05/02/11
El Tesoro ya colocó letras al organismo previsional por cerca de US$ 1.700 millones
Por
Ismael Bermúdez
El Gobierno blanqueó, al publicar recién ayer en el Boletín Oficial una resolución fechada el 29 de noviembre de 2010, que tomó prestados de la ANSeS 801,1 millones de dólares para cubrir una parte del déficit Tesoro Nacional.
Lo mismo hizo días atrás con otros U$S 631,6 millones. Y si se agregan otros U$S 240 millones, que esta semana fueron renovados y ampliados en U$S 18 millones, por ahora Economía reconoce que están vigentes con la ANSeS tres Letras por un total de 1.690 millones de dólares. Es el equivalente a unos $ 6.800 millones. No se sabe si no hubo otras colocaciones en 2010 cuyas resoluciones puedan ser publicadas en los próximos días en el Boletín Oficial.
De esta manera, el 90% del superávit corriente de la ANSeS de 2010 –lo recaudado por aportes e impuestos, sin los intereses del Fondo de Garantía, menos los beneficios y gastos pagados– tuvieron como destino financiar parte del “rojo” del Tesoro. Otra parte fue cubierta por el Banco Central.
Es la ratificación de la estrategia oficial de financiarse, a tasas muy bajas, con las cajas de organismos públicos, aún a riesgo de descapitalizarlos.
Que la ANSeS tenga excedentes es un dato positivo de la Seguridad Social, pero eso lo obtiene porque no está pagando los haberes de una buena parte de los jubilados de acuerdo a lo que marca la legislación previsional, ratificada por los fallos de la Corte Suprema. En tanto, los nuevos jubilados se retiran con un haber que ronda la mitad del sueldo promedio correctamente actualizado (según los índices de la Justicia) de los últimos 10 años.
Esto se manifiesta claramente en los 450.000 juicios que se acumulan en los Tribunales de la Seguridad Social. Además, aún con el reciente ajuste de los haberes, a partir de marzo la jubilación promedio estará en torno de $ 1.600 , lo que representa apenas el 40% del sueldo promedio del trabajador activo, muy lejos del 82%. Y el 73% de los jubilados, cobrará $ 1.227 por mes más, en algunos casos, de $ 45 adicionales del PAMI.
Desde el Gobierno sostienen que no es posible otorgar mejoras porque se amplió la cobertura jubilatoria –con la moratoria y la extensión de las pensiones no contributivas– se otorgó la asignación por hijo a desocupados y trabajadores en negro y se puso en marcha el plan de computadoras escolares (“Plan conectar”).
Lo que se cuestiona no son esos beneficios –que deberían mantenerse y ser sostenidos, dicen los críticos, con tributos a la renta financiera, la eliminación de exenciones impositivas a sectores económicos y una reasignación del gasto– sino que se financien a costa de la reducción de los derechos previsionales de los ya jubilados y de los que se jubilen en el futuro.
De todas maneras, ese achique de las jubilaciones lleva a que la ANSeS tenga una deuda potencial por los 450.000 juicios en su contra que, a precios actuales, puede rondar los $ 50 mil millones.
Para 2011 está previsto en el Presupuesto que se paguen sentencias por apenas $ 2.400 millones, equivalente a unas 20.000 causas. A ese ritmo, y si no ingresaran nuevas demandas judiciales, se necesitarían unos 17 años para cancelar esos juicios, un plazo que excede la expectativa de vida de los que reclaman . Pero el stock total de juicios crece porque ingresan 100.000 demandas por año, y se liquidan efectivamente apenas 20.000
sábado, 5 de febrero de 2011
2010: Los jubilados presentaron 100 mil demandas por ajuste de haberes
05/02/11
Por lo general obtienen sentencia favorable en primera y segunda instancia.
Por
Ismael Bermúdez
Durante 2010 ingresaron en los Tribunales 100.003 demandas de jubilados , de acuerdo a las cifras de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Sumadas a las que ingresaron en años anteriores y aún no tienen sentencia, totalizan más de 450.000 los juicios de jubilados con distintos reclamos contra la ANSeS.
Las demandas del año pasado se mantuvieron casi en los mismos niveles de 2009, duplicando los reclamos promedio de 2006-2008 . Así, en los últimos cinco años los 10Juzgados de la Seguridad Social recibieron más de 350.000 nuevos juicios.
Del total ingresado los jueces alcanzaron a dictar sentencia en unos 65.000 casos , en su gran mayoría dándoles la razón a los jubilados.
Este incremento de demandas se debe a varias razones. El grueso de los reclamos corresponde a reajustes de haberes, que se aceleraron luego que la Corte Suprema dictaminó, en el caso Badaro, que los haberes jubilatorios por el período enero 2002 a diciembre de 2006 deben haberse ajustado un 88,3%, según el índice de variación salarial del INDEC.
En ese lapso el Gobierno otorgó solo dos aumentos generales: del 10% en septiembre de 2004 para los que ganaban menos de $ 1.000 y el 11% en junio de 2006 para todos los jubilados. Así, quienes están en una situación similar a Badaro, el ajuste de haberes puede ser de hasta el 54,5% ó 69,9%, según la fecha en que se jubilaron. A eso se agrega, la retroactividad más los intereses.
En otros casos, las demandas cuestionan que, para calcular la jubilación, la ANSeS no actualiza por la variación salarial los sueldos que determinan el haber inicial (últimos 10 años). En este punto, la Corte Suprema, en el caso Elliff , ordenó tomar en cuenta para el cálculo del haber los salarios percibidos ajustados por el índice de los salarios básicos de la industria y la construcción –personal no calificado– muy superior al que utiliza la ANSeS.
