30/11/10
Los expertos piden que el alto Tribunal extienda su doctrina a todos los jubilados.
Por
Ismael Bermúdez
El traslado de miles de causas del edificio del Fuero de la Seguridad Social de Marcelo T. de Alvear 1840 a otras instalaciones judiciales, le dio una salida transitoria al riesgo que estaba ocasionando el sobrepeso de los expedientes. Pero no solucionó el problema central: qué hacer con los más de 400.000 juicios y con las 10.000 nuevas demandas que ingresan todos los meses.
Este colapso se agravó aun más por el veto presidencial a la ley que votó el Congreso y que establecía el 82% móvil para la mínima y la aplicación de los ajustes ordenados por la Justicia. Si bien la iniciativa no solucionaba el tema de los juicios por la mala liquidación de haberes, disponía hacia delante el reajuste según las leyes previsionales y la doctrina de la Corte Suprema. Eso suponía al menos una desaceleración de nuevos juicios.
Bloqueado el camino legislativo y ante la negativa del Poder Ejecutivo en resolver la enorme litigiosidad provocada por sus propios incumplimientos, todas las miradas apuntan ahora a los tres poderes, y en especial a la Corte Suprema.
Hace más de dos años, la Defensoría del Pueblo reclamó extender las sentencias de la Corte a todos los jubilados que estén en condiciones similares al caso Badaro, o sea que después de enero de 2002 no hubieran tenido un ajuste igual al aumento del índice de salarios, que hasta diciembre de 2006 fue del 88,57 por ciento.
La demanda fue aceptada por el Juez Alberto Ize, pero la ANSeS apeló y la Sala III de la Cámara Federal revocó el fallo. La defensoría apeló la sentencia y así, hace tiempo, la “pelota” está en terreno de la Corte Suprema.
Según Luis Herrero, juez de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “la solución es muy sencilla y no tolera más dilaciones ni artificios jurídicos”. Pide que la Corte dicte “una sentencia de “clase” , de alcance general que condene a la ANSeS a cumplir en el ámbito administrativo la movilidad reconocida en las sentencias “Sánchez” (de 1991 a 1995) y “Badaro” (de 2002 al 2006).
Herrero agrega que “esta sentencia de alcance expansivo debería fijarle un plazo perentorio a la ANSeS para el cumplimiento de la condena, bajo apercibimiento de dar intervención a la justicia penal e imponerle al Director Ejecutivo una multa compulsiva y progresiva en caso de incumplimiento”.
El abogado Horacio González, uno de los denunciantes de esta situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, también plantea que “la Corte podría brindar una salida dictando sentencia en tutela de los derechos colectivos de todos los beneficiarios afectados por la falta de cumplimiento del caso Badaro”.
González agrega que “el Congreso determine los recursos y asigne partidas presupuestarias necesarias para pagar a todos el haber que les corresponde y se cumplan las sentencias judiciales” y que “el Poder Ejecutivo respete las decisiones del Congreso, e instruya a la ANSeS actuar conforme derecho, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, liquidando correctamente los beneficios previsionales”.
Por otro lado, el abogado Guillermo Jáuregui dice que “una posible solución para este problema sería recomponer gradualmente los haberes , empezando por los más atrasados y antiguos, para que en un plazo razonable se terminen pagando correctamente. Esto se puede hacer de forma sustentable y contribuiría a desalentar los pleitos”, agregó. El letrado recuerda que “durante 2009 se recaudaron $ 26.000 millones más por los aportes que antes iban a las AFJP y no se destinaron a la tarea más urgente que es recomponer las jubilaciones”.
martes, 30 de noviembre de 2010
domingo, 28 de noviembre de 2010
Colapso previsional:
Es urgente una solución colectiva
28/11/10
Por
Ismael Bermúdez
Que el edificio donde funcionan los juzgados de la Seguridad Social haya alcanzado “el máximo admisible de peso”, y que se hayan tenido que evacuar miles de expedientes a otras instalaciones para prevenir algún derrumbe ilustra de una manera más que trágica el nivel del colapso previsional . Nunca antes se llegó a semejante situación de acumular 400.000 juicios. Y eso que en la crítica historia jubilatoria argentina hubo toda clase de atropellos, inclusive la rebaja nominal de los haberes para pagar la deuda .
A este colapso se llegó porque con la inflación un gran sector de los jubilados perdió hasta un 40% de su haber.
Hoy, la mayoría cobra menos de un tercio del sueldo del trabajador activo, y en el mejor de los casos puede aspirar a cobrar un haber equivalente a la mitad del salario: muy lejos del 82% móvil.
Aunque la Corte ya dio su veredicto –la jubilación es un salario, y debe actualizarse por la variación de salarios– y hace unos días la Sala III de la Cámara de la Seguridad fijó que nadie puede cobrar menos del 70% del salario con el que se jubiló debidamente actualizado, cada jubilado deberá iniciar un juicio para reclamar lo que la ley determina y lo que la jurisprudencia dictaminó que le corresponde.
Pero si aún con el respaldo de la legislación previsional y de la doctrina de la Corte hay 400.000 jubilados pleiteando ante la Justicia –mientras siguen ingresando más de 10.000 nuevas demandas por mes en los 10 juzgados porteños– estamos frente a un conflicto de carácter colectivo , no individual.
La solución no es entonces que cada jubilado haga juicio, sino que se instrumente una medida colectiva. Ningún juzgado puede administrar justicia en tiempo y forma cuando todos los días ingresan centenares de causas que se suman a las 40.000 que cada juez ya tiene para resolver, cuando luego la ANSeS –desconociendo un compromiso público– apela esos fallos , y cuando después l iquida mal las sentencias, obligando a iniciar un nuevo juicio. Por todo esto, y otras cosas más, el Estado argentino volvió a ser denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
Lo insólito es que el Estado no sólo no resuelve la crisis sino que la agrava o deja que se agrave , especulando –quizás– con que la edad de los demandantes ponga “naturalmente” un “punto final” a buena parte de las demandas. Mientras tanto, la ANSeS financia con la compra de bonos y Letras del Tesoro el pago de la deuda pública .
