos puntos impacta en distinta proporción sobre los salarios y determinan si los sindicatos mantendrán o elevarán su reclamo salarial y si los empresarios están dispuestos a aceptarlos.
1 Quita de subsidios Aunque la decisión política es eliminar los subsidios sobre todos los servicios esenciales, todavía no se sabe a qué valor van a pagar el gas, el agua, la luz y el transporte el grueso de los trabajadores. Esos rubros pesan un 10% en el gasto de las familias cuyo jefe de hogar es un asalariado medio. Y por la magnitud de los aumentos – van del 100 al 300% – pueden incrementar entre $ 400 y $ 600 el gasto mensual de una familia tipo. Entre los requisitos para mantener los subsidios se mencionan a quienes ganan la jubilación mínima o cobran un plan social. Pero no se aclaró qué pasará con quienes ganan menos de $ 4.000 mensuales. Como buena parte de los gremios tienen básicos inferiores a esa cifra, los dirigentes quieren que el Gobierno defina los alcances de la quita para poder fijar el nivel de su reclamo salarial.
2 Salario familiar Como el Gobierno no actualiza correctamente los topes salariales a partir de los cuales se deja de cobrar el salario familiar, muchos trabajadores están perdiendo el beneficio cuando reciben un aumento de sueldo. Hoy el tope está en $ 5.200 de sueldo bruto (antes de los descuentos). Así, un trabajador con 2 hijos que gana $ 4.300, después de los descuentos, si recibe un aumento neto de $ 1.000, automáticamente al superar el tope, deja de cobrar el salario familiar que en este caso sería de $ 272 ($ 136 por cada hijo). O sea, en lugar de ganar 1.000 pesos más, cobraría $ 728. Como el tope de $ 5.200 es muy bajo, se calcula que los padres de más de un millón de chicos dejaron de cobrar en los últimos años este beneficio.
Los sindicatos piden que se revisen los valores para eliminar esta distorsión .
3 Impuesto a las Ganancias El piso salarial a partir del cual un asalariado paga Ganancias es de $ 5.782 mensuales (después de los descuentos) para un soltero y de $ 7.998 para los casados con 2 hijos. Si el incremento salarial lleva al trabajador a superar esos valores, automáticamente una parte del aumento es acaparado por el Fisco. Y los que ya están alcanzados por este impuesto, pasan a pagar más. Como el “piso” de Ganancias es muy bajo, se calcula que más de 1.500.000 asalariados pagan este impuesto. Se estima que por cada $ 100 de aumento, entre 22 y 35 pesos quedan en manos de la AFIP. Esto sucede porque el mínimo no imponible fue ajustado menos que la inflación y las escalas del impuesto con alícuotas que van del 9 al 35% permanecen congeladas desde hace 12 años. Por eso los gremios reclaman que se exceptúe a los salarios o los topes se ajusten en sintonía con la inflación real.
4 La canasta familiar El valor de la canasta familiar es otra fuente de litigio. Muchos gremios consideran que los salarios básicos de convenio deben fijarse de acuerdo al costo de esa canasta, que está compuesta por los bienes y servicios esenciales para la supervivencia. Aunque las leyes laborales dicen que una de las tareas del Consejo Nacional del Empleo, que conforman el Gobierno, empleadores y sindicatos, “es aprobar los lineamientos, metodología, pautas y normas para la definición de una canasta básica que se convierta en un elemento de referencia para la determinación del salario mínimo, vital y móvil”, hasta ahora no se hizo. Por eso, muchos gremios – como el de la industria del aceite – encargaron a distintas universidades calcular el “costo familiar”, que estimaron en torno de los $ 6.000.
Y quieren que ese valor sea la base de discusión de los nuevos básicos .
5 Poda de salarios estatales Más de 300.000 empleados del sector público están afectados por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de fines de diciembre que autoriza al Gobierno, en su carácter de empleador, a revisar los sueldos estatales. Ya en 13 dependencias el Gobierno no pagó los plus de fin de año que venían abonándose desde hace mucho tiempo. Los gremios denunciaron que se trata de una reducción salarial porque esos plus forman parte de “la remuneración normal y habitual” de esos trabajadores. Los distintos sindicatos del sector público anticiparon que reclamarán un incremento salarial mayor al 25% para compensar ese recorte salarial si sus reclamos no son atendidos
Déficit fiscal: artificios para tapar la realidad
Por
Ismael Bermúdez
- 25/01/12
En Economía informaron ayer que las cuentas públicas cerraron 2011 con un superávit fiscal primario de $ 4.920 millones. Así pretendieron ignorar el pago de $ 35.583 millones en intereses de la deuda pública que transformaron aquel resultado en un “rojo” de $ 30.663 millones. Este déficit en realidad llega a $ 52.000 millones, pero se lo disimula con el artificio de sumar como ingresos corrientes las transferencias del Banco Central y de la ANSeS.
