La ANSeS no apeló una sentencia en favor de un jubilado por recálculo de haberes.
28/12/10
Por
Ismael Bermúdez
El primer fallo que introdujo la novedad de suprimir el tope para calcular el haber del jubilado quedó firme. La ANSeS no lo apeló . Ahora el organismo previsional deberá pagar el retroactivo y reajustar el haber del jubilado en más del 100%.
La sentencia, que beneficia a los trabajadores y empleados de sueldos altos, provocará un nuevo reguero de juicios contra la ANSeS, reclamando lo mismo.
Como anticipó Clarín días atrás, la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social había ordenado recalcular el haber del jubilado Oscar Cruz tomando el cuenta todo el sueldo, sin el tope previsional.
Actualmente, aunque ganen más, los trabajadores en relación de dependencia aportan el 11% hasta $ 11.829,21 de la remuneración bruta (antes de los descuentos). Y la jubilación también está “topeada”: tiene un límite de 7.666,37 pesos.
Lo que dice el fallo firmado por los jueces Nora Dorado, Emilio Fernández y Luís Herrero es que esos topes son inconstitucionales porque la jubilación debe mantener una “proporción justa y razonable” con el ingreso que tuvo el jubilado en su vida activa, algo que lógicamente se reduce con los topes.
Así, ordenaron recalcular la jubilación tomando en cuenta todo el sueldo y no sólo sobre lo aportado. Pero como aportó hasta el tope, la sentencia autoriza a la ANSeS a retener de la jubilación recalculada de Cruz lo que no aportó, o sea el 11% de la diferencia entre el sueldo real y el tope actualizado. Esa diferencia es una deuda de Cruz con el sistema previsional que la ANSeS deberá deducir mensualmente por el equivalente al 5% de la jubilación hasta que quede cancelada .
En el caso Cruz lo que pasó fue lo siguiente, según comentó a Clarín el abogado que lo patrocinó, Rodrigo Martul Sainz: durante 6 de los últimos 10 años anteriores a su jubilación, que se toman como referencia para calcular la jubilación de los empleados en relación de dependencia, Cruz — quien se desempeñaba como contador— cobró un sueldo entre un 50% y 80% superior al tope sobre el cual se realizaban los aportes previsionales. Por ejemplo, a mediados de los 90 “el sueldo de Cruz era de $7.720 pero sus aportes fueron realizados hasta el máximo o el tope de aquel momento -1995- que era de $4.320. Entonces la ANSeS calculó la jubilación sobre la base de lo aportado y no de lo que efectivamente ganaba, como dice la ley previsional”.
En su demanda, Cruz también cuestionó, que para calcular su jubilación, la ANSeS no actualizara los salarios de referencia por la variación de los salarios . Y que a partir de 2002, su jubilación efectiva no siguió la evolución de los salarios.
En relación a estos reclamos, los camaristas plantearon que la Corte Suprema ya se había pronunciado y así resolvieron, siguiendo el caso Elliff, tomar en cuenta los salarios percibidos ajustados por el índice de los salarios básicos de la industria y la construcción -personal no calificado-, sin la limitación del tope. Y para la movilidad del haber posterior a enero de 2002, aplicar el ajuste del caso “Badaro”.
En Badaro, la Corte Suprema ajustó los haberes un 88,6% entre enero de 2002 y diciembre de 2006, cuando en ese lapso Cruz recibió un aumento de solo el 11 por ciento.
“Si se suma el ajuste de Elliff y Badaro, más el ajuste por la eliminación del tope, menos el descuento por la deuda con la ANSeS, la jubilación de Cruz más que se duplica”, aseguró Martul Sainz.
Que la ANSeS no haya apelado este fallo, significa que está firme pero no anticipa que no apele otras sentencias similares . De todos modos, anticipa una nueva oleada de juicios
martes, 28 de diciembre de 2010
lunes, 27 de diciembre de 2010
La economía en el “País de las Maravillas”: cómo fue el 2010 para el INDEC
Con la inflación manipulada, hubo aumentos notables en los indicadores oficiales de ingresos.
Por
Ismael Bermúdez
27/12/10
En el “mundo” del INDEC, en el que la inflación anual ronda el 11%, este año fue extraordinario para los más humildes, para los indigentes y pobres, para los jubilados y para los asalariados en blanco y en negro. Y como en los tres años anteriores, los precios subieron moderamente en la versión oficiail, 2007, 2008 y 2009 fueron también más que beneficiosos para la gran mayoría de los argentinos.
Se acumulan cuatro años de mejoras que desafían todos los manuales de economía, aunque este período coincide con las sospechas de que los índices de inflación están manipulados .
Con los números del INDEC, los asalariados formales -8 millones- pueden comprar un 16% más que a fines de 2009, sin considerar los plus que recibieron o están recibiendo algunos gremios en estos días porque dicen que el salario no les alcanza . Los más de 4 millones que están “en negro” también fortalecieron el poder adquisitivo, pero “apenas” un 10%, solo porque entre 2007 y 2009 ya habían tenido una recuperación más que sorprendente.
Así, y luego de la normalización salarial que se produjo hacia fines de 2006 tras la crisis de 2001-2002, en solo 4 años el poder de compra de los asalariados no registrados creció el 77%, dejando atrás a los trabajadores formales que mejoraron un 52%. Esto pasó porque los empleadores consintieron en dar aumentos salariales que superaron ampliamente el 110%, en tanto remarcaron los precios minoristas menos del 40%.
Que los salarios suban año tras año por el ascensor y los precios por la escalera es otro “mérito” de la estadística oficial .
Aunque siguen colapsando con juicios los tribunales de la Seguridad Social, más de 5 millones de jubilados y pensionados no se quedaron atrás porque recibieron dos aumentos en el año y en diciembre los $ 500 extras, que les permitieron fortalecer un 15% la capacidad de compra . Y en estos cuatro años, si bien no les fue tan bien como a los empleados en negro, no deberían quejarse: cotejando los aumentos de los haberes y la inflación oficial pueden comprar un 60% más. Algo similar sucedió con los pensionados.
Todo esto tuvo lugar con el agregado de que este año los hijos de los desocupados y trabajadores informales cobraron la asignación de $ 180 mensuales que luego se elevó a $ 220, absorbiendo lo que percibían de los planes sociales.
Sin embargo, esta mejora real no modificó mayormente los datos de indigencia y pobreza que bajaron poco en 2010 porque ya habían caído mucho desde que se empezó a manipular los datos de inflación a fines de 2006 . El INDEC puso así en cuestión el impacto de la implementación de la Asignación por Hijo -algo que no motivó la reprimenda del Gobierno-, porque si hubiera tomado en cuenta plenamente la incidencia social, las cifras de indigencia hubieran sido negativas , algo imposible.