Ante este accionar antiprevisional del Gobierno y la pasividad e impotencia del Congreso –como se manifestó con el veto presidencial a la ley votada hace un mes– lo que correspondería es que la Corte Suprema extienda su propia doctrina a todos los jubilados , y obligue a la ANSeS a reconocer lo que marca la legislación previsional.
Sólo así, Será justicia
Es urgente una solución colectiva
28/11/10
Por
Ismael Bermúdez
Que el edificio donde funcionan los juzgados de la Seguridad Social haya alcanzado “el máximo admisible de peso”, y que se hayan tenido que evacuar miles de expedientes a otras instalaciones para prevenir algún derrumbe ilustra de una manera más que trágica el nivel del colapso previsional . Nunca antes se llegó a semejante situación de acumular 400.000 juicios. Y eso que en la crítica historia jubilatoria argentina hubo toda clase de atropellos, inclusive la rebaja nominal de los haberes para pagar la deuda .
A este colapso se llegó porque con la inflación un gran sector de los jubilados perdió hasta un 40% de su haber.
Hoy, la mayoría cobra menos de un tercio del sueldo del trabajador activo, y en el mejor de los casos puede aspirar a cobrar un haber equivalente a la mitad del salario: muy lejos del 82% móvil.
Aunque la Corte ya dio su veredicto –la jubilación es un salario, y debe actualizarse por la variación de salarios– y hace unos días la Sala III de la Cámara de la Seguridad fijó que nadie puede cobrar menos del 70% del salario con el que se jubiló debidamente actualizado, cada jubilado deberá iniciar un juicio para reclamar lo que la ley determina y lo que la jurisprudencia dictaminó que le corresponde.
Pero si aún con el respaldo de la legislación previsional y de la doctrina de la Corte hay 400.000 jubilados pleiteando ante la Justicia –mientras siguen ingresando más de 10.000 nuevas demandas por mes en los 10 juzgados porteños– estamos frente a un conflicto de carácter colectivo , no individual.
La solución no es entonces que cada jubilado haga juicio, sino que se instrumente una medida colectiva. Ningún juzgado puede administrar justicia en tiempo y forma cuando todos los días ingresan centenares de causas que se suman a las 40.000 que cada juez ya tiene para resolver, cuando luego la ANSeS –desconociendo un compromiso público– apela esos fallos , y cuando después l iquida mal las sentencias, obligando a iniciar un nuevo juicio. Por todo esto, y otras cosas más, el Estado argentino volvió a ser denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
Lo insólito es que el Estado no sólo no resuelve la crisis sino que la agrava o deja que se agrave , especulando –quizás– con que la edad de los demandantes ponga “naturalmente” un “punto final” a buena parte de las demandas. Mientras tanto, la ANSeS financia con la compra de bonos y Letras del Tesoro el pago de la deuda pública .
Ante este accionar antiprevisional del Gobierno y la pasividad e impotencia del Congreso –como se manifestó con el veto presidencial a la ley votada hace un mes– lo que correspondería es que la Corte Suprema extienda su propia doctrina a todos los jubilados , y obligue a la ANSeS a reconocer lo que marca la legislación previsional.
Sólo así, Será justicia
sábado, 27 de noviembre de 2010
Siguen en riesgo archivos de los juicios de jubilados
26/11/10
Por
Ismael Bermúdez
Por el peso de los juicios iniciados por los jubilados, que ponían en peligro el edificio del Fuero de la Seguridad Social, unos 9.500 expedientes fueron trasladados del edificio judicial de la calle Marcelo T. de Alvear 1840 a un archivo judicial en la calle Villarino 2010. Ahora resulta que este edificio “se encuentra en total estado de abandono, y que aún resta la adecuación de la instalación eléctrica y la reparación de las filtraciones de lluvia en parte de los techos, situación que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades en innumerables oportunidades”.
Así le informó la subdirectora General del Archivo Judicial, Carmen Nastasi de Rodríguez a la titular de la Cámara Nacional de la Seguridad Social, Lilia Maffei de Borghi.
El traslado de esos expedientes se hizo porque el Edificio Anexo del Fuero, en Marcelo T. de Alvear, tenía “el máximo admisible de peso ” por la cantidad de expedientes acumulados, de acuerdo al informe realizado, luego de una inspección, por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). Este organismo oficial recomendó trasladar parte de los expedientes a otros lugares por los riesgos sobre las personas –empleados y público en general— y la integridad de los expedientes.
Ese sobrepeso se debe a que esos Juzgados almacenan unos 400.000 expedientes, mientras todos los meses ingresan 10.000 nuevas demandas debido a que la ANSeS no está cumpliendo con lo que marca la legislación previsional, ratificada en numerosos fallos de la Corte.
Para hacer esos traslados, la Corte Suprema dispuso un feriado judicial de 3 semanas , que concluyó el pasado 19 de noviembre, en 7 Juzgados del Fuero previsional para permitir que durante ese lapso los empleados trasladaran miles de expedientes a otras instalaciones, con el objetivo de aliviar el peso que soportaba el edificio .
Una parte de esos expedientes fueron llevados al depósito de la calle Villarino, sin reparar que tiene otros riesgos por el “abandono” en el que se encuentra, además de las filtraciones de agua y descuido de las instalaciones eléctricas.
En el texto –al que tuvo acceso Clarín — la subdirectora general del Archivo Judicial aclara que se habilitó “la carga de un espacio que ya poseíamos en el depósito de Villarino 2010, para la guarda de los aproximadamente 9.500 legajos de expedientes de dicho fuero, pero en condición de “precarios”, o sea que su custodia y administración, continúa siendo de los Juzgados y Secretarías intervinientes, hasta tanto se proceda a su recepción definitiva”.