Estos datos oficiales confirman que el déficit fiscal fue el mayor desde 2003, como informó ayer Clarín en base a un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto. Sólo hubo una diferencia en el monto de los intereses: para ASAP fueron $ 41.187 millones y para Economía $ 35.583 millones.
Al déficit de $ 30.663 millones se llega porque el Tesoro y otros organismos tuvieron un “rojo” $ 53.362 millones, pero la ANSeS tuvo excedentes por $ 22.699 millones. Pero esa cuenta es engañosa. La plata de la ANSeS es para pagar jubilaciones y otras prestaciones. Y lo que le sobra es un ahorro para capitalizar el sistema y afrontar las futuras jubilaciones; pero no para cubrir los gastos de funcionamiento del Estado.
Ismael Bermúdez
- 25/01/12
En Economía informaron ayer que las cuentas públicas cerraron 2011 con un superávit fiscal primario de $ 4.920 millones. Así pretendieron ignorar el pago de $ 35.583 millones en intereses de la deuda pública que transformaron aquel resultado en un “rojo” de $ 30.663 millones. Este déficit en realidad llega a $ 52.000 millones, pero se lo disimula con el artificio de sumar como ingresos corrientes las transferencias del Banco Central y de la ANSeS.
Estos datos oficiales confirman que el déficit fiscal fue el mayor desde 2003, como informó ayer Clarín en base a un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto. Sólo hubo una diferencia en el monto de los intereses: para ASAP fueron $ 41.187 millones y para Economía $ 35.583 millones.
Al déficit de $ 30.663 millones se llega porque el Tesoro y otros organismos tuvieron un “rojo” $ 53.362 millones, pero la ANSeS tuvo excedentes por $ 22.699 millones. Pero esa cuenta es engañosa. La plata de la ANSeS es para pagar jubilaciones y otras prestaciones. Y lo que le sobra es un ahorro para capitalizar el sistema y afrontar las futuras jubilaciones; pero no para cubrir los gastos de funcionamiento del Estado.
viernes, 13 de enero de 2012
INDEC: La manipulación recibió críticas hasta del propio oficialismo
Por Ismael Bermúdez
Las hicieron varios centros de estudios ligados
a expertos y dirigentes allegados al Gobierno.
13/01/12
Mucho antes que las objeciones y críticas hacia las estadísticas del INDEC llegaran al Fondo Monetario Internacional, buena parte de los académicos argentinos - y con especial énfasis algunos vinculados al Gobierno - venían denunciando desde comienzos de 2007 la manipulación de las cifras del Instituto Nacional.
Uno de esos centros fue CENDA (Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino), dirigido por varios economistas jóvenes del kirchnerismo, como Axel Kicillof, quien desde el pasado 10 de diciembre ocupa el cargo de viceministro de Economía.
“La inocultable falta de confiabilidad del índice de precios al consumidor (IPC) calculado por el INDEC ha privado a la sociedad de una herramienta fundamental para conocer la verdadera situación económica del país”, decía CENDA en un documento luego que el INDEC fuera “intervenido” por Guillermo Moreno. Y concluía que “los principales perjudicados son, una vez más, los trabajadores, que carecen de elementos para conocer con precisión las variaciones del poder adquisitivo de sus salarios”.
Sobre esa base, y “para paliar transitoria e imperfectamente esta situación que se hace insostenible”, CENDA construyó un índice de precios sobre la base de los datos de siete provincias que fue difundiendo mes a mes.
Lamentablemente, a principios de diciembre, apenas Kicillof asumió en Economía, y sin dar ninguna explicación, los economistas de CENDA, ahora devenidos en funcionarios, dejaron de elaborar y difundir dicho índice .
Otro centro kirchnerista es CIFRA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina), vinculado a la CTA oficialista que encabeza Hugo Yasky . En todos estos años elaboró informes económicos donde aclaraba que “la falta de confiabilidad del índice de precios al consumidor (IPC) calculado por el INDEC determina la necesidad de utilizar un índice de precios alternativo. En este sentido, se optó por utilizar el IPC/ 7 provincias, estimado por el CENDA”.
Con ese índice los informes periódicos de CIFRA concluían que había más pobres e indigentes que los que informaba el INDEC y que a partir de 2007 el poder de compra no había mejorado como aseguraba el Gobierno.