Por esta razón, en muchas demandas, los jubilados reclaman el ajuste Elliff más Badaro , lo que puede llevar a que la jubilación se duplique.
También la Corte Suprema, en la causa Miguela Lapacó, resolvió que las sumas no remunerativas percibidas por el trabajador – una práctica generalizada desde 2002 en adelante-- deben ser consideradas como parte del sueldo a los fines de fijar el haber inicial. La ANSeS en cambio no las considera porque sobre esos pagos no se efectúan ni las contribuciones patronales ni los aportes del trabajador. Sin embargo, para la Justicia, la ley previsional no hace esa distinción y considera más que contradictorio que la “remuneración” incluya sumas “no remunerativas”.
Además, hay demandas por múltiples reclamos, como el cuestionamiento del tope previsional por parte de los que aportaron por encima de ese límite, o por la devolución de los aportes voluntarios realizados a las AFJP.
La avalancha de juicios también se debe a que el Gobierno no extiende a todos los jubilados la doctrina de la Corte Suprema , obligando a cada jubilado a iniciar un juicio. Y también porque la propia Corte hasta ahora no se pronunció ante la demanda de la Defensoría del Pueblo que reclama que extienda su propia jurisprudencia a todos los jubilados
Por lo general obtienen sentencia favorable en primera y segunda instancia.
Por
Ismael Bermúdez
Durante 2010 ingresaron en los Tribunales 100.003 demandas de jubilados , de acuerdo a las cifras de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Sumadas a las que ingresaron en años anteriores y aún no tienen sentencia, totalizan más de 450.000 los juicios de jubilados con distintos reclamos contra la ANSeS.
Las demandas del año pasado se mantuvieron casi en los mismos niveles de 2009, duplicando los reclamos promedio de 2006-2008 . Así, en los últimos cinco años los 10Juzgados de la Seguridad Social recibieron más de 350.000 nuevos juicios.
Del total ingresado los jueces alcanzaron a dictar sentencia en unos 65.000 casos , en su gran mayoría dándoles la razón a los jubilados.
Este incremento de demandas se debe a varias razones. El grueso de los reclamos corresponde a reajustes de haberes, que se aceleraron luego que la Corte Suprema dictaminó, en el caso Badaro, que los haberes jubilatorios por el período enero 2002 a diciembre de 2006 deben haberse ajustado un 88,3%, según el índice de variación salarial del INDEC.
En ese lapso el Gobierno otorgó solo dos aumentos generales: del 10% en septiembre de 2004 para los que ganaban menos de $ 1.000 y el 11% en junio de 2006 para todos los jubilados. Así, quienes están en una situación similar a Badaro, el ajuste de haberes puede ser de hasta el 54,5% ó 69,9%, según la fecha en que se jubilaron. A eso se agrega, la retroactividad más los intereses.
En otros casos, las demandas cuestionan que, para calcular la jubilación, la ANSeS no actualiza por la variación salarial los sueldos que determinan el haber inicial (últimos 10 años). En este punto, la Corte Suprema, en el caso Elliff , ordenó tomar en cuenta para el cálculo del haber los salarios percibidos ajustados por el índice de los salarios básicos de la industria y la construcción –personal no calificado– muy superior al que utiliza la ANSeS.
Por esta razón, en muchas demandas, los jubilados reclaman el ajuste Elliff más Badaro , lo que puede llevar a que la jubilación se duplique.
También la Corte Suprema, en la causa Miguela Lapacó, resolvió que las sumas no remunerativas percibidas por el trabajador – una práctica generalizada desde 2002 en adelante-- deben ser consideradas como parte del sueldo a los fines de fijar el haber inicial. La ANSeS en cambio no las considera porque sobre esos pagos no se efectúan ni las contribuciones patronales ni los aportes del trabajador. Sin embargo, para la Justicia, la ley previsional no hace esa distinción y considera más que contradictorio que la “remuneración” incluya sumas “no remunerativas”.
Además, hay demandas por múltiples reclamos, como el cuestionamiento del tope previsional por parte de los que aportaron por encima de ese límite, o por la devolución de los aportes voluntarios realizados a las AFJP.
La avalancha de juicios también se debe a que el Gobierno no extiende a todos los jubilados la doctrina de la Corte Suprema , obligando a cada jubilado a iniciar un juicio. Y también porque la propia Corte hasta ahora no se pronunció ante la demanda de la Defensoría del Pueblo que reclama que extienda su propia jurisprudencia a todos los jubilados
miércoles, 2 de febrero de 2011
Un día asignan y al otro quitan $ 251 millones para los bosques
30/01/11
Es plata que se destina a todas las provincias. No hubo explicaciones oficiales
Por
Ismael Bermúdez
El miércoles pasado, el Gobierno distribuyó entre las Provincias $ 251.606.095 del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Lo hizo mediante la Decisión Administrativa N° 926 de la Jefatura de Gabinete, publicada ese día en el Boletín Oficial y retroactiva al 29 de diciembre de 2010.
Al día siguiente, el jueves 27 enero, apareció una nueva Decisión Administrativa, la N° 1037, por la que se “deja sin efecto” la resolución N° 926 del día anterior.
La única explicación que figura en el texto de la nueva norma es que “resulta oportuno por razones operativas proceder a dejar sin efecto la mencionada decisión administrativa”.
