28 OCT 2011
SE DUPLICA RESPECTO A 2010 EL DESBALANCE DE LAS CUENTAS ESTATALES
Crece el gasto y aumenta el déficit del sector público
En lo que va del año, el rojo del Gobierno llegó a $ 5.281 millones. Y eso pese a haber recibido $ 8.700 millones de utilidades del Banco Central. Ahora apelan a préstamos del PAMI, y también a la Lotería y hasta a dinero del INdeR.
Por
Ismael Bermúdez
Las cuentas públicas ya acumulan en lo que va del año un déficit de 5.281 millones, aún considerando la ayuda que recibió el Tesoro del Banco Central por $ 8.700 millones. Así, sin los aportes extras del BCRA, el rojo habría bordeado los 14.000 millones cuando en igual período de 2010 el desequilibrio había sido de la mitad: $ 2.475 millones. Esta diferencia equivale a un desfase de más de $ 11.000 millones y representa un incremento del desequilibrio fiscal del 465%.
Luego de tener superávit fiscal en toda su gestión, el kirchnerismo empezó a registrar rojos en 2009 (ver pág. 9). Aunque el cambio de tendencia es importante, no lo es tanto la cifra: esos $ 5.281 millones de este año no llegan a representar 0,3% del PBI.
Para enjugar esas cuentas, el Gobierno reitera su política de echar mano a los fondos de organismos públicos. Ayer, por caso, colocó letras por $ 500 millones al PAMI, organismo que el mes pasado ya había financiado al Tesoro en $ 1.630. No es una excepción, sin embargo: desde el INdeR a la Lotería deben financiar al Tesoro de manera similar.
Además, si se desagregan las cuentas, surge qu e la ANSeS tuvo en esos 9 meses un resultado positivo de $17.700 millone s, incluyendo unos $ 3.000 millones de los rendimientos del Fondo que administra el organismo previsional. De aquí se desprende que, sin las transferencias del BCRA y excluyendo a la ANSeS, el déficit financiero del Tesoro y de los organismos descentralizados, superó los $ 31.000 millones.
Aún así, los especialistas sostienen que el cuarto trimestre será más deficitario que los anteriores.
Rodrigo Alvarez, de la consultora Ecolatina, precisa que se explica porque el BCRA ya transfirió casi la totalidad de las utilidades devengadas el año pasado y porque hay una dinámica creciente del gasto, aunque admite que una parte del gasto el Gobierno podría cubrirla con deuda de muy corto plazo, lo que permitiría trasladar algunas partidas para el año próximo.
En tanto, Maximiliano Castillo Carrillo, de la consultora ACM, sostiene que en octubre la dinámica del gasto se mantiene en niveles elevados, a lo que se agrega que en diciembre el gasto se acrecienta por el pago del aguinaldo a los empleados públicos y jubilados y pensionados. “Será clave seguir de cerca el comportamiento del gasto en noviembre, pero principalmente en diciembre, para saber si el Gobierno planea suavizar el impulso fiscal después del triunfo electoral, o si, en su defecto intentará mantenerlo en niveles elevados como hasta ahora”. dijo.
Por su parte la consultora Analytica señala que un factor que incidió en el fuerte déficit de agosto, septiembre y que se habría repetido en octubre fue el proceso electoral . Así destaca que “las partidas más expansivas de septiembre fueron las transferencias a provincias para gastos corrientes y de capital – incluyendo obra pública- (+84%) y las inversiones en obra pública naciona l (+103%). Las primeras habían crecido apenas 5% hasta abril, y 14% hasta agosto. La obra pública nacional creció 21% hasta abril, en tanto explotó desde entonces, con aumentos de 62%”. Con esos datos, Analytica concluye que “una vez despejado el factor electoral, hay espacio para que la expansión del gasto se modere en el último trimestre , volviendo a tasas de 30% de inicios del año”.
