sábado, 12 de febrero de 2011

Dispersión de precios e inflación

Es una realidad que un mismo producto no tiene el mismo precio en todos los comercios. Inclusive hay cadenas de comercialización que, como estrategia de ventas, utilizan precios diferenciados y calidades distintas según las bocas de expendio.

Esa "dispersión de los precios"--­ a la que se refirió la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner-- es más intensa en las épocas de alta inflación.

Las razones son varias. Con los bruscos cambios los valores, el consumidor no retiene los precios y no sabe si el producto que solicita es más caro y si viene o no con remarcaciones sólo allí donde está comprando o responde a una suba generalizada. Y accede a convalidar los precios más altos.

Los comerciantes no saben si al precio que están vendiendo, podrán luego reponer esa mercadería. Otros pueden estar vendiendo mercadería comprada un mes atrás o que recibieron en la semana, adquiridas a precios distintos. Algunos venden por el precio adquirido y otros por el que estiman será el de reposición, más alto.

Así la "dispersión de precios" lejos de contraponerse a la inflación se amplía en las economías con continuas y fuertes alzas en los precios, como viene pasando en los últimos años en la Argentina. Finalmente, la "dispersión de precios" siempre existió, pero ahora su intensidad es mayor por la mayor inflación.

Aún así, aunque haya consumidores que compren allí donde los precios son más bajos, el índice de inflación puede ser alto porque el IPC (Índice de Precios al Consumidor) registra las variaciones de precios y no si los niveles son altos o bajos. Por ejemplo, una mercadería que se vende entre 2 y 7 pesos la unidad, si aumenta de precio y pasa a venderse a 3 y 8 pesos, seguiría con una gran dispersión de precios, pero la suba allí donde se vende más barato sería del 50% (de $ 2 a $ 3) y en el más cara de apenas del 14,3% (de $ 7 a $ 8 ). Lo que importa en el Índice es la variación de los precios.

Para que eso cambie, los consumidores deberían desplazarse hacia los comercios más baratos ­ algo difícil de conocer, sin considerar el costo adicional según la distancia de los hogares de esos puestos de venta y descontando que esa mayor demanda no implique un incremento de esos precios. También con frecuencia las diferencias de precios obedecen a diferencias en la calidad de los bienes y servicios ofrecidos en los distintos puntos de venta. Y si las familias se desplazan hacia los comercios con precios inferiores, estarían adquiriendo productos o servicios menor calidad y eso no indicaría una reducción en los precios.

El problema sigue siendo la inflación, de la que la "dispersión de precios" es una consecuencia que la realimenta.

viernes, 11 de febrero de 2011

Un millón y medio de empleados ya paga Ganancias

Por
Ismael Bermúdez

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray admitió ayer que "un millón y medio" de trabajadores están alcanzados por el impuesto a las ganancias.

Esta cifra, que equivale al 20% de los trabajadores en blanco, significa que los salarios de uno de cada 5 trabajadores tiene el descuento adicional de Ganancias.

Hasta ayer se estimaba en un millón los trabajadores afectados por este impuesto. Pero como una consecuencia de la mayor inflación, el número real de afectados por este tributo resultó muy superior a las estimaciones privadas.

El impacto de este impuesto sobre los asalariados también se manifestó en la paritaria docente de la Provincia de Buenos Aires. Allí los dirigentes de SUTEBA dijeron que al 14,4% de los docentes provinciales, 36.000 maestros, les descuentan Ganancias. Y agregaron que en Neuquén alcanza al 30% del gremio docente. "En todas las provincias del país hay docentes afectados por Ganancias", se quejó Estela Maldonado, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación(CTERA).

En la mayoría de los casos, el peso de este impuesto en los salarios ronda entre el 4y el 8% del salario. Esto significa que esos trabajadores dejan de cobrar o le ceden al Fisco por año entre un medio aguinaldo y un aguinaldo entero.

En la actualidad están alcanzados por este impuesto los trabajadores en relación de dependencia y los jubilados que tienen un ingreso de bolsillo -luego de los descuentos de jubilación y salud- de más de $ 4.818 por mes.

Ese piso salarial es muy bajo ya que se fue atrasando respecto de la inflación y la evolución de los salarios. Así cada vez más este gravamen incluyó a más trabajadores, aunque tengan ahora un poder adquisitivo más bajo que el que tenían en el pasado.