De todas maneras, con las mejoras reales y los beneficios surgidos de la baja estadística inflación oficial, no es extraño que para el INDEC no haya casi indigentes -apenas el 3,1% según los datos de la primera mitad de 2010- y en estos 4 años hayan salido de la pobreza 8 millones de personas, aunque el consultor oficialista Artemio López contradiga esos números y asegure que el número de pobres duplica las cifras oficiales
Por
Ismael Bermúdez
27/12/10
En el “mundo” del INDEC, en el que la inflación anual ronda el 11%, este año fue extraordinario para los más humildes, para los indigentes y pobres, para los jubilados y para los asalariados en blanco y en negro. Y como en los tres años anteriores, los precios subieron moderamente en la versión oficiail, 2007, 2008 y 2009 fueron también más que beneficiosos para la gran mayoría de los argentinos.
Se acumulan cuatro años de mejoras que desafían todos los manuales de economía, aunque este período coincide con las sospechas de que los índices de inflación están manipulados .
Con los números del INDEC, los asalariados formales -8 millones- pueden comprar un 16% más que a fines de 2009, sin considerar los plus que recibieron o están recibiendo algunos gremios en estos días porque dicen que el salario no les alcanza . Los más de 4 millones que están “en negro” también fortalecieron el poder adquisitivo, pero “apenas” un 10%, solo porque entre 2007 y 2009 ya habían tenido una recuperación más que sorprendente.
Así, y luego de la normalización salarial que se produjo hacia fines de 2006 tras la crisis de 2001-2002, en solo 4 años el poder de compra de los asalariados no registrados creció el 77%, dejando atrás a los trabajadores formales que mejoraron un 52%. Esto pasó porque los empleadores consintieron en dar aumentos salariales que superaron ampliamente el 110%, en tanto remarcaron los precios minoristas menos del 40%.
Que los salarios suban año tras año por el ascensor y los precios por la escalera es otro “mérito” de la estadística oficial .
Aunque siguen colapsando con juicios los tribunales de la Seguridad Social, más de 5 millones de jubilados y pensionados no se quedaron atrás porque recibieron dos aumentos en el año y en diciembre los $ 500 extras, que les permitieron fortalecer un 15% la capacidad de compra . Y en estos cuatro años, si bien no les fue tan bien como a los empleados en negro, no deberían quejarse: cotejando los aumentos de los haberes y la inflación oficial pueden comprar un 60% más. Algo similar sucedió con los pensionados.
Todo esto tuvo lugar con el agregado de que este año los hijos de los desocupados y trabajadores informales cobraron la asignación de $ 180 mensuales que luego se elevó a $ 220, absorbiendo lo que percibían de los planes sociales.
Sin embargo, esta mejora real no modificó mayormente los datos de indigencia y pobreza que bajaron poco en 2010 porque ya habían caído mucho desde que se empezó a manipular los datos de inflación a fines de 2006 . El INDEC puso así en cuestión el impacto de la implementación de la Asignación por Hijo -algo que no motivó la reprimenda del Gobierno-, porque si hubiera tomado en cuenta plenamente la incidencia social, las cifras de indigencia hubieran sido negativas , algo imposible.
De todas maneras, con las mejoras reales y los beneficios surgidos de la baja estadística inflación oficial, no es extraño que para el INDEC no haya casi indigentes -apenas el 3,1% según los datos de la primera mitad de 2010- y en estos 4 años hayan salido de la pobreza 8 millones de personas, aunque el consultor oficialista Artemio López contradiga esos números y asegure que el número de pobres duplica las cifras oficiales
sábado, 25 de diciembre de 2010
Un convenio salarial toma como válida la inflación de una ex INDEC
El convenio salarial entre el SMATA y TA GAS Technology dice que se revisará la evolución salarial “teniendo en cuenta entre otras fuentes el IPC (UBA) correspondiente al trimestre enero/marzo 2011”.
Por
Ismael Bermúdez
ibermudez@clarin.com
Mientras empresarios y sindicalistas buscar llegar a un acuerdo social, ayer el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el convenio salarial entre el SMATA y una empresa del sector –TA GAS Technology- homologado por la Secretaría de Trabajo. La novedad es que, negro sobre blanco, en el punto sexto se dice que acuerdan revisar la evolución salarial, “teniendo en cuenta entre otras fuentes el IPC (UBA) correspondiente al trimestre enero/marzo 2011”.
El IPC-UBA es el que elabora Graciela Bevacqua, la desplazada directora del IPC del INDEC . En lo que va de este año, este índice arroja un alza de los precios minoristas del 23,4%, mientras el INDEC registró apenas un 10% .
En el sector automotor casi todos los convenios —como el de Ford, Mercedes Benz y Volkswagen— ya toman como referencia para la discusión salarial futura, no los datos del INDEC, sino el IPC de Bevacqua. .
Otra novedad comprende a los trabajadores químicos y petroquímicos de Bahía Blanca. En el convenio con la empresa Praxair —también homologado por la Secretaría de Trabajo— se dice que “las partes asumen el compromiso de incluir como primer punto de discusión de la próxima paritaria salarial el eventual excedente inflacionario que pudiera existir entre la variación que sufra el Indice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBA) durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2010 y el 31 de marzo de 2011 y el incremento salarial acordado en la presente”.
El Indice CREEBA arroja un alza del 22% en los últimos 12 meses, bastante similar al del IPC-UBA, y que es el doble del índice oficial.
Si bien ningún sindicato, ninguna empresa o cámara empresaria y ni el propio Gobierno nacional o los gobiernos provinciales vienen negociando los salarios en base a la inflación oficial, lo notable es que, expresamente en varios convenios y con la rúbrica de la Secretaría de Trabajo, acepten sustituir al IPC del INDEC como una referencia de las futuras negociaciones . Y acepten como válidas las estadísticas alternativas que difunde la ex funcionaria que hasta diciembre de 2006 elaboraba el índice oficial y que fue desplazada con el argumento de que “medía mal la evolución de los precios” o se admitan mediciones de entidades privadas.
Por
Ismael Bermúdez
ibermudez@clarin.com
Mientras empresarios y sindicalistas buscar llegar a un acuerdo social, ayer el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el convenio salarial entre el SMATA y una empresa del sector –TA GAS Technology- homologado por la Secretaría de Trabajo. La novedad es que, negro sobre blanco, en el punto sexto se dice que acuerdan revisar la evolución salarial, “teniendo en cuenta entre otras fuentes el IPC (UBA) correspondiente al trimestre enero/marzo 2011”.
El IPC-UBA es el que elabora Graciela Bevacqua, la desplazada directora del IPC del INDEC . En lo que va de este año, este índice arroja un alza de los precios minoristas del 23,4%, mientras el INDEC registró apenas un 10% .
En el sector automotor casi todos los convenios —como el de Ford, Mercedes Benz y Volkswagen— ya toman como referencia para la discusión salarial futura, no los datos del INDEC, sino el IPC de Bevacqua. .
Otra novedad comprende a los trabajadores químicos y petroquímicos de Bahía Blanca. En el convenio con la empresa Praxair —también homologado por la Secretaría de Trabajo— se dice que “las partes asumen el compromiso de incluir como primer punto de discusión de la próxima paritaria salarial el eventual excedente inflacionario que pudiera existir entre la variación que sufra el Indice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBA) durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2010 y el 31 de marzo de 2011 y el incremento salarial acordado en la presente”.