Si se confirman estas cifras, y con la ayuda del BCRA, las cuentas públicas cerrarán este año con un déficit financiero muy superior a los $ 11.773 millones reconocidos en el mensaje del proyecto de Presupuesto de 2012. Y muy alejado del superávit de $ 1.593 millones que se había previsto en el Presupuesto original de este año y que luego se sancionó por decreto cuando no se aprobó en el Congreso por la negativa oficial a debatirlo a libro abierto.
sábado, 29 de octubre de 2011
jueves, 27 de octubre de 2011
Petroleo y Minería: Los decretos anulados eran de Kirchner y Duhalde
27 OCT 2011
LA MEDIDA QUE AFECTA A MINERAS Y PETROLERAS
Por
Ismael Bermúdez
Ayer, por medio de un decreto, Cristina Kirchner dejó sin efecto una decisión adoptada a comienzos de 2003 por Eduardo Duhalde, en beneficio de las empresas mineras y petroleras. Pero no solo eso. También anuló un decreto de Néstor Kirchner, de junio de 2004, que amplió esos beneficios en favor de las mineras. Y que en ambos casos restablecían una norma dictada por Carlos Menem, refrendada por Domingo Cavallo.
Por eso esta historia se remonta a 1991 cuando por un decreto de Menem se dejó sin efecto otro firmado por Arturo Illia, de 1964, que obligaba a todas las empresas, incluidas las mineras y petroleras, a liquidar en el país el 100% de las divisas que obtenían por sus exportaciones.
La norma firmada por Menem se mantuvo sin cambios durante más de 10 años, hasta que estalló la convertibilidad. Así en diciembre de 2001, y como parte de las restricciones al retiro de dinero en efectivo, el famoso “corralito”, Cavallo impulsó la sanción de un DNU que entre otras medidas anuló su propio decreto de 1991 y restableció el decreto de Illia.
El objetivo era obtener divisas para mantener a flote el 1 a 1 que se estaba desmoronando.
En el marco de una fuerte presión de las petroleras y de las mineras, en febrero de 2003, un nuevo DNU con Duhalde en la presidencia y Roberto Lavagna en el Ministerio de Economía, restableció el decreto de Menem/Cavallo.
El argumento fue que, por la ley de minería, esas empresas tenían “estabilidad cambiaria” que se efectivizó por la vigencia del decreto de 1991. Y que, por lo tanto, agregaba el DNU, para “erradicar definitivamente cualquier posible conflicto interpretativo y brindar seguridad jurídica a las empresas mineras”, se les permitía que no ingresen las divisas de sus exportaciones.
En junio de 2004, Néstor Kirchner dio un paso más . En aquel momento existía la duda de si el DNU de Duhalde incluía a todas las empresas o solo a las que habían efectivizado o gozado de los beneficios durante el período 1991-2001, cuando estuvo vigente el decreto de Menem.
Así, con el argumento de que la ley minera de Menem había “brindado un marco adecuado para el desarrollo y crecimiento de la actividad minera en el país” y que había que evitar “un trato diferencial” entre las empresas del sector , el decreto de Kirchner, refrendado por Lavagna, eximió de la obligación de liquidar las divisas a todas las empresas mineras, hayan realizado o no sus actividades durante la década pasada.
Ahora, por las necesidades de divisas, Cristina restablece el decreto de Arturo Illia y deja sin efecto las medidas adoptadas sucesivamente por Carlos Menem, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.
LA MEDIDA QUE AFECTA A MINERAS Y PETROLERAS
Por
Ismael Bermúdez
Ayer, por medio de un decreto, Cristina Kirchner dejó sin efecto una decisión adoptada a comienzos de 2003 por Eduardo Duhalde, en beneficio de las empresas mineras y petroleras. Pero no solo eso. También anuló un decreto de Néstor Kirchner, de junio de 2004, que amplió esos beneficios en favor de las mineras. Y que en ambos casos restablecían una norma dictada por Carlos Menem, refrendada por Domingo Cavallo.
Por eso esta historia se remonta a 1991 cuando por un decreto de Menem se dejó sin efecto otro firmado por Arturo Illia, de 1964, que obligaba a todas las empresas, incluidas las mineras y petroleras, a liquidar en el país el 100% de las divisas que obtenían por sus exportaciones.
La norma firmada por Menem se mantuvo sin cambios durante más de 10 años, hasta que estalló la convertibilidad. Así en diciembre de 2001, y como parte de las restricciones al retiro de dinero en efectivo, el famoso “corralito”, Cavallo impulsó la sanción de un DNU que entre otras medidas anuló su propio decreto de 1991 y restableció el decreto de Illia.
El objetivo era obtener divisas para mantener a flote el 1 a 1 que se estaba desmoronando.
En el marco de una fuerte presión de las petroleras y de las mineras, en febrero de 2003, un nuevo DNU con Duhalde en la presidencia y Roberto Lavagna en el Ministerio de Economía, restableció el decreto de Menem/Cavallo.
