El 31 de enero de 2007, Clarín anticipó el relevo de Graciela Bevacqua, responsable del área de Precios del INDEC. Fue el comienzo de una política deliberada para ocultar la suba de precios.
Por
Ismael Bermúdez
Ibermudez@clarin.com
El próximo martes 31 se cumplirán cinco años de un anticipo de Clarín : el Gobierno había desplazado a la directora del área de Precios del INDEC, Graciela Bevacqua. El 24 de febrero, la directora de Condiciones de Vida, Clyde Trabuchi, “pidió ser separada de su cargo”. Semanas después renunció el entonces titular del INDEC, Lelio Mármora, y otros que lo sucedieron. En tanto, y sin pausa, hubo decenas de desplazamientos y hasta despidos de funcionarios y empleados opuestos a la “intervención”.
El balance de estos cinco años es lapidario por el descrédito del organismo, incluso fuera de la Argentina, y también entre consultoras afines al Gobierno.
El Indice de Precios (IPC) no es utilizado como referencia por ningún agente económico ni actor social ni tampoco por los propios funcionarios que elaboran los presupuestos sobre pautas inflacionarias que duplican y hasta triplican a los números del Instituto.
El INDEC tampoco pasó la prueba de los académicos universitarios designados por el propio Gobierno para auditar las estadísticas oficiales. A mediados de 2009, a través de un decreto, el Gobierno constituyó el Consejo Académico de Estudio y Seguimiento (CAES) con profesores de las universidades de Buenos Aires (UBA), Mar del Plata, Rosario, Tres de Febrero y Tucumán. El objetivo era obtener un “certificado de calidad” al cuestionado IPC, pero se transformó en un bumerán.
El CAES concluyó que “la confiabilidad del IPC-GBA está cuestionada”, que los precios relevados no guardan relación con los que pagan los consumidores, que “es necesario generar acciones para modificar nuevamente el período base y asegurar la calidad de los procedimientos de relevamiento y procesamiento de precios” y que las estadísticas oficiales no adolecen de un problema metodológico sino “de naturaleza fundamentalmente institucional”, además de impugnar la calidad técnica del personal incorporado al organismo después de fines de 2006. También se menciona que las cifras del INDEC discrepan llamativamente de los índices provinciales cuando hasta la intervención del organismo habían sido convergentes.
El decreto que puso en marcha la auditoria académica del INDEC dice que del resultado de la tarea pedida a las universidades “se dará conocimiento al Honorable Congreso de la Nación”. Sin embargo, a más de un año que el CAES entregó el informe, el Gobierno no lo envió al Parlamento, quizás, o con seguridad, por no avalar las “manipulaciones” oficiales.
Otro incumplimiento, que también se arrastra desde julio de 2009, es que no se constituyó “el Consejo de Observación Económico y Social en materia de estadística, el que estará integrado por representantes de los sectores primario, secundario, comercio y servicios, como así también representantes de los trabajadores y de los usuarios y consumidores, que el Ministerio de Economía y Finanzas invite”, según el decreto.
En tanto, a partir de la “manipulación” del IPC, están también cuestionadas otras estadísticas que se elaboran en base al índice de precios, como el PBI, el valor de la canasta básica alimentaria y total, los índices de salario real, de tipo de cambio real, los niveles de indigencia y pobreza. Y hoy se producen menos estadísticas que cinco años atrás.
Un número final: en estos cinco años, para el INDEC, la inflación acumulada fue del 52%. Para las direcciones de estadísticas provinciales fue del 155% al 180%, tres veces el dato nacional.
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