Esto explica que obreros metalúrgicos, camioneros, empleados bancarios o maestros paguen este impuesto.

Si, como impositivamente corresponde, se hubiese ajustado- por la inflación, el piso salarial que regía antes de la tan criticada reforma de José Luis Machinea, del año 2000, debería rondar ahora los $ 8.500.

Por ese motivo, mientras en el pasado Ganancias afectaba al personal jerárquico de las empresas, como gerentes, supervisores o capataces, ahora operarios simples o empleados oficinistas pueden quedar atrapados en las escalas de Ganancias.

Con un piso de $ 8.500, Ganancias podría abarcar a casi el 5% de la pirámide laboral superior de las empresas (unos 400.000 empleados) quienes además pagarían menos. Luego ese nuevo piso debería ser actualizado en forma automática por la inflación para evitar que vuelva a castigar a los trabajadores de sueldos medios o bajos.

A eso se agrega que las escalas sobre las que se calcula el impuesto, se mantienen en los mismos valores nominales de hace 10 años atrás, cuando deberían haberse ajustado también por la inflación. Entonces, en lugar de que le retengan una alícuota baja, del 9%, el trabajador tributa una alícuota más alta -del 14, 19 o 23%-y rápidamente puede llegar al 31 o 35%.

Otro efecto de los topes salariales es el beneficio de las asignaciones familiares: los trabajadores formales que ganan más de $4.800 no tienen derecho a cobrar el prenatal, el salario por hijo y las asignaciones extraordinarias por nacimiento o matrimonio.

Considerado un impuesto esencialmente progresivo, en el que pagan más los que más ganan, en la Argentina hay otro dato llamativo: Ganancias no se aplica a la renta financiera como los intereses sobre depósitos o títulos públicos o las ganancias con la compra-venta de acciones y bonos.

miércoles, 9 de febrero de 2011

Piden anular los topes en asignaciones familiares

09/02/11

Por
Ismael Bermúdez


Además de la suba del piso salarial a partir del cual los trabajadores pagan el impuesto a las Ganancias, la CGT también reclamará a la presidenta Cristina Kirchner que se eliminen los topes salariales que excluyen a muchos trabajadores del cobro de las asignaciones familiares.

Desde hace más de 2 años, los trabajadores en blanco cobran el salario por hijo si ganan menos de $ 4.800. Ese límite no se actualizó a pesar de que la inflación excedió el 50%. Así con cada aumento salarial, más trabajadores dejan de cobrar esas asignaciones o pasan a cobrar menos.

En el Presupuesto 2010 se previó pagar 4.096.486 salarios por hijo de trabajadores activos. En el Presupuesto 2011 se reduce a 3.424.506: son 671.980 menos.

La posición de la CGT, le dijo a Clarín el dirigente Omar Plaini, es que “las asignaciones deben ser universales y percibidos sin ningún tipo de diferencias en los ingresos, categorías ni actividades.Lo contrario es discriminatorio ”.

Por el régimen vigente, los empleados en relación de dependencia cobran las asignaciones familiares, como el salario por hijo, el prenatal y las asignaciones de matrimonio o nacimiento y la ayuda escolar anual, si ganan menos de $ 4.800 de sueldo bruto , antes de los descuentos, y sin computar las horas extras ni el aguinaldo.

Ese beneficio no es uniforme: se va reduciendo si el trabajar gana más de $ 2.400 y vuelve a achicarse si gana más de $ 3.600. (Ver Infografía). En las llamadas zonas desfavorables, los topes son similares pero la asignación es más alta.

Como esos topes salariales no se actualizan desde septiembre 2008, con cada aumento salarial, aunque no compense la inflación, muchos trabajadores suben de escala y pasan a cobrar menos.

Y otros superan los $ 4.800 y directamente dejan de percibir el beneficio .

Veamos un ejemplo. Un trabajador con 2 hijos menores que gana $ 4.000, luego de los descuentos cobra en mano $ 3.320 más $ 222 de salario familiar: $ 3.542.

Si obtiene un 25% de aumento, pasaría a ganar $ 5.000 que, luego de los descuentos, se transforman en $ 4.150. Pero ahora dejaría de cobrar el salario por los 2 hijos.

El aumento real no es entonces del 25% sino que se achica al 17,2%

lunes, 7 de febrero de 2011

Ganancias:Un impuesto que se extiende y pega cada vez más en el bolsillo

06/02/11
Un millón de empleados y hasta 40 mil jubilados pagan Ganancias.

