por Ismael Bermúdez
Revista Ñ
Sábado 28 de agosto de 2010
LAS ACTAS DE LA COMISION DEWEY,AHORA PUBLICADAS, PRUEBAN LA FALSEDAD DE LAS ACUSACIONES ESTALINISTAS CONTRA TROTSKY
Hace ya bastante tiempo que la opinión pública mundial sabe con certeza --algo que no ocurría en la época: que las calumnias sistemáticas de Stalin y de los voceros internacionales del aparato controlado por la burocracia de Moscú contra León Trotsky fueron una pieza central para liquidar a toda la dirigencia que había comandado la Revolución de Octubre de 1917 – cuya mayoría no compartía ni la teoría de la revolución permanente ni la caracterización de Trotsky sobre el Termidor ruso (la contrarrevolución piloteada por Stalin), ni la que caracterizaba a Stalin como un bonapartista cuya política conducía a la restauración capitalista.
Pero el 10 de abril de 1937, cuando en la Casa Azul de Krida Kahlo en Coyoacán, México, comenzaron las sesiones de la Comisión Dewey, un Tribunal constituido por grandes personalidades de la época a pedido de Trotsky para juzgar sus supuestas actividades contrarrevolucionarias, de espionaje y sabotaje contra la Unión Soviética que había lanzado Stalin, se estaban celebrando los Procesos de Moscú. Y el régimen de Stalin se encontraba en el momento de mayor crisis interna y sobrevivía a fuerza de crímenes, incluso de sus propios partidarios, y del terror. La política internacional de acercamiento a las “potencias democráticas” y los frentes populares había concluido en un completo fracaso y el régimen se encontraba aislado incluso de las propias masas en vísperas de una guerra inminente.
Los “juicios de Moscú” fueron acompañados por la masacre de decenas de miles de trotskistas y de otras corrientes de izquierda en los campos de concentración stalinianos. Fueron construidos sobre la base de “confesiones” arrancadas bajo la tortura y de una completa desmoralización política de los acusados, que pagaron de este modo su complicidad con el establecimiento del termidor. Mientras los “jueces” enviaban a los pelotones de fusilamiento a lo que quedaba de la vieja “guardia bolchevique”, Stalin liquidaba al estado mayor del ejército rojo sobre la base de su aceptación de las intrigas armadas contra ellos por el servicio de espionaje nazi. El ejército soviético había sido “depurado” dejando indefensa a la URSS frente al ejército alemán. Los seguidores de Trotsky eran asesinados en el extranjero, en tanto ya se encontraba en marcha el operativo que culminaría en agosto de 1940 en el asesinato de Trotsky en México por un agente de la GPU. Hasta junio de 1941 estuvo en vigencia el tratado Hitler-Stalin, firmado en 1939, que había entregado a la mitad de Polonia al ejército alemán. Era “la medianoche del siglo”, como había escrito Victor Serge.
En esos Procesos, Trotsky había sido declarado el principal culpable “en ausencia” de la acusación de agente del servicio de Hitler y del imperialismo japonés. Trotsky, sin embargo, había ofrecido en forma pública sentarse en el banquillo de los acusados en Moscú, a condición de que las sesiones fueran públicas, algo inaceptable para Stalin.
El “Caso León Trotsky” reúne las actas taquigráficas de la Comisión que estuvo presidida por el filósofo y pedagogo norteamericano John Dewey y otros reconocidos escritores, periodistas y abogados, como John Finerty, defensor de Sacco y Vanzetti. Las Actas evidencian que Trotsky demostró que todas y cada una de las acusaciones contra los líderes bolcheviques y las esgrimidas en su contra eran calumnias y falsedades. Refutó también los argumentos de los acusadores de que cualquier crítica socialista al stalinismo fuera “una colaboración voluntaria e involuntaria con la reacción mundial” - un sofisma que se transformaría en un ‘clásico’ de los partidos comunistas e incluso de los gobiernos nacionalistas que apoyaban su acción en la regimentación del movimiento obrero y en la cooptación de la burocracia sindical.
. Trotsky vaticinó que “cerrar los ojos frente a las sangrientas fabricaciones judiciales”, en nombre de la consigna, por otro lado correcta, de la defensa de la URSS en una guerra con el imperialismo, llevaría a “una gran catástrofe histórica”. Esta catástrofe se manifestó rápidamente: la invasión nazi encontró a la URSS sin ninguna preparación; Stalin calificó a las informaciones del servicio secreto soviético anunciando el ataque, y luego a las noticias del ataque mismo, como una “provocación” de los servicios occidentales para precipitar a la URSS a atacar al ejército alemán. Hay un lazo de unión entre el pacto Hitler-Stalin y los juicios de Moscú y el asesinato de los trotskistas: Stalin temía que un fracaso en la guerra lo barrería del poder bajo una revolución conducida de nuevo por bolcheviques.