Además, se vació un ambiente que poseía el Archivo en el subsuelo del edificio de Marcelo T. de Alterar, “pero aún resta cerrar una puerta que comunica dicho ambiente con nuestra encuadernación, trabajo ya solicitado”.
Todo esto es la consecuencia del colapso de la justicia previsional debido a que el Gobierno no extiende a todos los jubilados la doctrina marcada por la Corte. Y obliga a cada jubilado a iniciar un juicio especulando con que muchos no lo hagan y con los años que demora una resolución judicial, que luego es apelada, alargando los plazos más allá de la propia expectativa de vida de los reclamantes.
Por
Ismael Bermúdez
Por el peso de los juicios iniciados por los jubilados, que ponían en peligro el edificio del Fuero de la Seguridad Social, unos 9.500 expedientes fueron trasladados del edificio judicial de la calle Marcelo T. de Alvear 1840 a un archivo judicial en la calle Villarino 2010. Ahora resulta que este edificio “se encuentra en total estado de abandono, y que aún resta la adecuación de la instalación eléctrica y la reparación de las filtraciones de lluvia en parte de los techos, situación que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades en innumerables oportunidades”.
Así le informó la subdirectora General del Archivo Judicial, Carmen Nastasi de Rodríguez a la titular de la Cámara Nacional de la Seguridad Social, Lilia Maffei de Borghi.
El traslado de esos expedientes se hizo porque el Edificio Anexo del Fuero, en Marcelo T. de Alvear, tenía “el máximo admisible de peso ” por la cantidad de expedientes acumulados, de acuerdo al informe realizado, luego de una inspección, por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). Este organismo oficial recomendó trasladar parte de los expedientes a otros lugares por los riesgos sobre las personas –empleados y público en general— y la integridad de los expedientes.
Ese sobrepeso se debe a que esos Juzgados almacenan unos 400.000 expedientes, mientras todos los meses ingresan 10.000 nuevas demandas debido a que la ANSeS no está cumpliendo con lo que marca la legislación previsional, ratificada en numerosos fallos de la Corte.
Para hacer esos traslados, la Corte Suprema dispuso un feriado judicial de 3 semanas , que concluyó el pasado 19 de noviembre, en 7 Juzgados del Fuero previsional para permitir que durante ese lapso los empleados trasladaran miles de expedientes a otras instalaciones, con el objetivo de aliviar el peso que soportaba el edificio .
Una parte de esos expedientes fueron llevados al depósito de la calle Villarino, sin reparar que tiene otros riesgos por el “abandono” en el que se encuentra, además de las filtraciones de agua y descuido de las instalaciones eléctricas.
En el texto –al que tuvo acceso Clarín — la subdirectora general del Archivo Judicial aclara que se habilitó “la carga de un espacio que ya poseíamos en el depósito de Villarino 2010, para la guarda de los aproximadamente 9.500 legajos de expedientes de dicho fuero, pero en condición de “precarios”, o sea que su custodia y administración, continúa siendo de los Juzgados y Secretarías intervinientes, hasta tanto se proceda a su recepción definitiva”.
Además, se vació un ambiente que poseía el Archivo en el subsuelo del edificio de Marcelo T. de Alterar, “pero aún resta cerrar una puerta que comunica dicho ambiente con nuestra encuadernación, trabajo ya solicitado”.
Todo esto es la consecuencia del colapso de la justicia previsional debido a que el Gobierno no extiende a todos los jubilados la doctrina marcada por la Corte. Y obliga a cada jubilado a iniciar un juicio especulando con que muchos no lo hagan y con los años que demora una resolución judicial, que luego es apelada, alargando los plazos más allá de la propia expectativa de vida de los reclamantes.
Ponen límites al derecho de huelga de los gremios de salud
26/11/10
Por
Ismael Bermúdez
En caso de plantearse un conflicto laboral en el gremio de la salud, los sindicatos o las asociaciones médicas pueden tomar medidas de acción de fuerza pero sólo 2 días por semana. En esos días deben garantizar en un 100% los servicios de atención a la mujer embarazada, a los niños, ancianos y personas discapacitadas y brindar al resto una cobertura similar a los días domingos o feriados. Y todos y cada uno de los médicos deben permanecen en guardia pasiva, pudiendo ser convocados por el Director del Hospital o Centro de Salud y los Jefes de Servicio y los Directores de los Centros de Salud están obligados a cumplir sus tareas Además, los 2 días de paro admitidos, deben ser anunciados con una antelación de cinco días corridos.
Así lo dictaminó la Comisión de Garantías dependiente del Ministerio de Trabajo, conformada por la Unión Industrial, la CGT, la CTA, la Federación de Abogados y el Consejo Interuniversitario, cuya tarea es regular las medidas de fuerza en los llamados “servicios esenciales”. Entre otros, el dictamen tiene la firma de Rodolfo Capón Filas, Horacio Martínez, Alcira Pasini y Gabriel Binstein.
Este dictamen lleva el N° 1 porque es el primero que emite esta Comisión , que se terminó de constituir en marzo de este año. Y se produjo a partir de un conflicto entre el gobierno de la provincia de Mendoza y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) que llevó a los médicos a paros escalonados de 2, 3 y 4 días por semana “auto-regulados” con guardias mínimas por tratarse de un servicio esencial. Convocada por la Secretaría de Trabajo nacional, la Comisión deliberó y produjo ese dictamen.
La viceministra de Trabajo, Noemí Rial trasladó el dictamen a Mendoza y la subsecretaría laboral de la provincia intimó a AMPROS a cumplir con la resolución de dicho dictamen.
Pero la asociación médica rechazó la intimación y prosigue con el plan de lucha. “Un Estado que no garantiza la salud, nos obliga a garantizar la atención al 100% cuando las normas internacionales fijan servicios mínimos y no máximos, y es la responsable del conflicto”, le dijo a Clarín María Isabel Del Pópulo, secretaria general de AMPROS.
Según el dictamen, “no luce razonable que la prolongación de una huelga médica deje a la población sin cobertura suficiente y la empuje a otras alternativas que ponen en peligro su vida y salud.