¿Qué pasó? En el Gobierno hay un hermetismo total y en las Provincias consultadas por Clarín nadie supo responder por qué se decidió dar marcha atrás con la norma. Y algunos distritos hasta desconocían que se hubiera anulado la asignación de los fondos. Tampoco Greenpeace, una entidad que viene bregando por la preservación de los bosques, sabía lo que había pasado pero insistieron que les “preocupa por la falta de claridad en el manejo de los fondos de la Ley de Bosques”.
En el Presupuesto 2010, el Fondo tenía una partida inicial de $ 300.000.000. En febrero de ese año, Jefatura de Gabinete decidió restarle al Fondo $ 144.209.091 y derivarlos al Programa Fútbol para Todos, lo que llevó a que la mayoría de las Provincias pegaran el grito en el cielo.
Además, la Secretaría de Medio Ambiente sacó una resolución derivando unos $ 88 millones del Fondo al financiamiento de planes aprobados por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Así las cosas, el Fondo habría quedado con un saldo de solo 68 millones de pesos.
Sin embargo, en noviembre, con la ampliación del Presupuesto por medio de un Decreto de Necesidad y urgencia (DNU), se le restituyeron al Fondo de Bosques los $ 144 millones restados en febrero. Con lo que pasaba a contar con $ 212 millones.
Al asignar los $ 251 millones, en la Decisión N° 926 de Jefatura de Gabinete se dice que la restitución de los créditos al Fondo de Bosques Nativos y luego de “verificar la existencia del crédito presupuestario disponible” se realizó “una nueva distribución de cupos ”.
A partir de esta situación habría varios interrogantes. Entre ellos, si efectivamente el Fondo contaba en 2010 con un crédito de $ 251 millones para ser distribuido entre las Provincias. Y si el criterio de distribución es aceptado o no por todas las jurisdicciones.
También aparece un error en la suma de los cupos asignados a Río Negro de $ 270.000.
Para 2011, el Fondo tiene un Presupuesto de $ 299.999.909. De todas maneras, las Provincias insisten que la ley de Bosques que votó el Congreso de la Nación fijó que el Fondo no puede ser menor al 0,3% del Presupuesto Nacional –lo que daría más de $ 1.000 millones– más “el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”. Hoy, todo está en discusión.
Es plata que se destina a todas las provincias. No hubo explicaciones oficiales
Por
Ismael Bermúdez
El miércoles pasado, el Gobierno distribuyó entre las Provincias $ 251.606.095 del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Lo hizo mediante la Decisión Administrativa N° 926 de la Jefatura de Gabinete, publicada ese día en el Boletín Oficial y retroactiva al 29 de diciembre de 2010.
Al día siguiente, el jueves 27 enero, apareció una nueva Decisión Administrativa, la N° 1037, por la que se “deja sin efecto” la resolución N° 926 del día anterior.
La única explicación que figura en el texto de la nueva norma es que “resulta oportuno por razones operativas proceder a dejar sin efecto la mencionada decisión administrativa”.
¿Qué pasó? En el Gobierno hay un hermetismo total y en las Provincias consultadas por Clarín nadie supo responder por qué se decidió dar marcha atrás con la norma. Y algunos distritos hasta desconocían que se hubiera anulado la asignación de los fondos. Tampoco Greenpeace, una entidad que viene bregando por la preservación de los bosques, sabía lo que había pasado pero insistieron que les “preocupa por la falta de claridad en el manejo de los fondos de la Ley de Bosques”.
En el Presupuesto 2010, el Fondo tenía una partida inicial de $ 300.000.000. En febrero de ese año, Jefatura de Gabinete decidió restarle al Fondo $ 144.209.091 y derivarlos al Programa Fútbol para Todos, lo que llevó a que la mayoría de las Provincias pegaran el grito en el cielo.
Además, la Secretaría de Medio Ambiente sacó una resolución derivando unos $ 88 millones del Fondo al financiamiento de planes aprobados por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Así las cosas, el Fondo habría quedado con un saldo de solo 68 millones de pesos.
Sin embargo, en noviembre, con la ampliación del Presupuesto por medio de un Decreto de Necesidad y urgencia (DNU), se le restituyeron al Fondo de Bosques los $ 144 millones restados en febrero. Con lo que pasaba a contar con $ 212 millones.
Al asignar los $ 251 millones, en la Decisión N° 926 de Jefatura de Gabinete se dice que la restitución de los créditos al Fondo de Bosques Nativos y luego de “verificar la existencia del crédito presupuestario disponible” se realizó “una nueva distribución de cupos ”.
A partir de esta situación habría varios interrogantes. Entre ellos, si efectivamente el Fondo contaba en 2010 con un crédito de $ 251 millones para ser distribuido entre las Provincias. Y si el criterio de distribución es aceptado o no por todas las jurisdicciones.
También aparece un error en la suma de los cupos asignados a Río Negro de $ 270.000.
Para 2011, el Fondo tiene un Presupuesto de $ 299.999.909. De todas maneras, las Provincias insisten que la ley de Bosques que votó el Congreso de la Nación fijó que el Fondo no puede ser menor al 0,3% del Presupuesto Nacional –lo que daría más de $ 1.000 millones– más “el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”. Hoy, todo está en discusión.
domingo, 23 de enero de 2011
Hay $ 500 millones menos para pagar sentencias a jubilados
22/01/11
Es el dinero para afrontar los juicios que inician por haberes y le ganan a la ANSeS.