El argumento fue que, por la ley de minería, esas empresas tenían “estabilidad cambiaria” que se efectivizó por la vigencia del decreto de 1991. Y que, por lo tanto, agregaba el DNU, para “erradicar definitivamente cualquier posible conflicto interpretativo y brindar seguridad jurídica a las empresas mineras”, se les permitía que no ingresen las divisas de sus exportaciones.
En junio de 2004, Néstor Kirchner dio un paso más . En aquel momento existía la duda de si el DNU de Duhalde incluía a todas las empresas o solo a las que habían efectivizado o gozado de los beneficios durante el período 1991-2001, cuando estuvo vigente el decreto de Menem.
Así, con el argumento de que la ley minera de Menem había “brindado un marco adecuado para el desarrollo y crecimiento de la actividad minera en el país” y que había que evitar “un trato diferencial” entre las empresas del sector , el decreto de Kirchner, refrendado por Lavagna, eximió de la obligación de liquidar las divisas a todas las empresas mineras, hayan realizado o no sus actividades durante la década pasada.
Ahora, por las necesidades de divisas, Cristina restablece el decreto de Arturo Illia y deja sin efecto las medidas adoptadas sucesivamente por Carlos Menem, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.
martes, 18 de octubre de 2011
Se agotan las reservas de libre disponibilidad en el Central
18 OCT 2011
SUMAN APENAS US$ 2.234 MILLONES, PERO DESAPARECEN SI SE DESCUENTAN LOS PRESTAMOS DE EUROPA
Por
Ismael Bermúdez
Por la fuga de capitales, los pagos de la deuda y el achicamiento del superávit comercial, las llamadas “reservas de libre disponibilidad” del Banco Central – que son las que exceden el nivel necesario para respaldar los pesos que están en circulación – se vienen reduciendo semana tras semana. Ahora suman solamente U$S 2.234 millones. Pero si se descuentan los préstamos de muy corto plazo que la entidad recibió de bancos centrales de varios países de Europa, directamente las reservas no alcanzarían para cubrir la base monetaria .
Según el último balance del BCRA (7 de octubre), la reservas internacionales sumaban U$S 48.234 millones y había pesos en circulación por el equivalente a U$S 46.000 millones. En tanto, por el rubro “otros pasivos”, que viene aumentando en forma sistemática desde mediados de año por préstamos recibidos, ya se adeudaban U$S 4.640 millones. Si se descuenta esta cifra, las reservas de libre disponibilidad serían negativas en U$S 2.406 millones.
Aún así de aquí a fin de año hay importantes vencimientos de deuda – como el Cupón PBI por más de U$S 2.000 millones- que se pagan con las reservas del Central. Y si continúa la fuga de capitales, deberían caer más todavía, agravando el faltante de divisas y el bache de las reservas de libre disponibilidad.
El tema es relevante porque las reservas de libre disponibilidad son las que usa el Gobierno para pagar la deuda pública. En el Presupuesto 2012 se prevé utilizar U$S 5.674 millones para pagos a los acreedores privados. Además, se achicarían aun más si se alcanzara un acuerdo con el Club de París por el cual hubiera que efectuar algún pago inmediato.
Aunque los pagos de deuda en 2012 no son muy elevados, refinanciarlos tomando préstamos del mercado financiero tiene un costo muy alto. Así lo atestiguó el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que se endeudó al 11,75% anual en dólares cuando las tasas internacionales bordean el cero.
A partir de este escenario, los economistas dicen que, en teoría, el Gobierno tendría distintas opciones frente a esta encrucijada externa, en un contexto internacional recesivo por la crisis global. Algunas de esas variantes serían: “Crear” o “generar” reservas de libre disponibilidad devaluando el valor del peso. Así en divisas se depreciaría la base monetaria y se requerían menos dólares en las reservas para respaldarla. Pero el riesgo es que un mayor ritmo de devaluación nominal del peso, incentive la fuga de divisas.
Incrementar más la tasa de interés que ofrece el Banco Central y aumentar las colocaciones de Letras en pesos para reducir la base monetaria y queden reservas “sobrantes”. Pero en este caso el Gobierno induciría una contracción de la actividad económica y encarecería los costos de los créditos otorgados y a otorgar.
Restringir las importaciones, como el Gobierno hizo en 2008/09, y que de ese modo queden más divisas en el país y por esa vía aumenten las reservas.