El Indice CREEBA arroja un alza del 22% en los últimos 12 meses, bastante similar al del IPC-UBA, y que es el doble del índice oficial.
Si bien ningún sindicato, ninguna empresa o cámara empresaria y ni el propio Gobierno nacional o los gobiernos provinciales vienen negociando los salarios en base a la inflación oficial, lo notable es que, expresamente en varios convenios y con la rúbrica de la Secretaría de Trabajo, acepten sustituir al IPC del INDEC como una referencia de las futuras negociaciones . Y acepten como válidas las estadísticas alternativas que difunde la ex funcionaria que hasta diciembre de 2006 elaboraba el índice oficial y que fue desplazada con el argumento de que “medía mal la evolución de los precios” o se admitan mediciones de entidades privadas.
martes, 21 de diciembre de 2010
Los argentinos tienen en el colchón US$ 140.000 millones
Los fondos que están fuera del sistema casi triplican las reservas del Banco Central.
Por
Ismael Bermúdez
21/12/10
Los ahorros que los argentinos tienen bajo el colchón, en cajas de seguridad o en el exterior ya suman US$ 140.408 millones, de acuerdo a las estimaciones de la balanza de pagos difundidas ayer por el INDEC.
De este total, y a pesar de la persistencia de la crisis europea y estadounidense, en los 9 meses primeros de 2010, casi US$ 7.000 millones salieron fuera del sistema , divisas que fueron provistas por el fuerte excedente del comercio exterior.
En cambio, en igual período, las reservas del Banco Central, presidido por Mercedes Marcó del Pont, aumentaron menos de la mitad: US$ 3.080 millones, totalizando a fines de septiembre US$ 51.125 millones.
Esos cuantiosos fondos que están al margen del sistema superan la deuda externa total (estimada en US$ 127.369 millones) y equivalen casi tres veces las reservas del Banco Central. Además, en la mayoría de los casos esos ahorros no están declarados, afectando la recaudación tributaria.
El informe del INDEC señala que en los primeros nueve meses del 2010 los “activos externos del sector privado no financiero” se incrementaron en US$ 7.324 millones. De ese total, apenas US$ 472 millones se destinaron a inversiones directas en el exterior y el resto (US$ 6.852 millones) a depósitos, bonos y acciones al margen del sistema.
Del informe oficial se desprende que también hubo un fuerte incremento de las utilidades y dividendos de las empresas extranjeras radicadas en la Argentina que, entre enero y septiembre, acumularon US$ 5.376 millones, un 15% más que lo que obtuvieron en igual período de 2009. Se estima que menos de la mitad fue reinvertido en el país.
Además se giraron más fondos por intereses: sumaron US$ 2.030 millones, US$ 339 millones más que en igual lapso de 2009.
Al mismo tiempo, por el mayor incremento de las importaciones por sobre las exportaciones, el saldo comercial se redujo en US$ 2.059 millones.
Todo eso explica la reducción del saldo de la cuenta corriente que se achicó en casi US$ 6.000 millones.
Del informe oficial surge que en diciembre de 2005 los fondos fuera del sistema sumaban 100.000 millones de dólares. A partir de entonces volvieron a incrementarse a pesar de que bajaron los rendimientos en el exterior, el sistema financiero global se hizo más volátil por la crisis global y el peso se fue apreciando. Todo esto debería haber promovido la repatriación de una parte de esos fondos, pero eso no se produjo a pesar de que hubo un blanqueo de capitales.
Por
Ismael Bermúdez
21/12/10
Los ahorros que los argentinos tienen bajo el colchón, en cajas de seguridad o en el exterior ya suman US$ 140.408 millones, de acuerdo a las estimaciones de la balanza de pagos difundidas ayer por el INDEC.
De este total, y a pesar de la persistencia de la crisis europea y estadounidense, en los 9 meses primeros de 2010, casi US$ 7.000 millones salieron fuera del sistema , divisas que fueron provistas por el fuerte excedente del comercio exterior.
En cambio, en igual período, las reservas del Banco Central, presidido por Mercedes Marcó del Pont, aumentaron menos de la mitad: US$ 3.080 millones, totalizando a fines de septiembre US$ 51.125 millones.
Esos cuantiosos fondos que están al margen del sistema superan la deuda externa total (estimada en US$ 127.369 millones) y equivalen casi tres veces las reservas del Banco Central. Además, en la mayoría de los casos esos ahorros no están declarados, afectando la recaudación tributaria.
El informe del INDEC señala que en los primeros nueve meses del 2010 los “activos externos del sector privado no financiero” se incrementaron en US$ 7.324 millones. De ese total, apenas US$ 472 millones se destinaron a inversiones directas en el exterior y el resto (US$ 6.852 millones) a depósitos, bonos y acciones al margen del sistema.
Del informe oficial se desprende que también hubo un fuerte incremento de las utilidades y dividendos de las empresas extranjeras radicadas en la Argentina que, entre enero y septiembre, acumularon US$ 5.376 millones, un 15% más que lo que obtuvieron en igual período de 2009. Se estima que menos de la mitad fue reinvertido en el país.
Además se giraron más fondos por intereses: sumaron US$ 2.030 millones, US$ 339 millones más que en igual lapso de 2009.
Al mismo tiempo, por el mayor incremento de las importaciones por sobre las exportaciones, el saldo comercial se redujo en US$ 2.059 millones.
Todo eso explica la reducción del saldo de la cuenta corriente que se achicó en casi US$ 6.000 millones.
Del informe oficial surge que en diciembre de 2005 los fondos fuera del sistema sumaban 100.000 millones de dólares. A partir de entonces volvieron a incrementarse a pesar de que bajaron los rendimientos en el exterior, el sistema financiero global se hizo más volátil por la crisis global y el peso se fue apreciando. Todo esto debería haber promovido la repatriación de una parte de esos fondos, pero eso no se produjo a pesar de que hubo un blanqueo de capitales.
lunes, 20 de diciembre de 2010
Harían falta 17 años para pagar todos los juicios de los jubilados
Es porque existen 421.000 demandas acumuladas y sólo se pagan 2 mil al mes.
Por
Ismael Bermúdez
20/12/10
En los Tribunales previsionales hay 421.000 juicios de jubilados . Y se liquidan a razón de 2.000 juicios por mes . Estos datos los admitió hace pocas semanas Diego Bossio, titular de la ANSeS, ante la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Lo que pone de relieve la confesión de este funcionario es que, a este ritmo, la ANSeS necesitaría 210 meses -más de 17 años- para cancelar el stock de juicios . Y esto sin tomar en cuenta que todos los meses ingresan entre 8.000 y 10.000 nuevas demandas; es decir unas 100.000 por año.
Así, por cada juicio que se cancela ingresan 5 nuevas demandas lo que va incrementando el stock total, alargando aún más los meses y años que se necesitarían para cancelar los reclamos.
