Ismael Bermudez

Regímenes previsionales diferenciales: Según la Justicia, es optativo jubilarse antes de los 65 años

2012-02-01T14:07:00.000-08:00

Por
Ismael Bermúdez
Las empresas no pueden imponer el retiro a quienes tienen un régimen especial.

Antecedente. El caso de Aerolíneas tiene impacto en otros sectores.Antecedente. El caso de Aerolíneas tiene impacto en otros sectores.CompartirVotar0Email0Compartir 01/02/12

La Justicia laboral determinó que un empleado aeronáutico tiene derecho a trabajar hasta los 65 años aunque el régimen especial del sector lo autoriza a jubilarse a los 50 años, con 30 años de aportes. El fallo aclara que la empresa no puede obligarlo a jubilarse hasta que cumpla los 65 años Este fallo es de enorme importancia porque en la Argentina existen decenas de regímenes especiales o diferenciales , que fijan distintos requisitos de edad para jubilarse inferiores al régimen general, como en el caso de algunas categorías de camioneros, choferes de larga distancia o personal embarcado.

El fallo “Ruiz Daniel Horacio c/ Aerolíneas Argentinas s/ restablecimiento condiciones Laborales” – dictado por la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo – revoca la sentencia de primera instancia y hace lugar “a la acción impetrada reconociendo el derecho del actor a permanecer laborando en la empresa demandada en las condiciones laborales de su desempeño hasta los 65 años de edad”.

La actividad aeronáutica tiene para ciertas categorías, como piloto, copiloto, mecánico navegante, radio operador, navegador, instructor o inspector de vuelo y auxiliares -comisario, auxiliar de a bordo o similar, un régimen previsional diferencial que establece el derecho de esos trabajadores a acceder a la jubilación ordinaria, con 30 años de servicio y 50 de edad .

En tanto, la Ley de Contrato de Trabajo fija que el empleador puede intimar a un empleado a iniciar los trámite jubilatorios cuando reúne los requisitos para acceder al beneficio (65 años de edad y 30 años de aportes. Las mujeres pueden jubilarse a los 60 años con 30 años de aportes y solo pueden ser intimadas a los 65 años) En consecuencia, los jueces sostienen que el régimen diferencial aeronáutico no limita la edad para trabajar sino que “crea una condición favorable” al trabajador que le permite elegir cuando cumple los años de referencia” “No quedan dudas que la facultad de optar por el régimen previsional especial anticipadamente o esperar el general queda en cabeza del trabajador”, dice el fallo. Y aclara que sólo la empresa podría intimar al trabajador a jubilarse a los 50 años, si sus condiciones psicofísicas no permiten que siga trabajando .

La razón por la que esa categoría de empleados puede preferir no jubilarse a los 50 años y postergar su jubilación se debe a que el sueldo que perciben en actividad, sumado a la antigüedad, es muy superior al haber que podrían obtener en caso de jubilarse .

Entonces, con este fallo, la decisión queda integralmente en manos del trabajador, quien deberá medir cuánto está ganando y cuánto podría cobrar como jubilado. Y decidir en consecuencia.

INDEC: un aniversario sin nada para poder festejar

2012-01-29T06:29:00.000-08:00

El 31 de enero de 2007, Clarín anticipó el relevo de Graciela Bevacqua, responsable del área de Precios del INDEC. Fue el comienzo de una política deliberada para ocultar la suba de precios.

Por
Ismael Bermúdez
Ibermudez@clarin.com

El próximo martes 31 se cumplirán cinco años de un anticipo de Clarín : el Gobierno había desplazado a la directora del área de Precios del INDEC, Graciela Bevacqua. El 24 de febrero, la directora de Condiciones de Vida, Clyde Trabuchi, “pidió ser separada de su cargo”. Semanas después renunció el entonces titular del INDEC, Lelio Mármora, y otros que lo sucedieron. En tanto, y sin pausa, hubo decenas de desplazamientos y hasta despidos de funcionarios y empleados opuestos a la “intervención”.

El balance de estos cinco años es lapidario por el descrédito del organismo, incluso fuera de la Argentina, y también entre consultoras afines al Gobierno.

El Indice de Precios (IPC) no es utilizado como referencia por ningún agente económico ni actor social ni tampoco por los propios funcionarios que elaboran los presupuestos sobre pautas inflacionarias que duplican y hasta triplican a los números del Instituto.

El INDEC tampoco pasó la prueba de los académicos universitarios designados por el propio Gobierno para auditar las estadísticas oficiales. A mediados de 2009, a través de un decreto, el Gobierno constituyó el Consejo Académico de Estudio y Seguimiento (CAES) con profesores de las universidades de Buenos Aires (UBA), Mar del Plata, Rosario, Tres de Febrero y Tucumán. El objetivo era obtener un “certificado de calidad” al cuestionado IPC, pero se transformó en un bumerán.

El CAES concluyó que “la confiabilidad del IPC-GBA está cuestionada”, que los precios relevados no guardan relación con los que pagan los consumidores, que “es necesario generar acciones para modificar nuevamente el período base y asegurar la calidad de los procedimientos de relevamiento y procesamiento de precios” y que las estadísticas oficiales no adolecen de un problema metodológico sino “de naturaleza fundamentalmente institucional”, además de impugnar la calidad técnica del personal incorporado al organismo después de fines de 2006. También se menciona que las cifras del INDEC discrepan llamativamente de los índices provinciales cuando hasta la intervención del organismo habían sido convergentes.

El decreto que puso en marcha la auditoria académica del INDEC dice que del resultado de la tarea pedida a las universidades “se dará conocimiento al Honorable Congreso de la Nación”. Sin embargo, a más de un año que el CAES entregó el informe, el Gobierno no lo envió al Parlamento, quizás, o con seguridad, por no avalar las “manipulaciones” oficiales.

Otro incumplimiento, que también se arrastra desde julio de 2009, es que no se constituyó “el Consejo de Observación Económico y Social en materia de estadística, el que estará integrado por representantes de los sectores primario, secundario, comercio y servicios, como así también representantes de los trabajadores y de los usuarios y consumidores, que el Ministerio de Economía y Finanzas invite”, según el decreto.

En tanto, a partir de la “manipulación” del IPC, están también cuestionadas otras estadísticas que se elaboran en base al índice de precios, como el PBI, el valor de la canasta básica alimentaria y total, los índices de salario real, de tipo de cambio real, los niveles de indigencia y pobreza. Y hoy se producen menos estadísticas que cinco años atrás.

Un número final: en estos cinco años, para el INDEC, la inflación acumulada fue del 52%. Para las direcciones de estadísticas provinciales fue del 155% al 180%, tres veces el dato nacional.

AFIP y ANSeS, beneficiados por una paritaria

2012-01-27T14:40:00.000-08:00

Ismael Bermúdez - 26/01/12

Ayer, en medio de las asambleas que realizó la Federación sindical aceitera por la firma del convenio con una suba del 24% en los sueldos, y con la garantía de un básico inicial de $ 6.200 – como informó ayer Clarín – surgió un dato más que paradójico y polémico. Aunque no formaron parte de las negociaciones, la AFIP y la ANSeS son dos grandes ganadores en lo que es la primera paritaria del año. Y que puede marcar al resto de los gremios.

Con el nuevo piso salarial, ahora la totalidad de los trabajadores aceiteros quedaron excluidos de cobrar las asignaciones familiares que mensualmente paga la ANSeS. Y casi todo el personal quedó alcanzado por el impuesto a las Ganancias, mientras que los que ya pagaban, pasarán a pagar más en ese rubro.

Por la falta de actualización, hoy tienen derecho a cobrar las asignaciones familiares los trabajadores con hijos, que se casen o tengan hijos, que ganan menos de $ 5.200 mensuales de sueldo bruto. Esas asignaciones las paga la ANSeS con fondos que provienen de las contribuciones sobre la masa salarial. Al pasar el básico inicial de la categoría más baja (peón) de $ 5.000 a 6.200 mensuales, todo el gremio quedó fuera de este beneficio. La ANSeS sale beneficiada porque recauda sobre una masa salarial más alta y no paga ni una sola asignación familiar.

Con el impuesto a las Ganancias, pasa algo similar. Hoy pagan Ganancias los trabajadores que ganan, después de los descuentos de jubilación y salud, un sueldo neto de más de $ 5.782. Con el nuevo básico, más algún adicional por antigüedad o premio, el 95% o más de los trabajadores aceiteros quedó gravado por Ganancias. Y los que ya pagaban, pagan más. Así, la AFIP es la otra gran beneficiada.

Con estos pisos salariales tan bajos, que en términos reales bajan más a medida que avanza la inflación, la AFIP y la ANSeS son “socios” obligados, no deseados, de los trabajadores ya que capturan una parte no menor de los aumentos salariales

Cinco puntos que traban las paritarias

2012-01-27T14:37:00.000-08:00

Por Ismael Bermúdez

Son temas pendientes que debe resolver el Gobierno y que tienen incidencia directa sobre el salario de bolsillo. Incluyen el tope de Ganancias, salario familiar, recorte de subsidios, la canasta básica y el decreto que revisa los sueldos estatales.

23/01/12

Las paritarias de este año no logran arrancar . Y no es por falta de acuerdo sobre el nivel de las subas salariales, ya que las posturas de sindicalistas y empresarios se acercan bastante en torno al 24%/28% anual. Lo que impide avanzar en negociaciones de los convenios es que el Gobierno no definió cinco puntos claves que inciden en forma directa sobre los acuerdos.

Según coincidieron varias fuentes sindicales consultadas por Clarín , esos puntos son: la magnitud de la quita de subsidios a los servicios públicos; los topes salariales para el pago del salario familiar; el impacto del impuesto a las Ganancias; el valor real de la canasta familiar; los alcances del decreto que pone en revisión los salarios de la administración pública, y el techo del 18% que pretende fijar el Gobierno. Varios gremios ya plantearon formalmente reclamos por estos temas y esperan alguna señal para avanzar en la negociación.

Cada uno de estos puntos impacta en distinta proporción sobre los salarios y determinan si los sindicatos mantendrán o elevarán su reclamo salarial y si los empresarios están dispuestos a aceptarlos.

1 Quita de subsidios Aunque la decisión política es eliminar los subsidios sobre todos los servicios esenciales, todavía no se sabe a qué valor van a pagar el gas, el agua, la luz y el transporte el grueso de los trabajadores. Esos rubros pesan un 10% en el gasto de las familias cuyo jefe de hogar es un asalariado medio. Y por la magnitud de los aumentos – van del 100 al 300% – pueden incrementar entre $ 400 y $ 600 el gasto mensual de una familia tipo. Entre los requisitos para mantener los subsidios se mencionan a quienes ganan la jubilación mínima o cobran un plan social. Pero no se aclaró qué pasará con quienes ganan menos de $ 4.000 mensuales. Como buena parte de los gremios tienen básicos inferiores a esa cifra, los dirigentes quieren que el Gobierno defina los alcances de la quita para poder fijar el nivel de su reclamo salarial.

2 Salario familiar Como el Gobierno no actualiza correctamente los topes salariales a partir de los cuales se deja de cobrar el salario familiar, muchos trabajadores están perdiendo el beneficio cuando reciben un aumento de sueldo. Hoy el tope está en $ 5.200 de sueldo bruto (antes de los descuentos). Así, un trabajador con 2 hijos que gana $ 4.300, después de los descuentos, si recibe un aumento neto de $ 1.000, automáticamente al superar el tope, deja de cobrar el salario familiar que en este caso sería de $ 272 ($ 136 por cada hijo). O sea, en lugar de ganar 1.000 pesos más, cobraría $ 728. Como el tope de $ 5.200 es muy bajo, se calcula que los padres de más de un millón de chicos dejaron de cobrar en los últimos años este beneficio.

Los sindicatos piden que se revisen los valores para eliminar esta distorsión .

3 Impuesto a las Ganancias El piso salarial a partir del cual un asalariado paga Ganancias es de $ 5.782 mensuales (después de los descuentos) para un soltero y de $ 7.998 para los casados con 2 hijos. Si el incremento salarial lleva al trabajador a superar esos valores, automáticamente una parte del aumento es acaparado por el Fisco. Y los que ya están alcanzados por este impuesto, pasan a pagar más. Como el “piso” de Ganancias es muy bajo, se calcula que más de 1.500.000 asalariados pagan este impuesto. Se estima que por cada $ 100 de aumento, entre 22 y 35 pesos quedan en manos de la AFIP. Esto sucede porque el mínimo no imponible fue ajustado menos que la inflación y las escalas del impuesto con alícuotas que van del 9 al 35% permanecen congeladas desde hace 12 años. Por eso los gremios reclaman que se exceptúe a los salarios o los topes se ajusten en sintonía con la inflación real.

4 La canasta familiar El valor de la canasta familiar es otra fuente de litigio. Muchos gremios consideran que los salarios básicos de convenio deben fijarse de acuerdo al costo de esa canasta, que está compuesta por los bienes y servicios esenciales para la supervivencia. Aunque las leyes laborales dicen que una de las tareas del Consejo Nacional del Empleo, que conforman el Gobierno, empleadores y sindicatos, “es aprobar los lineamientos, metodología, pautas y normas para la definición de una canasta básica que se convierta en un elemento de referencia para la determinación del salario mínimo, vital y móvil”, hasta ahora no se hizo. Por eso, muchos gremios – como el de la industria del aceite – encargaron a distintas universidades calcular el “costo familiar”, que estimaron en torno de los $ 6.000.

Y quieren que ese valor sea la base de discusión de los nuevos básicos .

5 Poda de salarios estatales Más de 300.000 empleados del sector público están afectados por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de fines de diciembre que autoriza al Gobierno, en su carácter de empleador, a revisar los sueldos estatales. Ya en 13 dependencias el Gobierno no pagó los plus de fin de año que venían abonándose desde hace mucho tiempo. Los gremios denunciaron que se trata de una reducción salarial porque esos plus forman parte de “la remuneración normal y habitual” de esos trabajadores. Los distintos sindicatos del sector público anticiparon que reclamarán un incremento salarial mayor al 25% para compensar ese recorte salarial si sus reclamos no son atendidos

Déficit fiscal: artificios para tapar la realidad

2012-01-27T14:35:00.000-08:00

Por
Ismael Bermúdez
- 25/01/12

En Economía informaron ayer que las cuentas públicas cerraron 2011 con un superávit fiscal primario de $ 4.920 millones. Así pretendieron ignorar el pago de $ 35.583 millones en intereses de la deuda pública que transformaron aquel resultado en un “rojo” de $ 30.663 millones. Este déficit en realidad llega a $ 52.000 millones, pero se lo disimula con el artificio de sumar como ingresos corrientes las transferencias del Banco Central y de la ANSeS.

Estos datos oficiales confirman que el déficit fiscal fue el mayor desde 2003, como informó ayer Clarín en base a un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto. Sólo hubo una diferencia en el monto de los intereses: para ASAP fueron $ 41.187 millones y para Economía $ 35.583 millones.

Al déficit de $ 30.663 millones se llega porque el Tesoro y otros organismos tuvieron un “rojo” $ 53.362 millones, pero la ANSeS tuvo excedentes por $ 22.699 millones. Pero esa cuenta es engañosa. La plata de la ANSeS es para pagar jubilaciones y otras prestaciones. Y lo que le sobra es un ahorro para capitalizar el sistema y afrontar las futuras jubilaciones; pero no para cubrir los gastos de funcionamiento del Estado.

INDEC: La manipulación recibió críticas hasta del propio oficialismo

2012-01-13T13:52:00.000-08:00

Por Ismael Bermúdez
Las hicieron varios centros de estudios ligados
a expertos y dirigentes allegados al Gobierno.

13/01/12

Mucho antes que las objeciones y críticas hacia las estadísticas del INDEC llegaran al Fondo Monetario Internacional, buena parte de los académicos argentinos - y con especial énfasis algunos vinculados al Gobierno - venían denunciando desde comienzos de 2007 la manipulación de las cifras del Instituto Nacional.

Uno de esos centros fue CENDA (Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino), dirigido por varios economistas jóvenes del kirchnerismo, como Axel Kicillof, quien desde el pasado 10 de diciembre ocupa el cargo de viceministro de Economía.

“La inocultable falta de confiabilidad del índice de precios al consumidor (IPC) calculado por el INDEC ha privado a la sociedad de una herramienta fundamental para conocer la verdadera situación económica del país”, decía CENDA en un documento luego que el INDEC fuera “intervenido” por Guillermo Moreno. Y concluía que “los principales perjudicados son, una vez más, los trabajadores, que carecen de elementos para conocer con precisión las variaciones del poder adquisitivo de sus salarios”.

Sobre esa base, y “para paliar transitoria e imperfectamente esta situación que se hace insostenible”, CENDA construyó un índice de precios sobre la base de los datos de siete provincias que fue difundiendo mes a mes.

Lamentablemente, a principios de diciembre, apenas Kicillof asumió en Economía, y sin dar ninguna explicación, los economistas de CENDA, ahora devenidos en funcionarios, dejaron de elaborar y difundir dicho índice .

Otro centro kirchnerista es CIFRA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina), vinculado a la CTA oficialista que encabeza Hugo Yasky . En todos estos años elaboró informes económicos donde aclaraba que “la falta de confiabilidad del índice de precios al consumidor (IPC) calculado por el INDEC determina la necesidad de utilizar un índice de precios alternativo. En este sentido, se optó por utilizar el IPC/ 7 provincias, estimado por el CENDA”.

Con ese índice los informes periódicos de CIFRA concluían que había más pobres e indigentes que los que informaba el INDEC y que a partir de 2007 el poder de compra no había mejorado como aseguraba el Gobierno.

Ahora, al dejar de elaborar CENDA el IPC-7 provincias no se aclaró qué indicador alternativo utilizará CIFRA para continuar con sus informes.

También la consultora Equis , del oficialista Artemio López, fue desmintiendo al INDEC. A través de una valorización alternativa de la canasta básica de alimentos, Artemio López afirmó que la última medición oficial ocultaba 5.100.000 pobres , ya que para Equis habría 8.400.000 y para el INDEC 3.300.000 pobres.

También las cinco universidades nacionales designadas por el Gobierno (UBA, Mar del Plata, Tres de Febrero, Rosario y Tucumán para analizar el IPC concluyeron que ese índice no era confiable porque registraba precios ajenos a la realidad.

Inflación: Dato clave para las paritarias

2012-01-12T04:09:00.000-08:00

12 ENE 2012

Por

Ismael Bermúdez

La inflación del 22,81% de 2011, que registraron las consultoras privadas, se aproxima a la que relevaron la mayoría de los institutos oficiales provinciales, tanto gobernadas por el oficialismo como por la oposición.

Esta coincidencia vuelve a darle una gran credibilidad a estas mediciones que son usadas por la mayoría de los sindicatos a la hora de negociar los salarios en paritarias.

El Gobierno y buena parte de los empresarios quieren que los salarios de 2012 no pasen el techo del 18% .

El argumento es ir desacelerando la inflación que, sin embargo, en el discurso oficial casi no existe porque para el INDEC no llega al 10% anual. Pero además de esta contradicción está el hecho de que el Gobierno pretende bajar el ritmo de la inflación con un golpe inflacionario ya que no otra cosa es aumentar impuestos o no ajustarlos por la inflación, eliminar los subsidios y aumentar las tarifas.

Todo ese paquete incrementaría el gasto familiar entre el 7 y el 12%, según los consumos y la distancia de esas familias de sus lugares de trabajo y estudio. E impactaría sobre el propio índice de precios.

El gasto en gas, luz, agua o transporte es un componente del costo de vida familiar que, a su vez, es determinante del salario.

En consecuencia, un encarecimiento del costo de vida por la suba de los precios y la supresión de los subsidios debería llevar a un incremento de los salarios. De lo contrario, caería el poder de compra de los asalariados con su efecto contractivo en el consumo y en la inversión.

Las negociaciones salariales de este año cargan con la inflación pasada del 22,81%, pero también con las expectativas inflacionarias que genera el anunciado “ajuste” en los subsidios. La polémica está abierta

El Fisco no actualiza los topes y los asalariados pierden ingresos

2012-01-10T06:26:00.001-08:00

Por
Ismael Bermúdez

Así el Estado paga menos subsidios y salarios familiares, y cobra más impuestos por Ganancias.
09/01/12

Mediante el trámite de no actualizar por inflación los topes salariales, las escalas impositivas o con la fijación de beneficios decrecientes, el Estado se beneficia con una mayor recaudación a costa de apropiarse de una porción creciente de ingresos de una gran cantidad de trabajadores activos y pasivos.

De las cifras oficiales surge que hoy 1 de cada 5 trabajadores –más de 1,5 millón– está alcanzado por Ganancias, que un soltero paga a partir de $ 5.782 mensuales de sueldo. Según el tributarista Alejandro N. López, correctamente actualizado ese piso debería ser de $ 9.001 mensuales. En ese caso, pagarían Ganancias menos del 7% de los trabajadores (500.000), quienes además pagarían mucho menos.

Datos de Seguridad Social indican que en solo dos años los padres de un millón de chicos dejaron de cobrar el salario por hijo por superar el tope primero de 4.800 y ahora de $ 5.200.

Si ese límite se hubiese actualizado debería ser de $ 8.500. En ese caso, los padres de más de un dos millones de chicos cobrarían ese beneficio. Y más, si se elimina la discriminación de los tramos salariales.

Tanto la recaudación de Ganancias, que las empresas descuentan del sueldo del trabajador, como las Asignaciones Familiares, que aportan las empresas como un porcentaje de la masa salarial sin tope, se ajustan automáticamente todos los meses por la suba de los salarios . Así la AFIP recauda más sin esfuerzo alguno y sin requerir aval del Congreso ni emitir resolución alguna: la inflación y las paritarias se encargan de esa tarea.

En cambio, el ajuste del mínimo no imponible y los beneficios y topes de asignaciones familiares dependen de la discrecionalidad del poder político de turno que lucra con el “impuesto inflacionario”. Por eso, la mayoría de los especialistas sostiene que debería fijarse un mecanismo de movilidad por la evolución de los salarios o de la inflación real -de ambos, el mayor- de pisos, topes y beneficios de tal manera que el “impuesto invisible” no licué o perjudique el salario de los trabajadores. Por ejemplo, el tributarista Alejandro N. López considera “que lo más sano desde el punto de vista de la uniformidad sería volver a la aplicación de tablas mensuales elaboradas por la AFIP con la debida actualización de valores”.

Estos son algunos ejemplos de esta distorsión: Un trabajador casado con 2 hijos con un sueldo bruto de $ 5.100, cobra en mano más que quien gana $ 5.300 porque al pasar el límite de los $ 5.200 deja de percibir el salario familiar y la ayuda escolar anual.

Un asalariado con 2 hijos con un sueldo bruto de $ 2.700 que recibe un aumento del 10%, sólo tiene una suba real de 3,3% porque al pasar el tope de $ 2.800 se le reduce el salario familiar.

Un empleado con un sueldo neto de $ 8.000, le descuentan medio sueldo por año por Ganancias, cuando debería cobrarlo integralmente si el piso salarial del impuesto hubiese sido actualizado por la inflación.

Un trabajador que es despedido sin causa, mientras busca otro empleo, por un período limitado cobra un seguro por desempleo que tiene un tope de $ 400. Ese tope desde 1992 sólo fue ajustado una vez (de $ 300 a $ 400). Sin ese límite, debería cobrar $ 2.200 mensuales.

Un fallo de la Corte facilita la jubilación por moratoria

2011-12-29T05:10:00.000-08:00

29 DIC 2011
ELIMINA LA OBLIGACION DE PAGAR ANTICIPADAMENTE LA DEUDA POR APORTES

Por
Ismael Bermúdez

La Corte Suprema confirmó que para acceder a la jubilación por moratoria, quienes están pensionados o cobran alguna otra prestación , no deben cancelar previamente la deuda por los aportes no ingresados. Pueden jubilarse y que la deuda sea descontada del futuro haber mensual.

“Con la doctrina de la Corte en el “caso Hoffman Elsa Beatriz”, cualquier beneficiario de una prestación puede acogerse a la moratoria y con el descuento de la deuda del haber futuro, a través de la interposición de una acción de amparo con medida cautelar”, le dijo a Clarín el abogado previsionalista Guillermo Jáuregui.

El sistema de jubilación por moratoria permite a las personas que están en edad jubilatoria declarar aportes anteriores a septiembre de 1993 -que no ingresaron al sistema porque estuvieron desempleadas o se desempeñaron “en negro”- para completar los 30 años de aportes requeridos. Así, esas personas se jubilan y los aportes adeudados se deducen en hasta 60 cuotas del haber jubilatorio.

En 2006, a través de la Resolución N° 884, la ANSeS excluyó de esa posibilidad a las personas que estén percibiendo “cualquier tipo de planes sociales, pensiones graciables o no contributivas, jubilación, pensión o retiro civil, militar o policial, ya sean nacionales, provinciales o municipales”. Y “adquirirán derecho al cobro del beneficio previsional con la cancelación total de la deuda reconocida”.

Así, por ejemplo, con esa resolución, una pensionada por viudez que solicita jubilarse a través del sistema de moratoria debería pagar antes la totalidad de la deuda para acceder a la jubilación.

La medida de la ANSeS se fundamentó en un decreto presidencial que instruía a la ANSeS “a priorizar” el otorgamiento de la jubilación a las personas carentes de toda cobertura social.

Sin desconocer ese objetivo, la Justicia sostiene que la Resolución se extralimitó ya que “implicó la creación por vía reglamentaria de un requisito que no se hallaba contemplado en la ley sujeta a esa reglamentación”.

cupón PBI: ¿Regalo a los acreedores privados?

2011-12-15T01:18:00.000-08:00

Por
Ismael Bermúdez

El Gobierno paga, desde hoy, casi US$ 2.500 millones por el vencimiento del cupón “atado al crecimiento”, una cifra que equivale a lo que se paga por la Asignación por hijo (AUH) de todo un año . Se trata de un doble “regalo” a los acreedores privados.

El primero es porque ese bono paga por el crecimiento acumulado de Argentina con relación a un PBI base subvaluado, ya que corresponde al período recesivo.Y no por la evolución puntual de la economía en cada año.
Esto explica que los pagos sean crecientes aunque la tasa de crecimiento anual sea menor a la de los años anteriores. Por ejemplo, en 2006 el pago fue de US$ 389 millones y ahora es de 7 veces más, aunque la tasa de crecimiento de 2005 y 2010 fueron similares. Por ese motivo, aunque en adelante el crecimiento se desacelere, los pagos futuros serán mayores .

El segundo “regalo” se deriva de la manipulación del IPC del INDEC, que desde 2007 viene inflando el crecimiento económico y eso fue llevando a que los pagos de ese cupón -que en mayor proporción tienen bancos privados y fondos de inversión- sean aún mayores. En cambio, por esa misma manipulación, el bono CER, que en su mayor parte está en manos del Banco Central y la ANSeS, paga menos intereses y ajusta menos el capital, perjudicando a esas entidades.

Por ejemplo, el Fondo de Garantía de la ANSeS tiene el 43% del total de títulos públicos en su poder en bonos CER, que se ajustan por un índice “trucho” que perjudica al sistema previsional. Así, se “redistribuyen” los servicios de la deuda en beneficio de los acreedores privados , financiados con fondos públicos y sobre todo previsionales.

Por tratarse de un pasivo contingente, de suma incierta, el Bono PBI -que representa varios miles de millones de dólares- no es computado en la deuda pública, lo que subvalúa el endeudamiento público .

De todos modos, la deuda estatal suma US$ 175.324 millones, unos US$ 50.000 millones más que la registrada luego de la reestructuración de deuda de 2005 , sin contar la deuda del Banco Central.
Los US$ 2.500 millones del cupón PBI se suman al resto de los pagos por intereses que así totalizan este año unos $ 36.000 millones (US$ 8.500 millones), más de tres veces la partida de la Asignación por Hijo.

EL ENDEUDAMIENTO ALCANZO LOS 175.324 MILLONES DE DOLARES

2011-12-06T04:22:00.001-08:00

6 DIC 2011

Más de la mitad del total está en manos de la ANSeS, BCRA y otros entes públicos.

Por
Ismael Bermúdez
ibermudez@clarin.com

En los primeros 9 meses de este año, la deuda del gobierno nacional aumentó en U$S 10.994 millones: pasó de U$S 164.330 millones a U$S 175.324 millones, según los datos del Ministerio de Economía. Esta cifra no incluye los intereses moratorios y punitorios por los atrasos con el Club de París .

De ese total, el Gobierno contaba con U$S 2.906 millones de las reservas prestadas del Banco Central y no utilizadas a septiembre y que serán aplicados “durante el resto del año para el pago de los servicios de la deuda”.

Como viene pasando desde 2005 en adelante, cada vez c rece más el endeudamiento con el Banco Central, la ANSeS, el Banco Nación y otras entidades públicas .

De diciembre 2010 a septiembre de 2011, la deuda con los organismos públicos creció en U$S 15.088 millones y subió del 46,8% al 52,5% del total.

Eso ayudó a reducir en U$S 4.684 millones la deuda con los acreedores privados que ahora es de U$S 58.630 millones, mientras suma U$S 76.973 millones con los organismos públicos.

Con el Club de París, la deuda -que está en proceso de negociación- suma U$S 6.464 millones, pero si se incluyen los intereses por la mora y los punitorios rondaría los U$S 9.000 millones. Con los organismos financieros internacionales y préstamos bilaterales es de US$ 18.169 millones y el resto con los acreedores privados.

El aumento del endeudamiento público se debió a que el Gobierno emitió títulos por U$S 5.703 millones ( colocados mayoritariamente en la ANSeS ), Avales y Letras por U$S 1.610 millones y recibió más préstamos del BCRA como “adelantos transitorios”. Además se sumaron U$S 1.322 millones por el ajuste de los bonos atados al CER -pese a la manipulación del Indec que subestima la inflación- y la capitalización de los intereses de los títulos del canje de bonos.

En tanto, como al mismo tiempo la economía creció y hubo inflación en dólares, en relación al tamaño del PBI el endeudamiento público bajó del 45,3 al 42,7% , “continuando así el proceso de desendeudamiento iniciado en 2003”, según el informe del Ministerio de Economía.

De los U$S 175.324 millones adeudados, el 21% está contraído en bonos ajustables por el CER, de los cuales el 65% está en manos de organismos públicos, fundamentalmente la ANSeS. Eso significa que la manipulación del IPC perjudica en mayor medida al Fondo del sistema previsional.

El Informe dice que entre 2012 y 2021 los vencimientos de capital son de U$S 6.341 millones por año, a lo que se deben agregar los intereses.

El 60% de los trabajadores en blanco cobra menos de $3.300

2011-12-04T16:19:00.000-08:00

4 DIC 2011
El salario promedio de toda la economía es de $4.576. Se trata de los ingresos de bolsillo, luego de los descuentos por ley.

Por

Ismael Bermúdez

Aunque los aumentos salariales superaron a la inflación y hay más puestos de trabajo formales, el 60% de los casi 7 millones de trabajadores en relación de dependencia –4,2 millones de empleados– que están registrados o “en blanco” tienen un ingreso de bolsillo (descontando a la remuneración bruta los aportes de jubilación y salud) de menos de $3.300.

Con sueldos por encima de $10.000 mensuales hay 336.000 empleados (menos del 5%), aunque el ingreso de bolsillo es menor porque la estadística oficial no toma cuenta la deducción del impuesto a las Ganancias que, en proporción, ha ido creciendo por la desactualización del mínimo no imponible.

Los datos son de mitad de 2011 y corresponden a los sueldos declarados por las empresas ante la Seguridad Social que, en promedio, fueron de $4.576 mensuales. Incluye los sueldos del sector privado y también los del sector público nacional y de las provincias que transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación. Un año atrás, en junio de 2010, el promedio fue de $3.400, lo que implica en 12 meses una suba del 34,5%. A esos valores en algunas actividades o empresas deberían agregarse las sumas no remunerativas. Además, desde entonces, algunos sueldos tuvieron aumentos que no alteran en lo sustancial esta radiografía salarial en términos reales porque también siguieron aumentando los precios al consumidor.

De esta manera, buena parte de los que tienen empleos “en blanco” no ganan lo suficiente para comprar una canasta familiar que incluya bienes y servicios medios que se evalúa, para una familia tipo (matrimonio y dos hijos), en más de $4.000 mensuales. En muchos casos, si ambos cónyuges trabajan, el sueldo del matrimonio podría alcanzar o apenas superar el costo de la canasta familiar.

Aún así, de ese 60%, o 4,2 millones de empleados, una porción importante –1,5 millones– percibe menos de $2.000 mensuales, valores que no alcanzan para cubrir una canasta de pobreza. Si esta es la realidad de los ingresos de los trabajadores que están en blanco, más deteriorada es la de los casi 4 millones que están en negro con sueldos calculados entre un 30 y 40% inferiores a los formales.

Entre los que ganan más de $7.000 al mes de sueldo bruto hay 1,2 millones de empleados. Se trata de una franja de trabajadores que tiene los descuentos de jubilación y salud hasta el tope previsional, pero no tienen derecho al cobro de las asignaciones familiares, beneficio que se pierde cuando el sueldo bruto supera los $5.200 (valor actualizado a agosto de 2011), mientras están alcanzados por las retenciones del impuesto a las Ganancias. Ahora se estima que los alcanzados por el impuesto rondan 1,5 millones por los aumentos salariales otorgados después de junio.

Algunos datos Las actividades con los sueldos proporcionalmente más bajos son el sector agropecuario, comercio, enseñanza, actividades inmobiliarias, construcción y algunas ramas industriales. Los más elevados están en las ramas de producción más especializadas como petróleo o petroquímica.

La industria manufacturera encabeza el ranking por ocupación con un poco más de 1,2 millones de trabajadores, seguida por comercio, con 1.062.000. Otras ramas, como construcción, cuentan con 436.000 trabajadores registrados; agricultura y ganadería, con 331.000 y enseñanza, 418.000.

Con relación a fines de 2004, hay 300.000 trabajadores formales más, tanto en la industria como en el comercio, 170.000 más en la construcción, 100.000 más en enseñanza y 55.000 más en agricultura y ganadería.

De los casi 7 millones de asalariados, un tercio son mujeres, quienes, además, en proporción, tienen sueldos más bajos que los varones, debido a que se desempeñan en puestos menos jerárquicos. Por otro lado, es mayor la proporción de mujeres ocupadas en negro y, preponderante, en el servicio doméstico, que tiene un régimen especial. Sobre más de un millón de empleadas domésticas, las que están con aportes son 289.800.

Por edades, casi el 30% de los asalariados formales (1,9 millones) tiene menos de 29 años y un poco más de la mitad (3,8 millones), entre 30 y 49 años. El resto (1,3 millones) supera los 50 años. Con más de 65 años, figuran 90.400.

La baja proporción de asalariados formales jóvenes se explica porque una gran parte está desocupada y el resto se desempeña en negro. También impacta que 2,6 millones de jóvenes entre 18 y 29 años –un tercio del total– se declaren inactivos ya sea porque estudian y no trabajan o ni estudian ni trabajan.

Si a los dependientes se suman los monotributistas (1,1 millones), los autónomos (302.000), el servicio doméstico (289.800), el total de aportantes es de 8.836.000.

El mayor incremento en el número de aportantes se dio en la primera fase de recuperación luego de la crisis de 2001/02, cuando rondaban los 5.000.000. En diciembre de 2004, ya sumaron 6.000.000 y pasaron 8.000.000 en diciembre de 2008.

Desde entonces –dos años y medio– los aportantes aumentaron un 10%, en especial en la franja de los monotributistas y servicio doméstico ya que los asalariados en blanco crecen un 7%. De esos 8.836.000 aportantes, un poco más de la mitad tienen menos de 40 años. El 60% son varones y el 40%, mujeres. A su vez, con los cambios normativos, fue creciendo el número de monotributistas en detrimento de los autónomos.

El Central, sin reservas de libre disponibilidad

2011-11-27T06:19:00.000-08:00

26 NOV 2011

El Banco Central ya no cuenta con “reservas de libre disponibilidad”, que son las que exceden los pesos que están en circulación y que el Gobierno estaba utilizando para pagar la deuda con los acreedores privados y los organismos financieros internacionales. Incluso más: son negativas en US$ 163 millones.

Ayer el BCRA informó que al viernes 18 de noviembre los US$ 46.022 millones de reservas eran inferiores a la base monetaria que sumaba en pesos el equivalente a US$ 46.185 millones. Ayer las reservas eran un poco más bajas: US$ 46.008 millones.

Este “bache” de US$ 163 millones es mayor porque el BCRA tomó préstamos del bancos centrales por unos US$ 5.000 millones para evitar que bajaran aun más las reservas.