Por
Ismael Bermúdez
Con la prórroga del Presupuesto, el Gobierno incrementó en $ 7.500 millones las partidas de gastos con relación al proyecto que había enviado en septiembre del año pasado al Congreso.
Pero con las sentencias de los jubilados hizo lo contrario : la redujo en 533 millones de pesos, de $ 2.933 millones a $ 2.400 millones. En otras palabras, este año la ANSeS tendrá en principio menos fondos para cancelar los fallos favorables a los jubilados que los que el propio Gobierno había previsto tan solo meses atrás.
Así surge de las planillas del Presupuesto 2011, aprobado a través de la Decisión Administrativa N° 1 del Jefe de Gabinete porque el Congreso no pudo aprobar la “ley de leyes”.
En el proyecto de Presupuesto, enviado al Congreso en septiembre pasado, el Gobierno había previsto que en 2011 la ANSeS destinara $ 2.933.840.000 al pago de sentencias previsionales. La partida implicaba un aumento del 22,2% con relación a los $ 2.400.000.000 asignados en 2010. Por eso se estimaba que durante 2011 podrían cancelarse unas 25.000 sentencias .
Como es sabido, ese proyecto no fue aprobado por el Congreso por lo que el Gobierno quedó facultado para prorrogar el Presupuesto de 2010 con ajustes en más o en menos para adecuar las proyecciones de recursos y gastos a las necesidades del año.
En base a esas facultades, el Gobierno previó en el Presupuesto 2011 gastar $ 39.010 millones más que lo gastado en 2010 y $ 7.500 millones más que lo que el propio Gobierno había presupuestado en septiembre en el proyecto enviado al Congreso.
De esos $ 7.500 millones, por ejemplo el Ministerio de Planificación recibirá $ 4.662 millones más y Desarrollo Social un plus de $ 1.187 millones.
En cambio, la partida de la ANSeS para afrontar el pago de las sentencias no solo no fue aumentada respecto a los $ 2.933.840.000 previstos en el proyecto oficial sino que se la redujo a $ 2.400 millones, repitiendo el importe de 2010.
Por eso ahora se estima que con estos fondos podrían cancelarse unas 2 0.000 sentencias salvo que, más aún en un año electoral, el Gobierno incremente la partida para sentencias por medio de algún nuevo DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia).
De todas maneras, la ANSeS carga sobre sus espaldas con más de 420.000 juicios , mientras ingresan unos 100.000 nuevos juicios por año. Así, por cada sentencia que liquida la ANSeS, ingresan 5 nuevos juicios .
Esos juicios se deben a que, desde el inicio, los haberes jubilatorios están mal liquidados y no fueron actualizados según la evolución de los salarios, como fija la legislación previsional, ratificada por la Corte Suprema, en numerosos casos (como Badaro o Elliff). Se estima que el haber inicial de los nuevos jubilados es un 48% inferior al que correspondería si se aplicaran los índices salariales. Y la extensión del caso Badaro a todos los jubilados obligaría a la ANSeS a ajustar hasta un 70% los haberes de buena parte de los que se jubilaron antes de 2002
Es el dinero para afrontar los juicios que inician por haberes y le ganan a la ANSeS.
Por
Ismael Bermúdez
Con la prórroga del Presupuesto, el Gobierno incrementó en $ 7.500 millones las partidas de gastos con relación al proyecto que había enviado en septiembre del año pasado al Congreso.
Pero con las sentencias de los jubilados hizo lo contrario : la redujo en 533 millones de pesos, de $ 2.933 millones a $ 2.400 millones. En otras palabras, este año la ANSeS tendrá en principio menos fondos para cancelar los fallos favorables a los jubilados que los que el propio Gobierno había previsto tan solo meses atrás.
Así surge de las planillas del Presupuesto 2011, aprobado a través de la Decisión Administrativa N° 1 del Jefe de Gabinete porque el Congreso no pudo aprobar la “ley de leyes”.
En el proyecto de Presupuesto, enviado al Congreso en septiembre pasado, el Gobierno había previsto que en 2011 la ANSeS destinara $ 2.933.840.000 al pago de sentencias previsionales. La partida implicaba un aumento del 22,2% con relación a los $ 2.400.000.000 asignados en 2010. Por eso se estimaba que durante 2011 podrían cancelarse unas 25.000 sentencias .
Como es sabido, ese proyecto no fue aprobado por el Congreso por lo que el Gobierno quedó facultado para prorrogar el Presupuesto de 2010 con ajustes en más o en menos para adecuar las proyecciones de recursos y gastos a las necesidades del año.
En base a esas facultades, el Gobierno previó en el Presupuesto 2011 gastar $ 39.010 millones más que lo gastado en 2010 y $ 7.500 millones más que lo que el propio Gobierno había presupuestado en septiembre en el proyecto enviado al Congreso.
De esos $ 7.500 millones, por ejemplo el Ministerio de Planificación recibirá $ 4.662 millones más y Desarrollo Social un plus de $ 1.187 millones.
En cambio, la partida de la ANSeS para afrontar el pago de las sentencias no solo no fue aumentada respecto a los $ 2.933.840.000 previstos en el proyecto oficial sino que se la redujo a $ 2.400 millones, repitiendo el importe de 2010.
Por eso ahora se estima que con estos fondos podrían cancelarse unas 2 0.000 sentencias salvo que, más aún en un año electoral, el Gobierno incremente la partida para sentencias por medio de algún nuevo DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia).