Por
Ismael Bermúdez


Además del descuento de jubilación y salud, los trabajadores en relación de dependencia que ganan “en mano” más de $ 4.818 por mes, tienen un descuento adicional por la retención del impuesto a las Ganancias. Según el nivel salarial Ganancias puede representar una pérdida salarial de 2, 5, 8, 10% y hasta más . En algunos casos, representa por año dejar de cobrar un medio aguinaldo, los dos medio aguinaldos y más también.

Con esas retenciones sobre sus sueldos se encuentra un millón de trabajadores en relación de dependencia, como operarios petroleros, de la siderurgia, camioneros, bancarios, de luz y fuerza y tantos otros gremios y hasta 40.000 jubilados .

Además, con cada aumento de los salarios, si no se eleva ese piso salarial de $ 4.818a partir del cual se paga Ganancias, el impuesto aumenta y de manera creciente . Y en lugar de un 5%, el descuento salta al 8% y así cada vez más.

Por esta razón, el movimiento sindical sin distinciones reclama que se incremente ese piso; de lo contrario, una parte de la suba salarial que se acuerde en las próximas paritarias no irá al bolsillo del trabajador sino al de la AFIP . Y entonces el reclamo de aumento debería ser mayor para compensar esa mayor retención impositiva.

También por eso muchos trabajadores no quieren hacer horas extras porque, en ese caso, una parte del mayor ingreso por ese mayor esfuerzo se lo lleva el impuesto.

¿Por qué tantos asalariados están alcanzados por Ganancias y con alícuotas tan altas, mientras la renta financiera sigue exenta?
Simplemente porque el Gobierno fue ajustando ese piso salarial (llamado “mínimo no imponible”) pero menos que la inflación y la evolución de los salarios.

Entonces, con cada aumento nominal de los salarios, aunque esa suba no haya compensado la inflación, más trabajadores superan ese piso y quedan atrapados por Ganancias, a pesar de que tienen el mismo poder adquisitivo o menos.

A eso se agrega que siguen congeladas –hace más de 10 años con una inflación que supera el 300%– las escalas sobre las que se calcula el impuesto. Entonces, en lugar de que le retengan una alícuota baja, del 9%, el trabajador tributa una alícuota del impuesto más alta –del 14, 9 o 23%– y que rápidamente puede llegar al 35%.

Si el Gobierno hubiera ajustado por la inflación o la evolución de los salarios, el piso de Ganancias debería ser de $ 8.500 y las escalas serían más amplias . Así estarían alcanzados por este impuesto, no un millón sino unos 300.000 empleados, quienes, además, pagarían menos.

Por esta razón, Marcelo Domínguez, Coordinador de la Comisión Tributaria de la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, le dijo a Clarín que “si antes sólo el personal jerárquico tenía la retención de Ganancias, ahora están alcanzados hasta los operarios, fundamentalmente cuando prestan servicios en el área metropolitana de Buenos Aires y en las provincias patagónicas”- La suba del mínimo no imponible no implica que el Gobierno tenga un “alto costo fiscal” o “subsidie” a los empleados de sueldos medios o altos. Simplemente evitaría que la AFIP siga captando una parte mayor del ingreso nominal de trabajador por el simple expediente de no ajustar los valores por la inflación de cada período.

Otro tema que sigue pendiente es la equiparación del mínimo no imponible y demás deducciones de los autónomos con los valores que tienen los empleados en relación de dependencia. A igual ingreso que un asalariado, el autónomo paga mucho más

domingo, 6 de febrero de 2011

Seguro de responsabilidad civil para empleadores

Las compañías de seguros podrán ofrecer a los empleadores una póliza para cubrir reclamos de trabajadores accidentados, por encima de las indemnizaciones tarifadas a cargo de las ART.


Por
Ismael Bermúdez

Ante el impacto de los juicios de accidentes de trabajo, la Superintendencia de Seguros ya tiene lista la resolución por la que permitirá que las compañías de seguros puedan ofrecer a los empleadores un seguro de responsabilidad civil, adicional al que ya tienen con las ART. Con esto, las empresas quedarían cubiertas de los eventuales reclamos que puedan realizar los trabajadores accidentados o sus familiares –y que son aceptados por la Justicia– por encima de las indemnizaciones tarifadas del sistema.