El sector sindical debería encontrar otros medios de protesta que, sin perjudicar al usuario, le permita ejercer el derecho de huelga en forma adecuada”.
Si bien el dictamen se refiere al conflicto mendocino, “sienta preceden te” y tuvo el consenso unánime de todos los integrantes de la Comisión, le dijo este diario Horacio Martínez, representante de la UIA.
Por
Ismael Bermúdez
En caso de plantearse un conflicto laboral en el gremio de la salud, los sindicatos o las asociaciones médicas pueden tomar medidas de acción de fuerza pero sólo 2 días por semana. En esos días deben garantizar en un 100% los servicios de atención a la mujer embarazada, a los niños, ancianos y personas discapacitadas y brindar al resto una cobertura similar a los días domingos o feriados. Y todos y cada uno de los médicos deben permanecen en guardia pasiva, pudiendo ser convocados por el Director del Hospital o Centro de Salud y los Jefes de Servicio y los Directores de los Centros de Salud están obligados a cumplir sus tareas Además, los 2 días de paro admitidos, deben ser anunciados con una antelación de cinco días corridos.
Así lo dictaminó la Comisión de Garantías dependiente del Ministerio de Trabajo, conformada por la Unión Industrial, la CGT, la CTA, la Federación de Abogados y el Consejo Interuniversitario, cuya tarea es regular las medidas de fuerza en los llamados “servicios esenciales”. Entre otros, el dictamen tiene la firma de Rodolfo Capón Filas, Horacio Martínez, Alcira Pasini y Gabriel Binstein.
Este dictamen lleva el N° 1 porque es el primero que emite esta Comisión , que se terminó de constituir en marzo de este año. Y se produjo a partir de un conflicto entre el gobierno de la provincia de Mendoza y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) que llevó a los médicos a paros escalonados de 2, 3 y 4 días por semana “auto-regulados” con guardias mínimas por tratarse de un servicio esencial. Convocada por la Secretaría de Trabajo nacional, la Comisión deliberó y produjo ese dictamen.
La viceministra de Trabajo, Noemí Rial trasladó el dictamen a Mendoza y la subsecretaría laboral de la provincia intimó a AMPROS a cumplir con la resolución de dicho dictamen.
Pero la asociación médica rechazó la intimación y prosigue con el plan de lucha. “Un Estado que no garantiza la salud, nos obliga a garantizar la atención al 100% cuando las normas internacionales fijan servicios mínimos y no máximos, y es la responsable del conflicto”, le dijo a Clarín María Isabel Del Pópulo, secretaria general de AMPROS.
Según el dictamen, “no luce razonable que la prolongación de una huelga médica deje a la población sin cobertura suficiente y la empuje a otras alternativas que ponen en peligro su vida y salud.
El sector sindical debería encontrar otros medios de protesta que, sin perjudicar al usuario, le permita ejercer el derecho de huelga en forma adecuada”.
Si bien el dictamen se refiere al conflicto mendocino, “sienta preceden te” y tuvo el consenso unánime de todos los integrantes de la Comisión, le dijo este diario Horacio Martínez, representante de la UIA.
jueves, 25 de noviembre de 2010
Jubilados: $ 500 extras ¿Plus o confiscación?
25-11-10
..
¿Un plus de suma fija todos los fines de año o vigencia plena de los derechos jubilatorios tal como marca la legislación previsional, reafirmada por la doctrina de la Corte Suprema?
En estos términos se plantea hoy la cuestión previsional. Porque los $ 500 por única vez anunciados ayer para los jubilados y pensionados que cobran menos de $ 1.500 representa una mejora anual de entre el 3 y el 5% , que compensa en parte apenas la mayor inflación de los últimos meses.
Pero el problema previsional es que los haberes jubilatorios están muy lejos de la "relación proporcional y adecuada" que deben tener con los sueldos de los activos o con el sueldo debidamente actualizado por el que la gente se jubiló.
Como indica la legislación previsional, ratificada por varios fallos de la Corte Suprema, la jubilación es un salario indirecto o diferido que se va constituyendo con los aportes y contribuciones efectuados durante la vida laboral activa.
No es una dádiva ni un subsidio del Estado sino un derecho ganado con el aporte de una porción del salario.
Cuando llega el momento de la jubilación -o sea, efectivizar los aportes acumulados- ese salario diferido no puede ser inferior al 70% del sueldo, como acaba de señalar la Justicia en base a la historia previsional argentina, en tanto la proporción razonable debería ser del 82% móvil.
Ayer, el Gobierno reconoció que la jubilación promedio actual ronda hoy los $ 1.500 cuando el sueldo promedio formal es de 4.200 pesos mensuales. El salario previsional equivale a apenas el 36% del sueldo.
Por eso los $ 500 no son un "plus", porque no es una suma que se agrega a lo que corresponde pagar de acuerdo a la ley previsional. Tampoco achica la diferencia con relación al 70% o 82% porque en términos mensuales representa una cifra baja -$ 42 por mes- que lo va a cobrar la mayoría, pero no todos los jubilados y pensionados. Y está muy lejos de compensar el veto presidencial a la ley votada por el Congreso, como sí parecieron sugerir ayer desde la CGT y desde sectores de la CTA al aplaudir el anuncio.
Mientras tanto el sistema afronta una litigiosidad creciente, con más de 400.000 demandas y todos los meses se suman 10.000 reclamos más. Y las miradas apuntan a la Corte Suprema para que extienda a todos los jubilados su propia doctrina, ante la negativa del Ejecutivo y la impotencia del Legislativo
..
¿Un plus de suma fija todos los fines de año o vigencia plena de los derechos jubilatorios tal como marca la legislación previsional, reafirmada por la doctrina de la Corte Suprema?
En estos términos se plantea hoy la cuestión previsional. Porque los $ 500 por única vez anunciados ayer para los jubilados y pensionados que cobran menos de $ 1.500 representa una mejora anual de entre el 3 y el 5% , que compensa en parte apenas la mayor inflación de los últimos meses.