Los juicios duran en promedio 6 años , aunque muchas demandas se iniciaron en los 90 y aún no se resolvieron, por distintas apelaciones. Entre el trámite, la sentencia y la liquidación efectiva, el juicio se prolonga de tal manera que excede la expectativa de vida de los reclamantes.
A eso se agrega que, en muchos casos, la ANSeS liquida mal la sentencia lo que obliga a iniciar un nuevo juicio o apela las sentencias de primera instancia, alargando los plazos. Por esta razón, el Estado argentino fue denunciado por un grupo de abogados previsionales y el CELS ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Y la cantidad de juicios es tal que por el “sobrepeso” de los expedientes, el edificio del Fuero de la Seguridad Social tuvo que ser cerrado al público durante 3 semanas para que los empleados pudieran trasladar las carpetas a otras instalaciones.
También incide que la ANSeS tiene un cupo limitado para el pago de sentencias – del orden de las 24.000 anuales. Por ejemplo, en el proyecto oficial de Presupuesto 2011 la partida para sentencias es de $ 2.933,8 millones y otros $ 847,3 millones por sentencias correspondientes a retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad.
Se estima que por la retroactividad e intereses acumulados, en promedio cada juicio ronda los $ 100.000 , de los cuales un porcentaje, que puede llegar al 30%, quedan como honorarios de los abogados. Y el haber debe ser reajustado de acuerdo a los términos de la sentencia.
Si bien siempre hubo reclamos judiciales de los jubilados, los fallos de la Corte Suprema incrementaron las demandas porque ratificaron que la ANSeS no cumple con lo que fijan las leyes previsionales . Y el veto presidencial a la ley sancionada por el Congreso -que contemplaba el reajuste de los haberes de acuerdo a los fallos de la Corte, aunque sin la retroactividad- volvió a incrementar la litigiosidad . Por ejemplo, una mayoría de jubilados reclama que se les aplique el ajuste del caso Badaro en el que el máximo Tribunal ordenó que entre enero de 2002 y diciembre de 2006, las jubilaciones se ajustaran un 88,6 %.
En ese lapso la ANSeS dio sólo dos subas generales: 10% si el jubilado ganaba más de $ 1.000; y 22,1% si cobraba menos de $ 1.000. Así, la diferencia con lo resuelto por la Corte Suprema implica una mejora en el haber del 54,2 o 69,9%, según los casos
Por
Ismael Bermúdez
20/12/10
En los Tribunales previsionales hay 421.000 juicios de jubilados . Y se liquidan a razón de 2.000 juicios por mes . Estos datos los admitió hace pocas semanas Diego Bossio, titular de la ANSeS, ante la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Lo que pone de relieve la confesión de este funcionario es que, a este ritmo, la ANSeS necesitaría 210 meses -más de 17 años- para cancelar el stock de juicios . Y esto sin tomar en cuenta que todos los meses ingresan entre 8.000 y 10.000 nuevas demandas; es decir unas 100.000 por año.
Así, por cada juicio que se cancela ingresan 5 nuevas demandas lo que va incrementando el stock total, alargando aún más los meses y años que se necesitarían para cancelar los reclamos.
Los juicios duran en promedio 6 años , aunque muchas demandas se iniciaron en los 90 y aún no se resolvieron, por distintas apelaciones. Entre el trámite, la sentencia y la liquidación efectiva, el juicio se prolonga de tal manera que excede la expectativa de vida de los reclamantes.
A eso se agrega que, en muchos casos, la ANSeS liquida mal la sentencia lo que obliga a iniciar un nuevo juicio o apela las sentencias de primera instancia, alargando los plazos. Por esta razón, el Estado argentino fue denunciado por un grupo de abogados previsionales y el CELS ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Y la cantidad de juicios es tal que por el “sobrepeso” de los expedientes, el edificio del Fuero de la Seguridad Social tuvo que ser cerrado al público durante 3 semanas para que los empleados pudieran trasladar las carpetas a otras instalaciones.
También incide que la ANSeS tiene un cupo limitado para el pago de sentencias – del orden de las 24.000 anuales. Por ejemplo, en el proyecto oficial de Presupuesto 2011 la partida para sentencias es de $ 2.933,8 millones y otros $ 847,3 millones por sentencias correspondientes a retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad.
Se estima que por la retroactividad e intereses acumulados, en promedio cada juicio ronda los $ 100.000 , de los cuales un porcentaje, que puede llegar al 30%, quedan como honorarios de los abogados. Y el haber debe ser reajustado de acuerdo a los términos de la sentencia.
Si bien siempre hubo reclamos judiciales de los jubilados, los fallos de la Corte Suprema incrementaron las demandas porque ratificaron que la ANSeS no cumple con lo que fijan las leyes previsionales . Y el veto presidencial a la ley sancionada por el Congreso -que contemplaba el reajuste de los haberes de acuerdo a los fallos de la Corte, aunque sin la retroactividad- volvió a incrementar la litigiosidad . Por ejemplo, una mayoría de jubilados reclama que se les aplique el ajuste del caso Badaro en el que el máximo Tribunal ordenó que entre enero de 2002 y diciembre de 2006, las jubilaciones se ajustaran un 88,6 %.
En ese lapso la ANSeS dio sólo dos subas generales: 10% si el jubilado ganaba más de $ 1.000; y 22,1% si cobraba menos de $ 1.000. Así, la diferencia con lo resuelto por la Corte Suprema implica una mejora en el haber del 54,2 o 69,9%, según los casos
El Gobierno recortó muy fuerte el gasto en construcción de viviendas
Lo congeló en $ 5.000 millones. Pero por la inflación, equivale a una poda del 40%.
Por
Ismael Bermúdez
El déficit de viviendas y las condiciones de habitabilidad de las familias se agravaron en los últimos años para los sectores medios y de bajos ingresos. Este deterioro estuvo acompañado de la disparada de los precios de las propiedades y de la drástica reducción del presupuesto público destinado a las mejoras y construcción de viviendas accesibles para las familias menos pudientes.
En 2009 el programa de vivienda fue de $ 5.276 millones y el de este año, con un inflación del 25%, se ejecutarían $ 5.000 millones. Para 2011, con una proyección inflacionaria de casi el 30%, se prevé invertir lo mismo, $ 5.100 millones, cuando para acompañar la inflación de dos años debería ser de $ 8.000 millones.
Los números son contundentes: indican una reducción real de casi el 40%.
El programa más importante, Techo Digno, para 2009 preveía terminar 27.547 viviendas y se construyeron 18.582, un 33% menos . Durante el 2009 se terminaron 668 viviendas del plan Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, cuando el número previsto era de 1.792, o sea un 63% menos, según comentó a Clarín , Gisell Cogliandro, Directora de la Fundación Siena, que analiza las Políticas Públicas. Estos dos programas centrales insumieron en 2009 casi $ 3.900 millones, se ejecutarían en 2010 unos 3.600 millones y se prevén para 2011 gastar $ 3.800 millones.