Para operar en este seguro, las compañías aseguradoras deberán contar con “un capital mínimo de $3.000.000, que revestirá el carácter de adicional al requerido para operar en el ramo Responsabilidad Civil”. Y la suma máxima asegurable por trabajador “se establecerá entre un importe mínimo de $250.000 y un máximo de $ 1.000.000”, dice la resolución a la que accedió iEco. Aún no se sabe a cuánto podría ascender el costo de este nuevo seguro.

Estos accidentes siguen dando lugar a muchos juicios porque la Justicia ordena pagar más que lo que estipula el sistema y el empleador debe afrontar las indemnizaciones adicionales.

Para Adrián Sasse, presidente de Unión de ART, “la solución a la elevada judicialidad pasa por la reforma estructural a la Ley de Riesgos del Trabajo resolviendo los aspectos cuestionados por la Corte Suprema: doble vía (cobro de la ART y reclamo a la Justicia), baremo único, procedimiento administrativo previo obligatorio y posibilidad de pago en una suma única en lugar de renta”. Y con relación a la posibilidad de contratar esta póliza adicional, Sasse agregó que “podría ayudar a mitigar el impacto económico de la judicialidad, pero no resuelve los motivos que la genera y hasta podría en algunos casos alentarla. La norma prevé un modelo de póliza, no obligatorio ni exclusivo ni excluyente, es decir que cada empleador decidirá si lo quiere contratar o no, como así también las aseguradoras pueden presentar diferentes planes de cobertura”.

Para el abogado laboralista Horacio Schick, es positivo que se ponga en vigencia el decreto 1694/09 que habilitó a la Superintendencia a autorizar este seguro, pero la resolución tiene “limitaciones y exclusiones de cobertura que conspiran contra el éxito de la medida”. Entre otras cláusulas cuestiona:

* El límite de $1.000.000 cuando las condenas por responsabilidad civil en muchos casos exceden ese monto. El tope debería ser de $3.000.000 como en los siniestros de automotores. A su vez el piso de $250.000 puede dejar sin cobertura el tramo comprendido entre el máximo de condena de la ley de riesgos, que puede ser inferior a esa suma, y el monto que tiene que afrontar el empleador.

* Si existen varios trabajadores dañados por un mismo accidente, el asegurador sólo responderá hasta el máximo de $1.000.000 que se repartirá proporcionalmente entre las víctimas, lo que constituye una desnaturalización del seguro.

* Quedan fuera de cobertura las enfermedades laborales que no figuran en el Listado del sistema pero que igualmente tienen cobertura de reparación en base al derecho civil de acuerdo al Fallo “Silva c/Unilever” de la Corte Suprema. También quedan al margen los eventos sufridos por el personal de empresas de servicios eventuales que se desempeñen en el establecimiento del asegurado y las contingencias sufridas por el personal que trabaje por cuenta de contratistas del asegurado, salvo que en las Condiciones Particulares se deje constancia de su inclusión.

sábado, 5 de febrero de 2011

El Gobierno blanqueó que tomó de la ANSeS otros US$ 800 millones

05/02/11

El Tesoro ya colocó letras al organismo previsional por cerca de US$ 1.700 millones

Por
Ismael Bermúdez


El Gobierno blanqueó, al publicar recién ayer en el Boletín Oficial una resolución fechada el 29 de noviembre de 2010, que tomó prestados de la ANSeS 801,1 millones de dólares para cubrir una parte del déficit Tesoro Nacional.

Lo mismo hizo días atrás con otros U$S 631,6 millones. Y si se agregan otros U$S 240 millones, que esta semana fueron renovados y ampliados en U$S 18 millones, por ahora Economía reconoce que están vigentes con la ANSeS tres Letras por un total de 1.690 millones de dólares. Es el equivalente a unos $ 6.800 millones. No se sabe si no hubo otras colocaciones en 2010 cuyas resoluciones puedan ser publicadas en los próximos días en el Boletín Oficial.

De esta manera, el 90% del superávit corriente de la ANSeS de 2010 –lo recaudado por aportes e impuestos, sin los intereses del Fondo de Garantía, menos los beneficios y gastos pagados– tuvieron como destino financiar parte del “rojo” del Tesoro. Otra parte fue cubierta por el Banco Central.

Es la ratificación de la estrategia oficial de financiarse, a tasas muy bajas, con las cajas de organismos públicos, aún a riesgo de descapitalizarlos.