Cambiar la regla de reservas de libre disponibilidad por otra mucho más laxa para poder seguir usando las reservas para cumplir con los pagos a los acreedores internacionales
SUMAN APENAS US$ 2.234 MILLONES, PERO DESAPARECEN SI SE DESCUENTAN LOS PRESTAMOS DE EUROPA
Por
Ismael Bermúdez
Por la fuga de capitales, los pagos de la deuda y el achicamiento del superávit comercial, las llamadas “reservas de libre disponibilidad” del Banco Central – que son las que exceden el nivel necesario para respaldar los pesos que están en circulación – se vienen reduciendo semana tras semana. Ahora suman solamente U$S 2.234 millones. Pero si se descuentan los préstamos de muy corto plazo que la entidad recibió de bancos centrales de varios países de Europa, directamente las reservas no alcanzarían para cubrir la base monetaria .
Según el último balance del BCRA (7 de octubre), la reservas internacionales sumaban U$S 48.234 millones y había pesos en circulación por el equivalente a U$S 46.000 millones. En tanto, por el rubro “otros pasivos”, que viene aumentando en forma sistemática desde mediados de año por préstamos recibidos, ya se adeudaban U$S 4.640 millones. Si se descuenta esta cifra, las reservas de libre disponibilidad serían negativas en U$S 2.406 millones.
Aún así de aquí a fin de año hay importantes vencimientos de deuda – como el Cupón PBI por más de U$S 2.000 millones- que se pagan con las reservas del Central. Y si continúa la fuga de capitales, deberían caer más todavía, agravando el faltante de divisas y el bache de las reservas de libre disponibilidad.
El tema es relevante porque las reservas de libre disponibilidad son las que usa el Gobierno para pagar la deuda pública. En el Presupuesto 2012 se prevé utilizar U$S 5.674 millones para pagos a los acreedores privados. Además, se achicarían aun más si se alcanzara un acuerdo con el Club de París por el cual hubiera que efectuar algún pago inmediato.
Aunque los pagos de deuda en 2012 no son muy elevados, refinanciarlos tomando préstamos del mercado financiero tiene un costo muy alto. Así lo atestiguó el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que se endeudó al 11,75% anual en dólares cuando las tasas internacionales bordean el cero.
A partir de este escenario, los economistas dicen que, en teoría, el Gobierno tendría distintas opciones frente a esta encrucijada externa, en un contexto internacional recesivo por la crisis global. Algunas de esas variantes serían: “Crear” o “generar” reservas de libre disponibilidad devaluando el valor del peso. Así en divisas se depreciaría la base monetaria y se requerían menos dólares en las reservas para respaldarla. Pero el riesgo es que un mayor ritmo de devaluación nominal del peso, incentive la fuga de divisas.
Incrementar más la tasa de interés que ofrece el Banco Central y aumentar las colocaciones de Letras en pesos para reducir la base monetaria y queden reservas “sobrantes”. Pero en este caso el Gobierno induciría una contracción de la actividad económica y encarecería los costos de los créditos otorgados y a otorgar.
Restringir las importaciones, como el Gobierno hizo en 2008/09, y que de ese modo queden más divisas en el país y por esa vía aumenten las reservas.
Cambiar la regla de reservas de libre disponibilidad por otra mucho más laxa para poder seguir usando las reservas para cumplir con los pagos a los acreedores internacionales
viernes, 14 de octubre de 2011
Dos provincias K contradicen la canasta de precios del INDEC
11 OCT 2011
La canasta de alimentos, que se utiliza para medir la indigencia, para el INDEC en julio costaba $ 195,26 mensuales, un valor que fue ampliamente superado en las mediciones de Entre Ríos y Chaco.
Por
Ismael Bermúdez
La canasta de alimentos, que se utiliza para medir la indigencia, para el INDEC en julio pasado costaba $ 195,26 mensuales. Para la Dirección de Estadística y Censos (DEC) de la Provincia de Entre Ríos valía $361,91, un 85% más.
En consecuencia, para el INDEC una familia tipo (matrimonio y 2 hijos) podía alimentarse y no ser indigente con $ 644,36 por mes, mientras que para su par de Entre Rios necesitaba $ 1.194,32. Algo parecido pasa con el Chaco. El último dato de la canasta alimentaria del Departamento de Información Economía y Social (DIES) de esa Provincia es de febrero de 2011 y arrojó $332,29, cuando para esa fecha el INDEC informó que era de $ 187,79.