Cogliandro agrega que el nivel de ejecución de Techo Digno es del 58,9%, con fuertes disparidades entre los distritos. “El programa no se ha ejecutado en Santa Fe, la segunda provincia con mayores necesidades de infraestructura social básica, Chubut, Ciudad de Buenos Aires y San Luis. En menor medida, se aprecia un muy bajo nivel de ejecución del crédito vigente en Córdoba (12,7%), Corrientes (10,2%) y Catamarca (13,7%). En el otro extremo, La Pampa y San Cruz ejecutaron el 261 y 236,1% del crédito vigente , respectivamente.
El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina detectó que “a pesar del crecimiento económico importante durante la última década”, en los últimos tres años los indicadores de hacinamiento volvieron a subir mostrando “un empeoramiento de la condición económica de los sectores más vulnerables”. Al mismo tiempo, por la suba de los precios de las propiedades y los alquileres, y cambios migratorios, se produjo un incremento de los barrios de urbanización precaria, generando “una nueva presión sobre la problemática habitacional”.
El informe reconoce que hubo mejoras en las condiciones de vivienda que comprendieron a los sectores de mayores ingresos, en tanto la proporción de hogares con “déficit habitacional severo” tuvo escasa variación y eso “estaría vinculado con la persistencia en el tiempo de villas y asentamientos que, más allá del crecimiento económico, expresan la dificultad que en nuestro país existe para instrumentar una política habitacional eficaz”.
Otros indicadores del Observatorio marcan la misma tendencia. Así se señala que “tras 6 años de crecimiento económico ininterrumpido, en 2009 casi la mitad de los hogares pobres seguían calefaccionándose y cocinando por medio de garrafas” – pagando precios más altos que el resto — o “la desigualdad en el acceso al agua de red es sumamente alarmante”.
Por
Ismael Bermúdez
El déficit de viviendas y las condiciones de habitabilidad de las familias se agravaron en los últimos años para los sectores medios y de bajos ingresos. Este deterioro estuvo acompañado de la disparada de los precios de las propiedades y de la drástica reducción del presupuesto público destinado a las mejoras y construcción de viviendas accesibles para las familias menos pudientes.
En 2009 el programa de vivienda fue de $ 5.276 millones y el de este año, con un inflación del 25%, se ejecutarían $ 5.000 millones. Para 2011, con una proyección inflacionaria de casi el 30%, se prevé invertir lo mismo, $ 5.100 millones, cuando para acompañar la inflación de dos años debería ser de $ 8.000 millones.
Los números son contundentes: indican una reducción real de casi el 40%.
El programa más importante, Techo Digno, para 2009 preveía terminar 27.547 viviendas y se construyeron 18.582, un 33% menos . Durante el 2009 se terminaron 668 viviendas del plan Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, cuando el número previsto era de 1.792, o sea un 63% menos, según comentó a Clarín , Gisell Cogliandro, Directora de la Fundación Siena, que analiza las Políticas Públicas. Estos dos programas centrales insumieron en 2009 casi $ 3.900 millones, se ejecutarían en 2010 unos 3.600 millones y se prevén para 2011 gastar $ 3.800 millones.
Cogliandro agrega que el nivel de ejecución de Techo Digno es del 58,9%, con fuertes disparidades entre los distritos. “El programa no se ha ejecutado en Santa Fe, la segunda provincia con mayores necesidades de infraestructura social básica, Chubut, Ciudad de Buenos Aires y San Luis. En menor medida, se aprecia un muy bajo nivel de ejecución del crédito vigente en Córdoba (12,7%), Corrientes (10,2%) y Catamarca (13,7%). En el otro extremo, La Pampa y San Cruz ejecutaron el 261 y 236,1% del crédito vigente , respectivamente.
El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina detectó que “a pesar del crecimiento económico importante durante la última década”, en los últimos tres años los indicadores de hacinamiento volvieron a subir mostrando “un empeoramiento de la condición económica de los sectores más vulnerables”. Al mismo tiempo, por la suba de los precios de las propiedades y los alquileres, y cambios migratorios, se produjo un incremento de los barrios de urbanización precaria, generando “una nueva presión sobre la problemática habitacional”.
El informe reconoce que hubo mejoras en las condiciones de vivienda que comprendieron a los sectores de mayores ingresos, en tanto la proporción de hogares con “déficit habitacional severo” tuvo escasa variación y eso “estaría vinculado con la persistencia en el tiempo de villas y asentamientos que, más allá del crecimiento económico, expresan la dificultad que en nuestro país existe para instrumentar una política habitacional eficaz”.
Otros indicadores del Observatorio marcan la misma tendencia. Así se señala que “tras 6 años de crecimiento económico ininterrumpido, en 2009 casi la mitad de los hogares pobres seguían calefaccionándose y cocinando por medio de garrafas” – pagando precios más altos que el resto — o “la desigualdad en el acceso al agua de red es sumamente alarmante”.
domingo, 19 de diciembre de 2010
La Justicia eliminó el tope a las jubilaciones de los sueldos altos
Un fallo admite que se tome la totalidad del salario para calcular los haberes.
Por
Ismael Bermúdez
La Justicia admitió un cambio jubilatorio clave para los empleados de sueldos altos. Los jueces de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social determinaron que la ANSeS debe calcular y liquidar las jubilaciones tomando en cuenta la totalidad del sueldo del trabajador, sin considerar el tope a partir del cual no se hacen los aportes previsionales. La sentencia beneficia a empleados que ganan más de $11.829,21en bruto (antes de los descuentos), el actual tope previsional.
El fundamento –que puede leerse en la causas “Rispolí Luís Jorge” y “Cruz Oscar Tadeo”– es que la jubilación debe mantener una “proporción justa y razonable” con el ingreso que tuvo el jubilado en su vida activa. Y declararon la inconstitucionalidad de los artículos 25 y 26 de la ley 24.241 de jubilaciones (que limitan el cálculo previsional al tope) sólo si al aplicar el tope el haber se achica más de un 15%. Si la diferencia es menor al 15%, el tope sigue vigente porque la Justicia considera que ese porcentaje es razonable “como una contribución solidaria por parte de quienes poseen mayor capacidad económica”.
De acuerdo a la legislación vigente, aunque ganen más, los empleados aportan a la ANSeS o les descuentan el 11% hasta $ 11.829,21. Esta cifra se ajusta dos veces por año con la “movilidad jubilatoria”. Por encima de esa cifra no aportan y, a la hora de calcular la jubilación, la ANSeS toma como base de referencia el promedio actualizado de los sueldos aportados en los últimos 10 años anteriores al retiro, hasta el valor tope. En cambio, el empleador contribuye sobre todo el sueldo declarado.
Sin embargo, aunque rige el tope, se dan muchas circunstancias en que –porque no existían topes en el pasado, por tener en forma simultánea dos o más empleos o aportar al mismo tiempo al sistema nacional y a un régimen provincial–, el trabajador termina aportando por encima del tope.
Muchos trabajadores no saben que en esos casos deben comunicar a uno de los empleadores que no les practiquen el descuento por alcanzar ya el tope en el otro empleo o le descuenten la diferencia hasta llegar al tope.