Ahora, al dejar de elaborar CENDA el IPC-7 provincias no se aclaró qué indicador alternativo utilizará CIFRA para continuar con sus informes.
También la consultora Equis , del oficialista Artemio López, fue desmintiendo al INDEC. A través de una valorización alternativa de la canasta básica de alimentos, Artemio López afirmó que la última medición oficial ocultaba 5.100.000 pobres , ya que para Equis habría 8.400.000 y para el INDEC 3.300.000 pobres.
También las cinco universidades nacionales designadas por el Gobierno (UBA, Mar del Plata, Tres de Febrero, Rosario y Tucumán para analizar el IPC concluyeron que ese índice no era confiable porque registraba precios ajenos a la realidad.
Las hicieron varios centros de estudios ligados
a expertos y dirigentes allegados al Gobierno.
13/01/12
Mucho antes que las objeciones y críticas hacia las estadísticas del INDEC llegaran al Fondo Monetario Internacional, buena parte de los académicos argentinos - y con especial énfasis algunos vinculados al Gobierno - venían denunciando desde comienzos de 2007 la manipulación de las cifras del Instituto Nacional.
Uno de esos centros fue CENDA (Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino), dirigido por varios economistas jóvenes del kirchnerismo, como Axel Kicillof, quien desde el pasado 10 de diciembre ocupa el cargo de viceministro de Economía.
“La inocultable falta de confiabilidad del índice de precios al consumidor (IPC) calculado por el INDEC ha privado a la sociedad de una herramienta fundamental para conocer la verdadera situación económica del país”, decía CENDA en un documento luego que el INDEC fuera “intervenido” por Guillermo Moreno. Y concluía que “los principales perjudicados son, una vez más, los trabajadores, que carecen de elementos para conocer con precisión las variaciones del poder adquisitivo de sus salarios”.
Sobre esa base, y “para paliar transitoria e imperfectamente esta situación que se hace insostenible”, CENDA construyó un índice de precios sobre la base de los datos de siete provincias que fue difundiendo mes a mes.
Lamentablemente, a principios de diciembre, apenas Kicillof asumió en Economía, y sin dar ninguna explicación, los economistas de CENDA, ahora devenidos en funcionarios, dejaron de elaborar y difundir dicho índice .
Otro centro kirchnerista es CIFRA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina), vinculado a la CTA oficialista que encabeza Hugo Yasky . En todos estos años elaboró informes económicos donde aclaraba que “la falta de confiabilidad del índice de precios al consumidor (IPC) calculado por el INDEC determina la necesidad de utilizar un índice de precios alternativo. En este sentido, se optó por utilizar el IPC/ 7 provincias, estimado por el CENDA”.
Con ese índice los informes periódicos de CIFRA concluían que había más pobres e indigentes que los que informaba el INDEC y que a partir de 2007 el poder de compra no había mejorado como aseguraba el Gobierno.
Ahora, al dejar de elaborar CENDA el IPC-7 provincias no se aclaró qué indicador alternativo utilizará CIFRA para continuar con sus informes.
También la consultora Equis , del oficialista Artemio López, fue desmintiendo al INDEC. A través de una valorización alternativa de la canasta básica de alimentos, Artemio López afirmó que la última medición oficial ocultaba 5.100.000 pobres , ya que para Equis habría 8.400.000 y para el INDEC 3.300.000 pobres.
También las cinco universidades nacionales designadas por el Gobierno (UBA, Mar del Plata, Tres de Febrero, Rosario y Tucumán para analizar el IPC concluyeron que ese índice no era confiable porque registraba precios ajenos a la realidad.
jueves, 12 de enero de 2012
Inflación: Dato clave para las paritarias
12 ENE 2012
Por
Ismael Bermúdez
La inflación del 22,81% de 2011, que registraron las consultoras privadas, se aproxima a la que relevaron la mayoría de los institutos oficiales provinciales, tanto gobernadas por el oficialismo como por la oposición.
Esta coincidencia vuelve a darle una gran credibilidad a estas mediciones que son usadas por la mayoría de los sindicatos a la hora de negociar los salarios en paritarias.
El Gobierno y buena parte de los empresarios quieren que los salarios de 2012 no pasen el techo del 18% .
El argumento es ir desacelerando la inflación que, sin embargo, en el discurso oficial casi no existe porque para el INDEC no llega al 10% anual. Pero además de esta contradicción está el hecho de que el Gobierno pretende bajar el ritmo de la inflación con un golpe inflacionario ya que no otra cosa es aumentar impuestos o no ajustarlos por la inflación, eliminar los subsidios y aumentar las tarifas.