Pero el problema previsional es que los haberes jubilatorios están muy lejos de la "relación proporcional y adecuada" que deben tener con los sueldos de los activos o con el sueldo debidamente actualizado por el que la gente se jubiló.
Como indica la legislación previsional, ratificada por varios fallos de la Corte Suprema, la jubilación es un salario indirecto o diferido que se va constituyendo con los aportes y contribuciones efectuados durante la vida laboral activa.
No es una dádiva ni un subsidio del Estado sino un derecho ganado con el aporte de una porción del salario.
Cuando llega el momento de la jubilación -o sea, efectivizar los aportes acumulados- ese salario diferido no puede ser inferior al 70% del sueldo, como acaba de señalar la Justicia en base a la historia previsional argentina, en tanto la proporción razonable debería ser del 82% móvil.
Ayer, el Gobierno reconoció que la jubilación promedio actual ronda hoy los $ 1.500 cuando el sueldo promedio formal es de 4.200 pesos mensuales. El salario previsional equivale a apenas el 36% del sueldo.
Por eso los $ 500 no son un "plus", porque no es una suma que se agrega a lo que corresponde pagar de acuerdo a la ley previsional. Tampoco achica la diferencia con relación al 70% o 82% porque en términos mensuales representa una cifra baja -$ 42 por mes- que lo va a cobrar la mayoría, pero no todos los jubilados y pensionados. Y está muy lejos de compensar el veto presidencial a la ley votada por el Congreso, como sí parecieron sugerir ayer desde la CGT y desde sectores de la CTA al aplaudir el anuncio.
Mientras tanto el sistema afronta una litigiosidad creciente, con más de 400.000 demandas y todos los meses se suman 10.000 reclamos más. Y las miradas apuntan a la Corte Suprema para que extienda a todos los jubilados su propia doctrina, ante la negativa del Ejecutivo y la impotencia del Legislativo
Cómo el INDEC manipuló las estadísticas de la inflación
24/09/10
Conclusiones del estudio que hicieron las universidades contratadas por el Gobierno.
Por
Ismael Bermúdez
El Informe de las 5 universidades nacionales designadas por el Gobierno para evaluar al INDEC determinó que, desde fines de 2006, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue manipulado, dejó de reflejar la evolución de los precios que pagan efectivamente los consumidores y perdió toda credibilidad. Y recomendó hacer un nuevo IPC, asegurando “la calidad de los procedimientos de relevamiento y procesamiento de precios”. Las Universidades son UBA, Tres de Febrero, Mar del Plata, Tucumán y Rosario.
El voluminoso Informe muestra cómo se fueron manipulando las estadísticas de precios. Las más importantes “trampas” son:
1. Achique: Se redujo de 90.000 a menos de 30.000 los precios relevados en locales y negocios, a la vez que aumentó a casi el 30% la proporción de los precios “imputados” (calculado) por los técnicos del INDEC, sin explicitar con qué criterio lo hicieron. Al mismo tiempo se reemplazaron los precios de mercado “por la información brindada por organismos públicos, lo cual no permite captar los precios pagados por los consumidores”.
2. Distorsión: Las variedades de productos y servicios incluidas en el nuevo IPC se redujeron de 818 a 440. Si bien todos los Grupos registraron disminuciones, el capítulo que sufrió la mayor disminución proporcional fue Esparcimiento (más del 70%) y los que menor reducción tuvieron fueron Transporte y Comunicaciones y Vivienda y Servicios básicos. Así, la estructura de ponderaciones del nuevo IPC difiere “significativamente” de la estructura que surge de la Encuesta Nacional de Hogares que “es la principal fuente de la determinación de los patrones de consumo de los hogares”. Además, esta canasta más chica quedó reducida “en más de un 25% debido a problemas en los precios relevados, falta de precios o precios nulos”.
3. Turismo y Servicio: entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007, la variación de precios en turismo fue negativa en un 10,4% y en servicio doméstico también negativo en el 1,5%, cuando los salarios en el sector formal aumentaron el 20% y en el sector informal el 24,1%.
4. Salud: sobre 55 planes registrados en diciembre de 2006, se eliminaron 7 en la medición de diciembre de 2007, entre los cuales se encuentra el plan más alto. Con respecto a la medicina prepaga, en enero de 2007 se reemplazó la forma habitual de relevamiento de precios por información brindada por la Superintendencia de Servicios de Salud. Y no se explica cómo se procedió después.
5. Canastas de consumo: El Informe dice que es correcto que se haya incluido en el nuevo Índice las variaciones estacionales. Pero agrega que se hizo de tal manera que “sesga hacia abajo la estimación del IPC en situaciones de aceleración de los precios y viceversa”. En el caso del cálculo para Frutas y Verduras, el INDEC afirma que se respeta el mismo nivel calórico cuando, según los académicos, “se deben basar en consumos observados y no en consumos ideales desde el punto de vista nutricional”.
6. Precios Nulos: Por primera vez, en diciembre de 2007, aparecen precios nulos -de productos que no pudieron ser relevados- con variación 0 imputados por el INDEC “lo cual carece de sentido”. Y “cuestiona fuertemente al metodología usada para su imputación “ ya que si se aplicara la metodología del Manual no deberían existir precios imputados nulos.
7. Grupos: En el nuevo Índice, 7 grupos fueron reemplazados por una sola variedad. Por ejemplo, el grupo Cines, Teatros y Otros Espectáculos -que incluía la entrada a discotecas, partidos de fútbol, concertás- ahora solo registra el precio del cine. En Clubes, Parques y Entretenimientos, se anuló el gimnasio, alquiler de canchas de fútbol o el club deportivo y solo se considera la “entrada al zoológico”. En Sistema de Salud, se dejaron de lado los análisis y las emergencias médicas, y ahora solo se toman los planes de afiliación. En todos los casos, “la variedad que permanece registra menores variaciones de precios e incluso, en algunos casos, baja de precios en el período 2005-2007. Esto también se hizo para “Afiliación a sistema de salud”, aún cuando la información es oficial
Conclusiones del estudio que hicieron las universidades contratadas por el Gobierno.
