24/05/11
Por
Ismael Bermúdez
La viuda o el viudo de una persona que no tenía los aportes al día, y no había estado afiliado como autónomo, puede obtener la pensión completando los años no ingresados como autónomo a través de la moratoria hasta llegar a los 30 años requeridos. Y en ese caso pasa a cobrar una jubilación, que dependerá de lo que estaba ganando la persona fallecida hasta el momento en que aportó, menos la cuota de la moratoria.
La decisión fue adoptada por la Comisión Administrativa de Revisión de la Seguridad Social (CARSS), que ahora debe cumplimentar la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS).
El caso –fallecimiento de un afiliado que no tiene los aportes al día– es muy común y por eso la importancia de esta resolución.
Inicialmente, la ANSeS denegó la pensión por viudez. El rechazo se debió a que el titular fallecido no registraba aportes en los últimos años por lo que era considerado, según la ley previsional, “aportante irregular sin derecho a pensión”.
Además, la ANSeS había rechazado la posibilidad de que la viuda declarara años de servicios anteriores a septiembre de 1993 como autónomo para completar los 30 años requeridos, porque no estaba afiliado en esa categoría.
Ahora, la CARSS ordenó revocar esa denegatoria con el fundamento de que la moratoria es de alcance general e incluye a las prestaciones de pensión por fallecimiento aunque el fallecido no hubiera estado afiliado como trabajador autónomo.
Por ejemplo: luego de aportar durante varios años una persona fallece sin que en los últimos años registre aportes como empleado en relación de dependencia, monotributista o autónomo. En ese caso, al viudo o la viuda no les corresponden la pensión por viudez porque no tiene los 30 años de aportes requeridos y no aportó en los últimos años.
Pero la moratoria, que sigue vigente, ofrece una solución ya que si la viuda o el viudo declara que su cónyuge, aunque no estuviera afiliado, trabajó como autónomo durante varios años antes de septiembre de 1993 (fecha límite de la moratoria) podría completar los 30 años de aportes. Y en ese caso pasaría a cobrar la pensión que no puede ser inferior al haber mínimo. Es lo que acaba de dictaminar la CARSS.
El abogado Guillermo Jáuregui le dijo a Clarín que hay mucha gente que no pudo pensionarse por ese motivo, ya que sobre este punto existían distintas opiniones o interpretaciones en las diversas UDAI o delegaciones de la ANSeS.
Por eso Jáuregui considera importante la decisión de la CARSS “que funciona como un tribunal administrativo superior dentro de la ANSeS, que elabora la doctrina administrativa que el organismo previsional debe acatar”.
La moratoria previsional permitió que mucha gente pudiera jubilarse o pensionarse declarando años de aportes para completar los 30 años requeridos
martes, 24 de mayo de 2011
lunes, 23 de mayo de 2011
Prepagas: seguirán captando afiliados de las obras sociales
Por
Ismael Bermúdez
Las empresas prepagas podrán seguir captando sin límites afiliados de las obras sociales a través del actual sistema de derivación de los aportes de la seguridad social.
Así surge de la ley regulatoria de la medicina privada promulgada el lunes por la presidenta Cristina Kirchner y publicada ayer en el Boletín Oficial.
De esta manera, la desregulación de las obras sociales, un punto controvertido aprobado en los años 90, quedó avalada en la ley N° 26.662 votada a comienzos de este mes por el Congreso.
Hasta ahora la medicina privada no contaba con una ley específica que regulara su actividad, algo que era reclamado por distintos sectores, inclusive por las propias prepagas. Y el tema llevó a fuertes e intensas discusiones entre los distintos actores del sistema de salud y las asociaciones de defensa de los consumidores o usuarios.
Con la sanción y promulgación de esta ley, las prepagas tendrán 180 días para adecuarse a la nueva norma legal.
La ley aclara que las entidades que comercialicen esos planes complementarios o superadores de las prepagas deberán llevar un sistema contable diferenciado para el control de los aportes y las contribuciones previstas en las ley de obras sociales. Y que sobre los planes adicionales no se realizarán aportes al Fondo Solidario de Redistribución. En tanto las prepagas no recibirán reintegros ni subsidios de la Administración de Programas Especiales (APE) por los tratamientos de alta complejidad Así no prosperaron las objeciones de la CGT y especialmente del sector de Hugo Moyano que reclamaban poner algunos limites a los traspasos de los afiliados de altos ingresos con el argumento de que estaban “descremando” el sistema de obra sociales.