¿Cómo es que institutos oficiales difunden valores tan disímiles para una canasta compuesta por las mismas cantidades de alimentos ?
No es por un problema de manipulación política porque tanto Chaco como Entre Rios están gobernados por el Frente para la Victoria. Lo que pasa es que cada organismo oficial multiplica las cantidades de esos productos por los precios que cada uno mide : el INDEC por los suyos, que corresponden a la Capital y GBA, Entre Rios, por sus precios, obtenidos de la ciudad de Paraná. Y Chaco, por los precios de la ciudad de Resistencia.
Llamativamente, hasta diciembre de 2006, el valor de la canasta básica entrerriana y chaqueña era un poco más bajo que el del INDEC, algo que los especialistas admitían porque muchos alimentos tienen menores precios en el interior del país . Desde entonces sucede lo contrario y ahora alimentarse en la Capital o en el conurbano bonaerense costaría casi la mitad que en esas ciudades.
Lo que pasó es que a fines de 2006, con la “intervención” al Área de Precios del INDEC, las cosas cambiaron. Desde entonces, por la subvaluación de los precios que aplica el INDEC, la brecha entre los valores de la canasta se fue agrandando, hasta llegar ahora al 85%. Según el Instituto Nacional, en más de 50 meses, la canasta se encareció apenas un poco más del 40%, y para Dirección provincial de Entre Rios un 177%.
La canasta de alimentos, que se utiliza para medir la indigencia, para el INDEC en julio costaba $ 195,26 mensuales, un valor que fue ampliamente superado en las mediciones de Entre Ríos y Chaco.
Por
Ismael Bermúdez
La canasta de alimentos, que se utiliza para medir la indigencia, para el INDEC en julio pasado costaba $ 195,26 mensuales. Para la Dirección de Estadística y Censos (DEC) de la Provincia de Entre Ríos valía $361,91, un 85% más.
En consecuencia, para el INDEC una familia tipo (matrimonio y 2 hijos) podía alimentarse y no ser indigente con $ 644,36 por mes, mientras que para su par de Entre Rios necesitaba $ 1.194,32. Algo parecido pasa con el Chaco. El último dato de la canasta alimentaria del Departamento de Información Economía y Social (DIES) de esa Provincia es de febrero de 2011 y arrojó $332,29, cuando para esa fecha el INDEC informó que era de $ 187,79.
¿Cómo es que institutos oficiales difunden valores tan disímiles para una canasta compuesta por las mismas cantidades de alimentos ?
No es por un problema de manipulación política porque tanto Chaco como Entre Rios están gobernados por el Frente para la Victoria. Lo que pasa es que cada organismo oficial multiplica las cantidades de esos productos por los precios que cada uno mide : el INDEC por los suyos, que corresponden a la Capital y GBA, Entre Rios, por sus precios, obtenidos de la ciudad de Paraná. Y Chaco, por los precios de la ciudad de Resistencia.
Llamativamente, hasta diciembre de 2006, el valor de la canasta básica entrerriana y chaqueña era un poco más bajo que el del INDEC, algo que los especialistas admitían porque muchos alimentos tienen menores precios en el interior del país . Desde entonces sucede lo contrario y ahora alimentarse en la Capital o en el conurbano bonaerense costaría casi la mitad que en esas ciudades.
Lo que pasó es que a fines de 2006, con la “intervención” al Área de Precios del INDEC, las cosas cambiaron. Desde entonces, por la subvaluación de los precios que aplica el INDEC, la brecha entre los valores de la canasta se fue agrandando, hasta llegar ahora al 85%. Según el Instituto Nacional, en más de 50 meses, la canasta se encareció apenas un poco más del 40%, y para Dirección provincial de Entre Rios un 177%.
martes, 11 de octubre de 2011
Dos provincias K contradicen el valor de la la canasta básica del INDEC
La canasta de alimentos, que se utiliza para medir la indigencia, para el INDEC en julio costaba $ 195,26 mensuales, un valor que fue ampliamente superado en las mediciones de Entre Ríos y Chaco.
Por
Ismael Bermúdez
La canasta de alimentos, que se utiliza para medir la indigencia, para el INDEC en julio pasado costaba $ 195,26 mensuales. Para la Dirección de Estadística y Censos (DEC) de la Provincia de Entre Ríos valía $361,91, un 85% más.