De todas maneras, la ANSeS carga sobre sus espaldas con más de 420.000 juicios , mientras ingresan unos 100.000 nuevos juicios por año. Así, por cada sentencia que liquida la ANSeS, ingresan 5 nuevos juicios .
Esos juicios se deben a que, desde el inicio, los haberes jubilatorios están mal liquidados y no fueron actualizados según la evolución de los salarios, como fija la legislación previsional, ratificada por la Corte Suprema, en numerosos casos (como Badaro o Elliff). Se estima que el haber inicial de los nuevos jubilados es un 48% inferior al que correspondería si se aplicaran los índices salariales. Y la extensión del caso Badaro a todos los jubilados obligaría a la ANSeS a ajustar hasta un 70% los haberes de buena parte de los que se jubilaron antes de 2002
miércoles, 12 de enero de 2011
El pago de los intereses de la deuda subirá 36,3% en 2011
12/01/11
Representará más de $ 36.000 millones, el nivel más alto desde el canje de 2005.
Por
Ismael Bermúdez
Por el pago adicional de los servicios de los bonos de la deuda que se ajustan por el crecimiento de la economía, el Gobierno prevé pagar este año intereses por $ 36.265 millones .
Esta cifra es un 36,3% más alta que la pagada el año pasado: $ 9.650 millones más, según las cifras que figuran en el Presupuesto difundido el lunes.
La magnitud de este pago –que equivale al 10,2 % del gasto primario total– casi duplica el presupuesto asignado para el Ministerio de Educación en 2011 (no incluye los gastos educacionales a cargo de las provincias). O equivale a la suma de todo lo presupuestado para seis ministerios clave: Educación, Salud, Ciencia y Tecnología, Justicia y Derechos Humanos, Relaciones Exteriores e Industria.
En parte esto se debe a que el pago de intereses es uno de los rubros que más aumenta: un 36,3% respecto del presupuesto ejecutado en 2010, por el llamado cupón PBI. Mientras que el resto de las partidas crece menos y en algunos casos retroceden.
Por ejemplo, el gasto del Ministerio de Salud crece el 5,4% o el de Ciencia y Tecnología el 14,5%.
El cupón PBI implica que a mayor crecimiento (como el del año pasado) mayor es lo que la Argentina debe pagar en intereses sobre una parte de la deuda pública.
Un parte de esos intereses vuelven al propio Estado, pero sólo en una proporción pequeña. Según la consultora ACM, el 20% de lo que el Estado pagará en intereses lo van a cobrar dependencias del propio Estado , como es el caso de la ANSeS y en menor medida el Banco Nación, por los bonos y Letras que tienen en su poder. Esto se debe a esas dependencias tienen papeles cuyos intereses se capitalizan o rinden menos .
Así, el 80% de la carga de intereses –más de $ 29.000 millones– corresponderá a cobros de acreedores privados.
Muchos especialistas sostienen que las estadísticas del INDEC influyen en el peso de estos intereses, ya que la manipulación de los índices de precios llevó a que la tasa de crecimiento de la economía sea mayor a la real, agrandando el valor del cupón PBI.
Y por el otro lado, tira hacia abajo los bonos que ajustan por la inflación que, en una gran proporción, están en manos de la ANSeS. Justamente por la manipulación del IPC, los acreedores privados fueron desprendiéndose de los bonos CER.
De acuerdo a los datos de Economía, desde la reestructuración de 2005, los intereses fueron subiendo del 2,6% de la deuda bruta al 4,3% el año pasado. Se estima que en 2011 rondará el 5,5% o más según cómo se reconozca la deuda con el Club de París.
La deuda pública a septiembre de 2010 (último dato oficial) sumaba U$S 160.890 millones . De ese total, casi la mitad está en manos del Banco Central, ANSeS, Banco Nación y otros entes públicos.
La semana pasada, el Gobierno tomó prestados otros 7.504 millones de dólares de las reservas del Banco Central para pagar los vencimientos de 2011 de la deuda con acreedores privados a una tasa muy baja, cercana a cero.
Representará más de $ 36.000 millones, el nivel más alto desde el canje de 2005.
Por
Ismael Bermúdez
Por el pago adicional de los servicios de los bonos de la deuda que se ajustan por el crecimiento de la economía, el Gobierno prevé pagar este año intereses por $ 36.265 millones .
Esta cifra es un 36,3% más alta que la pagada el año pasado: $ 9.650 millones más, según las cifras que figuran en el Presupuesto difundido el lunes.
La magnitud de este pago –que equivale al 10,2 % del gasto primario total– casi duplica el presupuesto asignado para el Ministerio de Educación en 2011 (no incluye los gastos educacionales a cargo de las provincias). O equivale a la suma de todo lo presupuestado para seis ministerios clave: Educación, Salud, Ciencia y Tecnología, Justicia y Derechos Humanos, Relaciones Exteriores e Industria.
En parte esto se debe a que el pago de intereses es uno de los rubros que más aumenta: un 36,3% respecto del presupuesto ejecutado en 2010, por el llamado cupón PBI. Mientras que el resto de las partidas crece menos y en algunos casos retroceden.
Por ejemplo, el gasto del Ministerio de Salud crece el 5,4% o el de Ciencia y Tecnología el 14,5%.
El cupón PBI implica que a mayor crecimiento (como el del año pasado) mayor es lo que la Argentina debe pagar en intereses sobre una parte de la deuda pública.