Por
Ismael Bermúdez
El Informe de las 5 universidades nacionales designadas por el Gobierno para evaluar al INDEC determinó que, desde fines de 2006, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue manipulado, dejó de reflejar la evolución de los precios que pagan efectivamente los consumidores y perdió toda credibilidad. Y recomendó hacer un nuevo IPC, asegurando “la calidad de los procedimientos de relevamiento y procesamiento de precios”. Las Universidades son UBA, Tres de Febrero, Mar del Plata, Tucumán y Rosario.
El voluminoso Informe muestra cómo se fueron manipulando las estadísticas de precios. Las más importantes “trampas” son:
1. Achique: Se redujo de 90.000 a menos de 30.000 los precios relevados en locales y negocios, a la vez que aumentó a casi el 30% la proporción de los precios “imputados” (calculado) por los técnicos del INDEC, sin explicitar con qué criterio lo hicieron. Al mismo tiempo se reemplazaron los precios de mercado “por la información brindada por organismos públicos, lo cual no permite captar los precios pagados por los consumidores”.
2. Distorsión: Las variedades de productos y servicios incluidas en el nuevo IPC se redujeron de 818 a 440. Si bien todos los Grupos registraron disminuciones, el capítulo que sufrió la mayor disminución proporcional fue Esparcimiento (más del 70%) y los que menor reducción tuvieron fueron Transporte y Comunicaciones y Vivienda y Servicios básicos. Así, la estructura de ponderaciones del nuevo IPC difiere “significativamente” de la estructura que surge de la Encuesta Nacional de Hogares que “es la principal fuente de la determinación de los patrones de consumo de los hogares”. Además, esta canasta más chica quedó reducida “en más de un 25% debido a problemas en los precios relevados, falta de precios o precios nulos”.
3. Turismo y Servicio: entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007, la variación de precios en turismo fue negativa en un 10,4% y en servicio doméstico también negativo en el 1,5%, cuando los salarios en el sector formal aumentaron el 20% y en el sector informal el 24,1%.
4. Salud: sobre 55 planes registrados en diciembre de 2006, se eliminaron 7 en la medición de diciembre de 2007, entre los cuales se encuentra el plan más alto. Con respecto a la medicina prepaga, en enero de 2007 se reemplazó la forma habitual de relevamiento de precios por información brindada por la Superintendencia de Servicios de Salud. Y no se explica cómo se procedió después.
5. Canastas de consumo: El Informe dice que es correcto que se haya incluido en el nuevo Índice las variaciones estacionales. Pero agrega que se hizo de tal manera que “sesga hacia abajo la estimación del IPC en situaciones de aceleración de los precios y viceversa”. En el caso del cálculo para Frutas y Verduras, el INDEC afirma que se respeta el mismo nivel calórico cuando, según los académicos, “se deben basar en consumos observados y no en consumos ideales desde el punto de vista nutricional”.
6. Precios Nulos: Por primera vez, en diciembre de 2007, aparecen precios nulos -de productos que no pudieron ser relevados- con variación 0 imputados por el INDEC “lo cual carece de sentido”. Y “cuestiona fuertemente al metodología usada para su imputación “ ya que si se aplicara la metodología del Manual no deberían existir precios imputados nulos.
7. Grupos: En el nuevo Índice, 7 grupos fueron reemplazados por una sola variedad. Por ejemplo, el grupo Cines, Teatros y Otros Espectáculos -que incluía la entrada a discotecas, partidos de fútbol, concertás- ahora solo registra el precio del cine. En Clubes, Parques y Entretenimientos, se anuló el gimnasio, alquiler de canchas de fútbol o el club deportivo y solo se considera la “entrada al zoológico”. En Sistema de Salud, se dejaron de lado los análisis y las emergencias médicas, y ahora solo se toman los planes de afiliación. En todos los casos, “la variedad que permanece registra menores variaciones de precios e incluso, en algunos casos, baja de precios en el período 2005-2007. Esto también se hizo para “Afiliación a sistema de salud”, aún cuando la información es oficial
viernes, 19 de noviembre de 2010
Más Vida y Más Bienestar
por
Ismael Bermúdez
Revista Ñ
sábado 20 de noviembre 2010
Desde hace tiempo se viene planteando que el alargamiento de la esperanza de vida -- la buena noticia de vivir más-- no es sustentable si no se incrementan los años de trabajo, se achican las jubilaciones y se recortan o encarecen los gastos de salud.
El argumento es que los cambios demográficos, expresados en la baja tasa de natalidad y el creciente número de adultos mayores, serían los responsables de que “no haya recursos suficientes para todos”, obligaría a realizar más recortes en las jubilaciones y a alargar la vida activa laboral. Y hasta llevaría a un “racionamiento” de la atención médica y hospitalaria en un conflicto tan “ineludible como complejo de resolver”, como planteó Diana Cohen Agrest el pasado 30 de octubre en Ñ.
Aún si todo esto fuese cierto, esos desequilibrios serían una pequeña porción en relación al enorme agujero fiscal y la fenomenal hipoteca que implican las sucesivas crisis económicas globales, que no tienen nada que ver por los cambios demográficos. Tan solo días atrás, la Reserva Federal de EE.UU. inyectó US$ 600.000 millones más US$ 250.000 millones con la venta de activos inmobiliarios que tenía en cartera, después de emitir el año pasado $ 1,7 billones, para tratar de contener la hemorragia generada por el desplome del sistema financiero, sin lograr que el “enfermo mejore”. Si se suman las dosis de la Banca Central Europea, de Japón y demás países, la “transfusión” de divisas es inconmensurable.