La historia tuvo otro derrotero, pero en lo fundamental los análisis y pronósticos de Trotsky se confirmaron. El stalinismo logró quebrar todas las revoluciones de posguerra, con la excepción notable de las revoluciones china y yugoslavas (y luego la revolución cubana), que acabaron rompiendo con Moscú. Y la burocracia que reivindicaba la política stalinista condujo, en su propio beneficio, a la restauración capitalista.
sábado, 28 de agosto de 2010
jueves, 19 de agosto de 2010
ANSES: paga prestaciones que deberían estar financiadas y a cargo de otras áreas del gobierno
Por
Ismael Bermúdez
19/08/10
Mientras el oficialismo y la oposición discuten si la ANSeS tiene o no recursos para pagar el 82% móvil y otros cambios votados ayer en Diputados, la realidad marca que más del 40% de los pagos que hace el organismo no son propios del régimen jubilatorio.
Esos pagos totalizan unos $ 50.000 millones anuales. Esta suma es superior a los $ 30.000 millones anuales que insumirían los cambios que discutían anoche los legisladores, de acuerdo con los cálculos del Gobierno.
De todos modos, aún si se empezara a pagar ahora el 82% móvil, el país no enfrentaría riesgos de caer en default en los próximos 3 meses, como advirtió ayer la presidenta Cristina Kirchner. Y esto porque la ANSeS cuenta con un superávit de unos $ 10.000 millones que alcanzaría para pagar un eventual incremento del haber mínimo en lo que resta de 2010.
Hacia el futuro se requiere una discusión del Presupuesto Nacional que genere, por la vía de nuevas fuentes de ingresos y redistribución del gasto, el financiamiento genuino a todo lo que hoy paga la ANSeS. Esto debería ser afrontado básicamente por el Ministerio de Desarrollo Social con partidas provenientes de Rentas Generales.
Hoy la ANSES está “sobrecargada” porque de sus ingresos corrientes se pagan:
Más de 910.000 pensiones no contributivas, que suman unos $ 10.000 millones anuales.
Se cubre el déficit de las Cajas militares, Policía y de Seguridad.
Los subsidios del programa de Reproducción Productiva (Repro) a las empresas en crisis que suspenden personal.
Las 2,3 millones de las llamadas jubilaciones “por moratoria”, que se dieron a gente con aportes incompletos o directamente sin aportes: son $ 27.000 millones.
De los intereses del Fondo de Garantía de la ANSeS salen los $ 8.300 millones para el pago de 4 millones de la nueva Asignación Universal por Hijo. Y también para el programa de computadoras a colegios y estudiantes.
En el caso de la Asignación por Hijo la “sobrecarga” sobre la ANSeS es más significativa: absorbió las partidas de planes sociales, como el Plan Familias, cuyo crédito presupuestario por esa razón este año directamente no se usó , generándole un “ahorro” al Tesoro Nacional.
Así, si todos esos gastos y beneficios tuviesen un financiamiento propio -que no fueron discutidos o evaluados cuando fueron aprobados- hasta podrían ser mejorados y acrecentados. Y la ANSeS podría pagar el 82% móvil , no sólo sobre el haber mínimo, sino para todos los jubilados.
El Gobierno sostiene que esas prestaciones corresponden a la ANSeS porque recibe una parte de los impuestos y el 15% de la Coparticipación Federal. Pero esos fondos -como se decidió en los años 90- compensan al régimen previsional nacional los desequilibrios de las cajas de jubilaciones provinciales transferidas y los déficits de las Cajas no transferidas que en 2010 rondaría los $ 7.000 millones. Y también financia los ingresos que dejó de recibir el sistema público por la reducción de unos 10 puntos de las alícuotas de las contribuciones patronales.
Así, en la práctica, la ANSeS paga haberes muy bajos y acumula una enorme litigiosidad -unos 400.000 juicios- porque financia un conjunto de gastos sociales, cuya legitimidad ningún sector discute. Pero que en definitiva lo pagan los jubilados con haberes muy bajos : hoy la jubilación promedio ronda el 36% del sueldo medio formal de la economía.