Un parte de esos intereses vuelven al propio Estado, pero sólo en una proporción pequeña. Según la consultora ACM, el 20% de lo que el Estado pagará en intereses lo van a cobrar dependencias del propio Estado , como es el caso de la ANSeS y en menor medida el Banco Nación, por los bonos y Letras que tienen en su poder. Esto se debe a esas dependencias tienen papeles cuyos intereses se capitalizan o rinden menos .
Así, el 80% de la carga de intereses –más de $ 29.000 millones– corresponderá a cobros de acreedores privados.
Muchos especialistas sostienen que las estadísticas del INDEC influyen en el peso de estos intereses, ya que la manipulación de los índices de precios llevó a que la tasa de crecimiento de la economía sea mayor a la real, agrandando el valor del cupón PBI.
Y por el otro lado, tira hacia abajo los bonos que ajustan por la inflación que, en una gran proporción, están en manos de la ANSeS. Justamente por la manipulación del IPC, los acreedores privados fueron desprendiéndose de los bonos CER.
De acuerdo a los datos de Economía, desde la reestructuración de 2005, los intereses fueron subiendo del 2,6% de la deuda bruta al 4,3% el año pasado. Se estima que en 2011 rondará el 5,5% o más según cómo se reconozca la deuda con el Club de París.
La deuda pública a septiembre de 2010 (último dato oficial) sumaba U$S 160.890 millones . De ese total, casi la mitad está en manos del Banco Central, ANSeS, Banco Nación y otros entes públicos.
La semana pasada, el Gobierno tomó prestados otros 7.504 millones de dólares de las reservas del Banco Central para pagar los vencimientos de 2011 de la deuda con acreedores privados a una tasa muy baja, cercana a cero.
lunes, 10 de enero de 2011
Los nuevos jubilados cobran 48% menos de lo que ordenó la Corte
Es en promedio. La ANSeS usa un índice propio para calcular el haber inicial.
Por
Ismael Bermúdez
09/01/11
Los que se jubilaron en los últimos años o lo están haciendo ahora, cobran un haber inicial que roza la mitad de lo que ordena la Justicia . El promedio se ubica cerca de 48%, pero puede ser hasta 54% más bajo. Es porque la ANSeS calcula la jubilación inicial con índices propios diferentes a los que fijó la Corte Suprema en un fallo de mediados de 2009.
Por eso, automáticamente, apenas le notifican que “le salió” la jubilación, el nuevo jubilado puede iniciar juicio para que le reajusten el haber de acuerdo a los índices ordenados por la Corte Suprema . Y explica, en gran parte, por qué en 2010 se iniciaron 100.000 nuevos juicios y en la Justicia se acumulan más de 450.000 causas.
El reclamo judicial es clave para el nuevo jubilado porque si su primer haber es más bajo que el que le corresponde la diferencia se mantendrá de por vida , se traslada eventualmente a la pensión, y podría agrandarse según cómo se aplique la movilidad previsional.
Esta diferencia de haberes entre lo que liquida la ANSeS y lo que dice la Justicia está en el cálculo del sueldo que se toma como referencia para determinar la jubilación de los trabajadores que se desempeñaron en relación de dependencia. La ley previsional dice que se promedian los sueldos de los últimos 10 años anteriores a la fecha de solicitud del beneficio, pero actualizándolos porque, en un período tan amplio, esos sueldos quedaron licuados por la inflación. Luego, con un requisito mínimo de 30 años de aportes, sobre ese sueldo promedio actualizado se otorga un 1,5% por cada año aportado más la PBU (Prestación Básica Universal).
El problema está en el índice que se aplica para actualizar los sueldos de esos 10 años. La ANSeS usa un índice que suma los ajustes jubilatorios generales otorgados a lo largo del tiempo. La Justicia dice que, por tratarse de una actualización salarial, se debe aplicar el índice de salarios básicos de la industria y la construcción (ISBIC) –personal no calificado- que elabora el Ministerio de Trabajo.
En los últimos 10 años el índice de la ANSeS punta a punta aumentó el 172% , muy inferior a la inflación. En tanto, el ISBIC es del 690% , superior a la inflación, porque los básicos de convenio estaban muy atrasados.
Así, el sueldo promedio que surge de aplicar uno u otro índice arroja diferencias muy fuertes . Por ejemplo, en un caso concreto, con 30 años de aportes, mientras el sueldo promedio con el índice de la ANSeS da $ 2.896, con el ISBIC sube a $ 5.076 (ver infografía). Y a partir de ahí, la jubilación para la ANSeS sería de 1.797 mensuales y para la Justicia debería ser de $ 3.705, es decir, un poco más del doble. Así los $ 1.797 equivalen al 48,5% de lo que fija la Justicia.
Para Elsa Rodríguez Romero, directora del Instituto de Seguridad Social del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, habría 3 razones básicas por las que los jubilados sólo cobran lo correcto una vez que hicieron juicio: La insuficiente actualización de los sueldos: las remuneraciones de los últimos cuatro años fueron correctamente actualizadas, pero como para el cálculo jubilatorio se computan 10 años, el promedio final que se obtiene resulta inferior al correcto. Así cuantas más antiguas son las remuneraciones computadas más deficiente es su actualización.
El bajo valor de la PBU: la determinación de una PBU a valores correctos sería realmente una muy buena medida redistributiva. Técnicamente, es mucho más importante actualizar el valor de la PBU, que dar aumento de la jubilación mínima.