Actualmente sobre 4,5 millones de afiliados que registran las prepagas, la mitad proviene de las obras sociales.
Si bien la nueva ley remite muchas precisiones a lo que fije en el futuro la reglamentación –que deberá conocerse dentro de los próximos 120 días, a cargo del Ministerio de Salud, introduce algunos cambios en el sistema con relación a las enfermedades preexistentes de los nuevos afiliados, los períodos de carencia y el cobro de cuotas más caras a los afiliados de mayores edades.
Concretamente la ley dice que las prepagas no podrán rechazar afiliados con enfermedades preexistentes, algo que sí podían hacer hasta ahora. Pero en esos casos podrán cobrarles una cuota más cara.
Textualmente el artículo 10 de la ley señala que “la autoridad de aplicación –el Ministerio de Salud- autorizará valores diferenciales debidamente justificados para la admisión de usuarios que presenten enfermedades preexistentes, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación”.
Algo similar pasa con los mayores de 65 años porque no permite a la prepaga rechazar la afiliación pero autoriza a cobrar una cuota más cara, si esos afiliados tienen menos de 10 años de antigüedad en la prepaga. Si no cumplen ese requisito, la cuota puede encarecerse y ser de hasta 3 veces mayor al valor de la cuota de los afiliados más jóvenes .
El articulo 17 especifica que el Gobierno fiscalizará y garantizará la “razonabilidad” de las cuotas de los planes prestacionales. Y que autorizará aumentos fundados en las variaciones de la estructura de costos y de riesgos. Más adelante agrega que las entidades privadas “pueden establecer precios diferenciales para los planes prestacionales, al momento de su contratación, según franjas etarias con una variación máxima de tres veces entre el precio de la primera y la última franja etaria”.
Con relación a los períodos de carencia (lapso en que la prepaga puede no brindar atención médica si el afiliado no cuenta con cierta antigüedad), la ley especifica que esas carencias o esperas no regirán para las enfermedades contempladas en el PMO (Programa Médico Obligatorio). Pero si podrán fijarse tiempos de espera para los servicios que superen el PMO, como podría ser con la cantidad de sesiones psiquiátricas según la antigüedad de la afiliación.
En los casos de contrataciones grupales o corporativas (a cargo de las empresas para su personal) los afiliados que queden desvinculados por renuncia o despido de la empresa que realizó el contrato tienen derecho a mantener la antigüedad en la prepaga si así lo solicitan dentro de los 60 días del cese de la relación laboral.
Por su parte, los afiliados que se jubilen pasan a intrigar el PAMI y pueden seguir en la prepaga pagando integralmente la cuota de sus bolsillos ya que este sector jubilado no puede derivar a una prepaga el descuento del haber que se destina al PAMI.
Las prepagas podrán cancelar la afiliación si registran la falta de pago de 3 cuotas o el afiliado haya falseado la declaración jurada de ingreso a la entidad. En tanto, los afiliados podrán rescindir en cualquier momento el contrato, notificando tal decisión con 30 días de anticipación.
Por su parte, el Ministerio de Salud deberá fijar los aranceles mínimos que deberán pagar las entidades a sus prestadores, ya sean públicos o privados, de tal manera que aseguren el desempeño eficiente de esas prestaciones.
A su vez, las prepagas deberán abonar al hospital público u otros prestadores públicos provinciales o municipales “las prestaciones efectuadas y facturadas de acuerdo a los valores establecidos por la Superintendencia de Salud”.
Están excluidas de esta ley las cooperativas y mutuales, las asociaciones civiles y fundaciones, como así también las obras sociales sindicales.
Ismael Bermúdez
Las empresas prepagas podrán seguir captando sin límites afiliados de las obras sociales a través del actual sistema de derivación de los aportes de la seguridad social.
Así surge de la ley regulatoria de la medicina privada promulgada el lunes por la presidenta Cristina Kirchner y publicada ayer en el Boletín Oficial.
De esta manera, la desregulación de las obras sociales, un punto controvertido aprobado en los años 90, quedó avalada en la ley N° 26.662 votada a comienzos de este mes por el Congreso.