Ismael Bermúdez
19/08/10
Mientras el oficialismo y la oposición discuten si la ANSeS tiene o no recursos para pagar el 82% móvil y otros cambios votados ayer en Diputados, la realidad marca que más del 40% de los pagos que hace el organismo no son propios del régimen jubilatorio.
Esos pagos totalizan unos $ 50.000 millones anuales. Esta suma es superior a los $ 30.000 millones anuales que insumirían los cambios que discutían anoche los legisladores, de acuerdo con los cálculos del Gobierno.
De todos modos, aún si se empezara a pagar ahora el 82% móvil, el país no enfrentaría riesgos de caer en default en los próximos 3 meses, como advirtió ayer la presidenta Cristina Kirchner. Y esto porque la ANSeS cuenta con un superávit de unos $ 10.000 millones que alcanzaría para pagar un eventual incremento del haber mínimo en lo que resta de 2010.
Hacia el futuro se requiere una discusión del Presupuesto Nacional que genere, por la vía de nuevas fuentes de ingresos y redistribución del gasto, el financiamiento genuino a todo lo que hoy paga la ANSeS. Esto debería ser afrontado básicamente por el Ministerio de Desarrollo Social con partidas provenientes de Rentas Generales.
Hoy la ANSES está “sobrecargada” porque de sus ingresos corrientes se pagan:
Más de 910.000 pensiones no contributivas, que suman unos $ 10.000 millones anuales.
Se cubre el déficit de las Cajas militares, Policía y de Seguridad.
Los subsidios del programa de Reproducción Productiva (Repro) a las empresas en crisis que suspenden personal.
Las 2,3 millones de las llamadas jubilaciones “por moratoria”, que se dieron a gente con aportes incompletos o directamente sin aportes: son $ 27.000 millones.
De los intereses del Fondo de Garantía de la ANSeS salen los $ 8.300 millones para el pago de 4 millones de la nueva Asignación Universal por Hijo. Y también para el programa de computadoras a colegios y estudiantes.
En el caso de la Asignación por Hijo la “sobrecarga” sobre la ANSeS es más significativa: absorbió las partidas de planes sociales, como el Plan Familias, cuyo crédito presupuestario por esa razón este año directamente no se usó , generándole un “ahorro” al Tesoro Nacional.
Así, si todos esos gastos y beneficios tuviesen un financiamiento propio -que no fueron discutidos o evaluados cuando fueron aprobados- hasta podrían ser mejorados y acrecentados. Y la ANSeS podría pagar el 82% móvil , no sólo sobre el haber mínimo, sino para todos los jubilados.
El Gobierno sostiene que esas prestaciones corresponden a la ANSeS porque recibe una parte de los impuestos y el 15% de la Coparticipación Federal. Pero esos fondos -como se decidió en los años 90- compensan al régimen previsional nacional los desequilibrios de las cajas de jubilaciones provinciales transferidas y los déficits de las Cajas no transferidas que en 2010 rondaría los $ 7.000 millones. Y también financia los ingresos que dejó de recibir el sistema público por la reducción de unos 10 puntos de las alícuotas de las contribuciones patronales.
Así, en la práctica, la ANSeS paga haberes muy bajos y acumula una enorme litigiosidad -unos 400.000 juicios- porque financia un conjunto de gastos sociales, cuya legitimidad ningún sector discute. Pero que en definitiva lo pagan los jubilados con haberes muy bajos : hoy la jubilación promedio ronda el 36% del sueldo medio formal de la economía.
lunes, 9 de agosto de 2010
Se deterioró el haber de los jubilados privados
Por
Ismael Bermúdez
9-8-2010
Los más de 100.000 jubilados del régimen privado están que trinan. Es el caso de Walter Lenzi quien en septiembre de 2008 se jubiló a través de una AFJP con un haber o renta vitalicia previsional de $ 795,76 mensuales. Desde entonces, su jubilación privada se fue ajustando todos los meses y, en julio de este año, cobró $ 880,57. Así, luego de casi 2 años, su jubilación mejoró un 10,7% cuando la inflación real en ese período fue del 35% .
Como Lenzi hay unas 100.000 personas que se jubilaron o pensionaron antes de fines de 2008 y adquirieron una renta vitalicia previsional (RVP) con el fondo acumulado en sus cuentas individuales. Además cobran otra parte (“componente público”) a través de la ANSeS por los años de aportes hechos al Estado. Entre las dos partes o componentes, en promedio, a fines de 2009 el haber mensual de esa gente era de 1.199 pesos, según los datos de la Secretaria de Seguridad Social.