En tanto, de aquí a fin de año hay importantes vencimientos de deuda –como el Cupón PBI por más de US$ 2.000 millones– pero esa cifra ya fue girada por el BCRA al Tesoro a principios de año, cuando las reservas de libre disponibilidad eran positivas. Eso significa que no está en riesgo el pago de ese vencimiento.

No obstante, el Tesoro las prestó al BCRA y están sumadas en las reservas. Por eso, cuando se concrete el pago en diciembre del cupón PBI, las reservas volverán a caer en esa magnitud.

De todos modos, el tema es relevante porque en el proyecto de Presupuesto 2012 (cuyo texto el Gobierno no contempla modificar), se prevé utilizar US$ 5.674 millones de la reservas de libre disponibilidad –que hoy no existen– para pagar a los acreedores privados los vencimientos de año próximo. Las RLD puede crecer por préstamos externos o por una devaluación del peso.

Fuerte suba del déficit fiscal en octubre

2011-11-22T02:43:00.000-08:00

22 NOV 2011
Por
Ismael Bermúdez

Por las mayores partidas de subsidios y pagos de intereses de la deuda, en octubre las cuentas públicas cerraron con un “rojo” de $ 2.977 millones . En igual mes de 2010 habían sido positivas en $ 778,6 millones. Así, en lo que va del año el déficit suma $ 8.258 millones , aún con los $ 8.700 millones de las “utilidades” que el Banco Central transfirió al Tesoro. Sin esos aportes extra, el rojo llega a $ 16.958 millones.

Si se desagregan las cifras de octubre, surge que el déficit del Tesoro trepó a $ 6.639,7 millones, pero bajó a $ 2.977 millones gracias al superávit de la ANSeS logrado debido a que recibió unos $ 3.000 millones de los rendimientos del Fondo que administra el organismo.

Los rubros que más aumentaron fueron los intereses de la deuda (de $ 2.207 millones a $ 3.301 millones) y los subsidios: de $ 2.229 millones a $ 4.146 millones: un 86% más.

Lo mismo pasa si se analiza lo que pasó entre enero y octubre: la ANSeS tuvo un resultado positivo de $21.600 millones, incluyendo unos $ 6.000 millones de los rendimientos del Fondo de Garantía. Así, sin las transferencias del BCRA y excluyendo a la ANSeS, el déficit financiero del Tesoro y de los organismos descentralizados, superó los $ 38.000 millones .

Con estos números, aún con la ayuda del BCRA, las cuentas públicas cerrarán este año con un déficit financiero muy superior a los $ 11.773 millones estimados por el Gobierno porque diciembre es un mes muy deficitario por el pago del medio aguinaldo a empleados públicos y jubilados

Aerolíneas: partidas millonarias

2011-11-22T02:32:00.000-08:00

22/11/11
Hasta el último octubre, Aerolíneas Argentina había recibido $ 2.900,5 millones en transferencias del Tesoro Nacional. Es un 16% más de lo que figura en el Presupuesto original para todo 2011. Y el monto recibido ya supera los $ 2.781,1 millones que percibió durante todo 2010.

De lo recibido el año pasado “en un 81,5% se destinó a la atención de gastos operativos y el 18,5% a la adquisición de aviones Embraer 190 con el propósito de modernizar la flota de Austral Lineas Aereas Cielos del Sur”, dice un informe del Ministerio de Economía.

En 2009, lo recibido fue de $ 2.498,7 millones también en su mayor parte para cubrir gastos operativos que, entre otros, incluye combustibles, salarios y gastos de mantenimiento.

En el proyecto de Presupuesto 2012 se prevé destinar $ 2.489,2 millones de los cuales el 80,7% es para gastos corrientes y el resto para gastos de capital.

Pero luego y como pasó en estos años, la partida es ampliada.

Corregir a favor de los jubilados

2011-11-19T13:06:00.000-08:00

19/11/11

Por

Ismael Bermúdez

Desde hace mucho tiempo, los jubilados y pensionados que necesitan un préstamo deben pagar, sumados los gastos y el seguro de vida, tasas exorbitantes que hoy pueden sumar hasta el 80% anual . Es tres veces la inflación real y ocho veces el IPC oficial. Se otorgan a través de Mutuales y Cajas de Crédito por medio del descuento de haberes de la ANSeS. Por la trascendencia de estos “abusos”, aunque sin dar explicaciones, la ANSeS suspendió la continuidad del sistema.

El organismo previsional no da el crédito pero oficia de “intermediaria”, lo que garantiza con el descuento de la cuota de la jubilación mensual , y el seguro que costea el jubilado, la devolución del crédito a los prestamistas. En 2009, preocupado por el alto costo de esos préstamos, la ANSeS dispuso que la tasa de interés de los préstamos con código de descuento no podía exceder en 7 puntos porcentuales la tasa promedio de los préstamos personales.

La Resolución fue objetada judicialmente por las Mutuales argumentando que la ANSeS no tenía atribuciones para limitar el costo del dinero . Y obtuvieron un pronunciamiento favorable de la Justicia.

Luego no se avanzó en la modificación legal del sistema para impedir que ese estado de cosas continuara. En tanto, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la ANSeS otorga préstamos a grandes empresas nacionales y extranjeras a tasas preferenciales , a la vez que financia el déficit fiscal del Gobierno comprando bonos o suscribiendo Letras del Tesoro.

La realidad es que mientras la ANSeS presta a tasas bajas los fondos del régimen previsional, incluso a grandes empresas extranjeras que son filiales de multinacionales y que tienen acceso a los mercados internacionales de crédito, los jubilados tienen que recurrir a entidades que les cobran tasas siderales . A la vez de mejorar los haberes y pagar las sentencias, la ANSeS podría organizar un sistema crediticio para que sus beneficiarios, obligados por las necesidades más apremiantes de la tercera edad, no tengan que pagar esas tasas confiscatorias

Argentina ¿es acreedora?

2011-11-13T06:13:00.000-08:00

En la Casa Rosada aseguraron que la Argentina dejó de ser deudora y que ahora el mundo le debe al país. El error es consecuencia, entre otros conceptos, de tomar como públicos activos privados.

Por
Ismael Bermúdez

El lunes pasado, durante la presentación del Programa de Identificación Biométrica en la Casa Rosada, la presidenta Cristina Kirchner sorprendió al afirmar que “la Argentina pasó de ser un deudor a un acreedor neto del resto del mundo a partir del año 2004 y la verdad que, bueno, nos llena de orgullo”.

La Presidenta aclaró que la información provenía del FMI que, en verdad, se limita a recopilar lo que se conoce como “Posición de Inversión Internacional” que elaboran las oficinas de estadísticas de todo el mundo. En el país, el INDEC.

Esa estadística no sólo mide cuántos son los activos en moneda extranjera que tienen en el país y en el exterior los Estados sino también los bancos, las empresas y las personas residentes. Se trata de datos de valor, a condición de saber en qué consiste, no mezclar sus componentes, y en no sacar conclusiones apresuradas o erróneas.

Por consiguiente, un Estado puede tener muchas reservas internacionales pero inferiores con relación a su deuda –y ser francamente deudor--, mientras sus ciudadanos guardan miles de millones de dólares en el exterior. Es el caso de la Argentina y de muchos otros países por las abultadas divisas “fugadas” al exterior. Lógicamente, si se consideran esas divisas como parte del “activo nacional”, la Argentina deja de ser deudora y califica como acreedora.

Pero eso es una jugarreta estadística que nos llevaría al contrasentido de deducir que cuantas más divisas se fugan al exterior o pasan a estar fuera del sistema, mayor sería la posición acreedora de Argentina.

Efectivamente, a diciembre de 2010, los activos externos “argentinos” sumaban US$238.443 millones y los pasivos externos US$189.130 millones. Si se restan, el cálculo arroja “un saldo acreedor neto estimado en US$49.314 millones”, de acuerdo al INDEC.

Entre los activos están las reservas internacionales del Banco Central por US$52.190, inversiones directas de empresas y argentinos (que incluyen activos inmobiliarios en el exterior del sector privado) por US$29.841 millones y otros activos externos por US$156.413 millones. ¿Qué son esos “otros activos externos”? Ni más ni menos, en un 90%, son las divisas que tienen los argentinos fuera del sistema en el exterior en bonos, acciones, dólares, euros, francos suizos u otras monedas extranjeras.

Si se restan esos “otros activos externos”, que desde 2005 no paran de crecer (más de US$40.000 millones hasta fin de 2010) por la fuga de capitales, los activos argentinos se desploman y aparece con claridad que la Argentina es francamente deudora. Y hay que restarlos porque la mayor parte de esos activos ni siquiera están declarados en la Argentina y difícilmente vuelvan. Son activos de argentinos, pero no están en el país, quizás nunca lo estén y no pueden aplicarse a cancelar deuda pública.

A su vez, las inversiones de las empresas argentinas en el exterior, que en su mayoría están declaradas, tampoco pueden aplicarse a cancelar deudas del Estado. Y las reservas internacionales del Banco Central son un activo oficial que, sin embargo, no respaldan ni las deudas del Gobierno ni de los sectores privados, sino las del propio BCRA y los pesos en circulación.

Incluso esas reservas internacionales, al tipo de cambio actual, no alcanzan para respaldar los propios pasivos del BCRA porque, entre otras razones, el Gobierno estuvo cancelando deuda pública al tomar prestadas reservas, documentadas en Letras del Tesoro que vencen entre 2016 y 2021, y que suman más de US$25.000 millones.

Haciendo bien las cuentas, la Argentina no es acreedora, sino tiene una deuda externa (pública y privada) de más de US$90.000 millones, más la deuda pública interna.

El informe del INDEC precisa que entre los pasivos, la deuda externa suma US$90.400 millones: “el 61% corresponde al sector público no financiero y BCRA; el 36%, al sector privado no financiero (sus principales componentes son deuda con proveedores, bancos y bonos) y el 3%, al sector financiero, sin BCRA”.

Por su parte, la deuda pública (tanto interna como externa) a fines de 2010 sumaba US$164.330 millones. Y según el último dato oficial, al 31 de marzo de 2011 totalizaba US$173.147 millones.

Esa deuda impacta en el balance fiscal por el peso de los intereses (en 2010 fueron $22.447 millones) y en el balance cambiario (en 2010 salieron US$ 4.470 millones).

Las estadísticas sirven para muchas cosas si es que se utilizan bien. Pero, también, son el peor de los boomerangs cuando se descubre su verdadera explicación.

Por qué el Gobierno frenó la compra de dólares

2011-11-08T07:15:00.000-08:00

6 NOV 2011

El comercio exterior ya no genera las divisas necesarias para cubrir los pagos al exterior ni para aumentar las reservas.

Por
Ismael Bermúdez

En la Argentina, el comercio exterior ya no genera los dólares suficientes para hacer frente a las obligaciones en moneda extranjera. Estas incluyen el pago de las importaciones y los servicios financieros, como intereses o giro de utilidades.

Este año la cuenta corriente de la balanza de pagos, que engloba todos esos rubros, “reflejaría su primer déficit, del 0,6% del PBI, en la postconvertibilidad, señal inequívoca que se agotó el colchón cambiario, más allá del tecnicismo que se acuda para calcularlo”, señala consultora Econométrica.

A esto se agrega que también la cuenta capital y financiera, a pesar de algunos préstamos recibidos, será deficitaria por los pagos de la deuda y la fuerte salida de capitales. Por esas razones el Banco Central fue perdiendo reservas. Después de haber alcanzado los US$52.618 millones a fines de enero, ahora las reservas rondan los US$47.400 millones. La perspectiva es que sigan cayendo porque en diciembre el Gobierno tiene que pagar los US$2.300 millones del cupón PBI, divisas que difícilmente reingresen al sistema en un contexto de salida de capitales que solo este año supera los US$20.000 millones.

Ese drenaje incesante fue agotando las “reservas de libre disponibilidad” –así denominadas a las que exceden la base monetaria–, poniendo en duda los pagos de la deuda privada que se cancelan con esas reservas y que en el proyecto de Presupuesto 2012 están calculadas en US$5.674 millones.

Sin embargo, de acuerdo al último informe del Banco Ciudad, “la brecha financiera, aun después de las renovaciones automáticas de deuda intrasector público y los desembolsos de organismos multilaterales, rondaría el próximo año los US$15.000 millones, algo que implicaría un golpe demasiado grande para las decrecientes reservas del BCRA. La otra caja utilizada intensamente en estos años es la ANSeS, pero allí tampoco los fondos son infinitos, a la vez que una tercera vía –alentada por algunos funcionarios– consistiría en salir a buscar financiamiento, probablemente caro, en los mercados internacionales. El problema es que esto último se daría de narices con el marketing del desendeudamiento que adornó la retórica oficial en los últimos años. Habría que explicar que con usar las reservas del Banco Central ya no alcanza”.

A su vez, la salida de capitales, el incremento de la tasa de interés, la presión sobre el dólar empezaron a tener consecuencias sobre la actividad económica real ya que el atesoramiento de divisas fuera del sistema como el encarecimiento de los créditos y deudas implica sustraer o restar fondos al consumo y a la inversión interna.

Este panorama se completa con un cuadro fiscal que desde 2009 fue convirtiéndose en claramente deficitario, incluso a pesar de las transferencias de las utilidades contables del Banco Central al Tesoro. Este año el rojo fiscal podría superar los $14.000 millones, contando como recursos corrientes las ayudas del BCRA y la ANSeS. Y con una inflación anual del 25%, muy por encima de la tasa de devaluación, lo que fue apreciando en términos reales al peso.

Así, como precisa Econométrica, la Argentina fue agotando “los colchones macroeconómicos que permiten atenuar el impacto de un shock externo sobre el nivel de actividad económica”. Y concluye: “Sin superávits gemelos, ni acceso al mercado de deuda, ni margen para absorber más apreciación real del tipo de cambio sin que ello no ponga el otro pie en el camino al atraso cambiario, incrementa la posibilidad de una devaluación como variable de ajuste, más aún si empeora el contexto internacional”.

Todo este panorama se inserta en una crisis internacional que fue trasladándose a la región a través de la baja de los precios de los commodities y un retiro de capitales para cubrir las pérdidas de las casas matrices y fondos de inversión. Y que empezó a incidir de manera más fuerte en Brasil, y por esa vía en la Argentina.

En un cambio de tendencia, y apenas advirtió una desaceleración económica, Brasil empezó a reducir la tasa de interés para depreciar el real, que estaba supervalorizado, lo que beneficiaba a la Argentina. Esta modificación cambiaria introdujo mayor ruido en el segmento cambiario argentino.

Además, la producción industrial brasileña cambió de signo y el instituto oficial de estadística (IBGE) reconoció una caída en septiembre del 2% de la actividad manufacturera, a la vez que la entidad que agrupa a las concesionarias de autos informó que las ventas de vehículos nuevos en octubre cayeron un 10%. Casi de inmediato, algunas terminales radicadas en la Argentina –que colocan más de la mitad de la producción en el vecino país– anunciaron suspensiones y vacaciones anticipadas a parte de su personal.

Como señala el informe del Banco Ciudad, “pasadas las elecciones presidenciales, la demanda de dólares del público y empresas continuó firme”, a pesar de que el Gobierno empezó a impulsar una suba de la tasa de interés para disuadir el pasaje de los depósitos en pesos a dólares. “Lejos de ceder, la fuga de dólares se mantuvo en niveles similares a los de las semanas previas, apuntando a sumar en octubre (al igual que en septiembre) un pico de US$3.700 millones mensuales, el cual arroja la friolera de US$22.000 millones en los últimos doce meses”.

Efectos sobre las causas En este marco es que el Banco Central anunció varias medidas dirigidas “a ampliar la oferta y reducir la demanda de dólares, al resultar claramente insuficientes las subas de tasas y las operaciones en los mercados de futuros encaradas antes de las elecciones”, como dijo el Banco Ciudad.

Estas medidas incluyeron: La obligación de las compañías mineras y petroleras de liquidar localmente el 100% de las divisas de sus exportaciones, anulando la posibilidad de dejar parte o todas esas divisas en el exterior.

Repatriación de unos US$2.000 millones de los fondos que las compañías aseguradoras tienen invertidos en el exterior.

La obligatoriedad de los no residentes a ingresar los dólares destinados a la compra de activos locales (incluyendo empresas, aportes de capital o inmuebles).

Un mayor control sobre la operatoria en los mercados cambiarios paralelos, fundamentalmente bajo la operatoria del denominado “contado con liquidación”.

La presencia de efectivos de las fuerzas de seguridad y de la AFIP en las casas de cambio, apuntando principalmente a los “coleros”.

Como todo esto no surtió efecto porque la fuga continuó, y hasta se aceleró, los argentinos se desayunaron que, desde el lunes 31 de octubre, para la compra de moneda extranjera se requeriría la autorización previa de la AFIP.

Así, bancos y casas de cambio, con sus sistemas conectados online, debían recibir la conformidad de la AFIP para vender cualquier moneda extranjera y en la cantidad autorizada por ese organismo. Y esa autorización de la AFIP dependía de la situación patrimonial, ingresos, consumos y otros parámetros declarados por cada contribuyente.

En tanto, hubo retiros de depósitos en moneda extranjera en los bancos por el temor a una pesificación o conversión a bonos y se trabaron operaciones inmobiliarias por la falta de dólares. Y el BCRA volvió a impulsar pequeños deslizamientos de la paridad cambiaria.

El miércoles hubo otra novedad. Ya con el proyecto de Presupuesto 2012 en el Congreso que contempla una suba del 19,2% en el monto de los subsidios, el Gobierno anunció que comenzará a reducir los subsidios a los servicios públicos –en lo inmediato de $600 millones, menos del 1% de los más de $70.000 millones del total–, en lo que se interpretó como un anuncio para tratar de sacar el tema cambiario de las preocupación de la gente, y obtener un apoyo de sectores empresarios y de la propia oposición. De todos modos, por la magnitud de los subsidios, cualquier reducción debería llevar varios años, pues, de lo contrario, tendría un muy fuerte impacto sobre la inflación y sería contractivo para la actividad económica.

Hoy, el mercado de cambios, en los hechos, está desdoblado, con una brecha no menor del 15%. La demanda de moneda extranjera está contenida por el requisito del visto bueno de la AFIP. La inflación sigue sostenida y ya comienzan algunas paritarias (con reclamos de más del 26%) que deben definir las subas salariales para enero de 2012. Y son muy fuertes los trascendidos de que no hay criterios uniformes entre Economía y el BCRA sobre cómo enfrentar la situación.

Así los desequilibrios internos, con una crisis internacional que cada vez incide más en la región, transformaron las perspectivas económicas y financieras domésticas. Ahora, ya sin el viento de cola, más que nunca se pondrá a prueba la calidad de la política económica.

Aumenta el déficit del sector público

2011-10-29T05:22:00.000-07:00

28 OCT 2011
SE DUPLICA RESPECTO A 2010 EL DESBALANCE DE LAS CUENTAS ESTATALES
Crece el gasto y aumenta el déficit del sector público

En lo que va del año, el rojo del Gobierno llegó a $ 5.281 millones. Y eso pese a haber recibido $ 8.700 millones de utilidades del Banco Central. Ahora apelan a préstamos del PAMI, y también a la Lotería y hasta a dinero del INdeR.

Por
Ismael Bermúdez

Las cuentas públicas ya acumulan en lo que va del año un déficit de 5.281 millones, aún considerando la ayuda que recibió el Tesoro del Banco Central por $ 8.700 millones. Así, sin los aportes extras del BCRA, el rojo habría bordeado los 14.000 millones cuando en igual período de 2010 el desequilibrio había sido de la mitad: $ 2.475 millones. Esta diferencia equivale a un desfase de más de $ 11.000 millones y representa un incremento del desequilibrio fiscal del 465%.

Luego de tener superávit fiscal en toda su gestión, el kirchnerismo empezó a registrar rojos en 2009 (ver pág. 9). Aunque el cambio de tendencia es importante, no lo es tanto la cifra: esos $ 5.281 millones de este año no llegan a representar 0,3% del PBI.

Para enjugar esas cuentas, el Gobierno reitera su política de echar mano a los fondos de organismos públicos. Ayer, por caso, colocó letras por $ 500 millones al PAMI, organismo que el mes pasado ya había financiado al Tesoro en $ 1.630. No es una excepción, sin embargo: desde el INdeR a la Lotería deben financiar al Tesoro de manera similar.

Además, si se desagregan las cuentas, surge qu e la ANSeS tuvo en esos 9 meses un resultado positivo de $17.700 millone s, incluyendo unos $ 3.000 millones de los rendimientos del Fondo que administra el organismo previsional. De aquí se desprende que, sin las transferencias del BCRA y excluyendo a la ANSeS, el déficit financiero del Tesoro y de los organismos descentralizados, superó los $ 31.000 millones.

Aún así, los especialistas sostienen que el cuarto trimestre será más deficitario que los anteriores.

Rodrigo Alvarez, de la consultora Ecolatina, precisa que se explica porque el BCRA ya transfirió casi la totalidad de las utilidades devengadas el año pasado y porque hay una dinámica creciente del gasto, aunque admite que una parte del gasto el Gobierno podría cubrirla con deuda de muy corto plazo, lo que permitiría trasladar algunas partidas para el año próximo.

En tanto, Maximiliano Castillo Carrillo, de la consultora ACM, sostiene que en octubre la dinámica del gasto se mantiene en niveles elevados, a lo que se agrega que en diciembre el gasto se acrecienta por el pago del aguinaldo a los empleados públicos y jubilados y pensionados. “Será clave seguir de cerca el comportamiento del gasto en noviembre, pero principalmente en diciembre, para saber si el Gobierno planea suavizar el impulso fiscal después del triunfo electoral, o si, en su defecto intentará mantenerlo en niveles elevados como hasta ahora”. dijo.

Por su parte la consultora Analytica señala que un factor que incidió en el fuerte déficit de agosto, septiembre y que se habría repetido en octubre fue el proceso electoral . Así destaca que “las partidas más expansivas de septiembre fueron las transferencias a provincias para gastos corrientes y de capital – incluyendo obra pública- (+84%) y las inversiones en obra pública naciona l (+103%). Las primeras habían crecido apenas 5% hasta abril, y 14% hasta agosto. La obra pública nacional creció 21% hasta abril, en tanto explotó desde entonces, con aumentos de 62%”. Con esos datos, Analytica concluye que “una vez despejado el factor electoral, hay espacio para que la expansión del gasto se modere en el último trimestre , volviendo a tasas de 30% de inicios del año”.

Si se confirman estas cifras, y con la ayuda del BCRA, las cuentas públicas cerrarán este año con un déficit financiero muy superior a los $ 11.773 millones reconocidos en el mensaje del proyecto de Presupuesto de 2012. Y muy alejado del superávit de $ 1.593 millones que se había previsto en el Presupuesto original de este año y que luego se sancionó por decreto cuando no se aprobó en el Congreso por la negativa oficial a debatirlo a libro abierto.

Petroleo y Minería: Los decretos anulados eran de Kirchner y Duhalde

2011-10-27T01:41:00.000-07:00

27 OCT 2011
LA MEDIDA QUE AFECTA A MINERAS Y PETROLERAS

Por
Ismael Bermúdez

Ayer, por medio de un decreto, Cristina Kirchner dejó sin efecto una decisión adoptada a comienzos de 2003 por Eduardo Duhalde, en beneficio de las empresas mineras y petroleras. Pero no solo eso. También anuló un decreto de Néstor Kirchner, de junio de 2004, que amplió esos beneficios en favor de las mineras. Y que en ambos casos restablecían una norma dictada por Carlos Menem, refrendada por Domingo Cavallo.

Por eso esta historia se remonta a 1991 cuando por un decreto de Menem se dejó sin efecto otro firmado por Arturo Illia, de 1964, que obligaba a todas las empresas, incluidas las mineras y petroleras, a liquidar en el país el 100% de las divisas que obtenían por sus exportaciones.

La norma firmada por Menem se mantuvo sin cambios durante más de 10 años, hasta que estalló la convertibilidad. Así en diciembre de 2001, y como parte de las restricciones al retiro de dinero en efectivo, el famoso “corralito”, Cavallo impulsó la sanción de un DNU que entre otras medidas anuló su propio decreto de 1991 y restableció el decreto de Illia.

El objetivo era obtener divisas para mantener a flote el 1 a 1 que se estaba desmoronando.

En el marco de una fuerte presión de las petroleras y de las mineras, en febrero de 2003, un nuevo DNU con Duhalde en la presidencia y Roberto Lavagna en el Ministerio de Economía, restableció el decreto de Menem/Cavallo.

El argumento fue que, por la ley de minería, esas empresas tenían “estabilidad cambiaria” que se efectivizó por la vigencia del decreto de 1991. Y que, por lo tanto, agregaba el DNU, para “erradicar definitivamente cualquier posible conflicto interpretativo y brindar seguridad jurídica a las empresas mineras”, se les permitía que no ingresen las divisas de sus exportaciones.

En junio de 2004, Néstor Kirchner dio un paso más . En aquel momento existía la duda de si el DNU de Duhalde incluía a todas las empresas o solo a las que habían efectivizado o gozado de los beneficios durante el período 1991-2001, cuando estuvo vigente el decreto de Menem.

Así, con el argumento de que la ley minera de Menem había “brindado un marco adecuado para el desarrollo y crecimiento de la actividad minera en el país” y que había que evitar “un trato diferencial” entre las empresas del sector , el decreto de Kirchner, refrendado por Lavagna, eximió de la obligación de liquidar las divisas a todas las empresas mineras, hayan realizado o no sus actividades durante la década pasada.

Ahora, por las necesidades de divisas, Cristina restablece el decreto de Arturo Illia y deja sin efecto las medidas adoptadas sucesivamente por Carlos Menem, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

Se agotan las reservas de libre disponibilidad en el Central

2011-10-18T11:51:00.000-07:00

18 OCT 2011
SUMAN APENAS US$ 2.234 MILLONES, PERO DESAPARECEN SI SE DESCUENTAN LOS PRESTAMOS DE EUROPA

Por
Ismael Bermúdez

Por la fuga de capitales, los pagos de la deuda y el achicamiento del superávit comercial, las llamadas “reservas de libre disponibilidad” del Banco Central – que son las que exceden el nivel necesario para respaldar los pesos que están en circulación – se vienen reduciendo semana tras semana. Ahora suman solamente U$S 2.234 millones. Pero si se descuentan los préstamos de muy corto plazo que la entidad recibió de bancos centrales de varios países de Europa, directamente las reservas no alcanzarían para cubrir la base monetaria .

Según el último balance del BCRA (7 de octubre), la reservas internacionales sumaban U$S 48.234 millones y había pesos en circulación por el equivalente a U$S 46.000 millones. En tanto, por el rubro “otros pasivos”, que viene aumentando en forma sistemática desde mediados de año por préstamos recibidos, ya se adeudaban U$S 4.640 millones. Si se descuenta esta cifra, las reservas de libre disponibilidad serían negativas en U$S 2.406 millones.

Aún así de aquí a fin de año hay importantes vencimientos de deuda – como el Cupón PBI por más de U$S 2.000 millones- que se pagan con las reservas del Central. Y si continúa la fuga de capitales, deberían caer más todavía, agravando el faltante de divisas y el bache de las reservas de libre disponibilidad.

El tema es relevante porque las reservas de libre disponibilidad son las que usa el Gobierno para pagar la deuda pública. En el Presupuesto 2012 se prevé utilizar U$S 5.674 millones para pagos a los acreedores privados. Además, se achicarían aun más si se alcanzara un acuerdo con el Club de París por el cual hubiera que efectuar algún pago inmediato.

Aunque los pagos de deuda en 2012 no son muy elevados, refinanciarlos tomando préstamos del mercado financiero tiene un costo muy alto. Así lo atestiguó el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que se endeudó al 11,75% anual en dólares cuando las tasas internacionales bordean el cero.

A partir de este escenario, los economistas dicen que, en teoría, el Gobierno tendría distintas opciones frente a esta encrucijada externa, en un contexto internacional recesivo por la crisis global. Algunas de esas variantes serían: “Crear” o “generar” reservas de libre disponibilidad devaluando el valor del peso. Así en divisas se depreciaría la base monetaria y se requerían menos dólares en las reservas para respaldarla. Pero el riesgo es que un mayor ritmo de devaluación nominal del peso, incentive la fuga de divisas.

Incrementar más la tasa de interés que ofrece el Banco Central y aumentar las colocaciones de Letras en pesos para reducir la base monetaria y queden reservas “sobrantes”. Pero en este caso el Gobierno induciría una contracción de la actividad económica y encarecería los costos de los créditos otorgados y a otorgar.

Restringir las importaciones, como el Gobierno hizo en 2008/09, y que de ese modo queden más divisas en el país y por esa vía aumenten las reservas.

Cambiar la regla de reservas de libre disponibilidad por otra mucho más laxa para poder seguir usando las reservas para cumplir con los pagos a los acreedores internacionales

Dos provincias K contradicen la canasta de precios del INDEC

2011-10-14T11:03:00.000-07:00

11 OCT 2011

La canasta de alimentos, que se utiliza para medir la indigencia, para el INDEC en julio costaba $ 195,26 mensuales, un valor que fue ampliamente superado en las mediciones de Entre Ríos y Chaco.

Por
Ismael Bermúdez

La canasta de alimentos, que se utiliza para medir la indigencia, para el INDEC en julio pasado costaba $ 195,26 mensuales. Para la Dirección de Estadística y Censos (DEC) de la Provincia de Entre Ríos valía $361,91, un 85% más.

En consecuencia, para el INDEC una familia tipo (matrimonio y 2 hijos) podía alimentarse y no ser indigente con $ 644,36 por mes, mientras que para su par de Entre Rios necesitaba $ 1.194,32. Algo parecido pasa con el Chaco. El último dato de la canasta alimentaria del Departamento de Información Economía y Social (DIES) de esa Provincia es de febrero de 2011 y arrojó $332,29, cuando para esa fecha el INDEC informó que era de $ 187,79.

¿Cómo es que institutos oficiales difunden valores tan disímiles para una canasta compuesta por las mismas cantidades de alimentos ?
No es por un problema de manipulación política porque tanto Chaco como Entre Rios están gobernados por el Frente para la Victoria. Lo que pasa es que cada organismo oficial multiplica las cantidades de esos productos por los precios que cada uno mide : el INDEC por los suyos, que corresponden a la Capital y GBA, Entre Rios, por sus precios, obtenidos de la ciudad de Paraná. Y Chaco, por los precios de la ciudad de Resistencia.

Llamativamente, hasta diciembre de 2006, el valor de la canasta básica entrerriana y chaqueña era un poco más bajo que el del INDEC, algo que los especialistas admitían porque muchos alimentos tienen menores precios en el interior del país . Desde entonces sucede lo contrario y ahora alimentarse en la Capital o en el conurbano bonaerense costaría casi la mitad que en esas ciudades.

Lo que pasó es que a fines de 2006, con la “intervención” al Área de Precios del INDEC, las cosas cambiaron. Desde entonces, por la subvaluación de los precios que aplica el INDEC, la brecha entre los valores de la canasta se fue agrandando, hasta llegar ahora al 85%. Según el Instituto Nacional, en más de 50 meses, la canasta se encareció apenas un poco más del 40%, y para Dirección provincial de Entre Rios un 177%.

Dos provincias K contradicen el valor de la la canasta básica del INDEC

2011-10-11T07:56:00.000-07:00

La canasta de alimentos, que se utiliza para medir la indigencia, para el INDEC en julio costaba $ 195,26 mensuales, un valor que fue ampliamente superado en las mediciones de Entre Ríos y Chaco.

Por
Ismael Bermúdez

La canasta de alimentos, que se utiliza para medir la indigencia, para el INDEC en julio pasado costaba $ 195,26 mensuales. Para la Dirección de Estadística y Censos (DEC) de la Provincia de Entre Ríos valía $361,91, un 85% más.

En consecuencia, para el INDEC una familia tipo (matrimonio y 2 hijos) podía alimentarse y no ser indigente con $ 644,36 por mes, mientras que para su par de Entre Rios necesitaba $ 1.194,32.
Algo parecido pasa con el Chaco. El último dato de la canasta alimentaria del Departamento de Información Economía y Social (DIES) de esa Provincia es de febrero de 2011 y arrojó $332,29, cuando para esa fecha el INDEC informó que era de $ 187,79.

¿Cómo es que institutos oficiales difunden valores tan disímiles para una canasta compuesta por las mismas cantidades de alimentos ?
No es por un problema de manipulación política porque tanto Chaco como Entre Rios están gobernados por el Frente para la Victoria. Lo que pasa es que cada organismo oficial multiplica las cantidades de esos productos por los precios que cada uno mide : el INDEC por los suyos, que corresponden a la Capital y GBA, Entre Rios, por sus precios, obtenidos de la ciudad de Paraná. Y Chaco, por los precios de la ciudad de Resistencia.

Llamativamente, hasta diciembre de 2006, el valor de la canasta básica entrerriana y chaqueña era un poco más bajo que el del INDEC, algo que los especialistas admitían porque muchos alimentos tienen menores precios en el interior del país . Desde entonces sucede lo contrario y ahora alimentarse en la Capital o en el conurbano bonaerense costaría casi la mitad que en esas ciudades.

Lo que pasó es que a fines de 2006, con la “intervención” al Área de Precios del INDEC, las cosas cambiaron. Desde entonces, por la subvaluación de los precios que aplica el INDEC, la brecha entre los valores de la canasta se fue agrandando, hasta llegar ahora al 85%. Según el Instituto Nacional, en más de 50 meses, la canasta se encareció apenas un poco más del 40%, y para Dirección provincial de Entre Rios un 177%

Deterioro del Banco Central

2011-10-08T08:26:00.000-07:00

07/10/11

Por
Ismael Bermúdez

Las reservas del Banco Central –casi US$ 48.000 millones– sólo cubren la mitad de su activo. La otra mitad son “papeles” del Gobierno , que en su mayoría vencen entre 2016 y 2021, por los préstamos otorgados para pagar la deuda al FMI y a los acreedores privados y “adelantos transitorios” al Tesoro para financiar otras deudas. A esto se agregan la incesante salida de capitales que sólo en 9 meses sumó unos US$ 18.000 millones, las ventas en el mercado de futuros que comprometen otros centenares de millones, los más de US$ 2.500 millones que vencen antes de fin de año y que también se pagarán con reservas y los préstamos de los Banco Centrales europeos.

Las transacciones en el mercado de futuros marcan que no sólo los argentinos “ahorran” en dólares sino que hay una fuga de capitales motorizada por grandes operadores y empresas, en tanto se aceleran los giros al exterior de utilidades y dividendos de las filiales para cubrir las pérdidas de sus casas matrices o para preservarse de una depreciación del peso.

Aunque debería aumentar por la inflación y las emisiones del Banco Central para cubrir déficits del Tesoro, el circulante monetario va disminuyendo con su efecto contractivo sobre la actividad y el financiamiento de la economía. También el atesoramiento en dólares resta demanda al consumo y a la inversión domésticas. En tanto, el BCRA impulsa la suba de la tasa de interés para que los que tienen pesos no se pasen a la compra de divisas que, por el momento, se mantiene “semicongelado”, incrementando una inflación en dólares que es de dos dígitos anuales.

Mientras el Gobierno actúa así, por lo menos hasta las elecciones del 23, voces críticas reclaman un ajuste contractivo incluso superior, retomar el endeudamiento con el exterior y la propia devaluación del peso.

Todos estos datos marcan el fuerte deterioro patrimonial del BCRA, que durante todo este tiempo pretendió ser disimulado por el incesante ingreso de divisas de las exportaciones a precios altísimos. Ahora, que los precios de los commodities refluyen y aparecen los primeros síntomas aquí del impacto de la crisis internacional, el BCRA cuenta con menos reservas para defender el valor de la moneda y afrontar un contexto mundial recesivo

Asignación por hijo: la plata de la ANSeS ya no alcanza

2011-10-04T11:03:00.000-07:00

4 OCT 2011
Los rendimientos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS- que deberían alcanzar para pagar la Asignación Universal por Hijo (AUH)- ya no son suficientes para pagar ese beneficio.

Por
Ismael Bermúdez

Los rendimientos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS- que deberían alcanzar para pagar la Asignación Universal por Hijo (AUH)- ya no son suficientes para pagar ese beneficio . Y para cubrir ese déficit el Gobierno viene recortando las asignaciones familiares y el número de beneficiarios.

Así surge del proyecto de Presupuesto 2012 que calcula cómo cerrarán las cuentas de 2011. Allí figura que por la renta del FGS ingresarán $ 9.600 millones mientras se pagará por la AUH $ 10.043 millones, quedando un rojo de $ 443 millones.Para 2012 los cálculos oficiales prevén un déficit de $ 1.280 millones por ingresos por $ 10.412 millones y pagos por $ 11.692 millones.