Que la ANSeS tenga excedentes es un dato positivo de la Seguridad Social, pero eso lo obtiene porque no está pagando los haberes de una buena parte de los jubilados de acuerdo a lo que marca la legislación previsional, ratificada por los fallos de la Corte Suprema. En tanto, los nuevos jubilados se retiran con un haber que ronda la mitad del sueldo promedio correctamente actualizado (según los índices de la Justicia) de los últimos 10 años.

Esto se manifiesta claramente en los 450.000 juicios que se acumulan en los Tribunales de la Seguridad Social. Además, aún con el reciente ajuste de los haberes, a partir de marzo la jubilación promedio estará en torno de $ 1.600 , lo que representa apenas el 40% del sueldo promedio del trabajador activo, muy lejos del 82%. Y el 73% de los jubilados, cobrará $ 1.227 por mes más, en algunos casos, de $ 45 adicionales del PAMI.

Desde el Gobierno sostienen que no es posible otorgar mejoras porque se amplió la cobertura jubilatoria –con la moratoria y la extensión de las pensiones no contributivas– se otorgó la asignación por hijo a desocupados y trabajadores en negro y se puso en marcha el plan de computadoras escolares (“Plan conectar”).

Lo que se cuestiona no son esos beneficios –que deberían mantenerse y ser sostenidos, dicen los críticos, con tributos a la renta financiera, la eliminación de exenciones impositivas a sectores económicos y una reasignación del gasto– sino que se financien a costa de la reducción de los derechos previsionales de los ya jubilados y de los que se jubilen en el futuro.

De todas maneras, ese achique de las jubilaciones lleva a que la ANSeS tenga una deuda potencial por los 450.000 juicios en su contra que, a precios actuales, puede rondar los $ 50 mil millones.

Para 2011 está previsto en el Presupuesto que se paguen sentencias por apenas $ 2.400 millones, equivalente a unas 20.000 causas. A ese ritmo, y si no ingresaran nuevas demandas judiciales, se necesitarían unos 17 años para cancelar esos juicios, un plazo que excede la expectativa de vida de los que reclaman . Pero el stock total de juicios crece porque ingresan 100.000 demandas por año, y se liquidan efectivamente apenas 20.000

2010: Los jubilados presentaron 100 mil demandas por ajuste de haberes

05/02/11
Por lo general obtienen sentencia favorable en primera y segunda instancia.

Por
Ismael Bermúdez


Durante 2010 ingresaron en los Tribunales 100.003 demandas de jubilados , de acuerdo a las cifras de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Sumadas a las que ingresaron en años anteriores y aún no tienen sentencia, totalizan más de 450.000 los juicios de jubilados con distintos reclamos contra la ANSeS.

Las demandas del año pasado se mantuvieron casi en los mismos niveles de 2009, duplicando los reclamos promedio de 2006-2008 . Así, en los últimos cinco años los 10Juzgados de la Seguridad Social recibieron más de 350.000 nuevos juicios.

Del total ingresado los jueces alcanzaron a dictar sentencia en unos 65.000 casos , en su gran mayoría dándoles la razón a los jubilados.

Este incremento de demandas se debe a varias razones. El grueso de los reclamos corresponde a reajustes de haberes, que se aceleraron luego que la Corte Suprema dictaminó, en el caso Badaro, que los haberes jubilatorios por el período enero 2002 a diciembre de 2006 deben haberse ajustado un 88,3%, según el índice de variación salarial del INDEC.

En ese lapso el Gobierno otorgó solo dos aumentos generales: del 10% en septiembre de 2004 para los que ganaban menos de $ 1.000 y el 11% en junio de 2006 para todos los jubilados. Así, quienes están en una situación similar a Badaro, el ajuste de haberes puede ser de hasta el 54,5% ó 69,9%, según la fecha en que se jubilaron. A eso se agrega, la retroactividad más los intereses.

En otros casos, las demandas cuestionan que, para calcular la jubilación, la ANSeS no actualiza por la variación salarial los sueldos que determinan el haber inicial (últimos 10 años). En este punto, la Corte Suprema, en el caso Elliff , ordenó tomar en cuenta para el cálculo del haber los salarios percibidos ajustados por el índice de los salarios básicos de la industria y la construcción –personal no calificado– muy superior al que utiliza la ANSeS.