De todos modos, según los camaristas, si por la aplicación del tope la diferencia en la proporción entre el sueldo cobrado y la jubilación es superior al 15%, el haber debe ser calculado sobre la totalidad de lo percibido, quedando autorizada la ANSeS “a retener los aportes que hubieran correspondido de computarse la totalidad de la remuneración, utilizándose para ello los mismos parámetros de actualización”.
A partir de estos fallos, se presentan dos variantes: Si el trabajador aportó sobre todo el sueldo, por encima del tope, la jubilación debe calcularse sobre el promedio de la totalidad de la remuneración percibida y actualizada de los últimos 10 años anteriores a la jubilación, aunque supere el tope.
Si el trabajador aportó hasta el tope aunque su ingreso fue superior, y su jubilación puede verse afectada en más del 15%, la ANSeS debe calcular también la jubilación en base al sueldo promedio actualizado sin el tope. Y calcular la diferencia que dejó de aportar y deducirla del haber en cuotas equivalentes al 5% del haber, según explicó el abogado Guillermo Jáuregui.
La sentencia aclara que la ANSeS debe “verificar si por esas remuneraciones se han efectivizado los aportes correspondientes y/o en caso contrario, formular el cargo pertinente” .
A su vez, las sumas no remunerativas o vales alimentarios se toman en cuenta para el cálculo del sueldo de referencia de la jubilación, como ya se pronunció la Corte, aunque se exceda el tope
Por
Ismael Bermúdez
La Justicia admitió un cambio jubilatorio clave para los empleados de sueldos altos. Los jueces de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social determinaron que la ANSeS debe calcular y liquidar las jubilaciones tomando en cuenta la totalidad del sueldo del trabajador, sin considerar el tope a partir del cual no se hacen los aportes previsionales. La sentencia beneficia a empleados que ganan más de $11.829,21en bruto (antes de los descuentos), el actual tope previsional.
El fundamento –que puede leerse en la causas “Rispolí Luís Jorge” y “Cruz Oscar Tadeo”– es que la jubilación debe mantener una “proporción justa y razonable” con el ingreso que tuvo el jubilado en su vida activa. Y declararon la inconstitucionalidad de los artículos 25 y 26 de la ley 24.241 de jubilaciones (que limitan el cálculo previsional al tope) sólo si al aplicar el tope el haber se achica más de un 15%. Si la diferencia es menor al 15%, el tope sigue vigente porque la Justicia considera que ese porcentaje es razonable “como una contribución solidaria por parte de quienes poseen mayor capacidad económica”.
De acuerdo a la legislación vigente, aunque ganen más, los empleados aportan a la ANSeS o les descuentan el 11% hasta $ 11.829,21. Esta cifra se ajusta dos veces por año con la “movilidad jubilatoria”. Por encima de esa cifra no aportan y, a la hora de calcular la jubilación, la ANSeS toma como base de referencia el promedio actualizado de los sueldos aportados en los últimos 10 años anteriores al retiro, hasta el valor tope. En cambio, el empleador contribuye sobre todo el sueldo declarado.
Sin embargo, aunque rige el tope, se dan muchas circunstancias en que –porque no existían topes en el pasado, por tener en forma simultánea dos o más empleos o aportar al mismo tiempo al sistema nacional y a un régimen provincial–, el trabajador termina aportando por encima del tope.
Muchos trabajadores no saben que en esos casos deben comunicar a uno de los empleadores que no les practiquen el descuento por alcanzar ya el tope en el otro empleo o le descuenten la diferencia hasta llegar al tope.
De todos modos, según los camaristas, si por la aplicación del tope la diferencia en la proporción entre el sueldo cobrado y la jubilación es superior al 15%, el haber debe ser calculado sobre la totalidad de lo percibido, quedando autorizada la ANSeS “a retener los aportes que hubieran correspondido de computarse la totalidad de la remuneración, utilizándose para ello los mismos parámetros de actualización”.
A partir de estos fallos, se presentan dos variantes: Si el trabajador aportó sobre todo el sueldo, por encima del tope, la jubilación debe calcularse sobre el promedio de la totalidad de la remuneración percibida y actualizada de los últimos 10 años anteriores a la jubilación, aunque supere el tope.
Si el trabajador aportó hasta el tope aunque su ingreso fue superior, y su jubilación puede verse afectada en más del 15%, la ANSeS debe calcular también la jubilación en base al sueldo promedio actualizado sin el tope. Y calcular la diferencia que dejó de aportar y deducirla del haber en cuotas equivalentes al 5% del haber, según explicó el abogado Guillermo Jáuregui.
La sentencia aclara que la ANSeS debe “verificar si por esas remuneraciones se han efectivizado los aportes correspondientes y/o en caso contrario, formular el cargo pertinente” .
A su vez, las sumas no remunerativas o vales alimentarios se toman en cuenta para el cálculo del sueldo de referencia de la jubilación, como ya se pronunció la Corte, aunque se exceda el tope
domingo, 12 de diciembre de 2010
Casi el 10% de los porteños vive en condiciones muy precarias
Están en inquilinatos, pensiones, villas o son ocupas. Y no cubren la canasta familiar.
Por
Ismael Bermúdez
12-12-2010
En la Ciudad de Buenos Aires, más de 80.000 familias que nuclean a unas 300.000 personas viven en inquilinatos, pensiones, casas tomadas o villas de emergencia.
Así casi el 10% de la población porteña viven en condiciones extremas de precariedad, con un agravante: el 20% no tiene ingresos suficientes para cubrir el costo de los gastos alimenticios y casi tres de cada cuatro (72%) no llegan a cubrir el costo de la canasta familiar , según los últimos datos de la Dirección de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Mayoritariamente esas familias viven en la zona Sur de la ciudad. Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati tienen los mayores asentamientos de villas y son las comunas que tienen los hogares con ingresos deficitarios más altos.
La Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por profundas desigualdades en las condiciones de vida de su población, que se manifiestan por zona de residencia y por ingresos. Y en muchos casos esas diferencias contribuyen a nuevos y pequeños asentamientos o tomas mayores como la que se produjo en Villa Soldati.
De las cifras oficiales se desprende que en el sur porteño:
Hay más hogares de bajos ingresos. En los inquilinatos el 60,8% no cubre no cubre el costo de la canasta familiar y en las villas el 89,8%.
La población sufre mayores carencias habitacionales, con una mayor cantidad de personas por vivienda debido a que las familias son más numerosas. Y es mayor el porcentaje de viviendas precarias, que hasta comparten el uso del baño con otros hogares.
Es muy elevado el porcentaje de hogares en distintas situaciones de informalidad o de irregularidad en relación a la tenencia de la vivienda, en situación de hacinamiento y construidos con materiales no adecuados.