El problema es que en términos reales esos jubilados privados cada vez cobran menos y la renta vitalicia, en términos reales, se achica más que la parte de la jubilación estatal . En todos los casos, y en base a las cifras aportadas por las propias aseguradoras, el ajuste que tuvieron sus rentas o haberes mensuales privados fueron inferiores a la inflación, y según el período, muy inferiores a los aumentos otorgados por la ANSeS.
Por ejemplo, desde diciembre de 2001 el ajuste promedio de las RVP fue del 183%, cuando la inflación real alcanzó el 280%. Desde fines de 2004, el ajuste sumó el 46%, cuando los precios treparon más del 100%. Y desde que se eliminó el sistema de jubilación privada, a fines de 2008, en promedio, las rentas vitalicias tuvieron un incremento promedio del 13%, muy lejos de la inflación o de la evolución de los salarios.
Esas rentas vitalicias se ajustan por los rendimientos que obtienen las compañías por la inversión de los fondos de los asegurados y que, según los períodos, fueron bastante buenos. Lo que sucede es que las compañías le transfieren a sus asegurados un porcentaje de esos rendimientos, previa deducción de la tasa de interés garantizada y ya incorporada en la renta, y los gastos.
Lenzi dice que “al haberse cambiado a fines de 2008 la ley madre de las AFJP se debió incluir una opción para que el jubilado pudiera salir de la renta vitalicia teniendo en cuenta que esa parte de los haberes se ajusta por un sistema que tiene intereses ridículos con relación a la inflación”.
Lo que Lenzi no toma en cuenta es que en su momento tuvo dos alternativas: dejar los fondos en la AFJP y cobrar un “retiro programado”, que se ajustaba por los rendimientos de las AFJP y hasta que el saldo de la cuenta se agotara, o transferirlo a una aseguradora y cobrar una renta de por vida.
Al eliminarse las AFJP, los que cobraban “retiros programados” pasaron a cobrar de la ANSeS porque fondos de sus cuentas pasaron al Estado. En cambio, los que percibían rentas vitalicias, como Lenzi, siguieron cobrando de las aseguradoras porque los fondos que habían acumulado en sus cuentas individuales pasaron “de por vida” a la compañía de seguros de retiro. Esa decisión es irreversible, vitalicia, “de por vida”.
Ismael Bermúdez
9-8-2010
Los más de 100.000 jubilados del régimen privado están que trinan. Es el caso de Walter Lenzi quien en septiembre de 2008 se jubiló a través de una AFJP con un haber o renta vitalicia previsional de $ 795,76 mensuales. Desde entonces, su jubilación privada se fue ajustando todos los meses y, en julio de este año, cobró $ 880,57. Así, luego de casi 2 años, su jubilación mejoró un 10,7% cuando la inflación real en ese período fue del 35% .
Como Lenzi hay unas 100.000 personas que se jubilaron o pensionaron antes de fines de 2008 y adquirieron una renta vitalicia previsional (RVP) con el fondo acumulado en sus cuentas individuales. Además cobran otra parte (“componente público”) a través de la ANSeS por los años de aportes hechos al Estado. Entre las dos partes o componentes, en promedio, a fines de 2009 el haber mensual de esa gente era de 1.199 pesos, según los datos de la Secretaria de Seguridad Social.
El problema es que en términos reales esos jubilados privados cada vez cobran menos y la renta vitalicia, en términos reales, se achica más que la parte de la jubilación estatal . En todos los casos, y en base a las cifras aportadas por las propias aseguradoras, el ajuste que tuvieron sus rentas o haberes mensuales privados fueron inferiores a la inflación, y según el período, muy inferiores a los aumentos otorgados por la ANSeS.
Por ejemplo, desde diciembre de 2001 el ajuste promedio de las RVP fue del 183%, cuando la inflación real alcanzó el 280%. Desde fines de 2004, el ajuste sumó el 46%, cuando los precios treparon más del 100%. Y desde que se eliminó el sistema de jubilación privada, a fines de 2008, en promedio, las rentas vitalicias tuvieron un incremento promedio del 13%, muy lejos de la inflación o de la evolución de los salarios.
Esas rentas vitalicias se ajustan por los rendimientos que obtienen las compañías por la inversión de los fondos de los asegurados y que, según los períodos, fueron bastante buenos. Lo que sucede es que las compañías le transfieren a sus asegurados un porcentaje de esos rendimientos, previa deducción de la tasa de interés garantizada y ya incorporada en la renta, y los gastos.