En consecuencia, para el INDEC una familia tipo (matrimonio y 2 hijos) podía alimentarse y no ser indigente con $ 644,36 por mes, mientras que para su par de Entre Rios necesitaba $ 1.194,32.
Algo parecido pasa con el Chaco. El último dato de la canasta alimentaria del Departamento de Información Economía y Social (DIES) de esa Provincia es de febrero de 2011 y arrojó $332,29, cuando para esa fecha el INDEC informó que era de $ 187,79.
¿Cómo es que institutos oficiales difunden valores tan disímiles para una canasta compuesta por las mismas cantidades de alimentos ?
No es por un problema de manipulación política porque tanto Chaco como Entre Rios están gobernados por el Frente para la Victoria. Lo que pasa es que cada organismo oficial multiplica las cantidades de esos productos por los precios que cada uno mide : el INDEC por los suyos, que corresponden a la Capital y GBA, Entre Rios, por sus precios, obtenidos de la ciudad de Paraná. Y Chaco, por los precios de la ciudad de Resistencia.
Llamativamente, hasta diciembre de 2006, el valor de la canasta básica entrerriana y chaqueña era un poco más bajo que el del INDEC, algo que los especialistas admitían porque muchos alimentos tienen menores precios en el interior del país . Desde entonces sucede lo contrario y ahora alimentarse en la Capital o en el conurbano bonaerense costaría casi la mitad que en esas ciudades.
Lo que pasó es que a fines de 2006, con la “intervención” al Área de Precios del INDEC, las cosas cambiaron. Desde entonces, por la subvaluación de los precios que aplica el INDEC, la brecha entre los valores de la canasta se fue agrandando, hasta llegar ahora al 85%. Según el Instituto Nacional, en más de 50 meses, la canasta se encareció apenas un poco más del 40%, y para Dirección provincial de Entre Rios un 177%
Por
Ismael Bermúdez
La canasta de alimentos, que se utiliza para medir la indigencia, para el INDEC en julio pasado costaba $ 195,26 mensuales. Para la Dirección de Estadística y Censos (DEC) de la Provincia de Entre Ríos valía $361,91, un 85% más.
En consecuencia, para el INDEC una familia tipo (matrimonio y 2 hijos) podía alimentarse y no ser indigente con $ 644,36 por mes, mientras que para su par de Entre Rios necesitaba $ 1.194,32.
Algo parecido pasa con el Chaco. El último dato de la canasta alimentaria del Departamento de Información Economía y Social (DIES) de esa Provincia es de febrero de 2011 y arrojó $332,29, cuando para esa fecha el INDEC informó que era de $ 187,79.
¿Cómo es que institutos oficiales difunden valores tan disímiles para una canasta compuesta por las mismas cantidades de alimentos ?
No es por un problema de manipulación política porque tanto Chaco como Entre Rios están gobernados por el Frente para la Victoria. Lo que pasa es que cada organismo oficial multiplica las cantidades de esos productos por los precios que cada uno mide : el INDEC por los suyos, que corresponden a la Capital y GBA, Entre Rios, por sus precios, obtenidos de la ciudad de Paraná. Y Chaco, por los precios de la ciudad de Resistencia.
Llamativamente, hasta diciembre de 2006, el valor de la canasta básica entrerriana y chaqueña era un poco más bajo que el del INDEC, algo que los especialistas admitían porque muchos alimentos tienen menores precios en el interior del país . Desde entonces sucede lo contrario y ahora alimentarse en la Capital o en el conurbano bonaerense costaría casi la mitad que en esas ciudades.
Lo que pasó es que a fines de 2006, con la “intervención” al Área de Precios del INDEC, las cosas cambiaron. Desde entonces, por la subvaluación de los precios que aplica el INDEC, la brecha entre los valores de la canasta se fue agrandando, hasta llegar ahora al 85%. Según el Instituto Nacional, en más de 50 meses, la canasta se encareció apenas un poco más del 40%, y para Dirección provincial de Entre Rios un 177%
sábado, 8 de octubre de 2011
Deterioro del Banco Central
07/10/11
Por
Ismael Bermúdez
Las reservas del Banco Central –casi US$ 48.000 millones– sólo cubren la mitad de su activo. La otra mitad son “papeles” del Gobierno , que en su mayoría vencen entre 2016 y 2021, por los préstamos otorgados para pagar la deuda al FMI y a los acreedores privados y “adelantos transitorios” al Tesoro para financiar otras deudas. A esto se agregan la incesante salida de capitales que sólo en 9 meses sumó unos US$ 18.000 millones, las ventas en el mercado de futuros que comprometen otros centenares de millones, los más de US$ 2.500 millones que vencen antes de fin de año y que también se pagarán con reservas y los préstamos de los Banco Centrales europeos.