Todo ese paquete incrementaría el gasto familiar entre el 7 y el 12%, según los consumos y la distancia de esas familias de sus lugares de trabajo y estudio. E impactaría sobre el propio índice de precios.
El gasto en gas, luz, agua o transporte es un componente del costo de vida familiar que, a su vez, es determinante del salario.
En consecuencia, un encarecimiento del costo de vida por la suba de los precios y la supresión de los subsidios debería llevar a un incremento de los salarios. De lo contrario, caería el poder de compra de los asalariados con su efecto contractivo en el consumo y en la inversión.
Las negociaciones salariales de este año cargan con la inflación pasada del 22,81%, pero también con las expectativas inflacionarias que genera el anunciado “ajuste” en los subsidios. La polémica está abierta
Por
Ismael Bermúdez
La inflación del 22,81% de 2011, que registraron las consultoras privadas, se aproxima a la que relevaron la mayoría de los institutos oficiales provinciales, tanto gobernadas por el oficialismo como por la oposición.
Esta coincidencia vuelve a darle una gran credibilidad a estas mediciones que son usadas por la mayoría de los sindicatos a la hora de negociar los salarios en paritarias.
El Gobierno y buena parte de los empresarios quieren que los salarios de 2012 no pasen el techo del 18% .
El argumento es ir desacelerando la inflación que, sin embargo, en el discurso oficial casi no existe porque para el INDEC no llega al 10% anual. Pero además de esta contradicción está el hecho de que el Gobierno pretende bajar el ritmo de la inflación con un golpe inflacionario ya que no otra cosa es aumentar impuestos o no ajustarlos por la inflación, eliminar los subsidios y aumentar las tarifas.
Todo ese paquete incrementaría el gasto familiar entre el 7 y el 12%, según los consumos y la distancia de esas familias de sus lugares de trabajo y estudio. E impactaría sobre el propio índice de precios.
El gasto en gas, luz, agua o transporte es un componente del costo de vida familiar que, a su vez, es determinante del salario.
En consecuencia, un encarecimiento del costo de vida por la suba de los precios y la supresión de los subsidios debería llevar a un incremento de los salarios. De lo contrario, caería el poder de compra de los asalariados con su efecto contractivo en el consumo y en la inversión.
Las negociaciones salariales de este año cargan con la inflación pasada del 22,81%, pero también con las expectativas inflacionarias que genera el anunciado “ajuste” en los subsidios. La polémica está abierta
martes, 10 de enero de 2012
El Fisco no actualiza los topes y los asalariados pierden ingresos
Por
Ismael Bermúdez
Así el Estado paga menos subsidios y salarios familiares, y cobra más impuestos por Ganancias.
09/01/12
Mediante el trámite de no actualizar por inflación los topes salariales, las escalas impositivas o con la fijación de beneficios decrecientes, el Estado se beneficia con una mayor recaudación a costa de apropiarse de una porción creciente de ingresos de una gran cantidad de trabajadores activos y pasivos.
De las cifras oficiales surge que hoy 1 de cada 5 trabajadores –más de 1,5 millón– está alcanzado por Ganancias, que un soltero paga a partir de $ 5.782 mensuales de sueldo. Según el tributarista Alejandro N. López, correctamente actualizado ese piso debería ser de $ 9.001 mensuales. En ese caso, pagarían Ganancias menos del 7% de los trabajadores (500.000), quienes además pagarían mucho menos.
Datos de Seguridad Social indican que en solo dos años los padres de un millón de chicos dejaron de cobrar el salario por hijo por superar el tope primero de 4.800 y ahora de $ 5.200.
Si ese límite se hubiese actualizado debería ser de $ 8.500. En ese caso, los padres de más de un dos millones de chicos cobrarían ese beneficio. Y más, si se elimina la discriminación de los tramos salariales.
Tanto la recaudación de Ganancias, que las empresas descuentan del sueldo del trabajador, como las Asignaciones Familiares, que aportan las empresas como un porcentaje de la masa salarial sin tope, se ajustan automáticamente todos los meses por la suba de los salarios . Así la AFIP recauda más sin esfuerzo alguno y sin requerir aval del Congreso ni emitir resolución alguna: la inflación y las paritarias se encargan de esa tarea.
En cambio, el ajuste del mínimo no imponible y los beneficios y topes de asignaciones familiares dependen de la discrecionalidad del poder político de turno que lucra con el “impuesto inflacionario”. Por eso, la mayoría de los especialistas sostiene que debería fijarse un mecanismo de movilidad por la evolución de los salarios o de la inflación real -de ambos, el mayor- de pisos, topes y beneficios de tal manera que el “impuesto invisible” no licué o perjudique el salario de los trabajadores. Por ejemplo, el tributarista Alejandro N. López considera “que lo más sano desde el punto de vista de la uniformidad sería volver a la aplicación de tablas mensuales elaboradas por la AFIP con la debida actualización de valores”.