De todos modos estos números deficitarios lucen optimistas. La crisis global está afectando las rentabilidades de los títulos y acciones, que son los papeles preferidos del FGS de la ANSeS.

La AUH, que abarca a los trabajadores desocupados y con empleos en negro que tienen hijos menores, se estableció a fines de 2009 con el argumento de que ese beneficio era sustentable sobre la base de destinar a ese fin la rentabilidad anual del FGS. No obstante, y previendo que esa regla no se cumpliría, el decreto que instituyó la AUH integró ese beneficio al régimen de asignaciones familiares que engloba a los trabajadores en blanco con chicos.

Los números oficiales marcan que esa “sustentabilidad” no se está cumpliendo y el Gobierno cubre la diferencia con los fondos del sistema de asignaciones familiares.

Por eso el gobierno viene recortando las asignaciones familiares por varias vías : *Fijar un tope salarial muy bajo ($ 5.200) para acceder al cobro del salario familiar y demás beneficios cuando, si se hubiese ajustado por la inflación debería ser de $ 8.000. Por este procedimiento, los padres de 700.000 chicos dejaron de cobrar el salario familiar.

*Congelar las asignaciones no periódicas, como por nacimiento, matrimonio o adopción. Y la ayuda escolar anual.

*Aumentar el resto de los beneficios menos que la inflación y los salarios.

Argentina está más débil frente a una recesión global más profunda

2011-09-30T15:45:00.000-07:00

9 AGO 2011

La fuga de capitales y la fragilidad fiscal hacen tambalear la idea del “desacople”.

Por

Ismael Bermúdez

La crisis internacional impactó ayer muy fuerte en la Argentina, incluso en mayor medida que en el resto del mundo.

El supuesto “desacople” argentino -que pondría al país a salvo del contagio- del que siguen haciendo alarde los funcionarios, se tradujo en un desplome promedio del 10,7%de los precios de las acciones de bancos y empresas, en especial las más ligada a la producción industrial. Los bonos públicos cayeron hasta el 10,5%. Y el Banco Central vendió U$S 230 millones para mantener sin variantes el valor del peso.

En la Argentina 2008, luego de la caída de Lehman Brothers, se contrajo la actividad económica, cayeron las exportaciones y se perdieron empleos industriales.

Ahora, el contexto internacional es más recesivo y la posición argentina más débil .

Hay en curso una fuga de capitales que sólo en el primer semestre del año sumó U$S 9.801 millones. Las divisas que entran por el excedente comercial se van por la ventanilla de la fuga de capitales. El Tesoro Nacional muestra superávit fiscal pero por las transferencias del Banco Central y la ANSES.

Sin ese maquillaje, hay déficit fiscal. El presupuesto nacional es muy dependiente de las retenciones a las exportaciones, mientras la inflación ronda el 25% anual con tarifas subsidiadas. El saldo comercial se está achicando a pesar de las restricciones a las importaciones. El 40% del activo del BCRA –unos U$S 40.000 millones- está en papeles del Estado (Letras del Tesoro, bonos y Adelantos Transitorio). Y ya no dispone de reservas “de libre disponibilidad” para pagar la deuda , salvo que se devalúe el peso.

A todo esto se agrega la incertidumbre de todo proceso electoral que, en este caso, conlleva la presunción de que cualquiera que sea el signo político del próximo Gobierno estará obligado a introducir cambios en la política económica. Entre otras razones, por el peso de los subsidios en el gasto público, la alta inflación y el retraso del tipo de cambio .

Este cuadro de situación explica por qué ayer se sintió tan profundamente la crisis global. Y anticipa un impacto en la economía real, porque Argentina tiene ahora muchos más poros que la hacen más vulnerable.

Esto sucede porque se descuenta que la economía mundial, en crisis desde 2008 en adelante y ahora más extendida a EE.UU. y casi toda Europa, podría deslizarse hacia un ciclo recesivo prolongado y hasta depresivo . Y eso provocaría una fuerte caída de la demanda de consumo, y sobre todo de la inversión, afectando el movimiento financiero, y sobre todo económico, de los países y de las empresas.

Con este escenario, ahora las expectativas son que se revierta el “viento de cola” que benefició a buena parte de los mercados emergentes, entre ellos la Argentina, sobre todo de la mano de Brasil, del mundo asiático y de los altos precios de las materias primas.

Ya la semana pasada surgieron evidencias de este cambio de escenario, cuando la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, anunció un plan de incentivos fiscales y financieros. Lo hizo para hacer frente a la caída de la producción, de las exportaciones y del empleo industrial debido a la revalorización real, fruto de la entrada de capital especulativo. Ayer los precios de las acciones de las empresas brasileñas se desplomaron casi en las mismas proporciones que los de sus pares argentinos.

Por su parte, casi todos los analistas prevén que la menor demanda internacional impactará sobre el mundo asiático – que está sobreinvertido y muy endeudado en su mercado interno.

Se espera entonces que se desaceleren las fuertes tasas asiáticas de crecimiento que empujaron al alza los precios de las materias primas , que tanto beneficiaron a la Argentina desde 2003 en adelante. Justamente desde hace días vienen bajando los precios internacionales de las materias primas, algo que volvió a manifestarse ayer. Esto pasa también porque los precios de los commodities tienen un componente financiero que se está ajustando con el cambio de las carteras de los fondos mundiales

La población en las villas porteñas creció más del 50 %

2011-09-30T15:41:00.000-07:00

07/09/11

Son cifras que abarcan el período 2001-2010.
Pese al crecimiento económico, 163.587 personas viven en las villas porteñas. La Rodrigo Bueno, ubicada en Costanera Sur, quintuplicó sus habitantes.

Por

Ismael Bermúdez

En la Ciudad de Buenos Aires lo que más crece es la población que vive en las villas y en los asentamientos.

Según las cifras del Censo 2010, en esos barrios precarios hay 56.165 personas más respecto de 2001, un incremento del 52,3%. Y como la población porteña creció en esos 9 años en apenas 114.013 personas, se desprende que la mitad de ese crecimiento tuvo como destino las villas y los asentamientos, con sus consecuencias ambientales, sanitarias y de infraestructura.

En total, en las villas de emergencia y asentamientos porteños viven 163.587 personas distribuidas en 40.063 viviendas que ocupan 259,9 hectáreas. En 2001 sumaban 107.422.

Las villas más numerosas son la 21-24 en Barracas, la 31-31 bis en Retiro y la 1-11-14 en el bajo Flores que suman 80.000 personas. En 2001 en esos barrios precarios residían 53.000 personas. Un incremento del 50%.

En contraste, casi una cuarta parte de las 1.425.840 viviendas porteñas – 340.975 unidades – están “deshabitadas” porque corresponden a oficinas, pero también porque son casas o departamentos que están en venta, en alquiler o en avanzado estado de construcción.

En la zona de Retiro o Puerto Madero, las viviendas “deshabitadas” trepan al 40%, el grueso por las construcciones como “inversión” desarrolladas en los últimos años.

Aunque no hay datos de la procedencia de estos nuevos contingentes de porteños, el grueso proviene de países limítrofes (Paraguay y Bolivia) y de Perú. En toda la Capital, viven 381.778 extranjeros, 65.039 más que en 2001.

De aquí se infiere que más de la mitad del crecimiento poblacional se explica por la radicación de extranjeros atraídos, según el INDEC, por las mejoras sociales y económicas de los últimos años.

La presencia de las villas y asentamientos está concentrada en 4 barrios porteños.

En Villa Lugano, Soldati y Riachuelo representan el 32,9% de la comuna; en Barracas, Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios el 16,3%; en Constitución, Retiro, San Telmo el 14,3%, y en Flores-Parque Chacabuco el 12,1%. Respecto de 2001, los mayores crecimientos se registraron en Retiro y Barracas.

Debido al aumento de la población en villas y asentamientos, en las comunas 1 (Retiro), 7 (Flores y Parque Chacabuco) y 8 (Villas Lugano, Soldati y Riachuelo) la población creció entre 3 y 5 veces por encima del promedio de la Ciudad, que fue de apenas el 4,1%.

Así, en esos barrios carenciados, el ritmo de crecimiento poblacional es muy similar, y muchas veces superior, al de buena parte del GBA. Por esa razón, algunos especialistas señalan que hay una “conurbanización porteña”, estableciendo casi una unidad sociogeográfica ya que muchos de esos barrios son linderos con los partidos del GBA.

En promedio, en las villas viven 4,1 personas por hogar, aunque en algunos asentamientos trepa a 7,3 por vivienda, generando serios problemas de hacinamiento habitacional.

“En las comunas 1, 4 y 8 (que corresponden a esos barrios), el porcentaje de hogares hacinados supera el 18,9%”, alcanzando el 22,2% en la comuna que incluye Villa Soldati-Lugano, de acuerdo a un informe de la Dirección de Estadísticas y Censos (DGEyC) de la Ciudad de Buenos Aires. Pero si este indicador se restringe “a las villas, inquilinatos, hoteles, pensiones y casas tomadas el porcentaje de los hogares hacinados ronda el 50%”, cuando en el resto de la Ciudad “apenas llega al 6,3%”.

Otro dato es que las comunas 4 y 8 tienen los porcentajes más altos de hogares que no disponen de inodoros con descarga a la red cloacal pública.

“Los hogares con deficiencia de este tipo de servicio ascienden a alrededor de 10.000”, que se concentran en las comunas 4 y 8 donde están las villas de La Boca y las de Villa Lugano, según el relevamiento de la DGEyC.

En las villas, los habitantes del 73,3% de los hogares no son propietarios ni inquilinos, por lo que son clasificados en el rubro “tenencia precaria” de la vivienda. Otro 10,2% es inquilino y apenas el 16,5% es propietario del terreno y la vivienda. Para el resto de los porteños, estos números están invertidos, ya que 2 de cada 3 habitantes son propietarios de sus viviendas.

Según el Censo 2010, en la ciudad de Buenos Aires 71.275 hogares cocinan o calefaccionan sus viviendas con gas a garrafa: son un 40% más o 21.223 hogares más que en 2001, debido al incremento de la gente que vive en inquilinatos, villas y asentamientos.

¿El INDEC contra el Gobierno?

2011-09-30T15:36:00.000-07:00

27 SEP 2011
Por
Ismael Bermúdez

Involuntariamente, el INDEC es el mayor cuestionador de la asignación por hijo . Y la razón es que, cuando se lanzó a fines de 2009, se aseguró que ese beneficio, que luego pasaron a recibir 2 millones de familias, disminuiría entre un 55 y un 70% la indigencia.

Lo que el Gobierno no reparó es que en aquel momento, tras tres años de “intervención” al IPC, la indigencia ya era “estadísticamente” baja, del 3,5%. Entonces, una reducción de entre el 55 y 70%, debería haber llevado la indigencia al 1% o 1,5%. Y si se agregara la propia reducción por el crecimiento económico del último año y medio, actualmente debería ser cero o cercana a cero, porcentajes que chocarían con la realidad cotidiana.

En cambio, la medición del INDEC arrojó un 2,4%, una reducción del 30%, con un detalle: en el Gran Buenos Aires la indigencia apenas bajó , ya que pasó del 3,6 al 3% de la población, y en algunos distritos hasta aumentó.

Para las mediciones alternativas, en 2009 la indigencia era muy superior a la del INDEC y se redujo poco, a pesar de la puesta en marcha de la asignación por hijo, por los altos niveles de inflación, en especial de los alimentos.

Así, por razones opuestas, el INDEC y las mediciones alternativas coinciden en el bajo impacto de la Asignación por hijo

LAS CLAVES DEL PRESUPUESTO 2012

2011-09-30T15:18:00.000-07:00

29 SEP 2011 Un proyecto asentado en cifras cuestionadas y maquillaje fiscal
Por
Ismael Bermúdez

1 Proyecciones bajo sospecha
Como viene pasando en los últimos años, el proyecto de Presupuesto 2012 prevé una inflación baja, del 9,2% anual, en línea con las mediciones del INDEC y muy alejada de los números provinciales. También estima un dólar promedio para el año próximo a $ 4,40, lo que supone un incremento del 6,6%, incluso inferior a la tasa de inflación del INDEC. Y un crecimiento de la economía del 5,1%, que está más acorde con el nuevo escenario económico internacional, pero que está “inflado” por el índice de precios. Con estos supuestos, el Gobierno subestima tanto los ingresos como los gastos y eso le permite contar con recaudación excedente” para usar sin rendir cuentas al Congreso. Un claro ejemplo es lo que pasó este año: ahora el proyecto, al evaluar cómo cerrarán las cuentas en 2011, estima que superarán lo proyectado en el Presupuesto original en unos $ 50.000 millones.

2 Fuerte maquillaje fiscal
El proyecto estima que en 2012 los recursos excederán a los gastos, lo que dejará un superávit financiero de $ 1.447 millones. Eso implica revertir el déficit de $ 11.773,8 previsto para 2011 que, a su vez, “corrige” el proyecto original que prometía un importante resultado positivo. Aún así, luego del pago de los intereses, ese superávit financiero se alcanzaría sólo con la ayuda del Banco Central y de la ANSeS que aportarían unos $ 20.000 millones, un 22,7% más que las transferencias que terminarán haciendo este año esos dos organismos. Así, bien medido, habrá nuevamente un importante déficit fiscal que podría crecer respecto del cálculo original, como está sucediendo este año.

3 Las cajas del Banco Central y la ANSeS
Para afrontar los pagos de la deuda, el proyecto prevé que el Tesoro reciba prestamos del Banco Central por unos $ 45.000 millones, el equivalente a unos U$S 10.000 millones. Esos fondos se componen de U$S 5.674 millones de las reservas del BCRA para el pago a los acreedores privados. Y la posibilidad de utilizar otros U$S 2.200 millones para el pago a los organismos financieros internacionales. Además, habrá un refuerzo de los Adelantos Transitorios por el equivalente a otros U$S 2.200 millones. De todos modos, no está claro que el Gobierno pueda hacer uso de la totalidad de esos fondos porque se fueron evaporando las llamadas Reservas de Libre Disponibilidad. Una forma de “generarlas” sería aumentar muy fuerte la tasa de interés o depreciar el peso, pero eso alteraría todas las demás proyecciones económicas.

4 Empresas deficitarias
Los aportes del Gobierno para financiar los gastos y los subsidios de las empresas públicas sumarán $ 27.653 millones. Representan el 61,2% de los gastos totales de las empresas y sociedades del Estado. Esto significa que con sus ingresos propios cubrirán apenas el 38,8% del gasto total. Las principales empresas que recibirán esa “ayuda” son ENARSA, Correo, AySA y Ferrocarril Belgrano. En 2011, los aportes del Gobierno cubrirán el 52% del gasto. Estas partidas no incluyen las transferencias a los Fondos Fiduciarios que financian otros gastos y subsidios. Muchos analistas suponen que estos números podrían cambiar si el Gobierno modifica el esquema de los subsidios.

5 Más plata para De Vido
El Presupuesto prevé la emisión de avales para obras e inversiones por U$S 27.885 millones, que se suman al resto de los avales que normalmente otorga el Gobierno. También continú el Programa de Inversiones Prioritarias con un presupuesto de U$S 9.178 millones. Además, crea dos cargos tarifarios extras sobre el consumo y la distribución de gas para obras de infraestructura. Estos proyectos, que van más allá de 2012, buscan reforzar el protagonismo oficial en las inversiones

El nuevo peligro brasileño

2011-09-11T08:33:00.000-07:00

Por
Ismael Bermúdez

En una semana el dólar subió en Brasil de 1,59 a 1,68 reales –un incremento superior al 5%– y sus efectos se hicieron sentir, y muy fuerte, en la city porteña. El Banco Central tuvo que vender más de US$700 millones para contener el valor del peso, aumentó un escalón la tasa de interés para disuadir la compra de divisas, y aun así no pudo impedir que el dólar subiera varios centavos.

Esta secuencia se debe a la fuerte dependencia de la Argentina del nivel de actividad y de la política cambiaria brasileñas. El vecino país es uno de los principales destinos de las exportaciones argentinas (20% del total) y de la actividad automotriz y responsable de buena parte del turismo receptivo. “Uno de cada 5 dólares que el país exporta tiene a Brasil como destino y el 40% de nuestras exportaciones se dirigen a dicho país”, dice la consultora Ecolatina. Hasta ahora, el crecimiento de Brasil y la apreciación del real fueron dos factores que impulsaron la economía local.

Desde hace unas semanas las cosas empezaron a cambiar. Y el que reconoció ese cambio fue el propio Banco Central do Brasil cuando, luego de que el Gobierno implementara un recorte fiscal y anunciara que restringirá las importaciones, resolvió en los primeros días de septiembre reducir la tasa de interés de referencia –del 12,5 al 12% anual– para inducir una depreciación del real.

En un informe especial, el Comité de Política Monetaria (Copom) del BC brasileño explicó que tomó esa medida porque, luego de evaluar el contexto internacional, “considera que hubo un sustancial deterioro, que se refleja, por ejemplo, en reducciones generalizadas y de gran magnitud en las proyecciones de crecimiento para los principales bloques económicos”. Agregó que “la transmisión de los acontecimientos externos a la economía brasileña se puede materializar por intermedio de diversos canales, entre otros, reducción de la corriente de comercio, moderación del flujo de inversiones, condiciones de crédito más restrictivas y empeoramiento en la confianza de consumidores y empresarios”. Y todo esto “contribuirá a intensificar y acelerar el proceso en curso de moderación de la actividad doméstica, que ya se manifiesta, por ejemplo, en el retroceso en las proyecciones de crecimiento de la economía brasileña”.

Estas consecuencias se deben a que Brasil tiene un fuerte déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos ya que los servicios y los intereses de la deuda son muy superiores al superávit del comercio exterior. Y ese rojo –que en los 7 primeros meses de 2011 sumó casi US$29.000 millones– se financió, y con exceso, con inversiones directas y el ingreso de préstamos y créditos, aprovechando la alta tasa real de interés. Eso fue llevando a una fuerte apreciación del real y a un fuerte incremento de las reservas internacionales.

Una “moderación del flujo de inversiones”, un menor ingreso de los préstamos financieros o una reducción de las exportaciones, como dice del informe del BC do Brasil, y ni hablar, si hubiese una caída de los precios de los commodities, causarían un descenso de la actividad productiva y obligarían a Brasil a adoptar medidas más graves: desde una fuerte devaluación del real hasta limitar la salida de capitales.

Ya hay evidencias de que el crecimiento se está desacelerando, la actividad industrial está estancada y hubo una pérdida de empleos industriales por las menores exportaciones industriales. “La actividad económica en Brasil está perdiendo dinamismo rápidamente”, admite Ecolatina y agrega que “Brasil está creciendo menos, y preocupa la posibilidad de un estancamiento”.

Según el Estudio Bein, Brasil pasó de crecer el 7,5% en 2010 al 3,1% en el segundo trimestre de 2011. Ecolatina agrega que “si el crecimiento del PBI brasileño se desacelera un punto, las exportaciones industriales argentinas a ese país podrían reducirse en casi US$ 700 millones”. Y según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), “a la hora de evaluar posibles impactos de la situación de Brasil sobre Argentina, es más relevante lo que suceda con el nivel de actividad del país vecino que con el valor de su moneda. Aunque para nada esto último es algo indiferente”. De todas maneras, en Brasil se combinan los dos fenómenos porque la actividad se está desacelerando y el Gobierno tomó la determinación de frenar la apreciación del real e inducir una depreciación.

Así, a través de los canales comerciales, aparecen en la Argentina los primeros efectos de la crisis internacional, que se manifiestan en la presión cambiaria y pérdida de reservas. Y que se potencian por los desequilibrios de la economía argentina, como la alta inflación, el déficit fiscal cubierto con emisión monetaria, el achique del superávit comercial que no alcanza para financiar los pagos de intereses y servicios y la salida de capitales.

Efectos de medidas de Brasil sobre la Argentina

2011-09-07T09:19:00.000-07:00

Efectos de la crisis internacional sobre el país

POR
ISMAEL BERMUDEZ

La semana pasada el Banco Central de Brasil redujo la tasa de interés del 12,5 al 12%anual y tan solo medio punto fue suficiente para que la medida impactara en la Argentina: el Banco Central tuvo que vender en apenas tres días unos U$S 400 millones para evitar que se disparara la depreciación del peso y aún así no pudo evitar que el dólar trepara algunos escalones.

Lo que pasó es que el Comité de Política Monetaria (Copom) del BC brasileño no escondió los motivos de su decisión.

Explicó que tomó esa medida porque, analizando el contexto internacional, "considera que hubo un sustancial deterioro, que se refleja, por ejemplo, en reducciones generalizadas y de gran magnitud en las proyecciones de crecimiento para los principales bloques económicos". También porque aumentaron "las posibilidades de que las restricciones a las cuales están hoy expuestas diversas economías maduras se prolonguen por un periodo de tiempo mayor de lo previsto". Y porque "en esas economías, parece limitado el espacio para la utilización de política monetaria y prevalece un escenario de restricción fiscal". La conclusión del Copom es que el escenario internacional manifiesta un relevante sesgo deflacionario en el horizonte".

Si este es el diagnóstico, más serias son las consecuencias.

Para el Copom "la transmisión de los acontecimientos externos a la economía brasileña se puede materializar por intermedio de diversos canales, entre otros, reducción de la corriente de comercio, moderación del flujo de inversiones, condiciones de crédito más restrictivas y empeoramiento en la confianza de consumidores y empresarios". Y todo esto "contribuirá a intensificar y acelerar el proceso en curso de moderación de la actividad doméstica".

De este texto y de la reducción de la tasa de interés se deduce que Brasil ya está sintiendo la crisis internacional, no puede sostener un real super-apreciado porque, más aún en mundo recesivo, sus exportaciones industriales están cayendo, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Tras la decisión del Copom, en una semana, el real se depreció un 5%.

Tanto el precio de la soja como el comercio con Brasil son claves para la Argentina. Por la dependencia comercial argentina de Brasil, un menor crecimiento en el vecino país o un real que empiece a devaluarse impacta aquí de manera decisiva. Aun con una clara ventaja cambiaria, la Argentina tiene hoy déficit comercial con Brasil. Si la relación real/peso se reequilibrara, ese déficit se profundizaría y al mismo tiempo, se desaceleraría el turismo brasileño en la Argentina.

De este modo, y más allá de los slogans ( "estamos blindados, somos inmunes") empezaron a manifestarse aquí los efectos de la crisis internacional que se potencian por los desequilibrios que arrastra la economía argentina: déficit fiscal, achique del superávit comercial, inf lación, fuga de capitales, caída de reservas.

Cada vez menos trabajadores cobran el salario familiar

2011-08-23T04:02:00.001-07:00

23/08/11
Es porque excluye al empleado que gana más de $ 4.800. La CGT pide un reajuste.

Por
Ismael Bermúdez

Cada vez hay más trabajadores que dejan de cobrar las asignaciones familiares porque sus salarios superan los $ 4.800, un tope que se mantiene fijo desde 2008. Además, los importes de los beneficios están congelados desde septiembre del año pasado y quedaron desactualizados por la inflación , en especial la de alimentos.

Por eso, se espera que en los próximos días el Gobierno anuncie una suba en el monto de esos importes , incluida la asignación universal por hijo, como piden la CGT y muchos gremios.

Por ejemplo, los docentes de la provincia de Buenos Aires denunciaron que, por el tope, “la mitad de los maestros con hijos menores de edad ya dejó de cobrar el beneficio . Son 36.200 trabajadores que pierden una parte de sus ingresos porque con los aumentos de sueldos pasaron el tope”, según le dijo a Clarín el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, También, en una carta dirigida al Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, la CGT reclamó subir los montos y eliminar tanto la gradualidad de los beneficios como el tope . Lo mismo pide la CTA.

Los padres que están en blanco por 3,7 millones de chicos y otros 4 millones que corresponden a hijos de desocupados o trabajadores informales cobran el salario familiar por hijo o el prenatal, sólo si ganan menos de $ 4.800 de sueldo bruto, antes de los descuentos. Ese beneficio no es uniforme sino que depende de una escala. Así hasta $ 2.400 la asignación es de $ 220 por hijo menor. Si el salario va de 2.400,01 y $ 3.600, la asignación disminuye a $ $ 166. Y si gana entre $ 3.600,01 y $ 4.800, el beneficio baja a $111 por chico. En las llamadas zonas desfavorables, los topes son similares pero la asignación es más alta.

Otros beneficios, como la asignación por matrimonio o nacimiento que son de suma fija, también se perciben si el salario es inferior a los $ 4.800 mensuales.

El problema es que esos topes salariales no se actualizan desde septiembre 2008 . Entonces, con los incrementos salariales de estos años más el cobro de las cuotas pactadas en las paritarias, muchos trabajadores suben de escala y pasan a cobrar menos. Otros superan los $ 4.800 y directamente dejan de percibir los beneficios. Así, disminuye o se anula el incremento nominal del salario conseguido en la paritaria.

Por ejemplo: un trabajador que ganaba $4.000 bruto o $ 3.320 después de los descuentos y ahora gana $ 5.000 bruto o $ 4.150, obtuvo una mejora nominal del 25%. Pero antes además cobraba $ 222 de salario familiar ($ 111 por cada chico), y ahora no cobra nada porque superó el tope de $ 4.800.

Así ese trabajador tenía un ingreso de $ 3.542 (3.320 + 222), ahora recibe $ 4.150: su ingreso nominal mejoró sólo el 17,2%. Una tercera parte del aumento nominal del sueldo lo perdió porque dejó de cobrar el salario familiar . Y el poder adquisitivo de su salario disminuyó porque obtuvo una suba salarial nominal anual del 17,2% inferior a la inflación real, del 25 por ciento.

Según las provincias, los alimentos subieron en el último año 30%

2011-08-20T06:01:00.000-07:00

En ese período, para el INDEC, en cambio, sólo aumentaron un 8,2 por ciento.

Por

Ismael Bermúdez

Según los Institutos oficiales provinciales, impulsado por el pan, las pastas, las verduras y las gaseosas, el mes pasado los precios de los alimentos cuadruplicaron y hasta quintuplicaron los registros del INDEC. Lo mismo pasó si se comparan las cifras de los 7 primeros meses de este año. Y se vuelven a repetir brechas de 3 a 4 veces si se toman en cuentan las mediciones de los últimos 12 meses: en el último año, el rubro que mayor gasto concentra en los sectores de menores ingresos tuvo un incremento promedio del 30 por ciento.

En julio, la inflación de las provincias promedió el 2 por ciento, incluso por encima del 1,62% del IPC Congreso de las multadas consultoras privadas, como viene pasando desde hace varios meses. Para el INDEC, en cambio, el alza de precios fue solo del 0,8%.

También para el Instituto Nacional, los precios de los alimentos subieron en julio apenas el 0,8%. En cambio, según los registros de San Luis subieron el 2%, en Jujuy aumentaron el 2,4% y en Mendoza el 3,2%.

Entre enero y julio, el INDEC registró una suba de los precios de alimentos y bebidas del 3,5%, mientras en San Luis fue del 13,1% y en Mendoza del 15,3%. Y si se consideran los últimos 12 meses, el 8,2% del INDEC contrasta con el 27,7% de Jujuy, el 28,6% de San Luis o el 29,3% de Mendoza, y con más del 30% promedio de Ushuaia-Rio Grande en Tierra del Fuego.

Como surge de todas estas cifras y viene sucediendo hace más de 4 años y medio, las mediciones oficiales provinciales – de distritos gobernados tanto por el oficialismo como la oposición – son muy similares entre sí. Y se distancian de las del INDEC.

En el caso de Mendoza o Santa Fe, los institutos provinciales publican todos los meses los precios promedio de los alimentos relevados, algo que el INDEC dejó de hacer desde abril de 2008.

Esos precios promedio provinciales s on muy similares a los que paga el consumidor en la Capital o en el Gran Buenos Aires . Por ejemplo, en julio, la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas) mendocina relevó la docena de facturas a $ 13,47, el kilo de pollo entero a $ 10,45 y el litro de leche entera en sachet a $ 4,60, valores no muy diferentes a los que pagan los porteños o los bonaerenses y que deberían reflejarse en el IPC del INDEC, que se elabora precisamente en base a los precios de la Capital y Gran Buenos Aires.

Los alimentos son el rubro que más incide en el costo de la canasta familiar y determinan, en gran parte, los reclamos salariales . Los valores provinciales explican por qué la mayoría de los convenios salariales acordaron aumentos en cuotas, punta a punta, del orden del 30% promedio, algo que no hubiera prosperado si los precios de los alimentos hubieran subido el 8,2% anual y la inflación promedió el 9,7%, como informó el INDEC. Finalmente, los sindicatos negociaron los salarios con el supuesto “índice de las amas de casa” porque en base al IPC del INDEC el poder de compra salarial se hubiera derrumbado.

La brecha acumulada desde diciembre de 2006, cuando el Area de Precios del INDEC fue intervenida, con la inflación de las provincias es impresionante. Para el INDEC, en estos 55 meses la inflación sumó el 46,6%%. En promedio para las provincias fue del 150,1%.

En tanto, en promedio los salarios aumentaron en ese período el 151,5% , algo que es coherente con las mediciones provinciales. Y totalmente inexplicable con el IPC del INDEC.

Argentina está más débil frente a una recesión global más profunda.

2011-08-10T08:00:00.000-07:00

Por ISMAEL BERMÚDEZ
9-8-2011

La crisis internacional impactó ayer muy fuerte en la Argentina, incluso en mayor medida que en el resto del mundo.

El supuesto “desacople” argentino -que pondría al país a salvo del contagio- del que siguen haciendo alarde los funcionarios,se tradujo en un desplome promedio del 10,7% de los precios de las acciones de bancos y empresas, en especial las más ligada a la producción industrial. Los bonos públicos cayeron hasta el 10,5%. Y el Banco Central vendió U$S 230 millones para mantener sin variantes el valor del peso.

En la Argentina 2008, luego de la caída de Lehman Brothers, se contrajo la actividad económica, cayeron las exportaciones y se perdieron empleos industriales.

Ahora, el contexto internacional es más recesivo y la posición argentina más débil .

Hay en curso una fuga de capitales que sólo en el primer semestre del año sumó U$S 9.801 millones. Las divisas que entran por el excedente comercial se van por la ventanilla de la fuga de capitales. El Tesoro Nacional muestra superávit fiscal pero por las transferencias del Banco Central y la ANSES.

Sin ese maquillaje, hay déficit fiscal . El presupuesto nacional es muy dependiente de las retenciones a las exportaciones, mientras la inflación ronda el 25% anual con tarifas subsidiadas. El saldo comercial se está achicando a pesar de las restricciones a las importaciones. El 40% del activo del BCRA –unos U$S 40.000 millones- está en papeles del Estado (Letras del Tesoro, bonos y Adelantos Transitorio). Y ya no dispone de reservas “de libre disponibilidad” para pagar la deuda , salvo que se devalúe el peso.

A todo esto se agrega la incertidumbre de todo proceso electoral que, en este caso, conlleva la presunción de que cualquiera que sea el signo político del próximo Gobierno estará obligado a introducir cambios en la política económica. Entre otras razones, por el peso de los subsidios en el gasto público, la alta inflación y el retraso del tipo de cambio .

Este cuadro de situación explica por qué ayer se sintió tan profundamente la crisis global. Y anticipa un impacto en la economía real, porque Argentina tiene ahora muchos más poros que la hacen más vulnerable.

Esto sucede porque se descuenta que la economía mundial, en crisis desde 2008 en adelante y ahora más extendida a EE.UU. y casi toda Europa, podría deslizarse hacia un ciclo recesivo prolongado y hasta depresivo . Y eso provocaría una fuerte caída de la demanda de consumo, y sobre todo de la inversión, afectando el movimiento financiero, y sobre todo económico, de los países y de las empresas.

Con este escenario, ahora las expectativas son que se revierta el “viento de cola” que benefició a buena parte de los mercados emergentes, entre ellos la Argentina, sobre todo de la mano de Brasil, del mundo asiático y de los altos precios de las materias primas.

Ya la semana pasada surgieron evidencias de este cambio de escenario, cuando la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, anunció un plan de incentivos fiscales y financieros. Lo hizo para hacer frente a la caída de la producción, de las exportaciones y del empleo industrial debido a la revalorización real, fruto de la entrada de capital especulativo. Ayer los precios de las acciones de las empresas brasileñas se desplomaron casi en las mismas proporciones que los de sus pares argentinos.

Por su parte, casi todos los analistas prevén que la menor demanda internacional impactará sobre el mundo asiático – que está sobreinvertido y muy endeudado en su mercado interno.

Se espera entonces que se desaceleren las fuertes tasas asiáticas de crecimiento que empujaron al alza los precios de las materias primas , que tanto beneficiaron a la Argentina desde 2003 en adelante. Justamente desde hace días vienen bajando los precios internacionales de las materias primas, algo que volvió a manifestarse ayer. Esto pasa también porque los precios de los commoditiestienen un componente financiero que se está ajustando con el cambio de las carteras de los fondos mundiales.

Segun el INDEC, la gente compra el doble que hace 4 años

2011-08-09T01:30:00.001-07:00

Las cifras del INDEC produjeron un nuevo “milagro” económico: el poder de compra se duplicó respecto de hace 4 años . Según esa lógica, hoy es posible salir del supermercado con dos changuitos casi repletos de alimentos, bebidas, artículos de limpieza o de tocador pagando la misma plata que hace cuatro años se necesitaba para llenar uno. También sería posible comprar en los shopping centers el doble de productos que en aquel momento.

Así, según las cifras oficiales, entre junio de 2007 e igual mes de 2011, medidas en pesos corrientes, las ventas de los supermercados aumentaron un 153%: pasaron de $ 2.580 millones a $ 6.542 millones con apenas un 13% de nuevas bocas de expendio. Y como el INDEC calculó que en ese lapso los precios subieron solamente 30,8% , las cantidades vendidas crecieron más del 90%.

Uno de los sectores más beneficiados serían los asalariados, ya que en promedio, según el INDEC, los sueldos aumentaron 130% . Traducido a cantidades o pesos constantes, esto significa que los trabajadores -privados o estatales, en blanco o en negro- con sus salarios actuales compran un 75% más que 4 años atrás .

Más ventajosa sería la situación con las compras en los shoppings, que vendieron en junio pasado por $ 1.343 millones, cuando en igual mes de 2007 apenas sumaron $ 529 millones. En pesos corrientes, las ventas crecieron un 154% y los precios sólo el 22,5%. Resultado: en cantidades o pesos constantes, el incremento real habría sido del 107%, más del doble .

Lógicamente este “milagro” se da sólo con las estadísticas del INDEC. Las conclusiones son muy distintas si a las ventas en pesos nominales que informan los supermercados y shoppings se les deducen o deflactan los precios que registran las mediciones oficiales provinciales y que, en promedio, trepan al 135%.

En ese caso, los supermercados y centros comerciales habrían registrado las mismas cantidades vendidas o apenas un poco más . Y los asalariados estarían haciendo sus compras en el supermercado casi con el mismo changuito que 4 años atrás.

Sin tener todavía estas estadísticas a mano, casi inmediatamente después que fuera “intervenida” el área de precios del INDEC, Hugo Moyano acuñó la famosa frase de que los sindicatos discutirían las subas salariales en las paritarias no con el IPC del INDEC sino con el índice de precios “de las amas de casa en los supermercados” . Y estuvo en lo cierto porque de lo contrario, hoy el trabajador saldría del supermercado con un mini-changuito. Más aún, en muchos convenios salarios, homologados por el Ministerio de Trabajo, empresarios y sindicatos acordaron reajustar los sueldos en base al IPC de Graciela Bevacqua, la desplazada directora del INDEC, multada y querellada penalmente por la Secretaria de Comercio.

Los abultados porcentajes de cantidades vendidas en supermercados y shoppings se trasladan a otras estadísticas oficiales , como a cuentas nacionales, el cálculo del PBI real o la generación del ingreso. Y así el “milagro” del consumo se extiende a otros sectores

Creció muy fuerte el robo de motos y accesorios de autos

2011-07-21T08:03:00.000-07:00

21/07/11

El año pasado les sustrajeron piezas a 134.842 vehículos. En 2009, a 103.088. En el país roban 160 coches por día.

Por

Ismael Bermúdez

Como un reflejo de la inseguridad , los robos de piezas, autopartes y accesorios de los automotores aumentaron el año pasado un 31%. También creció muy fuerte el robo de motos en todo el país: hubo un 89% de incremento en 2010 con relación al año anterior.

En total, el año pasado se sustrajeron partes o repuestos en 134.842 vehículos cuando en 2009 habían sido afectadas 103.088 unidades. Eso significa que hubo la friolera de 370 robos parciales por día , de acuerdo a los datos de la Superintendencia de Seguros difundidos ayer.

El 75% se produjo en la Capital y el Gran Buenos, en especial en la zona oeste del conurbano bonaerense, donde las sustracciones crecieron el 45%.