Los que viven en piezas de hoteles, pensiones, inquilinatos y casas tomadas se caracterizan por sus exiguos recursos económicos pero con menor presencia de niños. El 32,6% son hogares compuestos de una persona. Se interpreta que esto obedece a que las normas que suelen aplicarse en este tipo de viviendas restringen o no permiten la presencia de familias con niños. En las villas pasa lo contrario: casi no hay viviendas unipersonales , la mayoría son familias extendidas, con hogares integrados con otras personas que no son de la familia y tienen una estructura de población muy joven, donde más de un tercio son niños.
En cambio, el norte geográfico de la Ciudad es el más favorecido ya que concentra una alta proporción de hogares de altos niveles de ingresos. Prevalecen los departamentos, con un promedio de personas por vivienda que es menor al del total de la Ciudad, con muy escasa presencia de viviendas precarias y mínimo nivel de hacinamiento.
La precariedad habitacional va de la mano del hacinamiento. Las familias que viven en las villas son más numerosas –casi duplican al resto– y el 40,1% de esos hogares viven 5 o más personas
Por
Ismael Bermúdez
12-12-2010
En la Ciudad de Buenos Aires, más de 80.000 familias que nuclean a unas 300.000 personas viven en inquilinatos, pensiones, casas tomadas o villas de emergencia.
Así casi el 10% de la población porteña viven en condiciones extremas de precariedad, con un agravante: el 20% no tiene ingresos suficientes para cubrir el costo de los gastos alimenticios y casi tres de cada cuatro (72%) no llegan a cubrir el costo de la canasta familiar , según los últimos datos de la Dirección de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Mayoritariamente esas familias viven en la zona Sur de la ciudad. Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati tienen los mayores asentamientos de villas y son las comunas que tienen los hogares con ingresos deficitarios más altos.
La Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por profundas desigualdades en las condiciones de vida de su población, que se manifiestan por zona de residencia y por ingresos. Y en muchos casos esas diferencias contribuyen a nuevos y pequeños asentamientos o tomas mayores como la que se produjo en Villa Soldati.
De las cifras oficiales se desprende que en el sur porteño:
Hay más hogares de bajos ingresos. En los inquilinatos el 60,8% no cubre no cubre el costo de la canasta familiar y en las villas el 89,8%.
La población sufre mayores carencias habitacionales, con una mayor cantidad de personas por vivienda debido a que las familias son más numerosas. Y es mayor el porcentaje de viviendas precarias, que hasta comparten el uso del baño con otros hogares.
Es muy elevado el porcentaje de hogares en distintas situaciones de informalidad o de irregularidad en relación a la tenencia de la vivienda, en situación de hacinamiento y construidos con materiales no adecuados.
Los que viven en piezas de hoteles, pensiones, inquilinatos y casas tomadas se caracterizan por sus exiguos recursos económicos pero con menor presencia de niños. El 32,6% son hogares compuestos de una persona. Se interpreta que esto obedece a que las normas que suelen aplicarse en este tipo de viviendas restringen o no permiten la presencia de familias con niños. En las villas pasa lo contrario: casi no hay viviendas unipersonales , la mayoría son familias extendidas, con hogares integrados con otras personas que no son de la familia y tienen una estructura de población muy joven, donde más de un tercio son niños.
En cambio, el norte geográfico de la Ciudad es el más favorecido ya que concentra una alta proporción de hogares de altos niveles de ingresos. Prevalecen los departamentos, con un promedio de personas por vivienda que es menor al del total de la Ciudad, con muy escasa presencia de viviendas precarias y mínimo nivel de hacinamiento.
La precariedad habitacional va de la mano del hacinamiento. Las familias que viven en las villas son más numerosas –casi duplican al resto– y el 40,1% de esos hogares viven 5 o más personas
viernes, 10 de diciembre de 2010
En el sur porteño, casi la mitad no cubre la canasta familiar
Es una canasta más amplia que la del INDEC. En el norte, no la alcanza sólo el 10%.
Por
Ismael Bermúdez
Casi la mitad de las familias que viven en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires –como Villa Lugano, Soldati, Parque Patricios, La Boca y Pompeya– no tienen los ingresos suficientes para comprar los bienes y servicios de una canasta familiar .
Entre las familias que viven en inquilinatos, hoteles, pensiones o casas tomadas esa proporción sube al 60,8% . Y entre los hogares ubicados en villas de emergencia trepa al 89,8%.
En la otra punta, la situación es diametralmente opuesta. En Recoleta o Palermo, no llega a cubrir la canasta familiar apenas el 10% de los hogares.
Estos datos son oficiales, de la Dirección de Estadísticas y Censos que depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y corresponden a los resultados finales de 2009, los últimos disponibles.
A lo largo de 2010 estas cifras pudieron haber mejorado por la implementación de la Asignación por Hijo, pero por el otro lado la mayor inflación, en especial de los precios de alimentos, erosionó gran parte de esa mejora que afectan más a las familias de bajos ingresos.
La canasta familiar porteña es más amplia que la del INDEC. Incluye alimentos, alquiler, servicios, esparcimiento, gastos de salud, tomados a los precios que paga el consumidor. A fines de 2009 costaba $ 2.884 mensuales. La del INDEC es una canasta de alimentos y gastos reducidos (llamada de pobreza) valuada de manera “sospechosa” con un valor de $ 1.056 a fines de 2009. Del informe surge que: Sobre 1.197.710 hogares, 288.088 –el 24,1%– no cubre el costo de la canasta familiar.
La población porteña suma 2.977.147, de los cuales 846.205 personas viven en familias que no cubren la canasta familiar.
Un 25% de las familias con adultos mayores no dispone de ingresos suficientes para atender los gastos en salud, renovar el vestuario y demás gastos estacionales.
El 11% de los que viven en inquilinatos, hoteles, pensiones o casas tomadas no cubre el costo de los gastos alimenticios. Esa proporción sube al 34,8% de las familias que residen en villas de emergencia.
Los hogares con jefatura femenina están en peor situación ya que el 27,5% no cubre el costo de la canasta familiar, contra el 21,7% donde el Jefe es un varón.
Tener o no empleo es otro factor pero entre los ocupados, el 20% no cubre el costo de la canasta familiar. Entre los desocupados, el 20% ni siquiera cubre los gastos alimenticios.
La conclusión del informe es que la Ciudad presenta importantes situaciones de inequidad, con una fuerte heterogeneidad que son importantes a tener en cuenta “a la hora de tomar decisiones”.
Por
Ismael Bermúdez
Casi la mitad de las familias que viven en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires –como Villa Lugano, Soldati, Parque Patricios, La Boca y Pompeya– no tienen los ingresos suficientes para comprar los bienes y servicios de una canasta familiar .
Entre las familias que viven en inquilinatos, hoteles, pensiones o casas tomadas esa proporción sube al 60,8% . Y entre los hogares ubicados en villas de emergencia trepa al 89,8%.
En la otra punta, la situación es diametralmente opuesta. En Recoleta o Palermo, no llega a cubrir la canasta familiar apenas el 10% de los hogares.
Estos datos son oficiales, de la Dirección de Estadísticas y Censos que depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y corresponden a los resultados finales de 2009, los últimos disponibles.