Hasta ahora la medicina privada no contaba con una ley específica que regulara su actividad, algo que era reclamado por distintos sectores, inclusive por las propias prepagas. Y el tema llevó a fuertes e intensas discusiones entre los distintos actores del sistema de salud y las asociaciones de defensa de los consumidores o usuarios.
Con la sanción y promulgación de esta ley, las prepagas tendrán 180 días para adecuarse a la nueva norma legal.
La ley aclara que las entidades que comercialicen esos planes complementarios o superadores de las prepagas deberán llevar un sistema contable diferenciado para el control de los aportes y las contribuciones previstas en las ley de obras sociales. Y que sobre los planes adicionales no se realizarán aportes al Fondo Solidario de Redistribución. En tanto las prepagas no recibirán reintegros ni subsidios de la Administración de Programas Especiales (APE) por los tratamientos de alta complejidad Así no prosperaron las objeciones de la CGT y especialmente del sector de Hugo Moyano que reclamaban poner algunos limites a los traspasos de los afiliados de altos ingresos con el argumento de que estaban “descremando” el sistema de obra sociales.
Actualmente sobre 4,5 millones de afiliados que registran las prepagas, la mitad proviene de las obras sociales.
Si bien la nueva ley remite muchas precisiones a lo que fije en el futuro la reglamentación –que deberá conocerse dentro de los próximos 120 días, a cargo del Ministerio de Salud, introduce algunos cambios en el sistema con relación a las enfermedades preexistentes de los nuevos afiliados, los períodos de carencia y el cobro de cuotas más caras a los afiliados de mayores edades.
Concretamente la ley dice que las prepagas no podrán rechazar afiliados con enfermedades preexistentes, algo que sí podían hacer hasta ahora. Pero en esos casos podrán cobrarles una cuota más cara.
Textualmente el artículo 10 de la ley señala que “la autoridad de aplicación –el Ministerio de Salud- autorizará valores diferenciales debidamente justificados para la admisión de usuarios que presenten enfermedades preexistentes, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación”.
Algo similar pasa con los mayores de 65 años porque no permite a la prepaga rechazar la afiliación pero autoriza a cobrar una cuota más cara, si esos afiliados tienen menos de 10 años de antigüedad en la prepaga. Si no cumplen ese requisito, la cuota puede encarecerse y ser de hasta 3 veces mayor al valor de la cuota de los afiliados más jóvenes .
El articulo 17 especifica que el Gobierno fiscalizará y garantizará la “razonabilidad” de las cuotas de los planes prestacionales. Y que autorizará aumentos fundados en las variaciones de la estructura de costos y de riesgos. Más adelante agrega que las entidades privadas “pueden establecer precios diferenciales para los planes prestacionales, al momento de su contratación, según franjas etarias con una variación máxima de tres veces entre el precio de la primera y la última franja etaria”.
Con relación a los períodos de carencia (lapso en que la prepaga puede no brindar atención médica si el afiliado no cuenta con cierta antigüedad), la ley especifica que esas carencias o esperas no regirán para las enfermedades contempladas en el PMO (Programa Médico Obligatorio). Pero si podrán fijarse tiempos de espera para los servicios que superen el PMO, como podría ser con la cantidad de sesiones psiquiátricas según la antigüedad de la afiliación.
En los casos de contrataciones grupales o corporativas (a cargo de las empresas para su personal) los afiliados que queden desvinculados por renuncia o despido de la empresa que realizó el contrato tienen derecho a mantener la antigüedad en la prepaga si así lo solicitan dentro de los 60 días del cese de la relación laboral.
Por su parte, los afiliados que se jubilen pasan a intrigar el PAMI y pueden seguir en la prepaga pagando integralmente la cuota de sus bolsillos ya que este sector jubilado no puede derivar a una prepaga el descuento del haber que se destina al PAMI.
Las prepagas podrán cancelar la afiliación si registran la falta de pago de 3 cuotas o el afiliado haya falseado la declaración jurada de ingreso a la entidad. En tanto, los afiliados podrán rescindir en cualquier momento el contrato, notificando tal decisión con 30 días de anticipación.
Por su parte, el Ministerio de Salud deberá fijar los aranceles mínimos que deberán pagar las entidades a sus prestadores, ya sean públicos o privados, de tal manera que aseguren el desempeño eficiente de esas prestaciones.