La deuda de los Estados ha crecido de una manera exponencial, lo que implica que la carga actual se traslada sobre las futuras generaciones. Solamente la deuda pública de Estados Unidos supera los 13 billones de dólares. Equivale al 92,7% % del PBI, un 50% más que tres años atrás el doble de lo que se asegura sería tolerable para una economía. La deuda de los países del G-7 es del 109,7% del PBI y el FMI estima que será del 122,5% en 2015. La acelerada depreciación del dólar apunta a licuar esa enorme pública y eso ya está llevando una “guerra” cambiaria y comercial de resultados impredecibles.
Esto solo bastaría para desmentir que los cambios demográficos son los responsables por la crisis fiscal, de la que la Seguridad Social integra una parte. En verdad, la jubilación y la salud son víctimas del quebranto de los bancos, del desplome de los patrimonios de los fondos de pensión y de inversión y del colosal endeudamiento de los Estados. Todo esto acentúa la pauperización social. En su Informe anual , la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) estimó que como consecuencia de la crisis económica global, "39 millones de personas más caerán bajo el nivel de pobreza en América Latina a fines de 2010", y así "quedarán virtualmente anulados todos los progresos obtenidos en los cinco años que precedieron a la crisis".
Pero el argumento de que hay una crisis previsional y de salud porque, en proporción, hay menos activos para mantener a más pasivos es, en sí mismo, también falaz. La relación previsional entre el número de trabajadores activos y de jubilados depende de muchas variables: de la tasa de empleo, de los años y de las alícuotas de los aportes sobre los salarios, del grado de evasión de las empresas en los pagos a la Seguridad Social, del crecimiento o no de la acumulación capitalista y de los rendimientos reales o pérdidas de los fondos de pensión (públicos o privados) a los que fueron aportando los trabajadores y empresas a lo largo de la vida activa. Y por último, de la productividad del trabajo, expresada en el incremento de la producción y el desarrollo tecnológico.
En materia de salud, diversos estudios señalan que los gastos no demográficos siguen creciendo a un ritmo mayor que los demográficos. “De hecho, puede ser un error centrar la atención en la edad”, dicen los especialistas John Bryant y Autrey Sonerson en “Los costos de la Tercera Edad”. Señalan que “el estado de salud básico, más que la edad, es la razón por la cual las personas de edad requieren más atención en salud; es decir, la mala salud, más que la edad, es lo que cuenta para el gasto en salud. El envejecimiento representa solo una pequeña parte del aumento del gasto en salud”. Tampoco se puede atribuir el incremento del gasto en salud al efecto “distancia de la muerte” –el que corresponde a los últimos años de vida- porque esto siempre fue así y seguramente seguirá siéndolo porque no se altera por vivir más años.
Lo que en general se omite es que tanto los sistemas jubilatorios como los de salud son sistemas de capitalización colectivos. Eso significa que sobre la base de una contribución durante la vida laboral y cuando los requerimientos médicos de las personas son inferiores se va generando un fondo, el cual sumado a sus rendimientos, debe financiar la atención médica, incluida en la vejez, y a un beneficio dinerario definido como un porcentaje del salario luego del retiro laboral. En todos los casos, esos fondos se constituyeron sobre la base de una tasa de aporte que asegura que las contribuciones capitalizadas alcancen y en exceso para pagar los beneficios de la atención médica y los haberes en la vejez, y deje un fuerte beneficio a sus administradores.
Por definición estos fondos son inicialmente fuertemente superavitarios, ya que en los primeros años sólo recaudan aportes y pagan o financian pocos beneficios. Con el tiempo, la masa de beneficiarios va en aumento, mientras siguen ingresando los aportes de los trabajadores en actividad y los rendimientos de los fondos acumulados. Ahora, cuando esos fondos deben hacer frente a sus compromisos, sus administradores declaran en forma unilateral que no pueden hacerlo si no disminuyen las prestaciones. ¿Pero dónde están los aportes capitalizados de tantos años? Fueron colocados por los gobiernos o fondos privados en bonos, acciones y otros papeles que financiaron subsidios y apalancaron beneficios extraordinarios que se escurrieron por los poros de la acumulación, de las crisis y la desvalorización del capital.
Llamativamente quienes abogan subir la edad jubilatoria para prevenir mayores desequilibrios sociales no reparan que eso bloquearía aún más el ingreso laboral de los más jóvenes, en momentos en que, por la crisis global, “el desempleo juvenil ha alcanzado el nivel más alto en la historia”, según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que advierte sobre el “riesgo de un legado de esta crisis en términos de una 'generación perdida' de jóvenes que ha abandonado el mercado laboral tras haber perdido toda esperanza de trabajar y lograr una vida decente”.
En definitiva, la explicación demográfica omite y oculta todo esto. Propicia como solución lo mismo que el FMI, el Banco Mundial y los fondos especulativos. No repara que al presentar el avance que implica vivir más en un factor de crisis, coloca en el banquillo de los acusados al régimen social que no puedo convertir el progreso en mayor bienestar. Y esto porque requiere de ese excedente para los “rescates”, para amortizar la deuda pública y para producir una desvalorización más general de la fuerza de trabajo (que incluye la salud y la jubilación) para abrir un nuevo ciclo de acumulación. Esto es lo está en juego.
Ismael Bermúdez
Revista Ñ
sábado 20 de noviembre 2010
Desde hace tiempo se viene planteando que el alargamiento de la esperanza de vida -- la buena noticia de vivir más-- no es sustentable si no se incrementan los años de trabajo, se achican las jubilaciones y se recortan o encarecen los gastos de salud.
El argumento es que los cambios demográficos, expresados en la baja tasa de natalidad y el creciente número de adultos mayores, serían los responsables de que “no haya recursos suficientes para todos”, obligaría a realizar más recortes en las jubilaciones y a alargar la vida activa laboral. Y hasta llevaría a un “racionamiento” de la atención médica y hospitalaria en un conflicto tan “ineludible como complejo de resolver”, como planteó Diana Cohen Agrest el pasado 30 de octubre en Ñ.