En tanto, el robo total de autos se mantuvo en los mismos niveles, en torno de las 58.000 unidades, a razón de 160 por día . Pero con cambios geográficos porque mientras en la Capital Federal “el robo total disminuyó en 2010 un 7%, en el GBA Oeste y el resto del país los robos aumentaron un 8% y 11% respectivamente”. Y la gran novedad fue el aumento en el robo de motos (ver En motos...

).

Así, la zona Oeste del conurbano sobresale por un crecimiento tanto de los robos parciales como totales de automotores, marcando un desplazamiento delictivo hacia esa región. En esta zona, los robos de autos pasaron de 5.000 en 2006 a casi 8.500 en 2010. Representa un incremento de casi el 70% en apenas cuatro años.

Todas estas cifras son oficiales, de la Superintendencia de Seguros en base a la información suministrada por las compañías aseguradoras.

No toma en cuenta los robos de y en vehículos no asegurados y aquellos que no fueron denunciados a las compañías de seguros.

De acuerdo al informe oficial, las provincias con mayor aumento porcentual de robos parciales fueron Tucumán (104%), Chaco (96%) y Chubut (80%). Pero por el peso en el total, el área metropolitana es la principal responsable.

Aunque la Superintendencia se limita a dar a conocer los números y destaca que hubo un incremento del parque automotor asegurado , en las aseguradoras admiten que esta expansión de los robos de autopartes se debe en parte a las restricciones a las importaciones ordenadas desde la Secretaría de Comercio Interior . Como buena parte de los repuestos son importados, se disparó un “mercado negro” que se fue alimentando de repuestos robados . Por ejemplo, el robo de ruedas de autos estacionados en la vía pública ha pasado a ser una práctica delictiva común .

Si bien los robos son parejos durante todos los días de la semana, hubo más sustracciones de autopartes los lunes y los miércoles. Y en robos totales, disminuyeron los domingos y encabezaron el ránking los martes y viernes.

En el año, los mayores robos parciales (de autopartes como estéreos o ruedas de auxilio) ocurrieron en julio y, en robo total (se llevan el coche entero), en octubre.

A su vez, en robo total, según el tipo de vehículo, hubo una disminución de la sustracción de taxis y remises, pero un incremento de la sustracción de camiones, combis , máquinas rurales y motos .

Las 5 provincias con mayor aumento de sustracciones son Chaco (195%), Tucumán (83%), Santiago del Estero (79%), La Rioja (55%) y Jujuy (37%). De este modo, Chaco se destaca por estar entre las provincias líderes con mayor incremento porcentual en los dos tipos de robos en automotores.

A la hora de robar, no se repara ni en el modelo ni en el año de fabricación, aunque casi una cuarta parte de las unidades robadas son de 2007 en adelante . De todas maneras, llamativamente el 11% del parque robado es anterior a 1980.

El informe destaca el fuerte alza en tan sólo un año de los daños parciales en automotores por el aumento de la comercialización de coberturas adicionales: granizo, cristales o rotura de cerraduras .

Aunque no se menciona, una parte de esos “daños parciales” corresponden a hechos delictivos que no tuvieron como consecuencia el robo de autopartes. Pero el primer paso para el robo del repuesto es romper el cristal o forzar la cerradura del vehículo.

Los subsidios del Estado subieron 63% en un año

2011-07-19T06:41:00.000-07:00

Totalizaron unos $ 32.300 millones. Los que más recibieron: luz, gas y transporte.

Por
Ismael Bermúdez

Principalmente por la compra de gas importado y las compensaciones a las tarifas eléctricas , en los primeros seis meses de este año los subsidios a distintos sectores económicos sumaron $ 32.366 millones . Esto representó un aumento del 63% contra igual período de 2010, según precisó la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) en un informe difundido ayer.

En cambio, según el mismo trabajo, se advierte que como contrapartida los subsidios sociales -como la Asignación por Hijo y el seguro por desempleo- absorbieron en el primer semestre un total de $ 18.087 millones, con un aumento de apenas 15% respecto de la suma gastada un año atrás.

Si bien se consigna un aumento de 54% en la partida para la Asignación por Hijo, el incremento de apenas el 15% en el total se debió a recortes en varios programas . Entre ellos, el de Techo Digno, el de mejoramiento habitacional y de infraestructura universitaria, el de Más Escuelas Mejor Educación, el del seguro de desempleo y el de Ingreso Social con Trabajo.

Así, descontando la inflación acumulada en esos 12 meses, los subsidios económicos crecieron 30% en términos reales, mientras los sociales retrocedieron un 8% .

Con los subsidios sectoriales, que vienen de 2002, el Gobierno trató de evitar o moderar subas en las tarifas públicas para contener la inflación . Sin embargo, y a pesar de las tarifas subsidiadas, solamente en los últimos 4 años y medio la inflación trepó un 130%. Claro está, si estos subsidios no hubieran existido, la inflación sería mucho más alta. Y también serían superiores los niveles de indigencia y de pobreza o la caída del poder adquisitivo de los salarios.

Este fuerte incremento de los subsidios se explica fundamentalmente por lo destinado a la energía – 60% del total – dado que durante el primer semestre de 2011 este sector recibió transferencias por un total de $ 19.242 millones, un 76% más que en igual período de 2010 (ver infografía).

Las mayores partidas fueron, con un 99,9 % más, para la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), para el abastecimiento de las centrales térmicas, y con un incremento del 115% a la Empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA), para la compra de gas importado para el abastecimiento del mercado interno.

Con $ 9.502 millones y un 59,8% de aumento, le siguieron las asignaciones al transporte , principalmente para compensar los incrementos de los costos de las empresas de servicios de transporte público automotor de pasajeros urbano e interurbano, los gastos de explotación y de inversión de los concesionarios de subtes y trenes del área metropolitana y las transferencias a Aerolíneas Argentinas y al Ferrocarril General Belgrano.

Con una incidencia menor, también se reforzaron las partidas para las empresas públicas que demandaron un total de $ 2.430 millones, un 62% más que en igual período de 2010. En este sector se destacaron AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) que recibió un 123% más y Télam un 146% más.

En cuanto al resto de los sectores, el sector rural y forestal absorbió $ 650 millones (+21%), la industria agroalimentaria, $ 424 millones (-53%) y el sector industrial, $119 millones (+96%).

La ASAP aclaró que dentro de estos montos tan elevados de subsidios no se incluyen deducciones o exenciones en el pago de impuestos , como es el caso de los créditos fiscales otorgados a las empresas petroleras para compensar el precio diferencial del gasoil que ofrecen a las empresas de transporte público de pasajeros.

Estos niveles de subsidios se alcanzaron “con porcentajes de ejecución de los créditos mayores a los que cabría esperar a esta altura del ejercicio” -que fueron del 69% en el caso del transporte y del 76% en el caso del energético. Para ASAP esto “está manifestando una probable necesidad de incrementos futuros de créditos presupuestarios” . Ya en los primeros días de julio, el Gobierno amplió esos subsidios en unos $ 6.000 millones

En seis meses, las reservas del Central bajaron US$ 437 millones

2011-07-10T06:53:00.000-07:00

Por
Ismael Bermúdez

Clarín
Domingo 10.07.2011
LOS EXPERTOS CALCULAN QUE ESTE AÑO, POR PRIMERA VEZ DESDE 2002, EL BCRA CONTARA CON US$ 6.000 MILLONES MENOS
Es porque se hizo más marcada la fuga de capitales y por los pagos de la deuda.

A pesar de la gran cantidad de divisas que ingresaron últimamente por las exportaciones, en la primera mitad de este año las reservas internacionales del Banco Central disminuyeron más de U$S 400 millones . Y eso se debió a que los dólares que ingresaron por una ventanilla se fueron por otras , fundamentalmente por los pagos de la deuda con las reservas y la incesante fuga de capitales.

En los primeros seis meses, con un superávit comercial de U$S 6.000 millones, y con el pie en el freno sobre las importaciones y sobre los giros de utilidades al exterior, igual las reservas del BCRA bajaron de U$S 52.132 millones a U$S 51.695 millones.

Para esta segunda mitad del año, el panorama luce más complicado porque por razones estacionales los excedentes de las exportaciones comerciales son menores, se incrementan los pagos de la deuda (vencen los servicios del Boden 2012 y el cupón PBI) y la fuga de capitales “hacia el colchón” o al exterior continúa a un mayor ritmo.

En base a estas previsiones, Maximiliano Castillo Carrillo, de la consultora ACM, estima que hacia fin de año las reservas podrían caer “como mínimo” en U$S 6.000 millones –ubicándose en torno de los U$S 46.000 millones- como consecuencia de “una fuga de capitales por encima de los US$ 18.000 millones y de una transferencia de reservas al Tesoro de aproximadamente US$ 9.500 millones” .

En el primer semestre la fuga rondó casi los US$ 10.000 millones: unos U$S 3.700 millones en el primer trimestre y U$S 6.000 millones entre abril y junio.

A esto se agrega el achique del superávit comercial – la consultora Ecolatina calcula para 2011 que el superávit comercial se ubicará por debajo de los US$ 10.000 millones, un 20% menos al de 2010, en parte por el déficit comercial energético – y el eventual pago, también con reservas, de una parte de la deuda con el Club de París, que totalizaría unos U$S 9.000 millones. Si se concretara algún pago a este club de acreedores, l a merma de las reservas podrían rondar los U$S 8.000 millones .

Una consecuencia de todo este proceso de salida de capitales y de pagar con reservas es el deterioro de la situación patrimonial del Banco Central . Actualmente, entre “adelantos transitorios” al Gobierno y préstamos recibidos para cancelar la deuda con el FMI y con el sector privado, el Tesoro Nacional le adeuda al Banco Central unos U$S 41.500 millones, cifra que podría aumentar hacia fin de año.

Así, de los activos, que respaldan los pesos en circulación y demás pasivos del BCRA, a fin de año sólo la mitad estará en divisas contantes y sonantes, ya que la otra mitad serán “papeles” del Gobierno (Letras, bonos y préstamos).

No obstante, se descuenta que en medio del proceso electoral el Gobierno “no meterá ruido” en la política cambiaria, más aún porque dispone de divisas para monitorear el mercado de cambios, dejando deslizar suavemente el valor del dólar. Pero tras las elecciones presidenciales, ya sea que triunfe el oficialismo o la oposición, deberá replantearse la política cambiaria , inclusive el nivel del tipo de cambio, ya que no se podrá seguir pagando deuda con reservas, lo que implica endeudarse en los mercados internacionales. Y se deberán tomar medidas para cerrar el “grifo” o encarecer la fuga de divisas, con una mayor depreciación del peso

Trabajo en negro: en el conurbano afecta a la mitad de las asalariadas

2011-07-07T07:53:00.000-07:00

07/07/11
El 48,1 por ciento de las mujeres que reciben salario no está registrado.

Por
Ismael Bermúdez

De cada 2 mujeres asalariadas que viven en el conurbano bonaerense, una trabaja en negro.

Así surge de los datos oficiales de la Encuesta de Hogares Urbanos del INDEC difundidos ayer, que indican que casi la mitad de las mujeres que trabajan en relación de dependencia en el Gran Buenos Aires – el 48,1%– no está registrada.

De este modo, en la principal región del país y muy cerca del centro del poder político, las mujeres soportan con más rigor la informalidad laboral.

Y supera holgadamente la de los varones, ya de por si elevada, que alcanza al 35,5%.

Esta situación empeora en buena parte del interior del país, como Chaco y San Luis, donde más del 55% de las mujeres asalariadas no están registradas. En gran parte eso se debe al alto grado de informalidad que impera en el servicio doméstico, donde el empleo en negro ronda el 80%.

Trabajar en negro significa no cobrar aguinaldo o vacaciones ni tener derecho a la jubilación o pensión ni tener la cobertura de la obra social o contar con el seguro de accidentes de trabajo.

Además, en promedio esa gente cobra menos del 30 por ciento de lo que ganan los trabajadores que están registrados.

Con todo, la novedad de la Encuesta del tercer trimestre de 2010 es que incorpora el desempeño laboral en la ciudades más pequeñas del interior del país, donde el trabajo en negro supera el de las grandes ciudades, en especial entre las mujeres. Por ese motivo, mientras se estimaba que en promedio el empleo en negro era del 35,8%, ahora sube al 37,8% por la gran informalidad que se registra en las localidades del interior.

Esa mayor informalidad se reproduce tanto entre los varones como entre las mujeres. Pero, sin dudas, tiene mayor dimensión en el empleo femenino.

Por ejemplo, en la capital de Santiago del Estero el empleo en negro entre las mujeres asalariadas es del 41%. Pero, en el interior de esa provincia, salta al 64,1%. Algo parecido pasa en Chaco: en Resistencia el empleo femenino no registrado es del 51,1% y en el interior chaqueño trepa al 58,9%. Y en la ciudad de Tucumán y Tafi Viejo el empleo en negro femenino es del 43,1% y en el interior, del 52,4% En la ciudad de Buenos Aires, el empleo en negro es del 25,1%: del 21,2% entre los varones y del 29,2% entre las mujeres.

El trabajo en negro tuvo un fuerte aumento durante los años 90 por el impulso a los “contratos basura” y la “flexibilidad laboral”, y luego durante la recesión posterior a 1998 y la crisis de 2001/02.

Con la normalización económica posterior el no registro laboral fue reduciéndose, pero sin perforar los guarismos que regían antes de 1995.

Eso mostraría que el fenómeno es estructural, que sube con fuerza cuando el ciclo económico es negativo y se reduce en los años de crecimiento, pero sin bajar del tercio de la población asalariada. Así, uno de cada tres asalariados no está registrado.

No obstante esta realidad del trabajo en negro directo – al que recurren los empleadores para eludir el pago de las cargas sociales y pagar salarios más bajos– están otras formas “legales”, como el registro de asalariados como monotributistas o la formación de cooperativas truchas.

A todo esto se agrega el trabajo rural donde el empleo no registrado supera el 70%, además de una fuerte presencia del trabajo infantil.

De aquí se puede inferir que, a nivel nacional, el empleo en negro ronda el 40%

La ANSeS busca apartar a un juez por sus sentencias a favor de los jubilados

2011-07-06T08:29:00.000-07:00

Es Luis Herrero, de la Cámara de Seguridad Social. Rechazo de la asociación de abogados.

Por
Ismael Bermúdez

Sin ninguna argumentación, la ANSeS pidió ayer apartar al Juez de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social de cientos de causas en las que los jubilados reclaman el reajuste de sus haberes .

A traves de sendos escritos, los abogados de la ANSeS plantearon “recusar sin causa al Dr. Luis René Herrero ... separando al magistrado mencionado en las presentes actuaciones”, de acuerdo al texto presentado ayer en el Fuero de la Seguridad Social.

Aunque la ANSeS no dio un solo motivo, los especialistas coinciden en que la “recusación”se debe a que Herrero se pronunció en innumerables causas en favor del reajuste de las jubilación.

También es partidario de que la Corte Suprema extienda el fallo Badaro a todos los jubilados y hasta autorizó reajustes por vía cautelar que fueron cumplidas por la ANSeS porque de lo contrario hubiera recaído una multa al Director Ejecutivo o a los jefes de las delegaciones de la ANSeS.

Además – agregan – está el antecedente de que la ANSeS semanas atrás pidió el juicio político contra Herrero, con el argumento de que hizo maniobras supuestamente irregulares con dos expedientes, con fallos contrarios al Estado nacional, y que el juez actúa con parcialidad y animadversión hacia la ANSeS . El trámite ingresó en el Consejo de la Magistratura.

Ahora, como el juicio político podría no prosperar o como complemento mientras se tramita ese pedido, la ANSeS buscaría el mismo objetivo apartando a Herrero de los juicios previsionales, dicen los especialistas consultados.

Por ejemplo, la Asociación de Abogados de Buenos Aires sostiene que la acusación de la ANSeS contra Herrero se funda en defectos formales, “sin entidad suficiente para promover la aplicación de medidas disciplinarias y/o requerir su juicio político”. Y que tales defectos no pueden ser atribuidos a los jueces “sino más bien al incumplimiento de los fallos judiciales en la materia, tanto en lo que hace a la mora en el pago individual de las sentencias dictadas, como a la inobservancia, en general, de las pautas que los magistrados han venido fijando y que destacara con preocupación la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Defensor del Pueblo de la Nación contra el Estado Nacional sobre amparos y sumarísimos”.

La recusación es una facultad procesal que las partes pueden utilizar para excluir a un juez o a un camarista del conocimiento de la causa, en el supuesto en que las relaciones o actitudes de esos magistrados con alguna de las partes o con la materia del proceso sean susceptibles de poner en duda la imparcialidad de sus decisiones. En ese caso, la recusación es con causa.

La recusación sin expresión de causa o “sin causa” no requiere la mención de ninguna causal para lograr el apartamiento del juez. En ese caso, las actuaciones pasan a partir del primer día hábil siguiente al magistrado que le sigue en el orden del turno que, en este caso, es un juez la Sala III.

De todas maneras, siendo una facultad excepcional, la recusación debe analizarse con criterio “restrictivo” y el Tribunal podría calificar de “maliciosa” una recusación de esta naturaleza.

“El daño institucional y funcional que ocasionaría el apartamiento del juez recusado sería enorme en un fuero totalmente colapsado y en el que ingresan por mes alrededor de 1.500 apelaciones en cada una de las Salas”, se sostiene en el sector.

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Luis Herrero fue nombrado juez en febrero de 1989. Es Profesor universitario por concurso en la UBA y en la Universidad del Salvador. El mes pasado fue distinguido por el Consejo Argentino de Comunicación Social

Récord de dólares “debajo del colchón” o en bancos del exterior

2011-07-03T14:50:00.000-07:00

2-7-2011
Ya suman 147.495 millones de dólares. El monto quintuplica las inversiones que las empresas locales mantienen en otros países.

Por Ismael Bermúdez

Los ahorros que los argentinos o empresas argentinas tienen bajo el colchón, en cajas de seguridad o en el exterior ya suman U$S 147.495 millones, de acuerdo a las estimaciones de la balanza de pagos del Indec del primer trimestre de 2011. Se trata de una cifra récord que equivale a más del 40% del PBI argentino.

En tanto, en ese mismo momento, a fines de marzo de 2011 las reservas internacionales del Banco Central (BCRA), totalizaron U$S 51.298 millones. De aquí se infiere que los activos externos de los argentinos casi triplican las divisas existentes en las arcas del BCRA y superan también la deuda externa (pública y privada) estimada en U$S 130.827 millones.

Además, esos activos quintuplican las inversiones que las empresas argentinas mantienen en el exterior y que, a marzo de 2011, sumaban U$S 29.289 millones.

Solamente en los últimos 27 meses, a pesar de la caída de los rendimientos financieros en el exterior y la volatilidad financiera internacional, la cuenta de los argentinos se incrementó en U$S 26.500 millones. Esta intensa fuga de divisas se financió con los excedentes del comercio exterior, obtenidos en gran parte por los altos precios internacionales.

No obstante, si bien continúa la alta valoración de las exportaciones argentinas, el fuerte incremento de las importaciones está achicando el superávit comercial, de donde se nutren las divisas que financian toda la economía.

Así las cosas, en el último período “se fueron” en promedio la friolera de unos U$S 1.000 millones mensuales. Eso determinó que las reservas del BCRA crecieran menos de lo esperado y hasta cerraran con un cierto retroceso.

Por ejemplo, “a fines de marzo de 2011 las reservas internacionales del BCRA, sumaron U$S 51.298 millones, con una reducción respecto del trimestre anterior de U$S 891 millones”, según el informe oficial.

Según el Banco Central, “las compras netas de billetes en moneda extranjera por parte de residentes totalizaron U$S 2.877 millones en el trimestre, unos U$S 1.000 millones más que lo observado en el último trimestre de 2010, pero U$S 100 millones menos que en igual período del año anterior”.

Por su parte, “los fondos de libre disponibilidad que son transferidos a cuentas en el exterior de residentes, totalizaron U$S 825 millones en el trimestre. También se observó un incremento respecto a los trimestres anteriores”.

Esta tendencia se aceleró en los meses posteriores. De acuerdo a la consultora ACM, la fuga de divisas se profundizó en los últimos tres meses. “En este sentido, la salida de capitales no muestra señales de desaceleración y, según nuestras estimaciones, se habría incrementado durante mayo (U$S 2.350 millones vs. U$S 1.225 millones promedio del primer trimestre)”. Y agrega: “En la previa del ciclo electoral, los riesgos parecen estar más concentrados hacia la profundización del desdoblamiento del mercado de cambios, aceleración en la salida de capitales mediante. De hecho la coyuntura internacional, marcada por los problemas de la periferia europea (con Grecia a la cabeza), sumada al débil crecimiento de la actividad económica en Estados Unidos, no aportan un panorama positivo en este sentido, pudiendo ser fuentes de nuevas oleadas de volatilidad, agudizando a nivel local la salida de capitales”.

De este modo, ni el crecimiento económico doméstico continuo de los últimos años ni la situación financiera externa, más que volátil, fueron factores que disuadieron a que los argentinos continuaran ahorrando fuera del sistema local. Más que una ausencia o retracción de la inversión extranjera, los propios argentinos son un factor clave de la desinversión doméstica, a lo que se agrega la elusión fiscal porque la mayoría de esos fondos no están declarados.

A la salida de capitales -que este año se estima que superará el récord anterior de 2009- se agregan los pagos de intereses y los giros de utilidades y dividendos de las filiales a las casas matrices que siguieron siendo transferidos al exterior, no obstante las restricciones impuestas por distintas dependencias oficiales.

Si bien son pagos normales, habituales y legales, sus giros -de entre U$S 7.000 millones a U$S 8.000 millones anuales- impactan sobre el saldo de la cuenta corriente y sobre las reservas. Se trata además de cifras que están en ascenso por las mayores ganancias empresarias, porque muy pocas de esas utilidades se reinvierten y por la regularización de la deuda pública.

Este año esta cuenta tendrá una incidencia mayor por la cancelación del cupón PBI que, se estima, en su mayor parte, no sería reinvertida en el país y por el atraso del tipo de cambio, que agranda las utilidades empresarias en dólares.

También impactará en forma negativa sobre las reservas el cronograma de pagos de la deuda con el Club de París que se estima ronda los U$S 9.000 millones. El “consuelo” es que no se trata de una tendencia reciente. El balance post 2001 muestra un incremento de las tenencias externas de los argentinos del orden de los U$S 65.000 millones, generadas en su mayoría a partir de 2007.

La deuda llegó a US$ 173 mil millones y la mitad está en el sector público

2011-07-02T06:16:00.000-07:00

SUBIÓ 21.000 MILLONES DE DOLARES EN 12 MESES
Un 49,9% del total está colocada en títulos en la ANSeS, el BCRA y el Nación.

Por
Ismael Bermúdez

ibermudez@clarin.com

Por la normalización de deuda que seguía en default, la capitalización de intereses, ajustes del CER y el pago con las reservas del Banco Central, el endeudamiento del Gobierno Nacional aumentó en los últimos 12 meses en U$S 21.381 millones .

Ahora, al 31 de marzo pasado la deuda pública interna y externa sumaba U$S 173.147 millones, equivalente al 46,3% del PBI , de los cuales la mitad está en manos del propio sector público, a través del Banco Central, la ANSeS y el Banco Nación, según los datos del Ministerio de Economía difundidos ayer.

Con esas cifras después del canje de 2005 la deuda pública aumentó en unos U$S 43.000millones. Los U$S 173.147 millones toman en cuenta la deuda con el Club de París, que está pendiente de pago y valuada en U$S 6.420 millones. Esa cifra no incluye los intereses atrasados ni los punitorios que reclaman los acreedores y que podrían llevar esa deuda a unos U$S 9.000 millones . También comprende la deuda con los organismos financieros (como el Banco Mundial y el BID) que totalizan U$S 17.718 millones y otros U$S 62.547 millones que están en manos privadas.

El resto – U$S 86.463 millones equivalente al 49,9% del total- es deuda con el propio sector público, o sea el principal acreedor es el Estado . Los tenedores públicos de esa deuda son el Banco Central por las reservas prestadas al Tesoro Nacional para pagar la deuda (primero al FMI y luego a acreedores privados) y los adelantos transitorios que ayudan a financiar el déficit fiscal . Otro gran acreedor es el Fondo de Garantía de la ANSeS, que absorbió los bonos que estaban en manos de las AFJP y que también financian al Tesoro. Y le sigue en menor medida el Banco Nación por préstamos al Gobierno.

Si bien es evidente que al estar la mitad de la deuda estatal en manos de organismos públicos se facilita la refinanciación de los vencimientos , como viene sucediendo, al mismo tiempo tiene el inconveniente o el peligro de que traslada el riesgo del endeudamiento al sistema previsional y al propio BCRA.

El informe de Economía precisa que este endeudamiento está contraído en un 38,5% en pesos y el resto en moneda extranjera. Y agrega que “el 22% del total de la deuda pública se encuentra denominada en pesos ajustados por CER, devengando una tasa fija; su tenencia está altamente concentrada en agencias del Sector Público Nacional (de modo que sólo el 8,5% de la deuda total son acreencias del sector privado en pesos indexados por CER)”. De aquí se infiere que la subvaluación del IPC del INDEC, que se toma como referencia para el CER perjudica de manera preponderante al propio Estado, en especial a la ANSeS que es el principal tenedor de los bonos en pesos ajustables por CER.

El Informe de Economía aclara que los U$S 173.147 millones incluyen el saldo no utilizado de los fondos para el pago de la deuda privada que sumaban U$S 7.410 millones, que serán aplicados durante el resto del año . También estima, dado el perfil de los servicios, que los vencimientos de capital promedio para el período 2011-2020 suman U$S 6.707 millones por año, en tanto los vencimientos de interés anuales promedio alcanzan un valor de U$S 4.014 millones, sin incluir los incluye los vencimientos de Adelantos Transitorios, Letras del Tesoro y Letras Intransferibles-BCRA ni los cupones PBI.

Extienden el derecho a pensión de las parejas del mismo sexo

2011-06-29T03:21:00.000-07:00

La Corte sostuvo que se debe cobrar desde el año de la muerte del conviviente.

Por
Ismael Bermúdez

29/06/11

En un fallo de alto impacto, la Corte Suprema sostuvo que el derecho a cobrar la pensión en el caso de convivientes de un mismo sexo se debe aplicar desde el momento del fallecimiento de la pareja y no sólo desde 2008 cuando la ANSeS reconoció ese derecho. Aunque se trata de una sentencia individual, el fallo del máximo Tribunal sienta jurisprudencia y constituye una doctrina que seguirán los jueces inferiores para resolver centenares de casos similares que ya están en la Justicia. También llevará a que se presenten nuevas demandas pidiendo la aplicación retroactiva del beneficio.

Según explicó la Corte, el demandante, identificado como Sr. P (su nombre se mantuvo en el anonimato), había formado una “pareja amorosa, con convivencia pública, permanencia, fidelidad y asistencia mutua” con C., quien falleció en 1996. A su vez, la pareja compartía “desde las tareas hogareñas hasta los ingresos que ambos tenían”, habiéndose “instituido mutuamente como herederos únicos y universales mediante escritura pública”.

P. solicitó a la ANSeS la pensión por viudez la que fue denegada porque la ley previsional no reconocía los beneficios para personas del mismo sexto. El pedido también fue rechazado en primera y segunda instancia en la Justicia.

El caso ingresó a la Corte cuando, en agosto 2008, a través de la Resolución 671/08, firmada por el entonces Director Ejecutivo Amado Boudou, la ANSeS reconoció la pensión para las parejas del mismo sexo. P. obtuvo entonces el beneficio de la pensión, pero con la retroactividad de sólo un año y no desde el fallecimiento de C.

Entonces, P. objetó el otorgamiento limitado del beneficio. Y ahora la Corte le dio la razón ordenando que se dicte una nueva sentencia sobre la base de que el beneficio le sea concedido desde la fecha del fallecimiento, en 1996, como se aplica en todos los demás casos por tratarse de una cobertura “integral” lo cual impone “reglas amplias” cuidando “que los criterios restrictivos, no desnaturalicen el espíritu que ha inspirado su adopción”.

“Esta decisión hace realidad el principio de no discriminación ya que pone a todos los beneficiarios del sistema previsional en las mismas condiciones”, le dijo a Clarín , Gustavo Maurino, abogado de P. La sentencia lleva las firmas de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay, Eugenio Zaffaroni, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda

La mitad de los ocupados vive con menos de $ 2.200 mensuales

2011-06-28T07:05:00.000-07:00

28 JUN 2011
Por
Ismael Bermúdez

A pesar de los aumentos salariales pactados durante 2010, la mitad de la gente ocupada – que equivale a unas 7.720.000 personas- empezó el 2011 ganando menos de $ 2.200 mensuales . Así surge de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC del primer trimestre de 2011 difundida ayer.

Ese universo abarca a toda la gente ocupada , ya se trate de empleados en relación de dependencia, por cuenta propia, profesionales o patrones.

Ese ingreso tan bajo se debe a varias razones : más de un tercio de los asalariados se desempeña en negro, hay una vasta franja de monotributistas de bajos ingresos y a que la propia inflación fue neutralizando las mejoras salariales.

Por otro lado, hay 1.213.000 desocupados , sin ingresos o que recibe la “prestación por desempleo” de menos de $ 400. Y apenas el 10% -poco más de 1,5 millón- tiene ingresos superiores a los $ 5.000 mensuales.

Si se suma todo el ingreso de las familias – porque además del jefe de hogar trabajan otros integrantes- en la mitad de los hogares ingresan menos de 3.800 pesos mensuales .

Todas estas cifras contrastan con el costo de la canasta familiar – para un matrimonio y dos hijos- que ronda los $ 5.000 mensuales según estimaciones privadas. Sin considerar el alquiler (que supera los $ 1.000), la canasta de consumo total básica en la Ciudad de Buenos Aires a noviembre pasado para una familia tipo era de $ 3.595, según la Dirección de Estadísticas y Censos porteña.

Así, pese al repunte económico y al incremento del empleo, el poder de compra del grueso de los trabajadores ocupados sigue siendo bajo según los registros oficiales.

Del análisis de la escala de ingresos, surge que del total de ocupados, el 30% – casi 4,7 millones de ocupados- gana menos de $ 1.500 mensuales, una cifra que se ubica incluso por debajo del salario mínimo, vital y móvil (actualmente es de $ 1.840 pesos).

En gran parte, eso sucede porque más de un tercio de los asalariados (34,1%) está empleado en negro y en promedio, se estima gana un tercio menos que los ocupados en blanco y por debajo del piso mínimo legal. Además, una buena parte trabaja pocas horas por semana -entre 23 y 39 horas semanales-, aunque en la mayoría de los casos está dispuesta a trabajar más horas (subocupados).

En el caso de los varones, la mitad de los ocupados – con 45 horas de trabajo semanal – gana menos de $ 2.500, en tanto la mitad de las mujeres – con 35 horas semanales – percibe menos de $ 2.000. La diferencia horaria y de ingresos se debe a que las mujeres trabajan menos horas porque recaen sobre ellas las tareas en el hogar, en especial las que se desempeñan en el servicio doméstico por horas, con ingresos más bajos.

Por encima de los $ 5.000 mensuales está sólo el 10% de los ocupados -un poco más de 1.500.000 personas-, que en su mayoría están alcanzados por el impuesto a las Ganancias

Pese a la intimación de la Corte, la ANSeS pagará menos jucios a jubilados

2011-06-04T04:49:00.001-07:00

por
Ismael Bermúdez

A pesar de la intimación de la Corte Suprema para que informe lo que pasa con los juicios y el pago de las sentencias a favor de los jubilados, la ANSeS difundió ayer que este mes pagará apenas 312 sentencias. Es un 80% menos que lo que se canceló en igual mes de 2010.

Así, en los primeros seis meses de este año se habrán liquidado 4.067 sentencias, cuando en igual período del año pasado se cancelaron 10.197. Es un 60% menos.

En marzo, la ANSeS suspendió los pagos para implementar un nuevo sistema que prometía ser más ágil y operativo. Pero la realidad es que desde entonces los pagos de sentencias vienen liquidándose “a cuenta gotas”.

Este año el organismo previsional cuenta con un presupuesto de $ 2.400 millones para liquidar unas 20.000 sentencias con lo que hay una evidente subejecución presupuestaria. Además, al no cancelar las sentencias, tampoco se implementa el reajuste de los haberes de acuerdo a lo que fija cada fallo.

En los pasillos de la ANSeS se comenta que en el sector de sentencias hay un conflicto con el personal – por la falta de recategorización y por sanciones que los empleados rechazan – lo que estaría demorando aún más las liquidaciones.

Horacio González, uno de los abogados que denunció a la ANSeS ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, le dijo a Clarín que “continúa una situación grave porque se sigue acumulando el incumplimiento en los pagos de los fallos firmes, aparte de la cantidad de juicios en trámite. Es evidente que responde a una política que excede a la propia ANSeS, cuyo titular recorre las provincias entregando netbooks, mientras se incrementa la deuda con los jubilados. Todo esto va a ser denunciado una vez más ante la CIDH”.

El sistema previsional carga con una pesada litigiosidad, ya que se acumulan 465.000 juicios en los distintos tribunales de la Seguridad Social y todos los años están ingresando unos 100.000 reclamos nuevos. Las sentencias judiciales que favorecen a los jubilados son porque la ANSeS pagó y sigue pagando jubilaciones por debajo de lo que marca la ley previsional y los fallos de la Corte Suprema. El motivo más generalizado es el caso Badaro que ordenó ajustar los haberes jubilatorios según la evolución de los salarios.

Las demandas de jubilados contra la ANSeS ya suman 465.000

2011-06-03T16:19:00.000-07:00

Por
Ismael Bermúdez

1 ¿Cuánto son los juicios pendientes de los jubilados?
Hay unas 465.000 demandas presentadas en los distintos juzgados de la Seguridad Social. Y todos los meses ingresan unas 10.000 demandas nuevas. Las demandas de los jubilados fueron en aumento a medida que la Justicia se fue pronunciando a favor de esos reclamos. La jubilación promedio ronda los $ 1.500 al mes, equivalente al 40% del sueldo medio, muy lejos del objetivo histórico del 82%. Y el 73% cobra la mínima de $ 1.227,78.

2 ¿Por qué hay tantos juicios?
Porque la ANSeS pagó y sigue pagando jubilaciones por debajo de lo que marca la ley previsional y los fallos de la Corte Suprema. El motivo más generalizado es el caso Badaro que ordenó ajustar los haberes jubilatorios según la evolución de los salarios. Eso representa para gran parte de los jubilados un incremento del haber de hasta el 69,9%, más el cobro de la retroactividad. También en otros casos, la Corte fijó que las sumas no remunerativas se deben computar para el cálculo de la jubilación inicial o que los jubilados docentes deben percibir el 82% del sueldo del cargo del activo.

3 ¿Qué hace el Gobierno?
El Gobierno viene cancelando unas 20.000 sentencias por año, aunque en los últimos meses los pagos fueron decreciendo. A este ritmo, y si no ingresaran más demandas, se necesitarían unos 17 años para cancelar el stock actual de demandas. Pero como la ANSeS sigue aprobando las nuevas jubilaciones sin tomar en cuenta los fallos judiciales, se descuenta que el actual ritmo de demandas va a seguir creciendo. En los últimos 3 meses ingresaron 25.686 nuevas demandas. Se estima que en promedio las sentencias rondan los $ 120.000 más el reajuste mensual del haber. De este modo, la ANSeS está acumulando una deuda enorme, que sigue creciendo por la retroactividad y los intereses que se generan.

4 ¿Qué pasa en la Justicia?
Hay 10 Juzgados previsionales que vienen acelerando el dictado de sentencias. Pero los jueces dicen que no pueden administrar 46.500 demandas por juzgado y recuerdan que por el sobrepeso de los expedientes el edificio de la calle Marcelo T. de Alvear tuvo el riesgo de derrumbe. Si bien luego se transfirieron expedientes a otros edificios, con las nuevas demandas el edificio volvió a sobrecargarse. A todo esto se agrega que la ANSeS sigue apelando los fallos de primera instancia y también en muchos casos los fallos de Cámara, abultando el número de juicios. También la ANSeS liquida mal las sentencias firmes, lo que obliga al jubilado a iniciar un nuevo juicio para que se cumplan con lo que marca la Justicia. En varios casos la Justicia ordenó a la ANSeS a pagar de inmediato la sentencia, con penas económicas al Director de la ANSeS en caso de no cumplir con los fallos y la apertura de una causa penal.