A su vez, las prepagas deberán abonar al hospital público u otros prestadores públicos provinciales o municipales “las prestaciones efectuadas y facturadas de acuerdo a los valores establecidos por la Superintendencia de Salud”.
Están excluidas de esta ley las cooperativas y mutuales, las asociaciones civiles y fundaciones, como así también las obras sociales sindicales.
sábado, 21 de mayo de 2011
En el interior la inflación llega a ser cuatro veces a la del INDEC
21/05/11
Por Ismael Bermúdez
Las primeras cifras de inflación de abril de las provincias vuelven a marcar fuertes discrepancias – de hasta 4 veces – con los números del INDEC. Y arrojan subas en los precios que superan holgadamente a las informadas por las consultoras privadas multadas por el Gobierno.
En Mendoza, los precios en abril subieron el 3,2% , de acuerdo a la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la Gobernación. Y acumulan entre enero y abril un alza del 7,6%, más que duplicando las cifras del INDEC para Capital y GBA..
Tanto el mes pasado como en los primeros 4 meses, los principales aumentos mendocinos abarcaron a indumentaria, educación y alimentos. En este rubro se destacan las subas de los panificados con un alza del 11,1%, lácteos y huevos con el 10,7% y las carnes con un 5%, entre enero y abril.
Para los últimos 12 meses, indumentaria con el 31,6%, educación con el 31,5% y alimentos y bebidas con el 24,2% encabezan el ranking inflacionario.
Desde comienzos de este año Mendoza comenzó a medir la inflación en forma independiente del INDEC sobre la base de una nueva encuesta de hogares y con el registro de 20.700 precios por mes.
La inflación promedio en Tierra del Fuego (mide las ciudades de Ushuaia y Río Grande) arrojó un 2,8%, acumulando en los primeros 4 meses un alza del 11,4% La Dirección de Estadística y Censos de La Pampa, que mide la evolución de los precios de Santa Rosa, informó un alza del 1,96%, con un acumulado en el cuatrimestre del 6,7% Estos números contrastan con el 0,8% de abril que informó el INDEC y el 3,2% acumulado en el cuatrimestre. Así en lugar de atenuarse, se agiganta la brecha entre los índices de precios oficiales provinciales y los del INDEC.
También las mediciones provinciales arrojan subas superiores a las de las consultoras privadas
Por Ismael Bermúdez
Las primeras cifras de inflación de abril de las provincias vuelven a marcar fuertes discrepancias – de hasta 4 veces – con los números del INDEC. Y arrojan subas en los precios que superan holgadamente a las informadas por las consultoras privadas multadas por el Gobierno.
En Mendoza, los precios en abril subieron el 3,2% , de acuerdo a la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la Gobernación. Y acumulan entre enero y abril un alza del 7,6%, más que duplicando las cifras del INDEC para Capital y GBA..
Tanto el mes pasado como en los primeros 4 meses, los principales aumentos mendocinos abarcaron a indumentaria, educación y alimentos. En este rubro se destacan las subas de los panificados con un alza del 11,1%, lácteos y huevos con el 10,7% y las carnes con un 5%, entre enero y abril.
Para los últimos 12 meses, indumentaria con el 31,6%, educación con el 31,5% y alimentos y bebidas con el 24,2% encabezan el ranking inflacionario.
Desde comienzos de este año Mendoza comenzó a medir la inflación en forma independiente del INDEC sobre la base de una nueva encuesta de hogares y con el registro de 20.700 precios por mes.
La inflación promedio en Tierra del Fuego (mide las ciudades de Ushuaia y Río Grande) arrojó un 2,8%, acumulando en los primeros 4 meses un alza del 11,4% La Dirección de Estadística y Censos de La Pampa, que mide la evolución de los precios de Santa Rosa, informó un alza del 1,96%, con un acumulado en el cuatrimestre del 6,7% Estos números contrastan con el 0,8% de abril que informó el INDEC y el 3,2% acumulado en el cuatrimestre. Así en lugar de atenuarse, se agiganta la brecha entre los índices de precios oficiales provinciales y los del INDEC.
También las mediciones provinciales arrojan subas superiores a las de las consultoras privadas
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