Aún si todo esto fuese cierto, esos desequilibrios serían una pequeña porción en relación al enorme agujero fiscal y la fenomenal hipoteca que implican las sucesivas crisis económicas globales, que no tienen nada que ver por los cambios demográficos. Tan solo días atrás, la Reserva Federal de EE.UU. inyectó US$ 600.000 millones más US$ 250.000 millones con la venta de activos inmobiliarios que tenía en cartera, después de emitir el año pasado $ 1,7 billones, para tratar de contener la hemorragia generada por el desplome del sistema financiero, sin lograr que el “enfermo mejore”. Si se suman las dosis de la Banca Central Europea, de Japón y demás países, la “transfusión” de divisas es inconmensurable.
La deuda de los Estados ha crecido de una manera exponencial, lo que implica que la carga actual se traslada sobre las futuras generaciones. Solamente la deuda pública de Estados Unidos supera los 13 billones de dólares. Equivale al 92,7% % del PBI, un 50% más que tres años atrás el doble de lo que se asegura sería tolerable para una economía. La deuda de los países del G-7 es del 109,7% del PBI y el FMI estima que será del 122,5% en 2015. La acelerada depreciación del dólar apunta a licuar esa enorme pública y eso ya está llevando una “guerra” cambiaria y comercial de resultados impredecibles.
Esto solo bastaría para desmentir que los cambios demográficos son los responsables por la crisis fiscal, de la que la Seguridad Social integra una parte. En verdad, la jubilación y la salud son víctimas del quebranto de los bancos, del desplome de los patrimonios de los fondos de pensión y de inversión y del colosal endeudamiento de los Estados. Todo esto acentúa la pauperización social. En su Informe anual , la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) estimó que como consecuencia de la crisis económica global, "39 millones de personas más caerán bajo el nivel de pobreza en América Latina a fines de 2010", y así "quedarán virtualmente anulados todos los progresos obtenidos en los cinco años que precedieron a la crisis".
Pero el argumento de que hay una crisis previsional y de salud porque, en proporción, hay menos activos para mantener a más pasivos es, en sí mismo, también falaz. La relación previsional entre el número de trabajadores activos y de jubilados depende de muchas variables: de la tasa de empleo, de los años y de las alícuotas de los aportes sobre los salarios, del grado de evasión de las empresas en los pagos a la Seguridad Social, del crecimiento o no de la acumulación capitalista y de los rendimientos reales o pérdidas de los fondos de pensión (públicos o privados) a los que fueron aportando los trabajadores y empresas a lo largo de la vida activa. Y por último, de la productividad del trabajo, expresada en el incremento de la producción y el desarrollo tecnológico.
En materia de salud, diversos estudios señalan que los gastos no demográficos siguen creciendo a un ritmo mayor que los demográficos. “De hecho, puede ser un error centrar la atención en la edad”, dicen los especialistas John Bryant y Autrey Sonerson en “Los costos de la Tercera Edad”. Señalan que “el estado de salud básico, más que la edad, es la razón por la cual las personas de edad requieren más atención en salud; es decir, la mala salud, más que la edad, es lo que cuenta para el gasto en salud. El envejecimiento representa solo una pequeña parte del aumento del gasto en salud”. Tampoco se puede atribuir el incremento del gasto en salud al efecto “distancia de la muerte” –el que corresponde a los últimos años de vida- porque esto siempre fue así y seguramente seguirá siéndolo porque no se altera por vivir más años.
Lo que en general se omite es que tanto los sistemas jubilatorios como los de salud son sistemas de capitalización colectivos. Eso significa que sobre la base de una contribución durante la vida laboral y cuando los requerimientos médicos de las personas son inferiores se va generando un fondo, el cual sumado a sus rendimientos, debe financiar la atención médica, incluida en la vejez, y a un beneficio dinerario definido como un porcentaje del salario luego del retiro laboral. En todos los casos, esos fondos se constituyeron sobre la base de una tasa de aporte que asegura que las contribuciones capitalizadas alcancen y en exceso para pagar los beneficios de la atención médica y los haberes en la vejez, y deje un fuerte beneficio a sus administradores.
Por definición estos fondos son inicialmente fuertemente superavitarios, ya que en los primeros años sólo recaudan aportes y pagan o financian pocos beneficios. Con el tiempo, la masa de beneficiarios va en aumento, mientras siguen ingresando los aportes de los trabajadores en actividad y los rendimientos de los fondos acumulados. Ahora, cuando esos fondos deben hacer frente a sus compromisos, sus administradores declaran en forma unilateral que no pueden hacerlo si no disminuyen las prestaciones. ¿Pero dónde están los aportes capitalizados de tantos años? Fueron colocados por los gobiernos o fondos privados en bonos, acciones y otros papeles que financiaron subsidios y apalancaron beneficios extraordinarios que se escurrieron por los poros de la acumulación, de las crisis y la desvalorización del capital.
Llamativamente quienes abogan subir la edad jubilatoria para prevenir mayores desequilibrios sociales no reparan que eso bloquearía aún más el ingreso laboral de los más jóvenes, en momentos en que, por la crisis global, “el desempleo juvenil ha alcanzado el nivel más alto en la historia”, según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que advierte sobre el “riesgo de un legado de esta crisis en términos de una 'generación perdida' de jóvenes que ha abandonado el mercado laboral tras haber perdido toda esperanza de trabajar y lograr una vida decente”.
En definitiva, la explicación demográfica omite y oculta todo esto. Propicia como solución lo mismo que el FMI, el Banco Mundial y los fondos especulativos. No repara que al presentar el avance que implica vivir más en un factor de crisis, coloca en el banquillo de los acusados al régimen social que no puedo convertir el progreso en mayor bienestar. Y esto porque requiere de ese excedente para los “rescates”, para amortizar la deuda pública y para producir una desvalorización más general de la fuerza de trabajo (que incluye la salud y la jubilación) para abrir un nuevo ciclo de acumulación. Esto es lo está en juego.
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