Por esta razón, en muchas demandas, los jubilados reclaman el ajuste Elliff más Badaro , lo que puede llevar a que la jubilación se duplique.

También la Corte Suprema, en la causa Miguela Lapacó, resolvió que las sumas no remunerativas percibidas por el trabajador – una práctica generalizada desde 2002 en adelante-- deben ser consideradas como parte del sueldo a los fines de fijar el haber inicial. La ANSeS en cambio no las considera porque sobre esos pagos no se efectúan ni las contribuciones patronales ni los aportes del trabajador. Sin embargo, para la Justicia, la ley previsional no hace esa distinción y considera más que contradictorio que la “remuneración” incluya sumas “no remunerativas”.

Además, hay demandas por múltiples reclamos, como el cuestionamiento del tope previsional por parte de los que aportaron por encima de ese límite, o por la devolución de los aportes voluntarios realizados a las AFJP.

La avalancha de juicios también se debe a que el Gobierno no extiende a todos los jubilados la doctrina de la Corte Suprema , obligando a cada jubilado a iniciar un juicio. Y también porque la propia Corte hasta ahora no se pronunció ante la demanda de la Defensoría del Pueblo que reclama que extienda su propia jurisprudencia a todos los jubilados

miércoles, 2 de febrero de 2011

Un día asignan y al otro quitan $ 251 millones para los bosques

30/01/11
Es plata que se destina a todas las provincias. No hubo explicaciones oficiales

Por

Ismael Bermúdez


El miércoles pasado, el Gobierno distribuyó entre las Provincias $ 251.606.095 del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Lo hizo mediante la Decisión Administrativa N° 926 de la Jefatura de Gabinete, publicada ese día en el Boletín Oficial y retroactiva al 29 de diciembre de 2010.

Al día siguiente, el jueves 27 enero, apareció una nueva Decisión Administrativa, la N° 1037, por la que se “deja sin efecto” la resolución N° 926 del día anterior.

La única explicación que figura en el texto de la nueva norma es que “resulta oportuno por razones operativas proceder a dejar sin efecto la mencionada decisión administrativa”.

¿Qué pasó? En el Gobierno hay un hermetismo total y en las Provincias consultadas por Clarín nadie supo responder por qué se decidió dar marcha atrás con la norma. Y algunos distritos hasta desconocían que se hubiera anulado la asignación de los fondos. Tampoco Greenpeace, una entidad que viene bregando por la preservación de los bosques, sabía lo que había pasado pero insistieron que les “preocupa por la falta de claridad en el manejo de los fondos de la Ley de Bosques”.

En el Presupuesto 2010, el Fondo tenía una partida inicial de $ 300.000.000. En febrero de ese año, Jefatura de Gabinete decidió restarle al Fondo $ 144.209.091 y derivarlos al Programa Fútbol para Todos, lo que llevó a que la mayoría de las Provincias pegaran el grito en el cielo.

Además, la Secretaría de Medio Ambiente sacó una resolución derivando unos $ 88 millones del Fondo al financiamiento de planes aprobados por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Así las cosas, el Fondo habría quedado con un saldo de solo 68 millones de pesos.

Sin embargo, en noviembre, con la ampliación del Presupuesto por medio de un Decreto de Necesidad y urgencia (DNU), se le restituyeron al Fondo de Bosques los $ 144 millones restados en febrero. Con lo que pasaba a contar con $ 212 millones.

Al asignar los $ 251 millones, en la Decisión N° 926 de Jefatura de Gabinete se dice que la restitución de los créditos al Fondo de Bosques Nativos y luego de “verificar la existencia del crédito presupuestario disponible” se realizó “una nueva distribución de cupos ”.

A partir de esta situación habría varios interrogantes. Entre ellos, si efectivamente el Fondo contaba en 2010 con un crédito de $ 251 millones para ser distribuido entre las Provincias. Y si el criterio de distribución es aceptado o no por todas las jurisdicciones.

También aparece un error en la suma de los cupos asignados a Río Negro de $ 270.000.

Para 2011, el Fondo tiene un Presupuesto de $ 299.999.909. De todas maneras, las Provincias insisten que la ley de Bosques que votó el Congreso de la Nación fijó que el Fondo no puede ser menor al 0,3% del Presupuesto Nacional –lo que daría más de $ 1.000 millones– más “el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”. Hoy, todo está en discusión.