5 Se incumple con la OEA
Abogados y organismos de derechos humanos denunciaron al Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA por la “violación” de los derechos de los jubilados. Para no ser sancionado, el Gobierno se comprometió a no apelar los fallos en temas sobre los que ya se hubiera expedido la Corte Suprema y desistir de las apelaciones. Pero los abogados denuncian que eso no se está cumpliendo y volvieron a denunciar al Gobierno ante la CIDH. El Gobierno tampoco cumple un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación que ordenó a los organismos públicos que no rechacen los reclamos y no obliguen a la gente a ir a juicio “si existe jurisprudencia reiterada favorable a los reclamos de los interesados”. El Gobierno tampoco está cumpliendo con este dictamen.

6 El veto presidencial contra los jubilados
El año pasado, el Gobierno vetó la ley votada por el Congreso que estableció el haber mínimo en el 82% del sueldo mínimo y reajustaba los haberes de los jubilados de acuerdo a los fallos de la Corte. El pago de esos cambios debía ser financiado con una reestructuración del Presupuesto. El oficialismo se opuso a esa ley y luego fue vetada por el gobierno con el argumento de que eso implicaría la quiebra del sistema.

7 ¿Por qué la Corte le pide informes a la ANSeS?
Ante los reiterados pronunciamientos de la Justicia en favor de los jubilados, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda pidiendo que la Justicia extendiera sus fallos a todos los jubilados que estuvieran en idéntica situación. En la jerga judicial esto se denomina “demanda de acción colectiva”. El pedido de informes aprobado ayer por la Corte forma parte de este juicio iniciado por la Defensoría del Pueblo. La demanda fue aprobada en primera instancia por la Justicia y rechazada en segunda instancia. Por eso la resolución está en manos de la Corte Suprema.

8 ¿Qué es la acción colectiva?
Como cada sentencia solo beneficia a quien ganó el juicio, el objetivo de la acción colectiva es evitar que cada jubilado tenga que hacer un juicio sobre un tema sobre el cual ya se pronunció la Corte Suprema y que ya se sabe de antemano que condenará a la ANSeS.

Amplían un beneficio para acceder a la pensión por viudez

2011-05-24T03:46:00.001-07:00

24/05/11

Por

Ismael Bermúdez

La viuda o el viudo de una persona que no tenía los aportes al día, y no había estado afiliado como autónomo, puede obtener la pensión completando los años no ingresados como autónomo a través de la moratoria hasta llegar a los 30 años requeridos. Y en ese caso pasa a cobrar una jubilación, que dependerá de lo que estaba ganando la persona fallecida hasta el momento en que aportó, menos la cuota de la moratoria.

La decisión fue adoptada por la Comisión Administrativa de Revisión de la Seguridad Social (CARSS), que ahora debe cumplimentar la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS).

El caso –fallecimiento de un afiliado que no tiene los aportes al día– es muy común y por eso la importancia de esta resolución.

Inicialmente, la ANSeS denegó la pensión por viudez. El rechazo se debió a que el titular fallecido no registraba aportes en los últimos años por lo que era considerado, según la ley previsional, “aportante irregular sin derecho a pensión”.

Además, la ANSeS había rechazado la posibilidad de que la viuda declarara años de servicios anteriores a septiembre de 1993 como autónomo para completar los 30 años requeridos, porque no estaba afiliado en esa categoría.

Ahora, la CARSS ordenó revocar esa denegatoria con el fundamento de que la moratoria es de alcance general e incluye a las prestaciones de pensión por fallecimiento aunque el fallecido no hubiera estado afiliado como trabajador autónomo.

Por ejemplo: luego de aportar durante varios años una persona fallece sin que en los últimos años registre aportes como empleado en relación de dependencia, monotributista o autónomo. En ese caso, al viudo o la viuda no les corresponden la pensión por viudez porque no tiene los 30 años de aportes requeridos y no aportó en los últimos años.

Pero la moratoria, que sigue vigente, ofrece una solución ya que si la viuda o el viudo declara que su cónyuge, aunque no estuviera afiliado, trabajó como autónomo durante varios años antes de septiembre de 1993 (fecha límite de la moratoria) podría completar los 30 años de aportes. Y en ese caso pasaría a cobrar la pensión que no puede ser inferior al haber mínimo. Es lo que acaba de dictaminar la CARSS.

El abogado Guillermo Jáuregui le dijo a Clarín que hay mucha gente que no pudo pensionarse por ese motivo, ya que sobre este punto existían distintas opiniones o interpretaciones en las diversas UDAI o delegaciones de la ANSeS.

Por eso Jáuregui considera importante la decisión de la CARSS “que funciona como un tribunal administrativo superior dentro de la ANSeS, que elabora la doctrina administrativa que el organismo previsional debe acatar”.

La moratoria previsional permitió que mucha gente pudiera jubilarse o pensionarse declarando años de aportes para completar los 30 años requeridos

Prepagas: seguirán captando afiliados de las obras sociales

2011-05-23T07:24:00.000-07:00

Por
Ismael Bermúdez

Las empresas prepagas podrán seguir captando sin límites afiliados de las obras sociales a través del actual sistema de derivación de los aportes de la seguridad social.

Así surge de la ley regulatoria de la medicina privada promulgada el lunes por la presidenta Cristina Kirchner y publicada ayer en el Boletín Oficial.

De esta manera, la desregulación de las obras sociales, un punto controvertido aprobado en los años 90, quedó avalada en la ley N° 26.662 votada a comienzos de este mes por el Congreso.

Hasta ahora la medicina privada no contaba con una ley específica que regulara su actividad, algo que era reclamado por distintos sectores, inclusive por las propias prepagas. Y el tema llevó a fuertes e intensas discusiones entre los distintos actores del sistema de salud y las asociaciones de defensa de los consumidores o usuarios.

Con la sanción y promulgación de esta ley, las prepagas tendrán 180 días para adecuarse a la nueva norma legal.

La ley aclara que las entidades que comercialicen esos planes complementarios o superadores de las prepagas deberán llevar un sistema contable diferenciado para el control de los aportes y las contribuciones previstas en las ley de obras sociales. Y que sobre los planes adicionales no se realizarán aportes al Fondo Solidario de Redistribución. En tanto las prepagas no recibirán reintegros ni subsidios de la Administración de Programas Especiales (APE) por los tratamientos de alta complejidad Así no prosperaron las objeciones de la CGT y especialmente del sector de Hugo Moyano que reclamaban poner algunos limites a los traspasos de los afiliados de altos ingresos con el argumento de que estaban “descremando” el sistema de obra sociales.

Actualmente sobre 4,5 millones de afiliados que registran las prepagas, la mitad proviene de las obras sociales.

Si bien la nueva ley remite muchas precisiones a lo que fije en el futuro la reglamentación –que deberá conocerse dentro de los próximos 120 días, a cargo del Ministerio de Salud, introduce algunos cambios en el sistema con relación a las enfermedades preexistentes de los nuevos afiliados, los períodos de carencia y el cobro de cuotas más caras a los afiliados de mayores edades.

Concretamente la ley dice que las prepagas no podrán rechazar afiliados con enfermedades preexistentes, algo que sí podían hacer hasta ahora. Pero en esos casos podrán cobrarles una cuota más cara.

Textualmente el artículo 10 de la ley señala que “la autoridad de aplicación –el Ministerio de Salud- autorizará valores diferenciales debidamente justificados para la admisión de usuarios que presenten enfermedades preexistentes, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación”.

Algo similar pasa con los mayores de 65 años porque no permite a la prepaga rechazar la afiliación pero autoriza a cobrar una cuota más cara, si esos afiliados tienen menos de 10 años de antigüedad en la prepaga. Si no cumplen ese requisito, la cuota puede encarecerse y ser de hasta 3 veces mayor al valor de la cuota de los afiliados más jóvenes .

El articulo 17 especifica que el Gobierno fiscalizará y garantizará la “razonabilidad” de las cuotas de los planes prestacionales. Y que autorizará aumentos fundados en las variaciones de la estructura de costos y de riesgos. Más adelante agrega que las entidades privadas “pueden establecer precios diferenciales para los planes prestacionales, al momento de su contratación, según franjas etarias con una variación máxima de tres veces entre el precio de la primera y la última franja etaria”.

Con relación a los períodos de carencia (lapso en que la prepaga puede no brindar atención médica si el afiliado no cuenta con cierta antigüedad), la ley especifica que esas carencias o esperas no regirán para las enfermedades contempladas en el PMO (Programa Médico Obligatorio). Pero si podrán fijarse tiempos de espera para los servicios que superen el PMO, como podría ser con la cantidad de sesiones psiquiátricas según la antigüedad de la afiliación.

En los casos de contrataciones grupales o corporativas (a cargo de las empresas para su personal) los afiliados que queden desvinculados por renuncia o despido de la empresa que realizó el contrato tienen derecho a mantener la antigüedad en la prepaga si así lo solicitan dentro de los 60 días del cese de la relación laboral.

Por su parte, los afiliados que se jubilen pasan a intrigar el PAMI y pueden seguir en la prepaga pagando integralmente la cuota de sus bolsillos ya que este sector jubilado no puede derivar a una prepaga el descuento del haber que se destina al PAMI.

Las prepagas podrán cancelar la afiliación si registran la falta de pago de 3 cuotas o el afiliado haya falseado la declaración jurada de ingreso a la entidad. En tanto, los afiliados podrán rescindir en cualquier momento el contrato, notificando tal decisión con 30 días de anticipación.

Por su parte, el Ministerio de Salud deberá fijar los aranceles mínimos que deberán pagar las entidades a sus prestadores, ya sean públicos o privados, de tal manera que aseguren el desempeño eficiente de esas prestaciones.

A su vez, las prepagas deberán abonar al hospital público u otros prestadores públicos provinciales o municipales “las prestaciones efectuadas y facturadas de acuerdo a los valores establecidos por la Superintendencia de Salud”.

Están excluidas de esta ley las cooperativas y mutuales, las asociaciones civiles y fundaciones, como así también las obras sociales sindicales.

En el interior la inflación llega a ser cuatro veces a la del INDEC

2011-05-21T08:52:00.000-07:00

21/05/11

Por Ismael Bermúdez

Las primeras cifras de inflación de abril de las provincias vuelven a marcar fuertes discrepancias – de hasta 4 veces – con los números del INDEC. Y arrojan subas en los precios que superan holgadamente a las informadas por las consultoras privadas multadas por el Gobierno.

En Mendoza, los precios en abril subieron el 3,2% , de acuerdo a la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la Gobernación. Y acumulan entre enero y abril un alza del 7,6%, más que duplicando las cifras del INDEC para Capital y GBA..

Tanto el mes pasado como en los primeros 4 meses, los principales aumentos mendocinos abarcaron a indumentaria, educación y alimentos. En este rubro se destacan las subas de los panificados con un alza del 11,1%, lácteos y huevos con el 10,7% y las carnes con un 5%, entre enero y abril.

Para los últimos 12 meses, indumentaria con el 31,6%, educación con el 31,5% y alimentos y bebidas con el 24,2% encabezan el ranking inflacionario.

Desde comienzos de este año Mendoza comenzó a medir la inflación en forma independiente del INDEC sobre la base de una nueva encuesta de hogares y con el registro de 20.700 precios por mes.

La inflación promedio en Tierra del Fuego (mide las ciudades de Ushuaia y Río Grande) arrojó un 2,8%, acumulando en los primeros 4 meses un alza del 11,4% La Dirección de Estadística y Censos de La Pampa, que mide la evolución de los precios de Santa Rosa, informó un alza del 1,96%, con un acumulado en el cuatrimestre del 6,7% Estos números contrastan con el 0,8% de abril que informó el INDEC y el 3,2% acumulado en el cuatrimestre. Así en lugar de atenuarse, se agiganta la brecha entre los índices de precios oficiales provinciales y los del INDEC.

También las mediciones provinciales arrojan subas superiores a las de las consultoras privadas

La Corte ordenó subir sueldos y jubilaciones de los militares.

2011-03-28T06:37:00.000-07:00

Ismael Bermúdez
Lo hizo en un fallo a favor de un retirado.
Pero su efecto puede llegar a todos los que hagan juicios.

La Corte Suprema ordenó al Gobierno que incorpore al sueldo del personal activo de las FF.AA. los suplementos y adicionales otorgados después de 2005 y que ajuste los haberes de los retirados y pensionados de acuerdo al nuevo valor remunerativo que surja del fallo.
Para los activos, implica una mejora que puede duplicar lo que están cobrando y para los retirados y pensionados puede hasta triplicar sus haberes actuales.
Si bien la sentencia beneficia sólo a los que hicieron el reclamo -"Pedro Salas y otros"-, el Tribunal aclara que dictó este fallo "de manera de poder fijar una doctrina susceptible de dar una cabal y concreta respuesta a la problemática planteada, la que se repite en una importante cantidad de causas en trámite ante esta Corte y en instancias anteriores".
Si bien lo resuelto por la Corte beneficia en forma inmediata a los que hicieron este juicio, el fallo tiene un carácter general porque fija una doctrina que debe seguir la Justicia. Así impacta sobre más de 100.000 militares activos y 80.000 retirados y pensionados.
Buena parte de los activos y retiradosya tiene juicios iniciados, inclusive con sentencia de primera instancia favorables. Y el resto podría hacer el mismo reclamo, con la certidumbre que los jueces fallarán a favor por la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Según se detalla en la sentencia, entre 2006 y 2009 el personal en actividad recibió aumentos otorgados bajo la figura de "adicionales" que acumulados suman el 140,48%. En tanto, los retirados y pensionados recibieron otros adicionales, por porcentajes mucho más bajos, similares a los que percibieron los jubilados y pensionados de la ANSeS.
A su vez los adicionales al personal activo se otorgaron como "no remunerativos" y "no bonificables", contrariando la ley del personal militar que "establece que cualquier asignación que se otorgue al personal en actividad, cuando revista carácter general, se acordará en todos los casos, en el concepto "sueldo" correspondiente a cada grado que se fija anualmente por la ley de Presupuesto". A su vez, la misma norma fija que los haberes de los retirados y pensionadosse deben calcular sobre el 100% del sueldo.
El abogado Sebastián Bonder le dijo a Clarín que del fallo se desprenden dos conclusiones:

· Personal en actividad: implica una mejora que duplica los salarios actuales porque se debe retrotraer la situación salarial a 2005 y aplicar los porcentajes de aumento sobre el sueldo, lo que multiplica lo que deben cobrar sobre otros beneficios y adicionales.

· Retirados y pensionados: como no se vieron beneficiados por esos aumentos y perciben haberes mucho más bajos que los activos, el fallo implica un aumento aproximado que podría hasta triplicar lo que están cobrando en la actualidad. Esto es así, porque ahora deberán cobrar el haber en proporción a un sueldo mucho más alto.
Por la magnitud de los aumentos en juego, la Corte precisa que los nuevos haberes de los retirados deberán guardar "la debida proporcionalidad" con los de actividad y "en ningún caso" podrá superar el sueldo que le hubiera correspondido de haber continuado en actividad, incluyendo los adicionales que fija la ley militar.
En tanto, los abogados Eduardo Porta y Esteban Gaubeca -en declaraciones a este diario- destacaron que "este fallo corrige la ilegitimidad de estos cinco años con varios decretos que violaron la proporcionalidad que debe existir entre el haber del retirado y el sueldo del personal en actividad. Y a su vez corrige la ilegitimidad de dar aumentos no remunerativos y no bonificables cuando la legislación militar lo prohíbe". Y los letrados aportaron otro dato no menor: en los casos de los retirados que corresponden a los mayores grados y con máxima antigüedad, el ajuste hasta puede quintuplicar los haberes que están cobrando.

Ganancias: deberán pagarlo más de 2.000.000 de asalariados.

2011-03-28T04:29:00.000-07:00

Se debe, básicamente, a que no se ajustan los valores para las exenciones por la inflación y sí aumentan los salarios.

Por Ismael Bermúdez

Con los aumentos de salarios que se están acordando en las primeras paritarias de este año, ya casi 1,8 millones de asalariados y 100.000 jubilados están alcanzados por el impuesto a las Ganancias. Y en las próximas semanas, con los acuerdos que se perfilan en bancarios, metalúrgicos o alimentación, casi con seguridad más de 2 millones de empleados y asalariados pasarán a tributar Ganancias. Y parte del aumento de salarios irá al Estado.

Así, mientras entre los trabajadores en relación de dependencia hasta hace poco el reducido grupo de empleados jerárquicos –como gerentes o supervisores – tributaban el Impuesto a las Ganancias, en los últimos años entre los contribuyentes de este impuesto aparecen maestros, camioneros, bancarios, siderúrgicos, petroleros, petroquímicos, operarios de otros gremios y hasta jubilados.

Y no se trata solo de Ganancias; luego, cada vez que consumen, el ingreso de bolsillo aparece castigado por otra cadena de tributos, fundamentalmente con el IVA, que cuenta con una alícuota altísima, del 21%, para la inmensa mayoría de los consumos.

¿Corresponde que todo ese universo de gente que vive de su trabajo personal, como empleado de un comercio o una industria pague Ganancias? Los tributaristas coinciden en que “las rentas del trabajo personal deben seguir alcanzadas por el impuesto a las Ganancias, dado que la ‘renta’ es una de las formas de exteriorizar la capacidad de contribuir con el Estado. Los parámetros ‘renta’, ‘patrimonio’ y ‘consumo’ constituyen la base de todo sistema tributario y, por ende, la renta del trabajo personal no puede quedar eximida de la tributación”, como sostiene Marcelo Domínguez, coordinador de la Comisión Tributaria de la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Sin embargo, Domínguez agrega que “el problema actual no es la existencia de un Impuesto a la Renta sobre el trabajo personal, sino su gran incidencia sobre trabajadores que no tienen capacidad para contribuir con el Estado en la medida que se les exige. Así, actualmente hay una gran cantidad de trabajadores que han sido alcanzados por el impuesto a las Ganancias solo por no se aumentaron las deducciones personales (mínimo no imponible, cargas de familia, etc) y, además, hay una fuerte incidencia del impuesto sobre la renta de los trabajadores por no adecuarse los tramos de la escala del artículo 90 de la Ley”.

Lo mismo opinan Nadin Argañaraz y Andrés Mir, del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal). “El impuesto a las ganancias se aplica sobre la parte de los ingresos de los contribuyentes que excede a los gastos necesarios para su generación, provengan de alquileres, rentas de capital, desarrollo de actividades empresariales o del trabajo personal, ejercido tanto en forma independiente como dependiente”.

Con este esquema, no habría razones, dicen los especialistas, para que un profesional que en relación de dependencia percibe un sueldo neto de $15.000 mensuales no deba estar alcanzado por el impuesto a la Ganancias y sí lo esté quien tenga los mismos ingresos, pero obtenidos en forma independiente. Y aclaran que lo que “no resulta razonable es que un trabajador casado con dos hijos, que percibe una remuneración neta mensual de $6.665, quede alcanzado por el impuesto. Si los mínimos y deducciones se hubieran ajustado desde el 2001 hasta la actualidad a un ritmo similar al de estimaciones privadas de inflación, el nivel de ingresos sujeto a impuesto se encontraría en torno a los $8.600 mensuales. En el mismo sentido, se deberían haber ajustado los topes de los tramos de escala”.

Así, Argañaraz y Mir concluyen que “más que pensar en si los ingresos de los asalariados deben estar o no alcanzados por el impuesto a las Ganancias, hay que corregir las distorsiones que se fueron generando en los últimos años. Esto provocaría una baja de la carga tributaria efectiva y retornaría la situación a parámetros razonables. La contracara sería una pérdida de ingresos para los fiscos nacional y provincial, que comparten la recaudación de este impuesto”.

Algunas soluciones Domínguez sostiene que una vez que se actualicen las deducciones y los tramos de la escala habría que: Adoptar un sistema de adecuación automática, objetiva y periódica de los referidos “importes fijos”, como pasa con el sistema de adecuación semestral de la recaudación previsional y de la prestación jubilatoria.

Diferenciación por regiones: Ganancias tiene mayor incidencia en las regiones donde la remuneración al trabajador debe compensar sus mayores gastos personales en transporte y vivienda (por ejemplo, Capital, GBA y grandes ciudades) y, además, en las regiones donde la remuneración debe compensar los mayores gastos en alimentos y vestimenta (provincias patagónicas). Por eso resulta inequitativo que los importes fijos sean iguales en todo el país, siendo distintas las capacidades contributivas de los trabajadores, conforme la región del país donde desarrollen sus tareas.

Jubilaciones: deben seguir alcanzadas por el impuesto a las Ganancias, conforme la “simetría” que existe en la relación fisco-contribuyente a lo largo de la vida del trabajador. Durante la vida laboral “activa”, los aportes jubilatorios son deducibles a los efectos del impuesto a las Ganancias, mientras que durante la vida laboral “pasiva” la jubilación constituye una renta gravada en la medida que supere las deducciones personales.

Por su parte, la contadora y abogada Flavia Meltzi plantea que existe un conjunto de temas que resulta urgente modificar. Y enumera los siguientes: Actualización permanente de los parámetros numéricos, como topes de conceptos deducibles (seguros, gastos de sepelio, etcétera), deducciones personales del artículo 23 (mínimo no imponible, deducción especial y cargas de familia), las escalas del artículo 90 (se mantienen sin modificación desde 1999), montos de exenciones por derechos de autor que se mantienen en $10.000 anuales.

Equiparación de las deducciones personales del artículo 23 en concepto de deducción especial entre autónomos y trabajadores en relación de dependencia.

Rentas financieras: parte de la doctrina se expresa a favor de la gravabilidad por un criterio de equidad y otra afirma que su exención responde a la motivación de generar mayores excedentes que puedan ser utilizados luego para incrementar la actividad económica. La legislación vigente no hace una diferenciación entre las rentas financieras aplicadas a la producción.

“En mi opinión debieran gravarse, sin perjuicio de otorgarse un tratamiento preferencial a las rentas que se reinviertan en la actividad productiva”, concluye Melzi.

Docentes: Anulan una resolución de Tomada a favor de Yasky

2011-03-13T13:34:00.001-07:00

13/03/11

Por

Ismael Bermúdez

Los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocaron una resolución del Ministro de Trabajo, Carlos Tomada que dio como ganadora, en las elecciones docentes de San Javier, Santa Fe a la lista afín a al dirigente de la CTA Hugo Yasky, cercano al Gobierno. Declararon como ganadora a la opositora Lista Educación Popular, que encabeza Mabel Vivas.
Según el fallo judicial, del escrutinio realizado en San Javier el mismo día de las elecciones (16 de junio de 2010), y con el aval de las listas intervinientes, surgió que, por estrecho margen, la Lista Educación Popular se impuso a Encuentro Docente.
Sin embargo, tres días después, la lista perdedora solicitó a la Junta Electoral que reviera la votación de algunas mesas debido “al estrecho margen de diferencia existente entre las listas participantes”. La Junta Electoral, el 19 de junio, revisó la votación: anuló el resultado de una mesa y modificó el de otra, lo que alteró el resultado final. Así quedó proclamada como ganadora la lista respaldada por Hugo Yasky.
Educación Popular recurrió a la Dirección Nacional de Asociaciones Profesionales, quien el 28 de julio declaró de “ineficacia jurídica” el escrutinio del 19 de junio, dando por válido el primer recuento de votos.
No obstante, días después, a través de la Resolución 869, el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dio por válido el triunfo de la lista yaskista.
Así el tema pasó a la Justicia. El Fiscal Eduardo Alvarez sostuvo que, además de las autoridades, las actas del escrutinio del 16 de junio “fueron suscriptas por los fiscales de las listas participantes, sin merecer observación ni impugnación alguna en el momento de efectuarse los escrutinios provisorios”.
De esta manera, “en sentido concordante” con el Fiscal General, la Cámara del Trabajo resolvió “revocar la resolución 869/10 del Ministro de Trabajo de la Nación ” y “convalidar el escrutinio” que dio como ganadora a la lista Educación Popular. Además impuso las costas a la lista Encuentro Docente y a la Junta Electoral “en su calidad de vencidos”.

Mendoza, otra provincia cuya inflación duplica la del INDEC

2011-03-08T07:35:00.000-08:00

08/03/11

Por
Ismael Bermúdez

Mendoza se sumó a la legión de provincias que tiene índices de inflación muy superiores a los del INDEC.

En los últimos 12 meses a enero pasado, en Mendoza los precios acumularon un alza del 20,7%, casi duplicando el 10,6% que informó el INDEC para Capital y GBA.

Una brecha del 95% . Las mayores diferencias se concentran en los alimentos y bebidas, transporte y comunicaciones y educación, todos rubros de fuerte impacto sobre los asalariados y la clase media.

Así surge de la medición que hizo la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), que depende la gobernación mendocina, que arrancó en enero con un índice nuevo .

Como adelantó Clarín , la Gobernación de Mendoza rescindió el convenio con el INDEC por el cual el organismo nacional medía y difundía el Índice de Precios de la provincia. Desde enero de 2011 la provincia -gobernada por el kirchnerista Celso Jaque- comenzó a difundir una medición propia a cargo DEIE. Más adelante también elaborará y difundirá los valores de la canasta de indigencia y pobreza , en forma autónoma del INDEC. Según la DEIE se tomó esa decisión por pedido de las cámaras empresarias, sindicatos, universidades y la ciudadanía en general ante la desconfianza que despertaba la medición del Instituto Nacional.

Si bien no revisará hacia atrás las cifras mendocinas del INDEC, para testear y evaluar su nuevo índice, la DEIE hizo mediciones de precios durante el año pasado que no se dieron a conocer. Sin embargo, ahora la Dirección oficial mendocina difundió las cifras de inflación de enero (0,8%), consignando la variación de los últimos 12 meses. De ahí surge que esas mediciones arrojan una inflación en los últimos 12 meses -de enero 2010 a enero 2011- casi un 100% mayor a la de Capital y el Gran Buenos Aires.

Mendoza se suma a Santa Fe, San Luis, Chaco, Entre Ríos, Río Negro, Jujuy, Neuquén, Chubut, Salta y La Pampa cuyas Direcciones o Institutos registran variaciones de precios al consumidor muy superiores a los del INDEC. Las principales diferencias en los rubros básicos son: Con el 31,3% los alimentos lideraron la suba de los precios en Mendoza. En Capital Federal y GBA, según el INDEC, subieron solamente 13,1%.

En Mendoza la carne subió 55,9%, promedio, contra el 24,7% de Capital y GBA.

Lo mismo pasó con el azúcar y dulces que en Mendoza registraron una suba del 49,3%, frente al 21,6% de Capital y GBA. Y los precios de los lácteos subieron en Mendoza el 31,7% y en Capital el 12,7%.

Para Mendoza los alquileres se encarecieron el 20,7% y en Capital y GBA el 5,7%. Así podría seguir la lista

Dispersión de precios e inflación

2011-02-12T02:34:00.000-08:00

Es una realidad que un mismo producto no tiene el mismo precio en todos los comercios. Inclusive hay cadenas de comercialización que, como estrategia de ventas, utilizan precios diferenciados y calidades distintas según las bocas de expendio.

Esa "dispersión de los precios"-- a la que se refirió la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner-- es más intensa en las épocas de alta inflación.

Las razones son varias. Con los bruscos cambios los valores, el consumidor no retiene los precios y no sabe si el producto que solicita es más caro y si viene o no con remarcaciones sólo allí donde está comprando o responde a una suba generalizada. Y accede a convalidar los precios más altos.

Los comerciantes no saben si al precio que están vendiendo, podrán luego reponer esa mercadería. Otros pueden estar vendiendo mercadería comprada un mes atrás o que recibieron en la semana, adquiridas a precios distintos. Algunos venden por el precio adquirido y otros por el que estiman será el de reposición, más alto.

Así la "dispersión de precios" lejos de contraponerse a la inflación se amplía en las economías con continuas y fuertes alzas en los precios, como viene pasando en los últimos años en la Argentina. Finalmente, la "dispersión de precios" siempre existió, pero ahora su intensidad es mayor por la mayor inflación.

Aún así, aunque haya consumidores que compren allí donde los precios son más bajos, el índice de inflación puede ser alto porque el IPC (Índice de Precios al Consumidor) registra las variaciones de precios y no si los niveles son altos o bajos. Por ejemplo, una mercadería que se vende entre 2 y 7 pesos la unidad, si aumenta de precio y pasa a venderse a 3 y 8 pesos, seguiría con una gran dispersión de precios, pero la suba allí donde se vende más barato sería del 50% (de $ 2 a $ 3) y en el más cara de apenas del 14,3% (de $ 7 a $ 8 ). Lo que importa en el Índice es la variación de los precios.

Para que eso cambie, los consumidores deberían desplazarse hacia los comercios más baratos algo difícil de conocer, sin considerar el costo adicional según la distancia de los hogares de esos puestos de venta y descontando que esa mayor demanda no implique un incremento de esos precios. También con frecuencia las diferencias de precios obedecen a diferencias en la calidad de los bienes y servicios ofrecidos en los distintos puntos de venta. Y si las familias se desplazan hacia los comercios con precios inferiores, estarían adquiriendo productos o servicios menor calidad y eso no indicaría una reducción en los precios.

El problema sigue siendo la inflación, de la que la "dispersión de precios" es una consecuencia que la realimenta.

Un millón y medio de empleados ya paga Ganancias

2011-02-11T10:38:00.000-08:00

Por
Ismael Bermúdez

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray admitió ayer que "un millón y medio" de trabajadores están alcanzados por el impuesto a las ganancias.

Esta cifra, que equivale al 20% de los trabajadores en blanco, significa que los salarios de uno de cada 5 trabajadores tiene el descuento adicional de Ganancias.

Hasta ayer se estimaba en un millón los trabajadores afectados por este impuesto. Pero como una consecuencia de la mayor inflación, el número real de afectados por este tributo resultó muy superior a las estimaciones privadas.

El impacto de este impuesto sobre los asalariados también se manifestó en la paritaria docente de la Provincia de Buenos Aires. Allí los dirigentes de SUTEBA dijeron que al 14,4% de los docentes provinciales, 36.000 maestros, les descuentan Ganancias. Y agregaron que en Neuquén alcanza al 30% del gremio docente. "En todas las provincias del país hay docentes afectados por Ganancias", se quejó Estela Maldonado, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación(CTERA).

En la mayoría de los casos, el peso de este impuesto en los salarios ronda entre el 4y el 8% del salario. Esto significa que esos trabajadores dejan de cobrar o le ceden al Fisco por año entre un medio aguinaldo y un aguinaldo entero.

En la actualidad están alcanzados por este impuesto los trabajadores en relación de dependencia y los jubilados que tienen un ingreso de bolsillo -luego de los descuentos de jubilación y salud- de más de $ 4.818 por mes.

Ese piso salarial es muy bajo ya que se fue atrasando respecto de la inflación y la evolución de los salarios. Así cada vez más este gravamen incluyó a más trabajadores, aunque tengan ahora un poder adquisitivo más bajo que el que tenían en el pasado.

Esto explica que obreros metalúrgicos, camioneros, empleados bancarios o maestros paguen este impuesto.

Si, como impositivamente corresponde, se hubiese ajustado- por la inflación, el piso salarial que regía antes de la tan criticada reforma de José Luis Machinea, del año 2000, debería rondar ahora los $ 8.500.

Por ese motivo, mientras en el pasado Ganancias afectaba al personal jerárquico de las empresas, como gerentes, supervisores o capataces, ahora operarios simples o empleados oficinistas pueden quedar atrapados en las escalas de Ganancias.

Con un piso de $ 8.500, Ganancias podría abarcar a casi el 5% de la pirámide laboral superior de las empresas (unos 400.000 empleados) quienes además pagarían menos. Luego ese nuevo piso debería ser actualizado en forma automática por la inflación para evitar que vuelva a castigar a los trabajadores de sueldos medios o bajos.

A eso se agrega que las escalas sobre las que se calcula el impuesto, se mantienen en los mismos valores nominales de hace 10 años atrás, cuando deberían haberse ajustado también por la inflación. Entonces, en lugar de que le retengan una alícuota baja, del 9%, el trabajador tributa una alícuota más alta -del 14, 19 o 23%-y rápidamente puede llegar al 31 o 35%.

Otro efecto de los topes salariales es el beneficio de las asignaciones familiares: los trabajadores formales que ganan más de $4.800 no tienen derecho a cobrar el prenatal, el salario por hijo y las asignaciones extraordinarias por nacimiento o matrimonio.

Considerado un impuesto esencialmente progresivo, en el que pagan más los que más ganan, en la Argentina hay otro dato llamativo: Ganancias no se aplica a la renta financiera como los intereses sobre depósitos o títulos públicos o las ganancias con la compra-venta de acciones y bonos.

Piden anular los topes en asignaciones familiares

2011-02-09T06:50:00.000-08:00

09/02/11

Por
Ismael Bermúdez

Además de la suba del piso salarial a partir del cual los trabajadores pagan el impuesto a las Ganancias, la CGT también reclamará a la presidenta Cristina Kirchner que se eliminen los topes salariales que excluyen a muchos trabajadores del cobro de las asignaciones familiares.

Desde hace más de 2 años, los trabajadores en blanco cobran el salario por hijo si ganan menos de $ 4.800. Ese límite no se actualizó a pesar de que la inflación excedió el 50%. Así con cada aumento salarial, más trabajadores dejan de cobrar esas asignaciones o pasan a cobrar menos.

En el Presupuesto 2010 se previó pagar 4.096.486 salarios por hijo de trabajadores activos. En el Presupuesto 2011 se reduce a 3.424.506: son 671.980 menos.

La posición de la CGT, le dijo a Clarín el dirigente Omar Plaini, es que “las asignaciones deben ser universales y percibidos sin ningún tipo de diferencias en los ingresos, categorías ni actividades.Lo contrario es discriminatorio ”.

Por el régimen vigente, los empleados en relación de dependencia cobran las asignaciones familiares, como el salario por hijo, el prenatal y las asignaciones de matrimonio o nacimiento y la ayuda escolar anual, si ganan menos de $ 4.800 de sueldo bruto , antes de los descuentos, y sin computar las horas extras ni el aguinaldo.

Ese beneficio no es uniforme: se va reduciendo si el trabajar gana más de $ 2.400 y vuelve a achicarse si gana más de $ 3.600. (Ver Infografía). En las llamadas zonas desfavorables, los topes son similares pero la asignación es más alta.

Como esos topes salariales no se actualizan desde septiembre 2008, con cada aumento salarial, aunque no compense la inflación, muchos trabajadores suben de escala y pasan a cobrar menos.

Y otros superan los $ 4.800 y directamente dejan de percibir el beneficio .

Veamos un ejemplo. Un trabajador con 2 hijos menores que gana $ 4.000, luego de los descuentos cobra en mano $ 3.320 más $ 222 de salario familiar: $ 3.542.

Si obtiene un 25% de aumento, pasaría a ganar $ 5.000 que, luego de los descuentos, se transforman en $ 4.150. Pero ahora dejaría de cobrar el salario por los 2 hijos.

El aumento real no es entonces del 25% sino que se achica al 17,2%

Ganancias:Un impuesto que se extiende y pega cada vez más en el bolsillo

2011-02-07T00:33:00.000-08:00

06/02/11
Un millón de empleados y hasta 40 mil jubilados pagan Ganancias.

Por
Ismael Bermúdez

Además del descuento de jubilación y salud, los trabajadores en relación de dependencia que ganan “en mano” más de $ 4.818 por mes, tienen un descuento adicional por la retención del impuesto a las Ganancias. Según el nivel salarial Ganancias puede representar una pérdida salarial de 2, 5, 8, 10% y hasta más . En algunos casos, representa por año dejar de cobrar un medio aguinaldo, los dos medio aguinaldos y más también.

Con esas retenciones sobre sus sueldos se encuentra un millón de trabajadores en relación de dependencia, como operarios petroleros, de la siderurgia, camioneros, bancarios, de luz y fuerza y tantos otros gremios y hasta 40.000 jubilados .

Además, con cada aumento de los salarios, si no se eleva ese piso salarial de $ 4.818a partir del cual se paga Ganancias, el impuesto aumenta y de manera creciente . Y en lugar de un 5%, el descuento salta al 8% y así cada vez más.

Por esta razón, el movimiento sindical sin distinciones reclama que se incremente ese piso; de lo contrario, una parte de la suba salarial que se acuerde en las próximas paritarias no irá al bolsillo del trabajador sino al de la AFIP . Y entonces el reclamo de aumento debería ser mayor para compensar esa mayor retención impositiva.

También por eso muchos trabajadores no quieren hacer horas extras porque, en ese caso, una parte del mayor ingreso por ese mayor esfuerzo se lo lleva el impuesto.

¿Por qué tantos asalariados están alcanzados por Ganancias y con alícuotas tan altas, mientras la renta financiera sigue exenta?
Simplemente porque el Gobierno fue ajustando ese piso salarial (llamado “mínimo no imponible”) pero menos que la inflación y la evolución de los salarios.