Estos son algunos ejemplos de esta distorsión: Un trabajador casado con 2 hijos con un sueldo bruto de $ 5.100, cobra en mano más que quien gana $ 5.300 porque al pasar el límite de los $ 5.200 deja de percibir el salario familiar y la ayuda escolar anual.
Un asalariado con 2 hijos con un sueldo bruto de $ 2.700 que recibe un aumento del 10%, sólo tiene una suba real de 3,3% porque al pasar el tope de $ 2.800 se le reduce el salario familiar.
Un empleado con un sueldo neto de $ 8.000, le descuentan medio sueldo por año por Ganancias, cuando debería cobrarlo integralmente si el piso salarial del impuesto hubiese sido actualizado por la inflación.
Un trabajador que es despedido sin causa, mientras busca otro empleo, por un período limitado cobra un seguro por desempleo que tiene un tope de $ 400. Ese tope desde 1992 sólo fue ajustado una vez (de $ 300 a $ 400). Sin ese límite, debería cobrar $ 2.200 mensuales.
Ismael Bermúdez
Así el Estado paga menos subsidios y salarios familiares, y cobra más impuestos por Ganancias.
09/01/12
Mediante el trámite de no actualizar por inflación los topes salariales, las escalas impositivas o con la fijación de beneficios decrecientes, el Estado se beneficia con una mayor recaudación a costa de apropiarse de una porción creciente de ingresos de una gran cantidad de trabajadores activos y pasivos.
De las cifras oficiales surge que hoy 1 de cada 5 trabajadores –más de 1,5 millón– está alcanzado por Ganancias, que un soltero paga a partir de $ 5.782 mensuales de sueldo. Según el tributarista Alejandro N. López, correctamente actualizado ese piso debería ser de $ 9.001 mensuales. En ese caso, pagarían Ganancias menos del 7% de los trabajadores (500.000), quienes además pagarían mucho menos.
Datos de Seguridad Social indican que en solo dos años los padres de un millón de chicos dejaron de cobrar el salario por hijo por superar el tope primero de 4.800 y ahora de $ 5.200.
Si ese límite se hubiese actualizado debería ser de $ 8.500. En ese caso, los padres de más de un dos millones de chicos cobrarían ese beneficio. Y más, si se elimina la discriminación de los tramos salariales.
Tanto la recaudación de Ganancias, que las empresas descuentan del sueldo del trabajador, como las Asignaciones Familiares, que aportan las empresas como un porcentaje de la masa salarial sin tope, se ajustan automáticamente todos los meses por la suba de los salarios . Así la AFIP recauda más sin esfuerzo alguno y sin requerir aval del Congreso ni emitir resolución alguna: la inflación y las paritarias se encargan de esa tarea.
En cambio, el ajuste del mínimo no imponible y los beneficios y topes de asignaciones familiares dependen de la discrecionalidad del poder político de turno que lucra con el “impuesto inflacionario”. Por eso, la mayoría de los especialistas sostiene que debería fijarse un mecanismo de movilidad por la evolución de los salarios o de la inflación real -de ambos, el mayor- de pisos, topes y beneficios de tal manera que el “impuesto invisible” no licué o perjudique el salario de los trabajadores. Por ejemplo, el tributarista Alejandro N. López considera “que lo más sano desde el punto de vista de la uniformidad sería volver a la aplicación de tablas mensuales elaboradas por la AFIP con la debida actualización de valores”.
Estos son algunos ejemplos de esta distorsión: Un trabajador casado con 2 hijos con un sueldo bruto de $ 5.100, cobra en mano más que quien gana $ 5.300 porque al pasar el límite de los $ 5.200 deja de percibir el salario familiar y la ayuda escolar anual.
Un asalariado con 2 hijos con un sueldo bruto de $ 2.700 que recibe un aumento del 10%, sólo tiene una suba real de 3,3% porque al pasar el tope de $ 2.800 se le reduce el salario familiar.
Un empleado con un sueldo neto de $ 8.000, le descuentan medio sueldo por año por Ganancias, cuando debería cobrarlo integralmente si el piso salarial del impuesto hubiese sido actualizado por la inflación.
Un trabajador que es despedido sin causa, mientras busca otro empleo, por un período limitado cobra un seguro por desempleo que tiene un tope de $ 400. Ese tope desde 1992 sólo fue ajustado una vez (de $ 300 a $ 400). Sin ese límite, debería cobrar $ 2.200 mensuales.
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