Lenzi dice que “al haberse cambiado a fines de 2008 la ley madre de las AFJP se debió incluir una opción para que el jubilado pudiera salir de la renta vitalicia teniendo en cuenta que esa parte de los haberes se ajusta por un sistema que tiene intereses ridículos con relación a la inflación”.
Lo que Lenzi no toma en cuenta es que en su momento tuvo dos alternativas: dejar los fondos en la AFJP y cobrar un “retiro programado”, que se ajustaba por los rendimientos de las AFJP y hasta que el saldo de la cuenta se agotara, o transferirlo a una aseguradora y cobrar una renta de por vida.
Al eliminarse las AFJP, los que cobraban “retiros programados” pasaron a cobrar de la ANSeS porque fondos de sus cuentas pasaron al Estado. En cambio, los que percibían rentas vitalicias, como Lenzi, siguieron cobrando de las aseguradoras porque los fondos que habían acumulado en sus cuentas individuales pasaron “de por vida” a la compañía de seguros de retiro. Esa decisión es irreversible, vitalicia, “de por vida”.
sábado, 7 de agosto de 2010
Ya son 400.000 los juicios de jubilados por ajuste de haberes
Son datos de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Hace apenas cuatro meses, las demandas presentadas ante la Justicia por haberes jubilatorios eran 362.000. Por estos juicios, la ANSeS ya acumularía un pasivo de $ 28.000 millones.
Por
Ismael Bermúdez
07/08/10
En los Juzgados de la Seguridad Social de todo el país ya hay más de 400.000 juicios de jubilados contra la ANSeS. Y las demandas siguen creciendo porque la Corte Suprema, en varios casos testigo, ya se pronunció a favor de los reclamos de los jubilados.
Si bien siempre hubo demandas de jubilados, el respaldo de la doctrina de la Corte actuó como un disparador para que miles de jubilados se presentaran en la Justicia con la seguridad que obtendrán un pronunciamiento favorable. Por ejemplo, mientras entre 2003 y 2005, en los Tribunales porteños se presentaban menos de 30.000 reclamos por año, entre 2006 y 2008, subieron a 60.000 anuales y el año pasado superaron las 100.000 demandas , cifra que se repetiría a lo largo de 2010. Si se suman las demandas del interior, este año habría 120.000 nuevos juicios.
Así, a fines de marzo, el total de demandas en todo el país e ran 362.000 , como informó Clarín dos meses atrás. Pero esa cifra siguió en alza.
“El total de reclamantes supera los 400.000 ”, dijo ayer el Juez de la Sala 2 de la Cámara de la Seguridad Social Luís René Herrero, con datos de julio.
La mayoría de las demandas es por reajuste de haberes y ejecución de sentencias . El reclamo “más popular” es similar al del caso Badaro en el que la Corte Suprema ordenó que, por el período que va de enero de 2002 a diciembre de 2006, las jubilaciones debieron ser ajustadas un 88,3 por ciento . En ese lapso la ANSeS dio solo dos aumentos generales: 10 y 22,1%, según si el jubilado ganara más o menos de $ 1.000. Así, la diferencia implica una mejora en la jubilación del 54,2 o 69,9%, según los casos.
La Corte Suprema también impugnó, en el caso Elliff, el cálculo del haber inicial porque la ANSeS toma en cuenta el sueldo promedio de los últimos 10 años pero no los actualiza por la variación de los salarios, como fija la Corte, sino por los aumentos de las jubilaciones, notoriamente más bajos.
Por esta razón, muchos reclamos combinan Elliff con Badaro: piden que se les recalcule el haber inicial y ese haber más alto se ajuste por el 54,2 o 69,9%, según el caso. La diferencia puede implicar un incremento de la jubilación de más del 100 por ciento.
También hay muchos reclamos de docentes porque no se les aplicó el 82% móvil, como fija la ley y como ratificó también la Corte en el caso Gemelli.
El problema se agrava porque en muchos casos la ANSeS no liquida correctamente la sentencia y eso obliga al jubilado a iniciar un nuevo juicio .
Lo que está en juego no es solo el reajuste de la jubilación a partir de la sentencia sino la retroactividad, más los intereses. Se estima que en promedio, cada juicio favorable implica, en promedio a valores actuales, unos $ 70.000 por jubilado . Por eso los especialistas calculan que el pasivo que carga la ANSeS por los juicios hoy ronda los 28.000 millones de pesos.