Entonces, con cada aumento nominal de los salarios, aunque esa suba no haya compensado la inflación, más trabajadores superan ese piso y quedan atrapados por Ganancias, a pesar de que tienen el mismo poder adquisitivo o menos.

A eso se agrega que siguen congeladas –hace más de 10 años con una inflación que supera el 300%– las escalas sobre las que se calcula el impuesto. Entonces, en lugar de que le retengan una alícuota baja, del 9%, el trabajador tributa una alícuota del impuesto más alta –del 14, 9 o 23%– y que rápidamente puede llegar al 35%.

Si el Gobierno hubiera ajustado por la inflación o la evolución de los salarios, el piso de Ganancias debería ser de $ 8.500 y las escalas serían más amplias . Así estarían alcanzados por este impuesto, no un millón sino unos 300.000 empleados, quienes, además, pagarían menos.

Por esta razón, Marcelo Domínguez, Coordinador de la Comisión Tributaria de la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, le dijo a Clarín que “si antes sólo el personal jerárquico tenía la retención de Ganancias, ahora están alcanzados hasta los operarios, fundamentalmente cuando prestan servicios en el área metropolitana de Buenos Aires y en las provincias patagónicas”- La suba del mínimo no imponible no implica que el Gobierno tenga un “alto costo fiscal” o “subsidie” a los empleados de sueldos medios o altos. Simplemente evitaría que la AFIP siga captando una parte mayor del ingreso nominal de trabajador por el simple expediente de no ajustar los valores por la inflación de cada período.

Otro tema que sigue pendiente es la equiparación del mínimo no imponible y demás deducciones de los autónomos con los valores que tienen los empleados en relación de dependencia. A igual ingreso que un asalariado, el autónomo paga mucho más

Seguro de responsabilidad civil para empleadores

2011-02-06T05:32:00.000-08:00

Las compañías de seguros podrán ofrecer a los empleadores una póliza para cubrir reclamos de trabajadores accidentados, por encima de las indemnizaciones tarifadas a cargo de las ART.

Por
Ismael Bermúdez

Ante el impacto de los juicios de accidentes de trabajo, la Superintendencia de Seguros ya tiene lista la resolución por la que permitirá que las compañías de seguros puedan ofrecer a los empleadores un seguro de responsabilidad civil, adicional al que ya tienen con las ART. Con esto, las empresas quedarían cubiertas de los eventuales reclamos que puedan realizar los trabajadores accidentados o sus familiares –y que son aceptados por la Justicia– por encima de las indemnizaciones tarifadas del sistema.

Para operar en este seguro, las compañías aseguradoras deberán contar con “un capital mínimo de $3.000.000, que revestirá el carácter de adicional al requerido para operar en el ramo Responsabilidad Civil”. Y la suma máxima asegurable por trabajador “se establecerá entre un importe mínimo de $250.000 y un máximo de $ 1.000.000”, dice la resolución a la que accedió iEco. Aún no se sabe a cuánto podría ascender el costo de este nuevo seguro.

Estos accidentes siguen dando lugar a muchos juicios porque la Justicia ordena pagar más que lo que estipula el sistema y el empleador debe afrontar las indemnizaciones adicionales.

Para Adrián Sasse, presidente de Unión de ART, “la solución a la elevada judicialidad pasa por la reforma estructural a la Ley de Riesgos del Trabajo resolviendo los aspectos cuestionados por la Corte Suprema: doble vía (cobro de la ART y reclamo a la Justicia), baremo único, procedimiento administrativo previo obligatorio y posibilidad de pago en una suma única en lugar de renta”. Y con relación a la posibilidad de contratar esta póliza adicional, Sasse agregó que “podría ayudar a mitigar el impacto económico de la judicialidad, pero no resuelve los motivos que la genera y hasta podría en algunos casos alentarla. La norma prevé un modelo de póliza, no obligatorio ni exclusivo ni excluyente, es decir que cada empleador decidirá si lo quiere contratar o no, como así también las aseguradoras pueden presentar diferentes planes de cobertura”.

Para el abogado laboralista Horacio Schick, es positivo que se ponga en vigencia el decreto 1694/09 que habilitó a la Superintendencia a autorizar este seguro, pero la resolución tiene “limitaciones y exclusiones de cobertura que conspiran contra el éxito de la medida”. Entre otras cláusulas cuestiona:

* El límite de $1.000.000 cuando las condenas por responsabilidad civil en muchos casos exceden ese monto. El tope debería ser de $3.000.000 como en los siniestros de automotores. A su vez el piso de $250.000 puede dejar sin cobertura el tramo comprendido entre el máximo de condena de la ley de riesgos, que puede ser inferior a esa suma, y el monto que tiene que afrontar el empleador.

* Si existen varios trabajadores dañados por un mismo accidente, el asegurador sólo responderá hasta el máximo de $1.000.000 que se repartirá proporcionalmente entre las víctimas, lo que constituye una desnaturalización del seguro.

* Quedan fuera de cobertura las enfermedades laborales que no figuran en el Listado del sistema pero que igualmente tienen cobertura de reparación en base al derecho civil de acuerdo al Fallo “Silva c/Unilever” de la Corte Suprema. También quedan al margen los eventos sufridos por el personal de empresas de servicios eventuales que se desempeñen en el establecimiento del asegurado y las contingencias sufridas por el personal que trabaje por cuenta de contratistas del asegurado, salvo que en las Condiciones Particulares se deje constancia de su inclusión.

El Gobierno blanqueó que tomó de la ANSeS otros US$ 800 millones

2011-02-05T01:47:00.000-08:00

05/02/11

El Tesoro ya colocó letras al organismo previsional por cerca de US$ 1.700 millones

Por
Ismael Bermúdez

El Gobierno blanqueó, al publicar recién ayer en el Boletín Oficial una resolución fechada el 29 de noviembre de 2010, que tomó prestados de la ANSeS 801,1 millones de dólares para cubrir una parte del déficit Tesoro Nacional.

Lo mismo hizo días atrás con otros U$S 631,6 millones. Y si se agregan otros U$S 240 millones, que esta semana fueron renovados y ampliados en U$S 18 millones, por ahora Economía reconoce que están vigentes con la ANSeS tres Letras por un total de 1.690 millones de dólares. Es el equivalente a unos $ 6.800 millones. No se sabe si no hubo otras colocaciones en 2010 cuyas resoluciones puedan ser publicadas en los próximos días en el Boletín Oficial.

De esta manera, el 90% del superávit corriente de la ANSeS de 2010 –lo recaudado por aportes e impuestos, sin los intereses del Fondo de Garantía, menos los beneficios y gastos pagados– tuvieron como destino financiar parte del “rojo” del Tesoro. Otra parte fue cubierta por el Banco Central.

Es la ratificación de la estrategia oficial de financiarse, a tasas muy bajas, con las cajas de organismos públicos, aún a riesgo de descapitalizarlos.

Que la ANSeS tenga excedentes es un dato positivo de la Seguridad Social, pero eso lo obtiene porque no está pagando los haberes de una buena parte de los jubilados de acuerdo a lo que marca la legislación previsional, ratificada por los fallos de la Corte Suprema. En tanto, los nuevos jubilados se retiran con un haber que ronda la mitad del sueldo promedio correctamente actualizado (según los índices de la Justicia) de los últimos 10 años.

Esto se manifiesta claramente en los 450.000 juicios que se acumulan en los Tribunales de la Seguridad Social. Además, aún con el reciente ajuste de los haberes, a partir de marzo la jubilación promedio estará en torno de $ 1.600 , lo que representa apenas el 40% del sueldo promedio del trabajador activo, muy lejos del 82%. Y el 73% de los jubilados, cobrará $ 1.227 por mes más, en algunos casos, de $ 45 adicionales del PAMI.

Desde el Gobierno sostienen que no es posible otorgar mejoras porque se amplió la cobertura jubilatoria –con la moratoria y la extensión de las pensiones no contributivas– se otorgó la asignación por hijo a desocupados y trabajadores en negro y se puso en marcha el plan de computadoras escolares (“Plan conectar”).

Lo que se cuestiona no son esos beneficios –que deberían mantenerse y ser sostenidos, dicen los críticos, con tributos a la renta financiera, la eliminación de exenciones impositivas a sectores económicos y una reasignación del gasto– sino que se financien a costa de la reducción de los derechos previsionales de los ya jubilados y de los que se jubilen en el futuro.

De todas maneras, ese achique de las jubilaciones lleva a que la ANSeS tenga una deuda potencial por los 450.000 juicios en su contra que, a precios actuales, puede rondar los $ 50 mil millones.

Para 2011 está previsto en el Presupuesto que se paguen sentencias por apenas $ 2.400 millones, equivalente a unas 20.000 causas. A ese ritmo, y si no ingresaran nuevas demandas judiciales, se necesitarían unos 17 años para cancelar esos juicios, un plazo que excede la expectativa de vida de los que reclaman . Pero el stock total de juicios crece porque ingresan 100.000 demandas por año, y se liquidan efectivamente apenas 20.000

2010: Los jubilados presentaron 100 mil demandas por ajuste de haberes

2011-02-05T01:44:00.000-08:00

05/02/11
Por lo general obtienen sentencia favorable en primera y segunda instancia.

Por
Ismael Bermúdez

Durante 2010 ingresaron en los Tribunales 100.003 demandas de jubilados , de acuerdo a las cifras de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Sumadas a las que ingresaron en años anteriores y aún no tienen sentencia, totalizan más de 450.000 los juicios de jubilados con distintos reclamos contra la ANSeS.

Las demandas del año pasado se mantuvieron casi en los mismos niveles de 2009, duplicando los reclamos promedio de 2006-2008 . Así, en los últimos cinco años los 10Juzgados de la Seguridad Social recibieron más de 350.000 nuevos juicios.

Del total ingresado los jueces alcanzaron a dictar sentencia en unos 65.000 casos , en su gran mayoría dándoles la razón a los jubilados.

Este incremento de demandas se debe a varias razones. El grueso de los reclamos corresponde a reajustes de haberes, que se aceleraron luego que la Corte Suprema dictaminó, en el caso Badaro, que los haberes jubilatorios por el período enero 2002 a diciembre de 2006 deben haberse ajustado un 88,3%, según el índice de variación salarial del INDEC.

En ese lapso el Gobierno otorgó solo dos aumentos generales: del 10% en septiembre de 2004 para los que ganaban menos de $ 1.000 y el 11% en junio de 2006 para todos los jubilados. Así, quienes están en una situación similar a Badaro, el ajuste de haberes puede ser de hasta el 54,5% ó 69,9%, según la fecha en que se jubilaron. A eso se agrega, la retroactividad más los intereses.

En otros casos, las demandas cuestionan que, para calcular la jubilación, la ANSeS no actualiza por la variación salarial los sueldos que determinan el haber inicial (últimos 10 años). En este punto, la Corte Suprema, en el caso Elliff , ordenó tomar en cuenta para el cálculo del haber los salarios percibidos ajustados por el índice de los salarios básicos de la industria y la construcción –personal no calificado– muy superior al que utiliza la ANSeS.

Por esta razón, en muchas demandas, los jubilados reclaman el ajuste Elliff más Badaro , lo que puede llevar a que la jubilación se duplique.

También la Corte Suprema, en la causa Miguela Lapacó, resolvió que las sumas no remunerativas percibidas por el trabajador – una práctica generalizada desde 2002 en adelante-- deben ser consideradas como parte del sueldo a los fines de fijar el haber inicial. La ANSeS en cambio no las considera porque sobre esos pagos no se efectúan ni las contribuciones patronales ni los aportes del trabajador. Sin embargo, para la Justicia, la ley previsional no hace esa distinción y considera más que contradictorio que la “remuneración” incluya sumas “no remunerativas”.

Además, hay demandas por múltiples reclamos, como el cuestionamiento del tope previsional por parte de los que aportaron por encima de ese límite, o por la devolución de los aportes voluntarios realizados a las AFJP.

La avalancha de juicios también se debe a que el Gobierno no extiende a todos los jubilados la doctrina de la Corte Suprema , obligando a cada jubilado a iniciar un juicio. Y también porque la propia Corte hasta ahora no se pronunció ante la demanda de la Defensoría del Pueblo que reclama que extienda su propia jurisprudencia a todos los jubilados

Un día asignan y al otro quitan $ 251 millones para los bosques

2011-02-02T07:26:00.000-08:00

30/01/11
Es plata que se destina a todas las provincias. No hubo explicaciones oficiales

Por

Ismael Bermúdez

El miércoles pasado, el Gobierno distribuyó entre las Provincias $ 251.606.095 del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Lo hizo mediante la Decisión Administrativa N° 926 de la Jefatura de Gabinete, publicada ese día en el Boletín Oficial y retroactiva al 29 de diciembre de 2010.

Al día siguiente, el jueves 27 enero, apareció una nueva Decisión Administrativa, la N° 1037, por la que se “deja sin efecto” la resolución N° 926 del día anterior.

La única explicación que figura en el texto de la nueva norma es que “resulta oportuno por razones operativas proceder a dejar sin efecto la mencionada decisión administrativa”.

¿Qué pasó? En el Gobierno hay un hermetismo total y en las Provincias consultadas por Clarín nadie supo responder por qué se decidió dar marcha atrás con la norma. Y algunos distritos hasta desconocían que se hubiera anulado la asignación de los fondos. Tampoco Greenpeace, una entidad que viene bregando por la preservación de los bosques, sabía lo que había pasado pero insistieron que les “preocupa por la falta de claridad en el manejo de los fondos de la Ley de Bosques”.

En el Presupuesto 2010, el Fondo tenía una partida inicial de $ 300.000.000. En febrero de ese año, Jefatura de Gabinete decidió restarle al Fondo $ 144.209.091 y derivarlos al Programa Fútbol para Todos, lo que llevó a que la mayoría de las Provincias pegaran el grito en el cielo.

Además, la Secretaría de Medio Ambiente sacó una resolución derivando unos $ 88 millones del Fondo al financiamiento de planes aprobados por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Así las cosas, el Fondo habría quedado con un saldo de solo 68 millones de pesos.

Sin embargo, en noviembre, con la ampliación del Presupuesto por medio de un Decreto de Necesidad y urgencia (DNU), se le restituyeron al Fondo de Bosques los $ 144 millones restados en febrero. Con lo que pasaba a contar con $ 212 millones.

Al asignar los $ 251 millones, en la Decisión N° 926 de Jefatura de Gabinete se dice que la restitución de los créditos al Fondo de Bosques Nativos y luego de “verificar la existencia del crédito presupuestario disponible” se realizó “una nueva distribución de cupos ”.

A partir de esta situación habría varios interrogantes. Entre ellos, si efectivamente el Fondo contaba en 2010 con un crédito de $ 251 millones para ser distribuido entre las Provincias. Y si el criterio de distribución es aceptado o no por todas las jurisdicciones.

También aparece un error en la suma de los cupos asignados a Río Negro de $ 270.000.

Para 2011, el Fondo tiene un Presupuesto de $ 299.999.909. De todas maneras, las Provincias insisten que la ley de Bosques que votó el Congreso de la Nación fijó que el Fondo no puede ser menor al 0,3% del Presupuesto Nacional –lo que daría más de $ 1.000 millones– más “el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”. Hoy, todo está en discusión.

Hay $ 500 millones menos para pagar sentencias a jubilados

2011-01-23T05:32:00.000-08:00

22/01/11

Es el dinero para afrontar los juicios que inician por haberes y le ganan a la ANSeS.

Por
Ismael Bermúdez

Con la prórroga del Presupuesto, el Gobierno incrementó en $ 7.500 millones las partidas de gastos con relación al proyecto que había enviado en septiembre del año pasado al Congreso.

Pero con las sentencias de los jubilados hizo lo contrario : la redujo en 533 millones de pesos, de $ 2.933 millones a $ 2.400 millones. En otras palabras, este año la ANSeS tendrá en principio menos fondos para cancelar los fallos favorables a los jubilados que los que el propio Gobierno había previsto tan solo meses atrás.

Así surge de las planillas del Presupuesto 2011, aprobado a través de la Decisión Administrativa N° 1 del Jefe de Gabinete porque el Congreso no pudo aprobar la “ley de leyes”.

En el proyecto de Presupuesto, enviado al Congreso en septiembre pasado, el Gobierno había previsto que en 2011 la ANSeS destinara $ 2.933.840.000 al pago de sentencias previsionales. La partida implicaba un aumento del 22,2% con relación a los $ 2.400.000.000 asignados en 2010. Por eso se estimaba que durante 2011 podrían cancelarse unas 25.000 sentencias .

Como es sabido, ese proyecto no fue aprobado por el Congreso por lo que el Gobierno quedó facultado para prorrogar el Presupuesto de 2010 con ajustes en más o en menos para adecuar las proyecciones de recursos y gastos a las necesidades del año.

En base a esas facultades, el Gobierno previó en el Presupuesto 2011 gastar $ 39.010 millones más que lo gastado en 2010 y $ 7.500 millones más que lo que el propio Gobierno había presupuestado en septiembre en el proyecto enviado al Congreso.

De esos $ 7.500 millones, por ejemplo el Ministerio de Planificación recibirá $ 4.662 millones más y Desarrollo Social un plus de $ 1.187 millones.

En cambio, la partida de la ANSeS para afrontar el pago de las sentencias no solo no fue aumentada respecto a los $ 2.933.840.000 previstos en el proyecto oficial sino que se la redujo a $ 2.400 millones, repitiendo el importe de 2010.

Por eso ahora se estima que con estos fondos podrían cancelarse unas 2 0.000 sentencias salvo que, más aún en un año electoral, el Gobierno incremente la partida para sentencias por medio de algún nuevo DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia).

De todas maneras, la ANSeS carga sobre sus espaldas con más de 420.000 juicios , mientras ingresan unos 100.000 nuevos juicios por año. Así, por cada sentencia que liquida la ANSeS, ingresan 5 nuevos juicios .

Esos juicios se deben a que, desde el inicio, los haberes jubilatorios están mal liquidados y no fueron actualizados según la evolución de los salarios, como fija la legislación previsional, ratificada por la Corte Suprema, en numerosos casos (como Badaro o Elliff). Se estima que el haber inicial de los nuevos jubilados es un 48% inferior al que correspondería si se aplicaran los índices salariales. Y la extensión del caso Badaro a todos los jubilados obligaría a la ANSeS a ajustar hasta un 70% los haberes de buena parte de los que se jubilaron antes de 2002

El pago de los intereses de la deuda subirá 36,3% en 2011

2011-01-12T06:45:00.000-08:00

12/01/11
Representará más de $ 36.000 millones, el nivel más alto desde el canje de 2005.

Por
Ismael Bermúdez

Por el pago adicional de los servicios de los bonos de la deuda que se ajustan por el crecimiento de la economía, el Gobierno prevé pagar este año intereses por $ 36.265 millones .

Esta cifra es un 36,3% más alta que la pagada el año pasado: $ 9.650 millones más, según las cifras que figuran en el Presupuesto difundido el lunes.

La magnitud de este pago –que equivale al 10,2 % del gasto primario total– casi duplica el presupuesto asignado para el Ministerio de Educación en 2011 (no incluye los gastos educacionales a cargo de las provincias). O equivale a la suma de todo lo presupuestado para seis ministerios clave: Educación, Salud, Ciencia y Tecnología, Justicia y Derechos Humanos, Relaciones Exteriores e Industria.

En parte esto se debe a que el pago de intereses es uno de los rubros que más aumenta: un 36,3% respecto del presupuesto ejecutado en 2010, por el llamado cupón PBI. Mientras que el resto de las partidas crece menos y en algunos casos retroceden.

Por ejemplo, el gasto del Ministerio de Salud crece el 5,4% o el de Ciencia y Tecnología el 14,5%.

El cupón PBI implica que a mayor crecimiento (como el del año pasado) mayor es lo que la Argentina debe pagar en intereses sobre una parte de la deuda pública.

Un parte de esos intereses vuelven al propio Estado, pero sólo en una proporción pequeña. Según la consultora ACM, el 20% de lo que el Estado pagará en intereses lo van a cobrar dependencias del propio Estado , como es el caso de la ANSeS y en menor medida el Banco Nación, por los bonos y Letras que tienen en su poder. Esto se debe a esas dependencias tienen papeles cuyos intereses se capitalizan o rinden menos .

Así, el 80% de la carga de intereses –más de $ 29.000 millones– corresponderá a cobros de acreedores privados.

Muchos especialistas sostienen que las estadísticas del INDEC influyen en el peso de estos intereses, ya que la manipulación de los índices de precios llevó a que la tasa de crecimiento de la economía sea mayor a la real, agrandando el valor del cupón PBI.

Y por el otro lado, tira hacia abajo los bonos que ajustan por la inflación que, en una gran proporción, están en manos de la ANSeS. Justamente por la manipulación del IPC, los acreedores privados fueron desprendiéndose de los bonos CER.

De acuerdo a los datos de Economía, desde la reestructuración de 2005, los intereses fueron subiendo del 2,6% de la deuda bruta al 4,3% el año pasado. Se estima que en 2011 rondará el 5,5% o más según cómo se reconozca la deuda con el Club de París.

La deuda pública a septiembre de 2010 (último dato oficial) sumaba U$S 160.890 millones . De ese total, casi la mitad está en manos del Banco Central, ANSeS, Banco Nación y otros entes públicos.

La semana pasada, el Gobierno tomó prestados otros 7.504 millones de dólares de las reservas del Banco Central para pagar los vencimientos de 2011 de la deuda con acreedores privados a una tasa muy baja, cercana a cero.

Los nuevos jubilados cobran 48% menos de lo que ordenó la Corte

2011-01-10T04:35:00.000-08:00

Es en promedio. La ANSeS usa un índice propio para calcular el haber inicial.

Por
Ismael Bermúdez

09/01/11

Los que se jubilaron en los últimos años o lo están haciendo ahora, cobran un haber inicial que roza la mitad de lo que ordena la Justicia . El promedio se ubica cerca de 48%, pero puede ser hasta 54% más bajo. Es porque la ANSeS calcula la jubilación inicial con índices propios diferentes a los que fijó la Corte Suprema en un fallo de mediados de 2009.

Por eso, automáticamente, apenas le notifican que “le salió” la jubilación, el nuevo jubilado puede iniciar juicio para que le reajusten el haber de acuerdo a los índices ordenados por la Corte Suprema . Y explica, en gran parte, por qué en 2010 se iniciaron 100.000 nuevos juicios y en la Justicia se acumulan más de 450.000 causas.

El reclamo judicial es clave para el nuevo jubilado porque si su primer haber es más bajo que el que le corresponde la diferencia se mantendrá de por vida , se traslada eventualmente a la pensión, y podría agrandarse según cómo se aplique la movilidad previsional.

Esta diferencia de haberes entre lo que liquida la ANSeS y lo que dice la Justicia está en el cálculo del sueldo que se toma como referencia para determinar la jubilación de los trabajadores que se desempeñaron en relación de dependencia. La ley previsional dice que se promedian los sueldos de los últimos 10 años anteriores a la fecha de solicitud del beneficio, pero actualizándolos porque, en un período tan amplio, esos sueldos quedaron licuados por la inflación. Luego, con un requisito mínimo de 30 años de aportes, sobre ese sueldo promedio actualizado se otorga un 1,5% por cada año aportado más la PBU (Prestación Básica Universal).

El problema está en el índice que se aplica para actualizar los sueldos de esos 10 años. La ANSeS usa un índice que suma los ajustes jubilatorios generales otorgados a lo largo del tiempo. La Justicia dice que, por tratarse de una actualización salarial, se debe aplicar el índice de salarios básicos de la industria y la construcción (ISBIC) –personal no calificado- que elabora el Ministerio de Trabajo.

En los últimos 10 años el índice de la ANSeS punta a punta aumentó el 172% , muy inferior a la inflación. En tanto, el ISBIC es del 690% , superior a la inflación, porque los básicos de convenio estaban muy atrasados.

Así, el sueldo promedio que surge de aplicar uno u otro índice arroja diferencias muy fuertes . Por ejemplo, en un caso concreto, con 30 años de aportes, mientras el sueldo promedio con el índice de la ANSeS da $ 2.896, con el ISBIC sube a $ 5.076 (ver infografía). Y a partir de ahí, la jubilación para la ANSeS sería de 1.797 mensuales y para la Justicia debería ser de $ 3.705, es decir, un poco más del doble. Así los $ 1.797 equivalen al 48,5% de lo que fija la Justicia.

Para Elsa Rodríguez Romero, directora del Instituto de Seguridad Social del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, habría 3 razones básicas por las que los jubilados sólo cobran lo correcto una vez que hicieron juicio: La insuficiente actualización de los sueldos: las remuneraciones de los últimos cuatro años fueron correctamente actualizadas, pero como para el cálculo jubilatorio se computan 10 años, el promedio final que se obtiene resulta inferior al correcto. Así cuantas más antiguas son las remuneraciones computadas más deficiente es su actualización.

El bajo valor de la PBU: la determinación de una PBU a valores correctos sería realmente una muy buena medida redistributiva. Técnicamente, es mucho más importante actualizar el valor de la PBU, que dar aumento de la jubilación mínima.

Topes y quitas: muchos son los que se aplican en las jubilaciones que se otorgan desde 1994, que terminan disminuyendo el valor final de la prestación. Por ejemplo, el tope máximo remuneratorio sobre el que se aporta debería encontrarse –como mínimo- en un valor cercano a los $ 20.000. Antes de la crisis del 2002 era de $ 4.800 y hoy es de $ 11.829,21, o sea menos de dos veces y media de suba, cuando en el mismo período las remuneraciones subieron más de cuatro veces

Quedó firme otro fallo que rechaza topes a jubilaciones

2011-01-03T05:13:00.000-08:00

03/01/11

Es de un empleado que había hecho un doble aporte. Deben recalcularle su haber.

Por

Ismael Bermúdez

La ANSeS no apeló otro fallo clave que benefició a un jubilado de sueldo alto. Así quedó firme otra sentencia que ordenó recalcular el haber sobre la totalidad del sueldo aportado sin tomar en cuenta el tope previsional.

Esta vez los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social tuvieron en cuenta que el jubilado Luís Ríspoli había aportado a la Seguridad Social por encima del tope previsional. Entonces consideraron que, con más razón, le corresponde cobrar un haber jubilatorio que tome en cuenta la totalidad del sueldo aportado, sin el tope.

Como anticipó Clarín días atrás, en otro caso, que tampoco fue apelado por la ANSeS, la Justicia le ordenó recalcular el haber del jubilado Oscar Cruz tomando el cuenta todo el sueldo, aunque aportó sólo hasta el tope previsional. En este caso, el fallo ordenó autorizó a la ANSeS a deducirle del haber recalculado lo que no aportó, o sea el 11% de la diferencia entre el sueldo real y el tope actualizado.

Ríspoli, en cambio, reclamó que su jubilación tomara en cuenta lo que aportó, aunque superara el límite . Y superó el límite porque durante varios años tuvo dos empleos con sueldos inferiores al tope, aportando en cada uno el 11%, pero la suma de ambos aportes excedió el límite máximo .

Lo que Ríspoli no sabía y la ANSeS no le advirtió, a pesar de que estaba recibiendo dos aportes simultáneamente que sumados superaban el tope, que en ese caso una de las dos empresas debe retenerle el 11% por la diferencia hasta alcanzar el tope y no sobre la totalidad del salario.

Justamente, en su reclamo, Ríspoli argumentó que si hizo aportes por encima del tope, al calcularle el haber, la ANSeS no puede tomar los sueldos hasta el límite máximo . Con ese dispar tratamiento desigual “se pierde la debida relación de proporcionalidad entre el salario percibido por el titular y su ingreso como jubilado”, sostuvieron los camaristas.

Actualmente, aunque ganen más, los trabajadores en relación de dependencia aportan el 11% hasta $ 11.829,21 de la remuneración bruta (antes de los descuentos). Y la jubilación también está “topeada”: tiene un límite de 7.666,37 pesos.

Así las cosas, estas dos sentencias clave –que cuestionan de distintas maneras el tope– y marcan dos precedentes muy importantes.

En el caso Ríspoli, porque se pagaron aportes y contribuciones sobre remuneraciones superiores al tope.

En Cruz, porque percibió sueldos superiores al tope y sólo pagó aportes personales hasta esa suma.

En ambos casos, la jubilación debe calcularse sin el tope . Y si no hubo aportes por el excedente (como en Cruz), se debe calcular el aporte no ingresado a la ANSeS, deduciéndole del haber recalculado del jubilado.

Guillermo Jáuregui, abogado de Ríspoli, le comentó a Clarín que llamativamente la ANSeS solo apeló en este juicio la extensión del ajuste Badaro más allá del período aceptado por la Corte, pero consintió la inconstitucionalidad del tope,“por lo que esta cuestión quedó firme”.

Quedó firme un fallo que elimina los topes para cobrar jubilaciones altas

2010-12-28T02:32:00.000-08:00

La ANSeS no apeló una sentencia en favor de un jubilado por recálculo de haberes.

28/12/10
Por
Ismael Bermúdez

El primer fallo que introdujo la novedad de suprimir el tope para calcular el haber del jubilado quedó firme. La ANSeS no lo apeló . Ahora el organismo previsional deberá pagar el retroactivo y reajustar el haber del jubilado en más del 100%.

La sentencia, que beneficia a los trabajadores y empleados de sueldos altos, provocará un nuevo reguero de juicios contra la ANSeS, reclamando lo mismo.

Como anticipó Clarín días atrás, la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social había ordenado recalcular el haber del jubilado Oscar Cruz tomando el cuenta todo el sueldo, sin el tope previsional.

Actualmente, aunque ganen más, los trabajadores en relación de dependencia aportan el 11% hasta $ 11.829,21 de la remuneración bruta (antes de los descuentos). Y la jubilación también está “topeada”: tiene un límite de 7.666,37 pesos.

Lo que dice el fallo firmado por los jueces Nora Dorado, Emilio Fernández y Luís Herrero es que esos topes son inconstitucionales porque la jubilación debe mantener una “proporción justa y razonable” con el ingreso que tuvo el jubilado en su vida activa, algo que lógicamente se reduce con los topes.

Así, ordenaron recalcular la jubilación tomando en cuenta todo el sueldo y no sólo sobre lo aportado. Pero como aportó hasta el tope, la sentencia autoriza a la ANSeS a retener de la jubilación recalculada de Cruz lo que no aportó, o sea el 11% de la diferencia entre el sueldo real y el tope actualizado. Esa diferencia es una deuda de Cruz con el sistema previsional que la ANSeS deberá deducir mensualmente por el equivalente al 5% de la jubilación hasta que quede cancelada .

En el caso Cruz lo que pasó fue lo siguiente, según comentó a Clarín el abogado que lo patrocinó, Rodrigo Martul Sainz: durante 6 de los últimos 10 años anteriores a su jubilación, que se toman como referencia para calcular la jubilación de los empleados en relación de dependencia, Cruz — quien se desempeñaba como contador— cobró un sueldo entre un 50% y 80% superior al tope sobre el cual se realizaban los aportes previsionales. Por ejemplo, a mediados de los 90 “el sueldo de Cruz era de $7.720 pero sus aportes fueron realizados hasta el máximo o el tope de aquel momento -1995- que era de $4.320. Entonces la ANSeS calculó la jubilación sobre la base de lo aportado y no de lo que efectivamente ganaba, como dice la ley previsional”.

En su demanda, Cruz también cuestionó, que para calcular su jubilación, la ANSeS no actualizara los salarios de referencia por la variación de los salarios . Y que a partir de 2002, su jubilación efectiva no siguió la evolución de los salarios.

En relación a estos reclamos, los camaristas plantearon que la Corte Suprema ya se había pronunciado y así resolvieron, siguiendo el caso Elliff, tomar en cuenta los salarios percibidos ajustados por el índice de los salarios básicos de la industria y la construcción -personal no calificado-, sin la limitación del tope. Y para la movilidad del haber posterior a enero de 2002, aplicar el ajuste del caso “Badaro”.

En Badaro, la Corte Suprema ajustó los haberes un 88,6% entre enero de 2002 y diciembre de 2006, cuando en ese lapso Cruz recibió un aumento de solo el 11 por ciento.

“Si se suma el ajuste de Elliff y Badaro, más el ajuste por la eliminación del tope, menos el descuento por la deuda con la ANSeS, la jubilación de Cruz más que se duplica”, aseguró Martul Sainz.

Que la ANSeS no haya apelado este fallo, significa que está firme pero no anticipa que no apele otras sentencias similares . De todos modos, anticipa una nueva oleada de juicios

La economía en el “País de las Maravillas”: cómo fue el 2010 para el INDEC

2010-12-27T02:05:00.000-08:00

Con la inflación manipulada, hubo aumentos notables en los indicadores oficiales de ingresos.

Por
Ismael Bermúdez

27/12/10

En el “mundo” del INDEC, en el que la inflación anual ronda el 11%, este año fue extraordinario para los más humildes, para los indigentes y pobres, para los jubilados y para los asalariados en blanco y en negro. Y como en los tres años anteriores, los precios subieron moderamente en la versión oficiail, 2007, 2008 y 2009 fueron también más que beneficiosos para la gran mayoría de los argentinos.

Se acumulan cuatro años de mejoras que desafían todos los manuales de economía, aunque este período coincide con las sospechas de que los índices de inflación están manipulados .

Con los números del INDEC, los asalariados formales -8 millones- pueden comprar un 16% más que a fines de 2009, sin considerar los plus que recibieron o están recibiendo algunos gremios en estos días porque dicen que el salario no les alcanza . Los más de 4 millones que están “en negro” también fortalecieron el poder adquisitivo, pero “apenas” un 10%, solo porque entre 2007 y 2009 ya habían tenido una recuperación más que sorprendente.

Así, y luego de la normalización salarial que se produjo hacia fines de 2006 tras la crisis de 2001-2002, en solo 4 años el poder de compra de los asalariados no registrados creció el 77%, dejando atrás a los trabajadores formales que mejoraron un 52%. Esto pasó porque los empleadores consintieron en dar aumentos salariales que superaron ampliamente el 110%, en tanto remarcaron los precios minoristas menos del 40%.

Que los salarios suban año tras año por el ascensor y los precios por la escalera es otro “mérito” de la estadística oficial .

Aunque siguen colapsando con juicios los tribunales de la Seguridad Social, más de 5 millones de jubilados y pensionados no se quedaron atrás porque recibieron dos aumentos en el año y en diciembre los $ 500 extras, que les permitieron fortalecer un 15% la capacidad de compra . Y en estos cuatro años, si bien no les fue tan bien como a los empleados en negro, no deberían quejarse: cotejando los aumentos de los haberes y la inflación oficial pueden comprar un 60% más. Algo similar sucedió con los pensionados.

Todo esto tuvo lugar con el agregado de que este año los hijos de los desocupados y trabajadores informales cobraron la asignación de $ 180 mensuales que luego se elevó a $ 220, absorbiendo lo que percibían de los planes sociales.

Sin embargo, esta mejora real no modificó mayormente los datos de indigencia y pobreza que bajaron poco en 2010 porque ya habían caído mucho desde que se empezó a manipular los datos de inflación a fines de 2006 . El INDEC puso así en cuestión el impacto de la implementación de la Asignación por Hijo -algo que no motivó la reprimenda del Gobierno-, porque si hubiera tomado en cuenta plenamente la incidencia social, las cifras de indigencia hubieran sido negativas , algo imposible.

De todas maneras, con las mejoras reales y los beneficios surgidos de la baja estadística inflación oficial, no es extraño que para el INDEC no haya casi indigentes -apenas el 3,1% según los datos de la primera mitad de 2010- y en estos 4 años hayan salido de la pobreza 8 millones de personas, aunque el consultor oficialista Artemio López contradiga esos números y asegure que el número de pobres duplica las cifras oficiales

Un convenio salarial toma como válida la inflación de una ex INDEC

2010-12-25T15:45:00.000-08:00

El convenio salarial entre el SMATA y TA GAS Technology dice que se revisará la evolución salarial “teniendo en cuenta entre otras fuentes el IPC (UBA) correspondiente al trimestre enero/marzo 2011”.

Por
Ismael Bermúdez
ibermudez@clarin.com

Mientras empresarios y sindicalistas buscar llegar a un acuerdo social, ayer el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el convenio salarial entre el SMATA y una empresa del sector –TA GAS Technology- homologado por la Secretaría de Trabajo. La novedad es que, negro sobre blanco, en el punto sexto se dice que acuerdan revisar la evolución salarial, “teniendo en cuenta entre otras fuentes el IPC (UBA) correspondiente al trimestre enero/marzo 2011”.

El IPC-UBA es el que elabora Graciela Bevacqua, la desplazada directora del IPC del INDEC . En lo que va de este año, este índice arroja un alza de los precios minoristas del 23,4%, mientras el INDEC registró apenas un 10% .