Topes y quitas: muchos son los que se aplican en las jubilaciones que se otorgan desde 1994, que terminan disminuyendo el valor final de la prestación. Por ejemplo, el tope máximo remuneratorio sobre el que se aporta debería encontrarse –como mínimo- en un valor cercano a los $ 20.000. Antes de la crisis del 2002 era de $ 4.800 y hoy es de $ 11.829,21, o sea menos de dos veces y media de suba, cuando en el mismo período las remuneraciones subieron más de cuatro veces
Por
Ismael Bermúdez
09/01/11
Los que se jubilaron en los últimos años o lo están haciendo ahora, cobran un haber inicial que roza la mitad de lo que ordena la Justicia . El promedio se ubica cerca de 48%, pero puede ser hasta 54% más bajo. Es porque la ANSeS calcula la jubilación inicial con índices propios diferentes a los que fijó la Corte Suprema en un fallo de mediados de 2009.
Por eso, automáticamente, apenas le notifican que “le salió” la jubilación, el nuevo jubilado puede iniciar juicio para que le reajusten el haber de acuerdo a los índices ordenados por la Corte Suprema . Y explica, en gran parte, por qué en 2010 se iniciaron 100.000 nuevos juicios y en la Justicia se acumulan más de 450.000 causas.
El reclamo judicial es clave para el nuevo jubilado porque si su primer haber es más bajo que el que le corresponde la diferencia se mantendrá de por vida , se traslada eventualmente a la pensión, y podría agrandarse según cómo se aplique la movilidad previsional.
Esta diferencia de haberes entre lo que liquida la ANSeS y lo que dice la Justicia está en el cálculo del sueldo que se toma como referencia para determinar la jubilación de los trabajadores que se desempeñaron en relación de dependencia. La ley previsional dice que se promedian los sueldos de los últimos 10 años anteriores a la fecha de solicitud del beneficio, pero actualizándolos porque, en un período tan amplio, esos sueldos quedaron licuados por la inflación. Luego, con un requisito mínimo de 30 años de aportes, sobre ese sueldo promedio actualizado se otorga un 1,5% por cada año aportado más la PBU (Prestación Básica Universal).
El problema está en el índice que se aplica para actualizar los sueldos de esos 10 años. La ANSeS usa un índice que suma los ajustes jubilatorios generales otorgados a lo largo del tiempo. La Justicia dice que, por tratarse de una actualización salarial, se debe aplicar el índice de salarios básicos de la industria y la construcción (ISBIC) –personal no calificado- que elabora el Ministerio de Trabajo.
En los últimos 10 años el índice de la ANSeS punta a punta aumentó el 172% , muy inferior a la inflación. En tanto, el ISBIC es del 690% , superior a la inflación, porque los básicos de convenio estaban muy atrasados.
Así, el sueldo promedio que surge de aplicar uno u otro índice arroja diferencias muy fuertes . Por ejemplo, en un caso concreto, con 30 años de aportes, mientras el sueldo promedio con el índice de la ANSeS da $ 2.896, con el ISBIC sube a $ 5.076 (ver infografía). Y a partir de ahí, la jubilación para la ANSeS sería de 1.797 mensuales y para la Justicia debería ser de $ 3.705, es decir, un poco más del doble. Así los $ 1.797 equivalen al 48,5% de lo que fija la Justicia.
Para Elsa Rodríguez Romero, directora del Instituto de Seguridad Social del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, habría 3 razones básicas por las que los jubilados sólo cobran lo correcto una vez que hicieron juicio: La insuficiente actualización de los sueldos: las remuneraciones de los últimos cuatro años fueron correctamente actualizadas, pero como para el cálculo jubilatorio se computan 10 años, el promedio final que se obtiene resulta inferior al correcto. Así cuantas más antiguas son las remuneraciones computadas más deficiente es su actualización.
El bajo valor de la PBU: la determinación de una PBU a valores correctos sería realmente una muy buena medida redistributiva. Técnicamente, es mucho más importante actualizar el valor de la PBU, que dar aumento de la jubilación mínima.
Topes y quitas: muchos son los que se aplican en las jubilaciones que se otorgan desde 1994, que terminan disminuyendo el valor final de la prestación. Por ejemplo, el tope máximo remuneratorio sobre el que se aporta debería encontrarse –como mínimo- en un valor cercano a los $ 20.000. Antes de la crisis del 2002 era de $ 4.800 y hoy es de $ 11.829,21, o sea menos de dos veces y media de suba, cuando en el mismo período las remuneraciones subieron más de cuatro veces
lunes, 3 de enero de 2011
Quedó firme otro fallo que rechaza topes a jubilaciones
03/01/11
Es de un empleado que había hecho un doble aporte. Deben recalcularle su haber.
Por
Ismael Bermúdez
La ANSeS no apeló otro fallo clave que benefició a un jubilado de sueldo alto. Así quedó firme otra sentencia que ordenó recalcular el haber sobre la totalidad del sueldo aportado sin tomar en cuenta el tope previsional.
Esta vez los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social tuvieron en cuenta que el jubilado Luís Ríspoli había aportado a la Seguridad Social por encima del tope previsional. Entonces consideraron que, con más razón, le corresponde cobrar un haber jubilatorio que tome en cuenta la totalidad del sueldo aportado, sin el tope.
Como anticipó Clarín días atrás, en otro caso, que tampoco fue apelado por la ANSeS, la Justicia le ordenó recalcular el haber del jubilado Oscar Cruz tomando el cuenta todo el sueldo, aunque aportó sólo hasta el tope previsional. En este caso, el fallo ordenó autorizó a la ANSeS a deducirle del haber recalculado lo que no aportó, o sea el 11% de la diferencia entre el sueldo real y el tope actualizado.