Las transacciones en el mercado de futuros marcan que no sólo los argentinos “ahorran” en dólares sino que hay una fuga de capitales motorizada por grandes operadores y empresas, en tanto se aceleran los giros al exterior de utilidades y dividendos de las filiales para cubrir las pérdidas de sus casas matrices o para preservarse de una depreciación del peso.
Aunque debería aumentar por la inflación y las emisiones del Banco Central para cubrir déficits del Tesoro, el circulante monetario va disminuyendo con su efecto contractivo sobre la actividad y el financiamiento de la economía. También el atesoramiento en dólares resta demanda al consumo y a la inversión domésticas. En tanto, el BCRA impulsa la suba de la tasa de interés para que los que tienen pesos no se pasen a la compra de divisas que, por el momento, se mantiene “semicongelado”, incrementando una inflación en dólares que es de dos dígitos anuales.
Mientras el Gobierno actúa así, por lo menos hasta las elecciones del 23, voces críticas reclaman un ajuste contractivo incluso superior, retomar el endeudamiento con el exterior y la propia devaluación del peso.
Todos estos datos marcan el fuerte deterioro patrimonial del BCRA, que durante todo este tiempo pretendió ser disimulado por el incesante ingreso de divisas de las exportaciones a precios altísimos. Ahora, que los precios de los commodities refluyen y aparecen los primeros síntomas aquí del impacto de la crisis internacional, el BCRA cuenta con menos reservas para defender el valor de la moneda y afrontar un contexto mundial recesivo
Por
Ismael Bermúdez
Las reservas del Banco Central –casi US$ 48.000 millones– sólo cubren la mitad de su activo. La otra mitad son “papeles” del Gobierno , que en su mayoría vencen entre 2016 y 2021, por los préstamos otorgados para pagar la deuda al FMI y a los acreedores privados y “adelantos transitorios” al Tesoro para financiar otras deudas. A esto se agregan la incesante salida de capitales que sólo en 9 meses sumó unos US$ 18.000 millones, las ventas en el mercado de futuros que comprometen otros centenares de millones, los más de US$ 2.500 millones que vencen antes de fin de año y que también se pagarán con reservas y los préstamos de los Banco Centrales europeos.
Las transacciones en el mercado de futuros marcan que no sólo los argentinos “ahorran” en dólares sino que hay una fuga de capitales motorizada por grandes operadores y empresas, en tanto se aceleran los giros al exterior de utilidades y dividendos de las filiales para cubrir las pérdidas de sus casas matrices o para preservarse de una depreciación del peso.
Aunque debería aumentar por la inflación y las emisiones del Banco Central para cubrir déficits del Tesoro, el circulante monetario va disminuyendo con su efecto contractivo sobre la actividad y el financiamiento de la economía. También el atesoramiento en dólares resta demanda al consumo y a la inversión domésticas. En tanto, el BCRA impulsa la suba de la tasa de interés para que los que tienen pesos no se pasen a la compra de divisas que, por el momento, se mantiene “semicongelado”, incrementando una inflación en dólares que es de dos dígitos anuales.
Mientras el Gobierno actúa así, por lo menos hasta las elecciones del 23, voces críticas reclaman un ajuste contractivo incluso superior, retomar el endeudamiento con el exterior y la propia devaluación del peso.
Todos estos datos marcan el fuerte deterioro patrimonial del BCRA, que durante todo este tiempo pretendió ser disimulado por el incesante ingreso de divisas de las exportaciones a precios altísimos. Ahora, que los precios de los commodities refluyen y aparecen los primeros síntomas aquí del impacto de la crisis internacional, el BCRA cuenta con menos reservas para defender el valor de la moneda y afrontar un contexto mundial recesivo
martes, 4 de octubre de 2011
Asignación por hijo: la plata de la ANSeS ya no alcanza
4 OCT 2011
Los rendimientos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS- que deberían alcanzar para pagar la Asignación Universal por Hijo (AUH)- ya no son suficientes para pagar ese beneficio.