En el sector automotor casi todos los convenios —como el de Ford, Mercedes Benz y Volkswagen— ya toman como referencia para la discusión salarial futura, no los datos del INDEC, sino el IPC de Bevacqua. .

Otra novedad comprende a los trabajadores químicos y petroquímicos de Bahía Blanca. En el convenio con la empresa Praxair —también homologado por la Secretaría de Trabajo— se dice que “las partes asumen el compromiso de incluir como primer punto de discusión de la próxima paritaria salarial el eventual excedente inflacionario que pudiera existir entre la variación que sufra el Indice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBA) durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2010 y el 31 de marzo de 2011 y el incremento salarial acordado en la presente”.

El Indice CREEBA arroja un alza del 22% en los últimos 12 meses, bastante similar al del IPC-UBA, y que es el doble del índice oficial.

Si bien ningún sindicato, ninguna empresa o cámara empresaria y ni el propio Gobierno nacional o los gobiernos provinciales vienen negociando los salarios en base a la inflación oficial, lo notable es que, expresamente en varios convenios y con la rúbrica de la Secretaría de Trabajo, acepten sustituir al IPC del INDEC como una referencia de las futuras negociaciones . Y acepten como válidas las estadísticas alternativas que difunde la ex funcionaria que hasta diciembre de 2006 elaboraba el índice oficial y que fue desplazada con el argumento de que “medía mal la evolución de los precios” o se admitan mediciones de entidades privadas.

Los argentinos tienen en el colchón US$ 140.000 millones

2010-12-21T04:07:00.000-08:00

Los fondos que están fuera del sistema casi triplican las reservas del Banco Central.

Por
Ismael Bermúdez
21/12/10

Los ahorros que los argentinos tienen bajo el colchón, en cajas de seguridad o en el exterior ya suman US$ 140.408 millones, de acuerdo a las estimaciones de la balanza de pagos difundidas ayer por el INDEC.

De este total, y a pesar de la persistencia de la crisis europea y estadounidense, en los 9 meses primeros de 2010, casi US$ 7.000 millones salieron fuera del sistema , divisas que fueron provistas por el fuerte excedente del comercio exterior.

En cambio, en igual período, las reservas del Banco Central, presidido por Mercedes Marcó del Pont, aumentaron menos de la mitad: US$ 3.080 millones, totalizando a fines de septiembre US$ 51.125 millones.

Esos cuantiosos fondos que están al margen del sistema superan la deuda externa total (estimada en US$ 127.369 millones) y equivalen casi tres veces las reservas del Banco Central. Además, en la mayoría de los casos esos ahorros no están declarados, afectando la recaudación tributaria.

El informe del INDEC señala que en los primeros nueve meses del 2010 los “activos externos del sector privado no financiero” se incrementaron en US$ 7.324 millones. De ese total, apenas US$ 472 millones se destinaron a inversiones directas en el exterior y el resto (US$ 6.852 millones) a depósitos, bonos y acciones al margen del sistema.

Del informe oficial se desprende que también hubo un fuerte incremento de las utilidades y dividendos de las empresas extranjeras radicadas en la Argentina que, entre enero y septiembre, acumularon US$ 5.376 millones, un 15% más que lo que obtuvieron en igual período de 2009. Se estima que menos de la mitad fue reinvertido en el país.

Además se giraron más fondos por intereses: sumaron US$ 2.030 millones, US$ 339 millones más que en igual lapso de 2009.

Al mismo tiempo, por el mayor incremento de las importaciones por sobre las exportaciones, el saldo comercial se redujo en US$ 2.059 millones.

Todo eso explica la reducción del saldo de la cuenta corriente que se achicó en casi US$ 6.000 millones.

Del informe oficial surge que en diciembre de 2005 los fondos fuera del sistema sumaban 100.000 millones de dólares. A partir de entonces volvieron a incrementarse a pesar de que bajaron los rendimientos en el exterior, el sistema financiero global se hizo más volátil por la crisis global y el peso se fue apreciando. Todo esto debería haber promovido la repatriación de una parte de esos fondos, pero eso no se produjo a pesar de que hubo un blanqueo de capitales.

Harían falta 17 años para pagar todos los juicios de los jubilados

2010-12-20T05:43:00.001-08:00

Es porque existen 421.000 demandas acumuladas y sólo se pagan 2 mil al mes.

Por
Ismael Bermúdez

20/12/10

En los Tribunales previsionales hay 421.000 juicios de jubilados . Y se liquidan a razón de 2.000 juicios por mes . Estos datos los admitió hace pocas semanas Diego Bossio, titular de la ANSeS, ante la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Lo que pone de relieve la confesión de este funcionario es que, a este ritmo, la ANSeS necesitaría 210 meses -más de 17 años- para cancelar el stock de juicios . Y esto sin tomar en cuenta que todos los meses ingresan entre 8.000 y 10.000 nuevas demandas; es decir unas 100.000 por año.

Así, por cada juicio que se cancela ingresan 5 nuevas demandas lo que va incrementando el stock total, alargando aún más los meses y años que se necesitarían para cancelar los reclamos.

Los juicios duran en promedio 6 años , aunque muchas demandas se iniciaron en los 90 y aún no se resolvieron, por distintas apelaciones. Entre el trámite, la sentencia y la liquidación efectiva, el juicio se prolonga de tal manera que excede la expectativa de vida de los reclamantes.

A eso se agrega que, en muchos casos, la ANSeS liquida mal la sentencia lo que obliga a iniciar un nuevo juicio o apela las sentencias de primera instancia, alargando los plazos. Por esta razón, el Estado argentino fue denunciado por un grupo de abogados previsionales y el CELS ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Y la cantidad de juicios es tal que por el “sobrepeso” de los expedientes, el edificio del Fuero de la Seguridad Social tuvo que ser cerrado al público durante 3 semanas para que los empleados pudieran trasladar las carpetas a otras instalaciones.

También incide que la ANSeS tiene un cupo limitado para el pago de sentencias – del orden de las 24.000 anuales. Por ejemplo, en el proyecto oficial de Presupuesto 2011 la partida para sentencias es de $ 2.933,8 millones y otros $ 847,3 millones por sentencias correspondientes a retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad.

Se estima que por la retroactividad e intereses acumulados, en promedio cada juicio ronda los $ 100.000 , de los cuales un porcentaje, que puede llegar al 30%, quedan como honorarios de los abogados. Y el haber debe ser reajustado de acuerdo a los términos de la sentencia.

Si bien siempre hubo reclamos judiciales de los jubilados, los fallos de la Corte Suprema incrementaron las demandas porque ratificaron que la ANSeS no cumple con lo que fijan las leyes previsionales . Y el veto presidencial a la ley sancionada por el Congreso -que contemplaba el reajuste de los haberes de acuerdo a los fallos de la Corte, aunque sin la retroactividad- volvió a incrementar la litigiosidad . Por ejemplo, una mayoría de jubilados reclama que se les aplique el ajuste del caso Badaro en el que el máximo Tribunal ordenó que entre enero de 2002 y diciembre de 2006, las jubilaciones se ajustaran un 88,6 %.

En ese lapso la ANSeS dio sólo dos subas generales: 10% si el jubilado ganaba más de $ 1.000; y 22,1% si cobraba menos de $ 1.000. Así, la diferencia con lo resuelto por la Corte Suprema implica una mejora en el haber del 54,2 o 69,9%, según los casos

El Gobierno recortó muy fuerte el gasto en construcción de viviendas

2010-12-20T03:10:00.000-08:00

Lo congeló en $ 5.000 millones. Pero por la inflación, equivale a una poda del 40%.

Por

Ismael Bermúdez

El déficit de viviendas y las condiciones de habitabilidad de las familias se agravaron en los últimos años para los sectores medios y de bajos ingresos. Este deterioro estuvo acompañado de la disparada de los precios de las propiedades y de la drástica reducción del presupuesto público destinado a las mejoras y construcción de viviendas accesibles para las familias menos pudientes.

En 2009 el programa de vivienda fue de $ 5.276 millones y el de este año, con un inflación del 25%, se ejecutarían $ 5.000 millones. Para 2011, con una proyección inflacionaria de casi el 30%, se prevé invertir lo mismo, $ 5.100 millones, cuando para acompañar la inflación de dos años debería ser de $ 8.000 millones.

Los números son contundentes: indican una reducción real de casi el 40%.

El programa más importante, Techo Digno, para 2009 preveía terminar 27.547 viviendas y se construyeron 18.582, un 33% menos . Durante el 2009 se terminaron 668 viviendas del plan Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, cuando el número previsto era de 1.792, o sea un 63% menos, según comentó a Clarín , Gisell Cogliandro, Directora de la Fundación Siena, que analiza las Políticas Públicas. Estos dos programas centrales insumieron en 2009 casi $ 3.900 millones, se ejecutarían en 2010 unos 3.600 millones y se prevén para 2011 gastar $ 3.800 millones.

Cogliandro agrega que el nivel de ejecución de Techo Digno es del 58,9%, con fuertes disparidades entre los distritos. “El programa no se ha ejecutado en Santa Fe, la segunda provincia con mayores necesidades de infraestructura social básica, Chubut, Ciudad de Buenos Aires y San Luis. En menor medida, se aprecia un muy bajo nivel de ejecución del crédito vigente en Córdoba (12,7%), Corrientes (10,2%) y Catamarca (13,7%). En el otro extremo, La Pampa y San Cruz ejecutaron el 261 y 236,1% del crédito vigente , respectivamente.

El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina detectó que “a pesar del crecimiento económico importante durante la última década”, en los últimos tres años los indicadores de hacinamiento volvieron a subir mostrando “un empeoramiento de la condición económica de los sectores más vulnerables”. Al mismo tiempo, por la suba de los precios de las propiedades y los alquileres, y cambios migratorios, se produjo un incremento de los barrios de urbanización precaria, generando “una nueva presión sobre la problemática habitacional”.

El informe reconoce que hubo mejoras en las condiciones de vivienda que comprendieron a los sectores de mayores ingresos, en tanto la proporción de hogares con “déficit habitacional severo” tuvo escasa variación y eso “estaría vinculado con la persistencia en el tiempo de villas y asentamientos que, más allá del crecimiento económico, expresan la dificultad que en nuestro país existe para instrumentar una política habitacional eficaz”.

Otros indicadores del Observatorio marcan la misma tendencia. Así se señala que “tras 6 años de crecimiento económico ininterrumpido, en 2009 casi la mitad de los hogares pobres seguían calefaccionándose y cocinando por medio de garrafas” – pagando precios más altos que el resto — o “la desigualdad en el acceso al agua de red es sumamente alarmante”.

La Justicia eliminó el tope a las jubilaciones de los sueldos altos

2010-12-19T04:50:00.001-08:00

Un fallo admite que se tome la totalidad del salario para calcular los haberes.

Por
Ismael Bermúdez

La Justicia admitió un cambio jubilatorio clave para los empleados de sueldos altos. Los jueces de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social determinaron que la ANSeS debe calcular y liquidar las jubilaciones tomando en cuenta la totalidad del sueldo del trabajador, sin considerar el tope a partir del cual no se hacen los aportes previsionales. La sentencia beneficia a empleados que ganan más de $11.829,21en bruto (antes de los descuentos), el actual tope previsional.

El fundamento –que puede leerse en la causas “Rispolí Luís Jorge” y “Cruz Oscar Tadeo”– es que la jubilación debe mantener una “proporción justa y razonable” con el ingreso que tuvo el jubilado en su vida activa. Y declararon la inconstitucionalidad de los artículos 25 y 26 de la ley 24.241 de jubilaciones (que limitan el cálculo previsional al tope) sólo si al aplicar el tope el haber se achica más de un 15%. Si la diferencia es menor al 15%, el tope sigue vigente porque la Justicia considera que ese porcentaje es razonable “como una contribución solidaria por parte de quienes poseen mayor capacidad económica”.

De acuerdo a la legislación vigente, aunque ganen más, los empleados aportan a la ANSeS o les descuentan el 11% hasta $ 11.829,21. Esta cifra se ajusta dos veces por año con la “movilidad jubilatoria”. Por encima de esa cifra no aportan y, a la hora de calcular la jubilación, la ANSeS toma como base de referencia el promedio actualizado de los sueldos aportados en los últimos 10 años anteriores al retiro, hasta el valor tope. En cambio, el empleador contribuye sobre todo el sueldo declarado.

Sin embargo, aunque rige el tope, se dan muchas circunstancias en que –porque no existían topes en el pasado, por tener en forma simultánea dos o más empleos o aportar al mismo tiempo al sistema nacional y a un régimen provincial–, el trabajador termina aportando por encima del tope.

Muchos trabajadores no saben que en esos casos deben comunicar a uno de los empleadores que no les practiquen el descuento por alcanzar ya el tope en el otro empleo o le descuenten la diferencia hasta llegar al tope.

De todos modos, según los camaristas, si por la aplicación del tope la diferencia en la proporción entre el sueldo cobrado y la jubilación es superior al 15%, el haber debe ser calculado sobre la totalidad de lo percibido, quedando autorizada la ANSeS “a retener los aportes que hubieran correspondido de computarse la totalidad de la remuneración, utilizándose para ello los mismos parámetros de actualización”.

A partir de estos fallos, se presentan dos variantes: Si el trabajador aportó sobre todo el sueldo, por encima del tope, la jubilación debe calcularse sobre el promedio de la totalidad de la remuneración percibida y actualizada de los últimos 10 años anteriores a la jubilación, aunque supere el tope.

Si el trabajador aportó hasta el tope aunque su ingreso fue superior, y su jubilación puede verse afectada en más del 15%, la ANSeS debe calcular también la jubilación en base al sueldo promedio actualizado sin el tope. Y calcular la diferencia que dejó de aportar y deducirla del haber en cuotas equivalentes al 5% del haber, según explicó el abogado Guillermo Jáuregui.

La sentencia aclara que la ANSeS debe “verificar si por esas remuneraciones se han efectivizado los aportes correspondientes y/o en caso contrario, formular el cargo pertinente” .
A su vez, las sumas no remunerativas o vales alimentarios se toman en cuenta para el cálculo del sueldo de referencia de la jubilación, como ya se pronunció la Corte, aunque se exceda el tope

Casi el 10% de los porteños vive en condiciones muy precarias

2010-12-12T02:05:00.000-08:00

Están en inquilinatos, pensiones, villas o son ocupas. Y no cubren la canasta familiar.

Por
Ismael Bermúdez
12-12-2010

En la Ciudad de Buenos Aires, más de 80.000 familias que nuclean a unas 300.000 personas viven en inquilinatos, pensiones, casas tomadas o villas de emergencia.

Así casi el 10% de la población porteña viven en condiciones extremas de precariedad, con un agravante: el 20% no tiene ingresos suficientes para cubrir el costo de los gastos alimenticios y casi tres de cada cuatro (72%) no llegan a cubrir el costo de la canasta familiar , según los últimos datos de la Dirección de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Mayoritariamente esas familias viven en la zona Sur de la ciudad. Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati tienen los mayores asentamientos de villas y son las comunas que tienen los hogares con ingresos deficitarios más altos.

La Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por profundas desigualdades en las condiciones de vida de su población, que se manifiestan por zona de residencia y por ingresos. Y en muchos casos esas diferencias contribuyen a nuevos y pequeños asentamientos o tomas mayores como la que se produjo en Villa Soldati.

De las cifras oficiales se desprende que en el sur porteño:
Hay más hogares de bajos ingresos. En los inquilinatos el 60,8% no cubre no cubre el costo de la canasta familiar y en las villas el 89,8%.

La población sufre mayores carencias habitacionales, con una mayor cantidad de personas por vivienda debido a que las familias son más numerosas. Y es mayor el porcentaje de viviendas precarias, que hasta comparten el uso del baño con otros hogares.

Es muy elevado el porcentaje de hogares en distintas situaciones de informalidad o de irregularidad en relación a la tenencia de la vivienda, en situación de hacinamiento y construidos con materiales no adecuados.

Los que viven en piezas de hoteles, pensiones, inquilinatos y casas tomadas se caracterizan por sus exiguos recursos económicos pero con menor presencia de niños. El 32,6% son hogares compuestos de una persona. Se interpreta que esto obedece a que las normas que suelen aplicarse en este tipo de viviendas restringen o no permiten la presencia de familias con niños. En las villas pasa lo contrario: casi no hay viviendas unipersonales , la mayoría son familias extendidas, con hogares integrados con otras personas que no son de la familia y tienen una estructura de población muy joven, donde más de un tercio son niños.

En cambio, el norte geográfico de la Ciudad es el más favorecido ya que concentra una alta proporción de hogares de altos niveles de ingresos. Prevalecen los departamentos, con un promedio de personas por vivienda que es menor al del total de la Ciudad, con muy escasa presencia de viviendas precarias y mínimo nivel de hacinamiento.

La precariedad habitacional va de la mano del hacinamiento. Las familias que viven en las villas son más numerosas –casi duplican al resto– y el 40,1% de esos hogares viven 5 o más personas

En el sur porteño, casi la mitad no cubre la canasta familiar

2010-12-10T01:54:00.001-08:00

Es una canasta más amplia que la del INDEC. En el norte, no la alcanza sólo el 10%.

Por
Ismael Bermúdez

Casi la mitad de las familias que viven en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires –como Villa Lugano, Soldati, Parque Patricios, La Boca y Pompeya– no tienen los ingresos suficientes para comprar los bienes y servicios de una canasta familiar .

Entre las familias que viven en inquilinatos, hoteles, pensiones o casas tomadas esa proporción sube al 60,8% . Y entre los hogares ubicados en villas de emergencia trepa al 89,8%.

En la otra punta, la situación es diametralmente opuesta. En Recoleta o Palermo, no llega a cubrir la canasta familiar apenas el 10% de los hogares.

Estos datos son oficiales, de la Dirección de Estadísticas y Censos que depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y corresponden a los resultados finales de 2009, los últimos disponibles.

A lo largo de 2010 estas cifras pudieron haber mejorado por la implementación de la Asignación por Hijo, pero por el otro lado la mayor inflación, en especial de los precios de alimentos, erosionó gran parte de esa mejora que afectan más a las familias de bajos ingresos.

La canasta familiar porteña es más amplia que la del INDEC. Incluye alimentos, alquiler, servicios, esparcimiento, gastos de salud, tomados a los precios que paga el consumidor. A fines de 2009 costaba $ 2.884 mensuales. La del INDEC es una canasta de alimentos y gastos reducidos (llamada de pobreza) valuada de manera “sospechosa” con un valor de $ 1.056 a fines de 2009. Del informe surge que: Sobre 1.197.710 hogares, 288.088 –el 24,1%– no cubre el costo de la canasta familiar.

La población porteña suma 2.977.147, de los cuales 846.205 personas viven en familias que no cubren la canasta familiar.

Un 25% de las familias con adultos mayores no dispone de ingresos suficientes para atender los gastos en salud, renovar el vestuario y demás gastos estacionales.

El 11% de los que viven en inquilinatos, hoteles, pensiones o casas tomadas no cubre el costo de los gastos alimenticios. Esa proporción sube al 34,8% de las familias que residen en villas de emergencia.

Los hogares con jefatura femenina están en peor situación ya que el 27,5% no cubre el costo de la canasta familiar, contra el 21,7% donde el Jefe es un varón.

Tener o no empleo es otro factor pero entre los ocupados, el 20% no cubre el costo de la canasta familiar. Entre los desocupados, el 20% ni siquiera cubre los gastos alimenticios.

La conclusión del informe es que la Ciudad presenta importantes situaciones de inequidad, con una fuerte heterogeneidad que son importantes a tener en cuenta “a la hora de tomar decisiones”.

Claves para poder cobrar los juicios de los jubilados

2010-12-04T23:50:00.000-08:00

30/11/10

Por
Ismael Bermúdez

La gran cantidad de juicios previsionales y los años que pueden pasar hasta que salgan las sentencias, queden firmes y sean efectivamente pagadas, plantea interrogantes sobre lo que puede pasar si fallece el jubilado reclamante.

La Corte Suprema acaba de ratificar, en la causa “Cari, Lorenzo”, que la viuda puede continuar con el reclamo del jubilado fallecido . Y para el cálculo de la retroactividad se toma en cuenta la fecha en que el marido inició el pedido administrativo de reajuste.

Así la Corte revocó los fallos de los tribunales inferiores que habían resuelto que la viuda debía iniciar un nuevo reclamo porque el marido no había iniciado el reclamo judicial.

Para el Alto Tribunal esas sentencias se dictaron “sin tener a la vista los expedientes administrativos” y “no se avienen con las garantías del debido proceso ni ponderan la cuestión con la amplitud de criterio propia de la materia previsional”. En base a este fallo, el abogado Guillermo Jáuregui, consultado por Clarín , planteó cinco claves a tener en cuenta:

1. Quién cobra
Si un jubilado o jubilada presentó una solicitud de reajuste por vía administrativa o inició una demanda en la justicia y luego fallece, tanto la viuda/o como los hijos menores o incapacitados –los llamados derechohabientes previsionales - pueden continuar con el trámite. Y pasan a cobrar la eventual retroactividad y el reajuste del haber.

2. Cómo se paga
La ANSeS debe abonar directamente a los derechohabientes previsionales, sin necesidad de hacer el trámite sucesorio.

3. Los herederos
Si no existan derechohabientes previsionales, el reclamo puede ser continuado por los herederos. Pero queda acotado a los años de retroactividad que se le debían al beneficiario fallecido, que son de2 años antes desde que se interpuso el reclamo administrativo hasta la fecha del fallecimiento.

4. Trámite sucesorio
En este caso para poder continuar con el reclamo es indispensable hacer el trámite sucesorio. Es importante aclarar que cuando el proceso de reajuste se complica con el trámite sucesorio, las demoras para el pago son mayores ya que la ANSeS tiene un presupuesto más acotado y distinto de la liquidación de las sentencias de beneficios activos, por lo que el pago puede demorar varios años más.

5. Compartir información
Una recomendación que se considera importante para ser tenida en cuenta por todos jubilados los que tengan juicios de reajustes es que informen a sus familiares más cercanos la existencia de la demanda, ya que en muchas ocasiones el trámite no se continúa porque el letrado desconoce la existencia de los herederos y éstos ignoran la existencia del pleito

Colapso previsional: dicen que la solución pasa por la Corte

2010-11-30T04:32:00.001-08:00

30/11/10
Los expertos piden que el alto Tribunal extienda su doctrina a todos los jubilados.

Por
Ismael Bermúdez

El traslado de miles de causas del edificio del Fuero de la Seguridad Social de Marcelo T. de Alvear 1840 a otras instalaciones judiciales, le dio una salida transitoria al riesgo que estaba ocasionando el sobrepeso de los expedientes. Pero no solucionó el problema central: qué hacer con los más de 400.000 juicios y con las 10.000 nuevas demandas que ingresan todos los meses.

Este colapso se agravó aun más por el veto presidencial a la ley que votó el Congreso y que establecía el 82% móvil para la mínima y la aplicación de los ajustes ordenados por la Justicia. Si bien la iniciativa no solucionaba el tema de los juicios por la mala liquidación de haberes, disponía hacia delante el reajuste según las leyes previsionales y la doctrina de la Corte Suprema. Eso suponía al menos una desaceleración de nuevos juicios.

Bloqueado el camino legislativo y ante la negativa del Poder Ejecutivo en resolver la enorme litigiosidad provocada por sus propios incumplimientos, todas las miradas apuntan ahora a los tres poderes, y en especial a la Corte Suprema.

Hace más de dos años, la Defensoría del Pueblo reclamó extender las sentencias de la Corte a todos los jubilados que estén en condiciones similares al caso Badaro, o sea que después de enero de 2002 no hubieran tenido un ajuste igual al aumento del índice de salarios, que hasta diciembre de 2006 fue del 88,57 por ciento.

La demanda fue aceptada por el Juez Alberto Ize, pero la ANSeS apeló y la Sala III de la Cámara Federal revocó el fallo. La defensoría apeló la sentencia y así, hace tiempo, la “pelota” está en terreno de la Corte Suprema.

Según Luis Herrero, juez de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “la solución es muy sencilla y no tolera más dilaciones ni artificios jurídicos”. Pide que la Corte dicte “una sentencia de “clase” , de alcance general que condene a la ANSeS a cumplir en el ámbito administrativo la movilidad reconocida en las sentencias “Sánchez” (de 1991 a 1995) y “Badaro” (de 2002 al 2006).

Herrero agrega que “esta sentencia de alcance expansivo debería fijarle un plazo perentorio a la ANSeS para el cumplimiento de la condena, bajo apercibimiento de dar intervención a la justicia penal e imponerle al Director Ejecutivo una multa compulsiva y progresiva en caso de incumplimiento”.

El abogado Horacio González, uno de los denunciantes de esta situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, también plantea que “la Corte podría brindar una salida dictando sentencia en tutela de los derechos colectivos de todos los beneficiarios afectados por la falta de cumplimiento del caso Badaro”.

González agrega que “el Congreso determine los recursos y asigne partidas presupuestarias necesarias para pagar a todos el haber que les corresponde y se cumplan las sentencias judiciales” y que “el Poder Ejecutivo respete las decisiones del Congreso, e instruya a la ANSeS actuar conforme derecho, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, liquidando correctamente los beneficios previsionales”.

Por otro lado, el abogado Guillermo Jáuregui dice que “una posible solución para este problema sería recomponer gradualmente los haberes , empezando por los más atrasados y antiguos, para que en un plazo razonable se terminen pagando correctamente. Esto se puede hacer de forma sustentable y contribuiría a desalentar los pleitos”, agregó. El letrado recuerda que “durante 2009 se recaudaron $ 26.000 millones más por los aportes que antes iban a las AFJP y no se destinaron a la tarea más urgente que es recomponer las jubilaciones”.

2010-11-28T04:46:00.000-08:00

Colapso previsional:
Es urgente una solución colectiva
28/11/10

Por
Ismael Bermúdez

Que el edificio donde funcionan los juzgados de la Seguridad Social haya alcanzado “el máximo admisible de peso”, y que se hayan tenido que evacuar miles de expedientes a otras instalaciones para prevenir algún derrumbe ilustra de una manera más que trágica el nivel del colapso previsional . Nunca antes se llegó a semejante situación de acumular 400.000 juicios. Y eso que en la crítica historia jubilatoria argentina hubo toda clase de atropellos, inclusive la rebaja nominal de los haberes para pagar la deuda .

A este colapso se llegó porque con la inflación un gran sector de los jubilados perdió hasta un 40% de su haber.

Hoy, la mayoría cobra menos de un tercio del sueldo del trabajador activo, y en el mejor de los casos puede aspirar a cobrar un haber equivalente a la mitad del salario: muy lejos del 82% móvil.

Aunque la Corte ya dio su veredicto –la jubilación es un salario, y debe actualizarse por la variación de salarios– y hace unos días la Sala III de la Cámara de la Seguridad fijó que nadie puede cobrar menos del 70% del salario con el que se jubiló debidamente actualizado, cada jubilado deberá iniciar un juicio para reclamar lo que la ley determina y lo que la jurisprudencia dictaminó que le corresponde.

Pero si aún con el respaldo de la legislación previsional y de la doctrina de la Corte hay 400.000 jubilados pleiteando ante la Justicia –mientras siguen ingresando más de 10.000 nuevas demandas por mes en los 10 juzgados porteños– estamos frente a un conflicto de carácter colectivo , no individual.

La solución no es entonces que cada jubilado haga juicio, sino que se instrumente una medida colectiva. Ningún juzgado puede administrar justicia en tiempo y forma cuando todos los días ingresan centenares de causas que se suman a las 40.000 que cada juez ya tiene para resolver, cuando luego la ANSeS –desconociendo un compromiso público– apela esos fallos , y cuando después l iquida mal las sentencias, obligando a iniciar un nuevo juicio. Por todo esto, y otras cosas más, el Estado argentino volvió a ser denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

Lo insólito es que el Estado no sólo no resuelve la crisis sino que la agrava o deja que se agrave , especulando –quizás– con que la edad de los demandantes ponga “naturalmente” un “punto final” a buena parte de las demandas. Mientras tanto, la ANSeS financia con la compra de bonos y Letras del Tesoro el pago de la deuda pública .

Ante este accionar antiprevisional del Gobierno y la pasividad e impotencia del Congreso –como se manifestó con el veto presidencial a la ley votada hace un mes– lo que correspondería es que la Corte Suprema extienda su propia doctrina a todos los jubilados , y obligue a la ANSeS a reconocer lo que marca la legislación previsional.

Sólo así, Será justicia

Siguen en riesgo archivos de los juicios de jubilados

2010-11-27T03:14:00.000-08:00

26/11/10
Por
Ismael Bermúdez

Por el peso de los juicios iniciados por los jubilados, que ponían en peligro el edificio del Fuero de la Seguridad Social, unos 9.500 expedientes fueron trasladados del edificio judicial de la calle Marcelo T. de Alvear 1840 a un archivo judicial en la calle Villarino 2010. Ahora resulta que este edificio “se encuentra en total estado de abandono, y que aún resta la adecuación de la instalación eléctrica y la reparación de las filtraciones de lluvia en parte de los techos, situación que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades en innumerables oportunidades”.

Así le informó la subdirectora General del Archivo Judicial, Carmen Nastasi de Rodríguez a la titular de la Cámara Nacional de la Seguridad Social, Lilia Maffei de Borghi.

El traslado de esos expedientes se hizo porque el Edificio Anexo del Fuero, en Marcelo T. de Alvear, tenía “el máximo admisible de peso ” por la cantidad de expedientes acumulados, de acuerdo al informe realizado, luego de una inspección, por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). Este organismo oficial recomendó trasladar parte de los expedientes a otros lugares por los riesgos sobre las personas –empleados y público en general— y la integridad de los expedientes.

Ese sobrepeso se debe a que esos Juzgados almacenan unos 400.000 expedientes, mientras todos los meses ingresan 10.000 nuevas demandas debido a que la ANSeS no está cumpliendo con lo que marca la legislación previsional, ratificada en numerosos fallos de la Corte.

Para hacer esos traslados, la Corte Suprema dispuso un feriado judicial de 3 semanas , que concluyó el pasado 19 de noviembre, en 7 Juzgados del Fuero previsional para permitir que durante ese lapso los empleados trasladaran miles de expedientes a otras instalaciones, con el objetivo de aliviar el peso que soportaba el edificio .

Una parte de esos expedientes fueron llevados al depósito de la calle Villarino, sin reparar que tiene otros riesgos por el “abandono” en el que se encuentra, además de las filtraciones de agua y descuido de las instalaciones eléctricas.

En el texto –al que tuvo acceso Clarín — la subdirectora general del Archivo Judicial aclara que se habilitó “la carga de un espacio que ya poseíamos en el depósito de Villarino 2010, para la guarda de los aproximadamente 9.500 legajos de expedientes de dicho fuero, pero en condición de “precarios”, o sea que su custodia y administración, continúa siendo de los Juzgados y Secretarías intervinientes, hasta tanto se proceda a su recepción definitiva”.

Además, se vació un ambiente que poseía el Archivo en el subsuelo del edificio de Marcelo T. de Alterar, “pero aún resta cerrar una puerta que comunica dicho ambiente con nuestra encuadernación, trabajo ya solicitado”.

Todo esto es la consecuencia del colapso de la justicia previsional debido a que el Gobierno no extiende a todos los jubilados la doctrina marcada por la Corte. Y obliga a cada jubilado a iniciar un juicio especulando con que muchos no lo hagan y con los años que demora una resolución judicial, que luego es apelada, alargando los plazos más allá de la propia expectativa de vida de los reclamantes.

Ponen límites al derecho de huelga de los gremios de salud

2010-11-27T03:12:00.001-08:00

26/11/10
Por
Ismael Bermúdez

En caso de plantearse un conflicto laboral en el gremio de la salud, los sindicatos o las asociaciones médicas pueden tomar medidas de acción de fuerza pero sólo 2 días por semana. En esos días deben garantizar en un 100% los servicios de atención a la mujer embarazada, a los niños, ancianos y personas discapacitadas y brindar al resto una cobertura similar a los días domingos o feriados. Y todos y cada uno de los médicos deben permanecen en guardia pasiva, pudiendo ser convocados por el Director del Hospital o Centro de Salud y los Jefes de Servicio y los Directores de los Centros de Salud están obligados a cumplir sus tareas Además, los 2 días de paro admitidos, deben ser anunciados con una antelación de cinco días corridos.

Así lo dictaminó la Comisión de Garantías dependiente del Ministerio de Trabajo, conformada por la Unión Industrial, la CGT, la CTA, la Federación de Abogados y el Consejo Interuniversitario, cuya tarea es regular las medidas de fuerza en los llamados “servicios esenciales”. Entre otros, el dictamen tiene la firma de Rodolfo Capón Filas, Horacio Martínez, Alcira Pasini y Gabriel Binstein.

Este dictamen lleva el N° 1 porque es el primero que emite esta Comisión , que se terminó de constituir en marzo de este año. Y se produjo a partir de un conflicto entre el gobierno de la provincia de Mendoza y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) que llevó a los médicos a paros escalonados de 2, 3 y 4 días por semana “auto-regulados” con guardias mínimas por tratarse de un servicio esencial. Convocada por la Secretaría de Trabajo nacional, la Comisión deliberó y produjo ese dictamen.

La viceministra de Trabajo, Noemí Rial trasladó el dictamen a Mendoza y la subsecretaría laboral de la provincia intimó a AMPROS a cumplir con la resolución de dicho dictamen.

Pero la asociación médica rechazó la intimación y prosigue con el plan de lucha. “Un Estado que no garantiza la salud, nos obliga a garantizar la atención al 100% cuando las normas internacionales fijan servicios mínimos y no máximos, y es la responsable del conflicto”, le dijo a Clarín María Isabel Del Pópulo, secretaria general de AMPROS.

Según el dictamen, “no luce razonable que la prolongación de una huelga médica deje a la población sin cobertura suficiente y la empuje a otras alternativas que ponen en peligro su vida y salud.

El sector sindical debería encontrar otros medios de protesta que, sin perjudicar al usuario, le permita ejercer el derecho de huelga en forma adecuada”.

Si bien el dictamen se refiere al conflicto mendocino, “sienta preceden te” y tuvo el consenso unánime de todos los integrantes de la Comisión, le dijo este diario Horacio Martínez, representante de la UIA.

Jubilados: $ 500 extras ¿Plus o confiscación?

2010-11-25T05:15:00.000-08:00

25-11-10
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¿Un plus de suma fija todos los fines de año o vigencia plena de los derechos jubilatorios tal como marca la legislación previsional, reafirmada por la doctrina de la Corte Suprema?
En estos términos se plantea hoy la cuestión previsional. Porque los $ 500 por única vez anunciados ayer para los jubilados y pensionados que cobran menos de $ 1.500 representa una mejora anual de entre el 3 y el 5% , que compensa en parte apenas la mayor inflación de los últimos meses.

Pero el problema previsional es que los haberes jubilatorios están muy lejos de la "relación proporcional y adecuada" que deben tener con los sueldos de los activos o con el sueldo debidamente actualizado por el que la gente se jubiló.

Como indica la legislación previsional, ratificada por varios fallos de la Corte Suprema, la jubilación es un salario indirecto o diferido que se va constituyendo con los aportes y contribuciones efectuados durante la vida laboral activa.

No es una dádiva ni un subsidio del Estado sino un derecho ganado con el aporte de una porción del salario.

Cuando llega el momento de la jubilación -o sea, efectivizar los aportes acumulados- ese salario diferido no puede ser inferior al 70% del sueldo, como acaba de señalar la Justicia en base a la historia previsional argentina, en tanto la proporción razonable debería ser del 82% móvil.

Ayer, el Gobierno reconoció que la jubilación promedio actual ronda hoy los $ 1.500 cuando el sueldo promedio formal es de 4.200 pesos mensuales. El salario previsional equivale a apenas el 36% del sueldo.

Por eso los $ 500 no son un "plus", porque no es una suma que se agrega a lo que corresponde pagar de acuerdo a la ley previsional. Tampoco achica la diferencia con relación al 70% o 82% porque en términos mensuales representa una cifra baja -$ 42 por mes- que lo va a cobrar la mayoría, pero no todos los jubilados y pensionados. Y está muy lejos de compensar el veto presidencial a la ley votada por el Congreso, como sí parecieron sugerir ayer desde la CGT y desde sectores de la CTA al aplaudir el anuncio.

Mientras tanto el sistema afronta una litigiosidad creciente, con más de 400.000 demandas y todos los meses se suman 10.000 reclamos más. Y las miradas apuntan a la Corte Suprema para que extienda a todos los jubilados su propia doctrina, ante la negativa del Ejecutivo y la impotencia del Legislativo

Cómo el INDEC manipuló las estadísticas de la inflación

2010-11-25T03:51:00.000-08:00

24/09/10
Conclusiones del estudio que hicieron las universidades contratadas por el Gobierno.