En el Presupuesto de este año se prevé destinar $ 2.800 millones al pago de juicios, lo que equivaldría a saldar entr e 20.000 y 25.000 sentencias.
El abogado Horacio González le dijo a Clarín que, junto al CELS y otros organismos, el Gobierno volvió a ser denunciado semanas atrás ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA porque no está cumpliendo con el acuerdo alcanzado el año pasado.
Allí el Gobierno se había comprometido a pagar todas las sentencias judiciales firmes y a no apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia favorables a los jubilados, en los que la Corte Suprema ya se hubiera expedido.
De todas maneras, el Juez Herrero insiste en que la Corte Suprema debería extender su doctrina a todos los jubilados, sin necesidad que cada uno tenga que iniciar un juicio
Por
Ismael Bermúdez
07/08/10
En los Juzgados de la Seguridad Social de todo el país ya hay más de 400.000 juicios de jubilados contra la ANSeS. Y las demandas siguen creciendo porque la Corte Suprema, en varios casos testigo, ya se pronunció a favor de los reclamos de los jubilados.
Si bien siempre hubo demandas de jubilados, el respaldo de la doctrina de la Corte actuó como un disparador para que miles de jubilados se presentaran en la Justicia con la seguridad que obtendrán un pronunciamiento favorable. Por ejemplo, mientras entre 2003 y 2005, en los Tribunales porteños se presentaban menos de 30.000 reclamos por año, entre 2006 y 2008, subieron a 60.000 anuales y el año pasado superaron las 100.000 demandas , cifra que se repetiría a lo largo de 2010. Si se suman las demandas del interior, este año habría 120.000 nuevos juicios.
Así, a fines de marzo, el total de demandas en todo el país e ran 362.000 , como informó Clarín dos meses atrás. Pero esa cifra siguió en alza.
“El total de reclamantes supera los 400.000 ”, dijo ayer el Juez de la Sala 2 de la Cámara de la Seguridad Social Luís René Herrero, con datos de julio.
La mayoría de las demandas es por reajuste de haberes y ejecución de sentencias . El reclamo “más popular” es similar al del caso Badaro en el que la Corte Suprema ordenó que, por el período que va de enero de 2002 a diciembre de 2006, las jubilaciones debieron ser ajustadas un 88,3 por ciento . En ese lapso la ANSeS dio solo dos aumentos generales: 10 y 22,1%, según si el jubilado ganara más o menos de $ 1.000. Así, la diferencia implica una mejora en la jubilación del 54,2 o 69,9%, según los casos.
La Corte Suprema también impugnó, en el caso Elliff, el cálculo del haber inicial porque la ANSeS toma en cuenta el sueldo promedio de los últimos 10 años pero no los actualiza por la variación de los salarios, como fija la Corte, sino por los aumentos de las jubilaciones, notoriamente más bajos.
Por esta razón, muchos reclamos combinan Elliff con Badaro: piden que se les recalcule el haber inicial y ese haber más alto se ajuste por el 54,2 o 69,9%, según el caso. La diferencia puede implicar un incremento de la jubilación de más del 100 por ciento.
También hay muchos reclamos de docentes porque no se les aplicó el 82% móvil, como fija la ley y como ratificó también la Corte en el caso Gemelli.
El problema se agrava porque en muchos casos la ANSeS no liquida correctamente la sentencia y eso obliga al jubilado a iniciar un nuevo juicio .
Lo que está en juego no es solo el reajuste de la jubilación a partir de la sentencia sino la retroactividad, más los intereses. Se estima que en promedio, cada juicio favorable implica, en promedio a valores actuales, unos $ 70.000 por jubilado . Por eso los especialistas calculan que el pasivo que carga la ANSeS por los juicios hoy ronda los 28.000 millones de pesos.
En el Presupuesto de este año se prevé destinar $ 2.800 millones al pago de juicios, lo que equivaldría a saldar entr e 20.000 y 25.000 sentencias.
El abogado Horacio González le dijo a Clarín que, junto al CELS y otros organismos, el Gobierno volvió a ser denunciado semanas atrás ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA porque no está cumpliendo con el acuerdo alcanzado el año pasado.
Allí el Gobierno se había comprometido a pagar todas las sentencias judiciales firmes y a no apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia favorables a los jubilados, en los que la Corte Suprema ya se hubiera expedido.
De todas maneras, el Juez Herrero insiste en que la Corte Suprema debería extender su doctrina a todos los jubilados, sin necesidad que cada uno tenga que iniciar un juicio
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