A lo largo de 2010 estas cifras pudieron haber mejorado por la implementación de la Asignación por Hijo, pero por el otro lado la mayor inflación, en especial de los precios de alimentos, erosionó gran parte de esa mejora que afectan más a las familias de bajos ingresos.
La canasta familiar porteña es más amplia que la del INDEC. Incluye alimentos, alquiler, servicios, esparcimiento, gastos de salud, tomados a los precios que paga el consumidor. A fines de 2009 costaba $ 2.884 mensuales. La del INDEC es una canasta de alimentos y gastos reducidos (llamada de pobreza) valuada de manera “sospechosa” con un valor de $ 1.056 a fines de 2009. Del informe surge que: Sobre 1.197.710 hogares, 288.088 –el 24,1%– no cubre el costo de la canasta familiar.
La población porteña suma 2.977.147, de los cuales 846.205 personas viven en familias que no cubren la canasta familiar.
Un 25% de las familias con adultos mayores no dispone de ingresos suficientes para atender los gastos en salud, renovar el vestuario y demás gastos estacionales.
El 11% de los que viven en inquilinatos, hoteles, pensiones o casas tomadas no cubre el costo de los gastos alimenticios. Esa proporción sube al 34,8% de las familias que residen en villas de emergencia.
Los hogares con jefatura femenina están en peor situación ya que el 27,5% no cubre el costo de la canasta familiar, contra el 21,7% donde el Jefe es un varón.
Tener o no empleo es otro factor pero entre los ocupados, el 20% no cubre el costo de la canasta familiar. Entre los desocupados, el 20% ni siquiera cubre los gastos alimenticios.
La conclusión del informe es que la Ciudad presenta importantes situaciones de inequidad, con una fuerte heterogeneidad que son importantes a tener en cuenta “a la hora de tomar decisiones”.
sábado, 4 de diciembre de 2010
Claves para poder cobrar los juicios de los jubilados
30/11/10
Por
Ismael Bermúdez
La gran cantidad de juicios previsionales y los años que pueden pasar hasta que salgan las sentencias, queden firmes y sean efectivamente pagadas, plantea interrogantes sobre lo que puede pasar si fallece el jubilado reclamante.
La Corte Suprema acaba de ratificar, en la causa “Cari, Lorenzo”, que la viuda puede continuar con el reclamo del jubilado fallecido . Y para el cálculo de la retroactividad se toma en cuenta la fecha en que el marido inició el pedido administrativo de reajuste.
Así la Corte revocó los fallos de los tribunales inferiores que habían resuelto que la viuda debía iniciar un nuevo reclamo porque el marido no había iniciado el reclamo judicial.
Para el Alto Tribunal esas sentencias se dictaron “sin tener a la vista los expedientes administrativos” y “no se avienen con las garantías del debido proceso ni ponderan la cuestión con la amplitud de criterio propia de la materia previsional”. En base a este fallo, el abogado Guillermo Jáuregui, consultado por Clarín , planteó cinco claves a tener en cuenta:
1. Quién cobra
Si un jubilado o jubilada presentó una solicitud de reajuste por vía administrativa o inició una demanda en la justicia y luego fallece, tanto la viuda/o como los hijos menores o incapacitados –los llamados derechohabientes previsionales - pueden continuar con el trámite. Y pasan a cobrar la eventual retroactividad y el reajuste del haber.
2. Cómo se paga
La ANSeS debe abonar directamente a los derechohabientes previsionales, sin necesidad de hacer el trámite sucesorio.
3. Los herederos
Si no existan derechohabientes previsionales, el reclamo puede ser continuado por los herederos. Pero queda acotado a los años de retroactividad que se le debían al beneficiario fallecido, que son de2 años antes desde que se interpuso el reclamo administrativo hasta la fecha del fallecimiento.
4. Trámite sucesorio
En este caso para poder continuar con el reclamo es indispensable hacer el trámite sucesorio. Es importante aclarar que cuando el proceso de reajuste se complica con el trámite sucesorio, las demoras para el pago son mayores ya que la ANSeS tiene un presupuesto más acotado y distinto de la liquidación de las sentencias de beneficios activos, por lo que el pago puede demorar varios años más.
5. Compartir información
Una recomendación que se considera importante para ser tenida en cuenta por todos jubilados los que tengan juicios de reajustes es que informen a sus familiares más cercanos la existencia de la demanda, ya que en muchas ocasiones el trámite no se continúa porque el letrado desconoce la existencia de los herederos y éstos ignoran la existencia del pleito
Por
Ismael Bermúdez
La gran cantidad de juicios previsionales y los años que pueden pasar hasta que salgan las sentencias, queden firmes y sean efectivamente pagadas, plantea interrogantes sobre lo que puede pasar si fallece el jubilado reclamante.
La Corte Suprema acaba de ratificar, en la causa “Cari, Lorenzo”, que la viuda puede continuar con el reclamo del jubilado fallecido . Y para el cálculo de la retroactividad se toma en cuenta la fecha en que el marido inició el pedido administrativo de reajuste.
Así la Corte revocó los fallos de los tribunales inferiores que habían resuelto que la viuda debía iniciar un nuevo reclamo porque el marido no había iniciado el reclamo judicial.
Para el Alto Tribunal esas sentencias se dictaron “sin tener a la vista los expedientes administrativos” y “no se avienen con las garantías del debido proceso ni ponderan la cuestión con la amplitud de criterio propia de la materia previsional”. En base a este fallo, el abogado Guillermo Jáuregui, consultado por Clarín , planteó cinco claves a tener en cuenta:
1. Quién cobra
Si un jubilado o jubilada presentó una solicitud de reajuste por vía administrativa o inició una demanda en la justicia y luego fallece, tanto la viuda/o como los hijos menores o incapacitados –los llamados derechohabientes previsionales - pueden continuar con el trámite. Y pasan a cobrar la eventual retroactividad y el reajuste del haber.
2. Cómo se paga
La ANSeS debe abonar directamente a los derechohabientes previsionales, sin necesidad de hacer el trámite sucesorio.
3. Los herederos
Si no existan derechohabientes previsionales, el reclamo puede ser continuado por los herederos. Pero queda acotado a los años de retroactividad que se le debían al beneficiario fallecido, que son de2 años antes desde que se interpuso el reclamo administrativo hasta la fecha del fallecimiento.
4. Trámite sucesorio
En este caso para poder continuar con el reclamo es indispensable hacer el trámite sucesorio. Es importante aclarar que cuando el proceso de reajuste se complica con el trámite sucesorio, las demoras para el pago son mayores ya que la ANSeS tiene un presupuesto más acotado y distinto de la liquidación de las sentencias de beneficios activos, por lo que el pago puede demorar varios años más.
5. Compartir información
Una recomendación que se considera importante para ser tenida en cuenta por todos jubilados los que tengan juicios de reajustes es que informen a sus familiares más cercanos la existencia de la demanda, ya que en muchas ocasiones el trámite no se continúa porque el letrado desconoce la existencia de los herederos y éstos ignoran la existencia del pleito
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