Ríspoli, en cambio, reclamó que su jubilación tomara en cuenta lo que aportó, aunque superara el límite . Y superó el límite porque durante varios años tuvo dos empleos con sueldos inferiores al tope, aportando en cada uno el 11%, pero la suma de ambos aportes excedió el límite máximo .
Lo que Ríspoli no sabía y la ANSeS no le advirtió, a pesar de que estaba recibiendo dos aportes simultáneamente que sumados superaban el tope, que en ese caso una de las dos empresas debe retenerle el 11% por la diferencia hasta alcanzar el tope y no sobre la totalidad del salario.
Justamente, en su reclamo, Ríspoli argumentó que si hizo aportes por encima del tope, al calcularle el haber, la ANSeS no puede tomar los sueldos hasta el límite máximo . Con ese dispar tratamiento desigual “se pierde la debida relación de proporcionalidad entre el salario percibido por el titular y su ingreso como jubilado”, sostuvieron los camaristas.
Actualmente, aunque ganen más, los trabajadores en relación de dependencia aportan el 11% hasta $ 11.829,21 de la remuneración bruta (antes de los descuentos). Y la jubilación también está “topeada”: tiene un límite de 7.666,37 pesos.
Así las cosas, estas dos sentencias clave –que cuestionan de distintas maneras el tope– y marcan dos precedentes muy importantes.
En el caso Ríspoli, porque se pagaron aportes y contribuciones sobre remuneraciones superiores al tope.
En Cruz, porque percibió sueldos superiores al tope y sólo pagó aportes personales hasta esa suma.
En ambos casos, la jubilación debe calcularse sin el tope . Y si no hubo aportes por el excedente (como en Cruz), se debe calcular el aporte no ingresado a la ANSeS, deduciéndole del haber recalculado del jubilado.
Guillermo Jáuregui, abogado de Ríspoli, le comentó a Clarín que llamativamente la ANSeS solo apeló en este juicio la extensión del ajuste Badaro más allá del período aceptado por la Corte, pero consintió la inconstitucionalidad del tope,“por lo que esta cuestión quedó firme”.
Es de un empleado que había hecho un doble aporte. Deben recalcularle su haber.
Por
Ismael Bermúdez
La ANSeS no apeló otro fallo clave que benefició a un jubilado de sueldo alto. Así quedó firme otra sentencia que ordenó recalcular el haber sobre la totalidad del sueldo aportado sin tomar en cuenta el tope previsional.
Esta vez los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social tuvieron en cuenta que el jubilado Luís Ríspoli había aportado a la Seguridad Social por encima del tope previsional. Entonces consideraron que, con más razón, le corresponde cobrar un haber jubilatorio que tome en cuenta la totalidad del sueldo aportado, sin el tope.
Como anticipó Clarín días atrás, en otro caso, que tampoco fue apelado por la ANSeS, la Justicia le ordenó recalcular el haber del jubilado Oscar Cruz tomando el cuenta todo el sueldo, aunque aportó sólo hasta el tope previsional. En este caso, el fallo ordenó autorizó a la ANSeS a deducirle del haber recalculado lo que no aportó, o sea el 11% de la diferencia entre el sueldo real y el tope actualizado.
Ríspoli, en cambio, reclamó que su jubilación tomara en cuenta lo que aportó, aunque superara el límite . Y superó el límite porque durante varios años tuvo dos empleos con sueldos inferiores al tope, aportando en cada uno el 11%, pero la suma de ambos aportes excedió el límite máximo .
Lo que Ríspoli no sabía y la ANSeS no le advirtió, a pesar de que estaba recibiendo dos aportes simultáneamente que sumados superaban el tope, que en ese caso una de las dos empresas debe retenerle el 11% por la diferencia hasta alcanzar el tope y no sobre la totalidad del salario.
Justamente, en su reclamo, Ríspoli argumentó que si hizo aportes por encima del tope, al calcularle el haber, la ANSeS no puede tomar los sueldos hasta el límite máximo . Con ese dispar tratamiento desigual “se pierde la debida relación de proporcionalidad entre el salario percibido por el titular y su ingreso como jubilado”, sostuvieron los camaristas.
Actualmente, aunque ganen más, los trabajadores en relación de dependencia aportan el 11% hasta $ 11.829,21 de la remuneración bruta (antes de los descuentos). Y la jubilación también está “topeada”: tiene un límite de 7.666,37 pesos.
Así las cosas, estas dos sentencias clave –que cuestionan de distintas maneras el tope– y marcan dos precedentes muy importantes.
En el caso Ríspoli, porque se pagaron aportes y contribuciones sobre remuneraciones superiores al tope.
En Cruz, porque percibió sueldos superiores al tope y sólo pagó aportes personales hasta esa suma.
En ambos casos, la jubilación debe calcularse sin el tope . Y si no hubo aportes por el excedente (como en Cruz), se debe calcular el aporte no ingresado a la ANSeS, deduciéndole del haber recalculado del jubilado.
Guillermo Jáuregui, abogado de Ríspoli, le comentó a Clarín que llamativamente la ANSeS solo apeló en este juicio la extensión del ajuste Badaro más allá del período aceptado por la Corte, pero consintió la inconstitucionalidad del tope,“por lo que esta cuestión quedó firme”.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