Por
Ismael Bermúdez
Los rendimientos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS- que deberían alcanzar para pagar la Asignación Universal por Hijo (AUH)- ya no son suficientes para pagar ese beneficio . Y para cubrir ese déficit el Gobierno viene recortando las asignaciones familiares y el número de beneficiarios.
Así surge del proyecto de Presupuesto 2012 que calcula cómo cerrarán las cuentas de 2011. Allí figura que por la renta del FGS ingresarán $ 9.600 millones mientras se pagará por la AUH $ 10.043 millones, quedando un rojo de $ 443 millones.Para 2012 los cálculos oficiales prevén un déficit de $ 1.280 millones por ingresos por $ 10.412 millones y pagos por $ 11.692 millones.
De todos modos estos números deficitarios lucen optimistas. La crisis global está afectando las rentabilidades de los títulos y acciones, que son los papeles preferidos del FGS de la ANSeS.
La AUH, que abarca a los trabajadores desocupados y con empleos en negro que tienen hijos menores, se estableció a fines de 2009 con el argumento de que ese beneficio era sustentable sobre la base de destinar a ese fin la rentabilidad anual del FGS. No obstante, y previendo que esa regla no se cumpliría, el decreto que instituyó la AUH integró ese beneficio al régimen de asignaciones familiares que engloba a los trabajadores en blanco con chicos.
Los números oficiales marcan que esa “sustentabilidad” no se está cumpliendo y el Gobierno cubre la diferencia con los fondos del sistema de asignaciones familiares.
Por eso el gobierno viene recortando las asignaciones familiares por varias vías : *Fijar un tope salarial muy bajo ($ 5.200) para acceder al cobro del salario familiar y demás beneficios cuando, si se hubiese ajustado por la inflación debería ser de $ 8.000. Por este procedimiento, los padres de 700.000 chicos dejaron de cobrar el salario familiar.
*Congelar las asignaciones no periódicas, como por nacimiento, matrimonio o adopción. Y la ayuda escolar anual.
*Aumentar el resto de los beneficios menos que la inflación y los salarios.
Los rendimientos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS- que deberían alcanzar para pagar la Asignación Universal por Hijo (AUH)- ya no son suficientes para pagar ese beneficio.
Por
Ismael Bermúdez
Los rendimientos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS- que deberían alcanzar para pagar la Asignación Universal por Hijo (AUH)- ya no son suficientes para pagar ese beneficio . Y para cubrir ese déficit el Gobierno viene recortando las asignaciones familiares y el número de beneficiarios.
Así surge del proyecto de Presupuesto 2012 que calcula cómo cerrarán las cuentas de 2011. Allí figura que por la renta del FGS ingresarán $ 9.600 millones mientras se pagará por la AUH $ 10.043 millones, quedando un rojo de $ 443 millones.Para 2012 los cálculos oficiales prevén un déficit de $ 1.280 millones por ingresos por $ 10.412 millones y pagos por $ 11.692 millones.
De todos modos estos números deficitarios lucen optimistas. La crisis global está afectando las rentabilidades de los títulos y acciones, que son los papeles preferidos del FGS de la ANSeS.
La AUH, que abarca a los trabajadores desocupados y con empleos en negro que tienen hijos menores, se estableció a fines de 2009 con el argumento de que ese beneficio era sustentable sobre la base de destinar a ese fin la rentabilidad anual del FGS. No obstante, y previendo que esa regla no se cumpliría, el decreto que instituyó la AUH integró ese beneficio al régimen de asignaciones familiares que engloba a los trabajadores en blanco con chicos.
Los números oficiales marcan que esa “sustentabilidad” no se está cumpliendo y el Gobierno cubre la diferencia con los fondos del sistema de asignaciones familiares.
Por eso el gobierno viene recortando las asignaciones familiares por varias vías : *Fijar un tope salarial muy bajo ($ 5.200) para acceder al cobro del salario familiar y demás beneficios cuando, si se hubiese ajustado por la inflación debería ser de $ 8.000. Por este procedimiento, los padres de 700.000 chicos dejaron de cobrar el salario familiar.
*Congelar las asignaciones no periódicas, como por nacimiento, matrimonio o adopción. Y la ayuda escolar anual.
*Aumentar el resto de los beneficios menos que la inflación y los salarios.
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