Por
Ismael Bermúdez

El Informe de las 5 universidades nacionales designadas por el Gobierno para evaluar al INDEC determinó que, desde fines de 2006, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue manipulado, dejó de reflejar la evolución de los precios que pagan efectivamente los consumidores y perdió toda credibilidad. Y recomendó hacer un nuevo IPC, asegurando “la calidad de los procedimientos de relevamiento y procesamiento de precios”. Las Universidades son UBA, Tres de Febrero, Mar del Plata, Tucumán y Rosario.

El voluminoso Informe muestra cómo se fueron manipulando las estadísticas de precios. Las más importantes “trampas” son:

1. Achique: Se redujo de 90.000 a menos de 30.000 los precios relevados en locales y negocios, a la vez que aumentó a casi el 30% la proporción de los precios “imputados” (calculado) por los técnicos del INDEC, sin explicitar con qué criterio lo hicieron. Al mismo tiempo se reemplazaron los precios de mercado “por la información brindada por organismos públicos, lo cual no permite captar los precios pagados por los consumidores”.

2. Distorsión: Las variedades de productos y servicios incluidas en el nuevo IPC se redujeron de 818 a 440. Si bien todos los Grupos registraron disminuciones, el capítulo que sufrió la mayor disminución proporcional fue Esparcimiento (más del 70%) y los que menor reducción tuvieron fueron Transporte y Comunicaciones y Vivienda y Servicios básicos. Así, la estructura de ponderaciones del nuevo IPC difiere “significativamente” de la estructura que surge de la Encuesta Nacional de Hogares que “es la principal fuente de la determinación de los patrones de consumo de los hogares”. Además, esta canasta más chica quedó reducida “en más de un 25% debido a problemas en los precios relevados, falta de precios o precios nulos”.
3. Turismo y Servicio: entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007, la variación de precios en turismo fue negativa en un 10,4% y en servicio doméstico también negativo en el 1,5%, cuando los salarios en el sector formal aumentaron el 20% y en el sector informal el 24,1%.

4. Salud: sobre 55 planes registrados en diciembre de 2006, se eliminaron 7 en la medición de diciembre de 2007, entre los cuales se encuentra el plan más alto. Con respecto a la medicina prepaga, en enero de 2007 se reemplazó la forma habitual de relevamiento de precios por información brindada por la Superintendencia de Servicios de Salud. Y no se explica cómo se procedió después.

5. Canastas de consumo: El Informe dice que es correcto que se haya incluido en el nuevo Índice las variaciones estacionales. Pero agrega que se hizo de tal manera que “sesga hacia abajo la estimación del IPC en situaciones de aceleración de los precios y viceversa”. En el caso del cálculo para Frutas y Verduras, el INDEC afirma que se respeta el mismo nivel calórico cuando, según los académicos, “se deben basar en consumos observados y no en consumos ideales desde el punto de vista nutricional”.

6. Precios Nulos: Por primera vez, en diciembre de 2007, aparecen precios nulos -de productos que no pudieron ser relevados- con variación 0 imputados por el INDEC “lo cual carece de sentido”. Y “cuestiona fuertemente al metodología usada para su imputación “ ya que si se aplicara la metodología del Manual no deberían existir precios imputados nulos.

7. Grupos: En el nuevo Índice, 7 grupos fueron reemplazados por una sola variedad. Por ejemplo, el grupo Cines, Teatros y Otros Espectáculos -que incluía la entrada a discotecas, partidos de fútbol, concertás- ahora solo registra el precio del cine. En Clubes, Parques y Entretenimientos, se anuló el gimnasio, alquiler de canchas de fútbol o el club deportivo y solo se considera la “entrada al zoológico”. En Sistema de Salud, se dejaron de lado los análisis y las emergencias médicas, y ahora solo se toman los planes de afiliación. En todos los casos, “la variedad que permanece registra menores variaciones de precios e incluso, en algunos casos, baja de precios en el período 2005-2007. Esto también se hizo para “Afiliación a sistema de salud”, aún cuando la información es oficial

Más Vida y Más Bienestar

2010-11-19T07:21:00.000-08:00

por
Ismael Bermúdez
Revista Ñ
sábado 20 de noviembre 2010

Desde hace tiempo se viene planteando que el alargamiento de la esperanza de vida -- la buena noticia de vivir más-- no es sustentable si no se incrementan los años de trabajo, se achican las jubilaciones y se recortan o encarecen los gastos de salud.
El argumento es que los cambios demográficos, expresados en la baja tasa de natalidad y el creciente número de adultos mayores, serían los responsables de que “no haya recursos suficientes para todos”, obligaría a realizar más recortes en las jubilaciones y a alargar la vida activa laboral. Y hasta llevaría a un “racionamiento” de la atención médica y hospitalaria en un conflicto tan “ineludible como complejo de resolver”, como planteó Diana Cohen Agrest el pasado 30 de octubre en Ñ.
Aún si todo esto fuese cierto, esos desequilibrios serían una pequeña porción en relación al enorme agujero fiscal y la fenomenal hipoteca que implican las sucesivas crisis económicas globales, que no tienen nada que ver por los cambios demográficos. Tan solo días atrás, la Reserva Federal de EE.UU. inyectó US$ 600.000 millones más US$ 250.000 millones con la venta de activos inmobiliarios que tenía en cartera, después de emitir el año pasado $ 1,7 billones, para tratar de contener la hemorragia generada por el desplome del sistema financiero, sin lograr que el “enfermo mejore”. Si se suman las dosis de la Banca Central Europea, de Japón y demás países, la “transfusión” de divisas es inconmensurable.
La deuda de los Estados ha crecido de una manera exponencial, lo que implica que la carga actual se traslada sobre las futuras generaciones. Solamente la deuda pública de Estados Unidos supera los 13 billones de dólares. Equivale al 92,7% % del PBI, un 50% más que tres años atrás el doble de lo que se asegura sería tolerable para una economía. La deuda de los países del G-7 es del 109,7% del PBI y el FMI estima que será del 122,5% en 2015. La acelerada depreciación del dólar apunta a licuar esa enorme pública y eso ya está llevando una “guerra” cambiaria y comercial de resultados impredecibles.
Esto solo bastaría para desmentir que los cambios demográficos son los responsables por la crisis fiscal, de la que la Seguridad Social integra una parte. En verdad, la jubilación y la salud son víctimas del quebranto de los bancos, del desplome de los patrimonios de los fondos de pensión y de inversión y del colosal endeudamiento de los Estados. Todo esto acentúa la pauperización social. En su Informe anual , la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) estimó que como consecuencia de la crisis económica global, "39 millones de personas más caerán bajo el nivel de pobreza en América Latina a fines de 2010", y así "quedarán virtualmente anulados todos los progresos obtenidos en los cinco años que precedieron a la crisis".
Pero el argumento de que hay una crisis previsional y de salud porque, en proporción, hay menos activos para mantener a más pasivos es, en sí mismo, también falaz. La relación previsional entre el número de trabajadores activos y de jubilados depende de muchas variables: de la tasa de empleo, de los años y de las alícuotas de los aportes sobre los salarios, del grado de evasión de las empresas en los pagos a la Seguridad Social, del crecimiento o no de la acumulación capitalista y de los rendimientos reales o pérdidas de los fondos de pensión (públicos o privados) a los que fueron aportando los trabajadores y empresas a lo largo de la vida activa. Y por último, de la productividad del trabajo, expresada en el incremento de la producción y el desarrollo tecnológico.
En materia de salud, diversos estudios señalan que los gastos no demográficos siguen creciendo a un ritmo mayor que los demográficos. “De hecho, puede ser un error centrar la atención en la edad”, dicen los especialistas John Bryant y Autrey Sonerson en “Los costos de la Tercera Edad”. Señalan que “el estado de salud básico, más que la edad, es la razón por la cual las personas de edad requieren más atención en salud; es decir, la mala salud, más que la edad, es lo que cuenta para el gasto en salud. El envejecimiento representa solo una pequeña parte del aumento del gasto en salud”. Tampoco se puede atribuir el incremento del gasto en salud al efecto “distancia de la muerte” –el que corresponde a los últimos años de vida- porque esto siempre fue así y seguramente seguirá siéndolo porque no se altera por vivir más años.
Lo que en general se omite es que tanto los sistemas jubilatorios como los de salud son sistemas de capitalización colectivos. Eso significa que sobre la base de una contribución durante la vida laboral y cuando los requerimientos médicos de las personas son inferiores se va generando un fondo, el cual sumado a sus rendimientos, debe financiar la atención médica, incluida en la vejez, y a un beneficio dinerario definido como un porcentaje del salario luego del retiro laboral. En todos los casos, esos fondos se constituyeron sobre la base de una tasa de aporte que asegura que las contribuciones capitalizadas alcancen y en exceso para pagar los beneficios de la atención médica y los haberes en la vejez, y deje un fuerte beneficio a sus administradores.
Por definición estos fondos son inicialmente fuertemente superavitarios, ya que en los primeros años sólo recaudan aportes y pagan o financian pocos beneficios. Con el tiempo, la masa de beneficiarios va en aumento, mientras siguen ingresando los aportes de los trabajadores en actividad y los rendimientos de los fondos acumulados. Ahora, cuando esos fondos deben hacer frente a sus compromisos, sus administradores declaran en forma unilateral que no pueden hacerlo si no disminuyen las prestaciones. ¿Pero dónde están los aportes capitalizados de tantos años? Fueron colocados por los gobiernos o fondos privados en bonos, acciones y otros papeles que financiaron subsidios y apalancaron beneficios extraordinarios que se escurrieron por los poros de la acumulación, de las crisis y la desvalorización del capital.
Llamativamente quienes abogan subir la edad jubilatoria para prevenir mayores desequilibrios sociales no reparan que eso bloquearía aún más el ingreso laboral de los más jóvenes, en momentos en que, por la crisis global, “el desempleo juvenil ha alcanzado el nivel más alto en la historia”, según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que advierte sobre el “riesgo de un legado de esta crisis en términos de una 'generación perdida' de jóvenes que ha abandonado el mercado laboral tras haber perdido toda esperanza de trabajar y lograr una vida decente”.
En definitiva, la explicación demográfica omite y oculta todo esto. Propicia como solución lo mismo que el FMI, el Banco Mundial y los fondos especulativos. No repara que al presentar el avance que implica vivir más en un factor de crisis, coloca en el banquillo de los acusados al régimen social que no puedo convertir el progreso en mayor bienestar. Y esto porque requiere de ese excedente para los “rescates”, para amortizar la deuda pública y para producir una desvalorización más general de la fuerza de trabajo (que incluye la salud y la jubilación) para abrir un nuevo ciclo de acumulación. Esto es lo está en juego.

Un fallo ordenó que la jubilación no debe bajar de 70% del sueldo

2010-11-19T05:25:00.000-08:00

19/11/10
Lo resolvió la Cámara de la Seguridad Social en una sentencia. Si bien beneficia sólo a quien inició la demanda, crea una jurisprudencia para casi todos los pasivos. Actualmente, los haberes de los nuevos jubilados rondan apenas el 50%.

Por
Ismael Bermúdez

La Justicia resolvió ayer que las jubilaciones no pueden ser inferiores al 70% del sueldo promedio , actualizado, que tenía el trabajador al momento de retirarse. Así lo dispuso la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social en un fallo que favorece a un jubilado , pero que tiene gran transcendencia para la totalidad de la clase pasiva .

La sentencia se adoptó tras la presentación de una demanda del jubilado José Betancur. Y constituye un avance previsional de grandes implicancias, porque fija un nuevo “piso” para el haber , aunque haya sido correctamente calculado según la doctrina que fijó la Corte Suprema a través de fallos como Badaro y Sánchez.

Con ese fin, el fallo crea un nuevo beneficio que denomina “suplemento por sustitutividad” para que el demandante pueda alcanzar el 70% del sueldo promedio, actualizado según los índices del fallo Badaro (hasta diciembre de 2006), más los aumentos posteriores.

Esta sentencia comprende a la mayoría de los jubilados que se desempeñaron en relación de dependencia o como autónomos y a los que se jubilen de ahora en más. Y esto es así porque la inmensa mayoría, incluyendo a los que se jubilaron después de 2006, con la vigencia de la movilidad, cobra menos de ese piso del 70% .

En promedio, para los nuevos jubilados, el “suplemento” representa una mejora de entre 30 y 40% . Es porque en la actualidad, con 30 años de aportes, la mayoría se jubila con el 50% del sueldo promedio actualizado de los últimos 10 años.

De todos modos se descuenta que la ANSeS apelará el fallo y el caso pasará a la Corte Suprema.

En los fundamentos, los camaristas Néstor Fasciolo y Juan Poclava Fuente sostienen:
1.La jubilación es una “consecuencia” del salario que percibía el trabajador “razón por la cual el principio básico es el de la necesaria proporcionalidad entre el haber de pasividad y el de actividad”. En definitiva, dicen, la jubilación sustituye al salario.

2.En la historia previsional argentina esa tasa de sustitución del salario por la jubilación se fijó con un piso del 70% del salario del trabajador dependiente, en tanto el haber final podía incrementarse hasta el 82%.

3.Cuando en 1994 entró a regir la actual ley previsional 24.241 no se puso ningún piso con relación al salario porque el sistema propiciaba el pase de los trabajadores del régimen público a las AFJP.

4.La omisión de fijar un piso, dicen los camaristas, “en modo alguno puede sustentar la legitimidad” del monto jubilatorio que se determina con la ley vigente si “su cuantía no refleja una razonable proporcionalidad con la remuneración o renta imponible en base a las cuales el trabajador activo aportó”. Y agrega porque se frustraría “por exiguo el carácter integral de la prestación”.

5.En consecuencia, los camaristas sostienen que la ANSeS debe calcular la jubilación según el sueldo promedio de los últimos 10 años actualizado por los índices salariales (Fallo Elliff de la Corte). Y si resulta inferior al 70% debe abonar la diferencia como “suplemento”.

A valores actuales, sin la sentencia, el haber de Betancur es de 2.072 pesos. Actualizándolo según los fallos de la Corte percibirá $ 2.779. Y con este nuevo “suplemento” creado por la Cámara debería cobrar $ 3.795, que equivale al 70% que plantean los camaristas.

Todo esto implica un incremento de la jubilación de Betancur de $ 1.723, que se desdobla en $ 707 por el ajuste Badaro y $ 1.016 por el “suplemento de sustitución”. Solamente este suplemento representa una suba del 36,6% .

En medio de la polémica por el 82% móvil en el Congreso, el fallo sostiene que el piso jubilatorio, estrechamente vinculado a la movilidad del haber, “es uno de los aspectos centrales” que deberán considerar los legisladores “cuando el Poder Legislativo encare el cometido pendiente de establecer un nuevo régimen previsional general debidamente ordenado, surgido del consenso interdisciplinario mayoritario y sustentable en el tiempo”.

Denunciaron al Gobierno ante la OEA por trabar los juicios de jubilados

2010-11-16T03:02:00.000-08:00

16/11/10
Es porque la ANSeS apela las sentencias y elude medidas para que puedan cobrar.

Por
Ismael Bermúdez

Por la cuestión jubilatoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y abogados previsionalistas volvieron a denunciar al Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

Esta vez fue porque el Gobierno no convoca a la Comisión de Seguimiento de los compromisos asumidos el año pasado por el cual debían implementar una serie de medidas en favor de los jubilados.

Clarín accedió a la carta que el CELS y los abogados previsionalistas Sergio Bobrovsky y Horacio González -patrocinantes de la denuncia- enviaron al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón.

Allí señalan que, en junio de este año, “se acordó la conformación de una comisión de seguimiento periódico de los compromisos asumidos, coordinada por la Cancillería”, que fijó “la primera reunión para el 22 de septiembre”. Y a renglón seguido agregan que “lamentablemente, hasta el día de la fecha, la segunda reunión de trabajo no se ha concretado” y “no hemos recibido comunicación alguna para reprogramar la reunión inicialmente concertada para el 22 de septiembre y luego suspendida”.

Como se recordará, luego de un proceso que insumió muchos años, en noviembre de 2009, tras un acuerdo de “solución amistosa” la ANSeS se comprometió a:
Pagar todas las sentencias judiciales firmes.

No apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia favorables a los jubilados, en los que la Corte Suprema ya se hubiera expedido, como el caso Badaro.

Desistir de los recursos judiciales que ya hubieran sido presentados ante la Corte Suprema o ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, contra las sentencias favorables a los beneficiarios.

Establecer un mecanismo de seguimiento periódico del cumplimiento de los compromisos asumidos coordinado por la Cancillería argentina.

Ninguno de estos compromisos fueron cumplidos. Como adelantó este diario el sábado pasado, en lo que va de este año, hasta octubre, l as apelaciones a los fallos de primera instancia sumaron 26.083 , casi un 25% más que en igual período de 2009. A eso se agregan 80.620 nuevas demandas iniciadas por los jubilados, con lo que este año la litigiosidad previsional volvería a marcar un nuevo récord.

Estas nuevas demandas, se agregan a un stock de 400.000 juicios, cuya magnitud es tal que la Corte Suprema debió declarar “feriado judicial” durante 3 semanas, hasta el próximo 19 de noviembre, en 7 Juzgados de esta Capital para que los empleados puedan trasladar expedientes a otras instalaciones.

Para el abogado Horacio González “es inconcebible que el Estado no respete los fallos de la Corte, dilate deliberadamente el pago de las sentencias judiciales firmes, oponga todo tipo de excepciones y chicanas para prolongar los pleitos y siga apelando, a pesar que se comprometió internacionalmente a no hacerlo”.

Inflación: Golpea a todos y se ensaña con los pobres

2010-11-14T06:37:00.000-08:00

Golpea a todos y se ensaña con los pobres
03/11/10

Por
Ismael Bermúdez
Análisis

La inflación golpea a todas las clases sociales, pero se ensaña más con las más pobres. Y no es un “tema menor” porque la suba de los precios hace tiempo superó el dígito y se aproxima al 30% anual, impulsada por factores externos e internos, sin que se vislumbre un freno o desaceleración.

Estas conclusiones se basan en que todas las mediciones, inclusive las del INDEC, marcan que la inflación actual está siendo motorizada por la suba de los precios de los alimentos y en especial por los que integran la canasta básica alimentaria, como carne, frutas y verduras.

Es sabido que la suba de los precios de los alimentos impacta más en las franjas de la población que menos ganan, como los asalariados y los jubilados. La razón es que esos sectores destinan una parte mayor de sus ingresos a alimentarse.

Además, la inflación ya está superando las subas nominales alcanzadas por la mayoría de las paritarias y los jubilados, con el agravante en este caso que recién en marzo de 2011 deberían recibir una nueva actualización, mientras la inflación sigue licuando sus ingresos. Nuevamente salarios y jubilaciones corren por detrás de los precios, con el riesgo de que continúe esa carrera ascendente y despareja en una espiral más que preocupante.

Veamos las cifras. En lo que va del año, hasta octubre, los precios de los alimentos subieron más del 27%. Pero si se toman sólo los alimentos de la canasta básica (que se utiliza como referencia para medir la indigencia y la pobreza), la suba trepa al 37%, con la carne vacuna haciendo punta: por ejemplo, Economía & Regiones registró que el precio del asado de ternera tuvo un aumento del 104%. Otros cortes, como la carne picada, subieron el 90%.

En promedio, los alimentos insumen el 37,9% del gasto de los hogares pero en las familias pobres, esa proporción supera el 40% y hasta más del 45% porque con un ingreso más chico deben destinar una parte mayor a asegurarse la alimentación. Cuánto menor es el ingreso de las familias, mayor es la parte que absorbe los alimentos y queda un resto menor para el resto de los bienes y servicios.

En cambio, al disponer de un ingreso mayor, en las familias de clase media se sitúa por debajo del 35% y entre las más ricas, por debajo del 30%. Y disponen de una proporción mayor de sus ingresos para adquirir bienes y servicios cuyos precios aumentan para un ritmo menor.

A todo esto se agrega que, por factores internacionales y domésticos, el tipo de cambio nominal está planchado y la inflación argentina también sube medida en dólares.

Nuevamente, las clases altas están aprovechando esos precios relativamente más baratos para comprar bienes importados o para viajar al exterior, algo que no hacen ni los indigentes ni los pobres ni los que ganan menos. Eso también es aprovechado por las filiales de empresas extranjeras para girar más utilidades (divisas) a sus casas matrices. Y por los inversores financieros internacionales para “apostar” en bonos y acciones argentinos porque obtienen aquí rendimientos varias veces superiores a los del los mercados avanzados

La suba en alimentos ya licuó gran parte del subsidio por hijo

2010-11-08T07:09:00.000-08:00

Según el valor de la canasta que se tome, la erosión puede llegar hasta el 92%.
Clarin
08/11/10

Por
Ismael Bermúdez

El fuerte incremento de los precios de los alimentos básicos no solamente está deteriorando el poder de compra de los asalariados y jubilados.

Ya erosionó buena parte de la Asignación por Hijo y de otros planes sociales . Además, volvió a incrementar los niveles de indigencia y de pobreza que se determinan por la evolución de la canasta básica alimentaria.

Según el INDEC, esa canasta mínima para una familia tipo (matrimonio y dos hijos) aumentó 164 pesos en los últimos 12 meses , tomada a septiembre, absorbiendo más de una tercera parte de las dos asignaciones por hijo que percibe esa familia y que suman $ 440 ($ 220 por cada chico).

Con un relevamiento propio de los precios, la consultora FIEL calculó que en un año -en este caso a octubre- esa misma canasta se encareció en 404 pesos, “devorando” el 92 por ciento de la asignación de dos hijos.

Para el INDEC, en un año, el valor la canasta básica alimentaria se incrementó un 20,3% , duplicando el alza promedio de los precios. Para FIEL ahora esa misma canasta vale un 36,2% más que en octubre de 2009. El Estudio Bein calculó que los alimentos que se consumen en el hogar subieron en un año el 37,3% (ver recuadro).

Así, aunque divergentes, estas cifras públicas y privadas coinciden en un punto: la inflación está en ascenso y ya licuó buena parte de la política asistencial del Gobierno , pese a lo que sostiene el ministro de Economía, Amado Boudou, cuando dice que la inflación es un tema que no preocupa a la gente y que “tal vez” pueda preocupar a la clase media-alta.

El fenómeno sigue golpeando con más fuerza a los sectores más débiles. Por condición social, a los indigentes y a los pobres que destinan casi la totalidad de sus magros ingresos a alimentarse. Por ingresos, perjudica a los que ganan menos o tienen un haber o sueldo fijo que vuelcan un alta proporción a la compra de alimentos. Por actividad, a los operarios y empleados que, en promedio, vuelcan el 40% de sus sueldos al rubro alimenticio.

Para FIEL, a octubre, una familia tipo necesitaba $ 2.017 mensuales para no ser considerada pobre. Se calcula que el 30% de los hogares gana menos de esa cifra .

Además de las grandes cadenas formadoras de precios, uno de los beneficiados por la mayor inflación es el propio Gobierno.

Porque le permite recaudar más con el llamado “impuesto inflacionario” . Es considerado el peor y más regresivo de los tributos porque hace que los sectores de ingresos fijos aporten más al Fisco a costa de una pérdida de su poder adquisitivo.

Con los números de la Tesorería en la mano, Maximiliano Castillo Carrillo, economista de la consultora ACM, calculó que el 58% del aumento de la recaudación tributaria “se explica por la dinámica de precios y salarios”. Y que del 33,8% que creció la recaudación en el acumulado del año, 19,6 puntos se explican por la inflación. Castillo Carrillo agrega que “el aporte de la inflación a la suba de la recaudación es el más elevado desde 2006 ”. Y opina que eso tiene efectos “distorsionantes” sobre la economía.

Además, mientras que la suba de los precios apuntala los ingresos de las empresas que remarcan y la recaudación impositiva aumenta día a día, el gasto público y los partidas para los sueldos suben, pero lo hacen con un enorme rezago . Los ejemplos más destacados son las jubilaciones, que se actualizan cada seis meses, y los salarios de los trabajadores del sector público y el privado, una vez por año, con aumentos escalonados.

Estas distintas velocidades de actualización le permiten al Gobierno y a los formadores de precios hacer “jugosas” diferencias a costa de los salarios y jubilaciones.

Jubilados: la factura es injusta

2010-11-06T04:16:00.000-07:00

Clarín
06/11/10

Por
Ismael Bermúdez

Ante el rechazo masivo a las reformas jubilatorias que los gobiernos están impulsando en casi todo el planeta, el martes en esta sección, el ex jefe de gobierno de España, el “socialista” Felipe González, insistió en la necesidad de subir la edad jubilatoria y reducir el cálculo de las jubilaciones . El argumento es que, sin esos cambios, esos regímenes son inviables porque la gente vive más y tiene menos hijos.

Así González se suma a los que plantean que la crisis es por causas demográficas y que el agujero fiscal de los Estados no tiene nada que ver con los “rescates” de billones de dólares a los grandes bancos y al sistema financiero internacional. Tampoco tendría que ver con las enormes pérdidas que sufrieron las inversiones que hicieron los fondos jubilatorios públicos y privados con los aportes de los trabajadores - que se dijo aseguraban de “por vida” las jubilaciones- o con el aumento de la precarización laboral o el trabajo “en negro” .

Como si el sistema previsional fuese una isla, González repite la “tesis” de que la buena noticia de vivir más no puede sostenerse si no se achican las jubilaciones y se incrementan los años de trabajo. Pero no dice que esto agrava la crisis laboral y social . Con la desocupación en alza, prolongar la vida laboral llevaría a bloquear aún más el ingreso laboral de los más jóvenes, o sea, más desocupación . En lugar de mitigarla, permitiendo la jubilación anticipada , se propicia un mayor desempleo y hasta “regular” los flujos inmigratorios para que sean funcionales a las necesidades del capital en cada coyuntura.

González soslaya que el crecimiento de la expectativa de vida es una consecuencia del aumento de la productividad del trabajo y que hoy el trabajador crea una riqueza varias veces superior al incremento de los jubilados respecto a la población ocupada . Pero ese excedente es apropiado por el capital bajo sus diversas formas, en especial las financieras, lo que impide que se convierta en un mayor bienestar social y más todavía cuando por sus propias contradicciones desemboca en crisis global.
En definitiva, lo que se propicia es que esta “factura” la paguen los trabajadores y los jubilados , prolongando los años de trabajo y reduciendo los haberes

Jubilaciones: El impacto de no cumplir con la ley

2010-10-24T05:18:00.000-07:00

24/10/10

Por
Ismael Bermúdez

Hace tiempo se sabe que los edificios de Juzgados de la Seguridad Social están colapsados. También, que por cada sentencia que se dicta ingresan cuatro nuevos juicios; que la ANSeS apela las sentencias o las liquida mal, lo que obliga a nuevos juicios; que ya no alcanzan los pasillos para archivar los expedientes; que se especula con el tiempo que demoran los juicios, muy superior a la expectativa de vida de los jubilados reclamantes; que las jubilaciones son magras, achatadas y cubren menos de la mitad de una canasta básica.

La explosión de juicios es porque el Estado no está cumpliendo con la legislación previsional que dice que la jubilación es un salario, que se calcula según el salario y se actualiza por la evolución de los salarios.

Con sus fallos, la Corte lo único que hizo fue ratificar que el Estado no cumple con esas normas y ordenó cumplirlas en los casos Badaro, Elliff o Gemelli.

Lo que sucede es que esos fallos, al ser individuales, obliga a cada jubilado a iniciar un juicio para percibir lo que le corresponde. En lugar de penalizar al infractor, en este caso al Estado, se obliga al perjudicado a costear un abogado, a iniciar un juicio y a esperar años y años hasta que se conozca la sentencia favorable que, sin embargo, va a ser apelada por la ANSeS o mal liquidada, obligando a comenzar un nuevo juicio.

En parte, esto intentó corregirse con la ley que establecía el 82%, sancionada por el Congreso ya que, no reconocía la retroactividad pero, al menos, extendía hacia delante a todos los jubilados los reajustes ratificados por la Corte. Pero el veto presidencial frustró esta alternativa, agravando el colapso judicial.

Tras el veto, ahora para evitar que se desplomen los edificios judiciales, está la amenaza de una feria judicial.

Para no seguir penalizando a los jubilados, la Corte Suprema debería extender su propia doctrina a todos los que les corresponde, poniendo un punto final a la “industria del juicio”. Así, será justicia

Por temor a un derrumbe, los jueces piden no aceptar nuevos juicios de jubilados

2010-10-24T05:15:00.000-07:00

Por Ismael Bermúdez

En las próximas horas, la Justicia de la Seguridad Social podría quedar paralizada. El edificio donde funcionan los Juzgados de la Seguridad Social en la calle Marcelo T. de Alvear 1.840 de esta Capital está en “el máximo admisible de peso” por las decenas de miles de expedientes que acumula, según el informe técnico del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). Y como siguen ingresando nuevas causas, los jueces del Fuero le pidieron a la Cámara Federal de la Seguridad Social, “que se decrete en forma inmediata feriado judicial (sin concurrencia a los lugares de trabajo). La medida solicitada es requerida para la totalidad de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social, a fin de evitar la previsible recarga del edificio principal por ingreso de causas y público asistente a los Juzgados allí ubicados, que además deberían redistribuir los espacios existentes en la planta principal”.

En otras palabras: hasta que se resuelve este colapso, y si se aprueba este pedido, los jubilados no podrán ingresar en los Tribunales nuevas demandas.

Como viene informando Clarín , en la Justicia hay más de 400.000 juicios de jubilados que reclaman que se reajusten sus haberes de acuerdo a la ley previsional, ratificada por la Corte Suprema en casos como Badaro, Elliff, Gemeli y otros (ver Fallos ). Solamente en lo que va de este año, ingresaron 73.000 demandas nuevas.

Según los jueces, el INTI les informó que de acuerdo al último informe de ese organismo, el edificio Anexo de Marcelo T. de Alvear no puede almacenar más papeles.

A eso se suman “los 23 empleados por piso” y “la cantidad de letrados y público en general que transita los Juzgados diariamente”. Y agregan que “en el transcurso de esta semana, los inspectores del INTI concurrieron nuevamente al edificio, diciendo que ya venían informando de la situación, que esta vez el dictamen sería más contundente y que alguien debería tomar decisiones”.

En el Edificio funcionan los 10 juzgados , repartidos 3 en el sector principal y 7 en el Anexo. Solamente “en los últimos días ingresaron alrededor de 15.000 expedientes nuevos”. Se estima que cada Juzgado tiene 40.000 causas. Los expedientes se acrecientan porque, además, la ANSeS apela la mayoría de las sentencias y no está cumpliendo con el compromiso de desistir ante sentencias similares a lo que fijado por la Corte Suprema.

Los jueces agregan que “no podemos soslayar que no existe en el edificio Anexo salida de emergencia alguna ni escalera de incendio, y que los estrechos pasillos se encuentran obstruidos actualmente por la gran cantidad de expedientes en trámite, que ya no pueden ser ubicados al interior de los Juzgados por resultar insuficiente el lugar asignado, incrementando los mismos de la carga de fuego debido al exceso de papel”.

Las autoridades de la Cámara también vienen denunciando que el Fuero está colapsado por lo que se considera que adoptarían alguna medida de emergencia que podría llevar a suspender la recepción o el sorteo de nuevas demandas de los jubilados. Sería otro golpe muy duro para los jubilados, cuando todavía no terminaron de digerir el veto presidencial al 82% y al reajuste de los haberes.

Para superar este colapso judicial, cada vez son más los especialistas que plantean que la Corte Suprema debería extender su doctrina a todos los jubilados lo que evitaría que más jubilados presenten nuevas demandas.

82% móvil

2010-10-11T04:27:00.000-07:00

El 82% móvil está registrado en la memoria
previsional a partir de 1958. Entonces se
sancionó la ley 14.499, luego que la Convención
Constituyente de 1957 fijara que las jubilaciones
y pensiones debían ser “integrales” y
“móviles”.
Como la jubilación es un salario diferido -
en parte financiado por el propio trabajador
con su aporte a lo largo de su vida activa- el
principio que lo guía es que el jubilado pueda
mantener el nivel de vida que tuvo en los últimos
años de vida activa. Se fijó en el 82%
porque equivale al ingreso de bolsillo del trabajador
activo, una vez descontados los aportes
a la Seguridad Social. Y móvil para asegurar
su continuidad y actualización.
Aún así, los distintos gobiernos no sólo
no fueron cumpliendo con esa norma sino
que lanzaron una batería de medidas que lo
pulverizaron.
A eso se agregó que los enormes superávit
de las cajas acumulados en los años 50 y 60,
que estaban invertidos en bonos del Estado -
llegaron a representar casi el 50% del Producto
Bruto Interno (PBI)- fueron usados para
financiar los rojos del mismo Estado y licuados
por la inflación.
Lo que vino después es más conocido. La
reforma de 1994, además de instalar un régimen
privado, no dejó en el sistema público ni
rastros del 82% ni de la movilidad. Luego, en
2001, apareció el recorte del 13%.
Después, las jubilaciones quedaron demolidas
por la inflación. Y si bien el gobierno
fue subiendo el haber mínimo, reestatizó el
sistema y otorgó la jubilación por moratoria,
no recompuso los haberes, achatándolos a tal
punto que hoy tres de cada cuatro jubilados
cobra apenas el haber mínimo de 1.046 pesos mensuales. ◗

El INDEC y la crisis de confiabilidad

2010-09-26T07:17:00.000-07:00

26/09/10

Por
Ismael Bermúdez

El INDEC va a realizar el 27 de octubre próximo el Censo de Población, Hogares y Viviendas cuando la confianza de la sociedad en el Instituto Estadístico es bajísima, por no decir nula.

En su reciente evaluación, el Comité Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES) del INDEC de las cinco universidades nacionales designadas por el propio Gobierno dice que “la pérdida de credibilidad del organismo estadístico es un hecho incontrastable y trasciende las metodologías empleadas. Simplemente los agentes sociales y económicos que toman decisiones usando información no confían en las estadísticas generadas por el Instituto”. Y agrega que este descrédito “se ha dado paralelamente con un deterioro en el funcionamiento del Instituto y con la pérdida de valiosos recursos humanos debido a alejamientos y desplazamientos de carácter involuntario”.

Esta descripción, más que realista, indica que el censo no va a realizarse en el clima de confianza que requiere una convocatoria a más de 41 millones de personas para que, aunque sea en forma anónima, suministren todo tipo de información a los censistas. Y tampoco garantiza que esa información sea luego procesada con el rigor técnico que merece.

Más grave es que desde distintos sectores académicos y parlamentarios se fue advirtiendo de esta situación a tal punto que hay proyectos de ley que plantean suspender la realización del Censo. También, aunque no figuraba en su agenda, el CAES “incluyó este tema en todas las demandas de información al INDEC atento a la importancia que el mismo tiene por tratarse de un relevamiento que se realiza una vez cada 10 años y que constituye el marco de referencia de todas las estadísticas socioeconómicas y demográficas que se elaboran en el país, no sólo a nivel nacional sino también el provincial y local”. El CAES luego formuló objeciones y recomendaciones, que no fueron tomadas en cuenta.

Así, se corre el gran riesgo que se dilapide el enorme esfuerzo humano y económico (el costo presupuestado es de $ 303 millones más el feriado). Y que como, sucede actualmente con el Índice de Precios al Consumidor y otras estadísticas, por una mala preparación, una deficiente recolección de los datos y la manipulación de los resultados se concluya, en lo que advierte el CAES: “en una gravosa carga para las generaciones futuras quienes no podrán contar con un registro histórico confiable de la Nación y su evolución”.

Dudoso test para progresistas

2010-09-24T04:19:00.000-07:00

24/09/10
en Opinión Clarin.

Por
Ismael Bermúdez

El ex ministro de Salud, Aldo Neri, propuso el lunes en esta sección que respondiéramos a un test para saber si, como la mayoría cree, uno es realmente progresista, o en cambio, un simple populista.

Acepté el desafío . Y resultó que por estar a favor del 82% móvil, un sueldo mínimo igual al costo de la canasta familiar, un salario que no esté alcanzado por el impuesto a las Ganancias y en contra de reducir la previsión a una jubilación y a una cobertura de salud asistenciales, el test arrojó que no soy un progresista ... sino un populista conservador .

Me parece que algo falla en el test del ex ministro. Si el test pretende diferenciarse del “progre-populismo” oficial, Neri quizás está mal informado. El Gobierno no acepta el 82% ni siquiera para la mínima. Mantiene los haberes en un tercio del salario. No actualiza por la inflación el tope salarial de Ganancias. Deja que el 36,5% de los asalariados siga “en negro”. No grava la renta financiera. Entrega la minería a pulpos monopólicos. Y se desvive por pagar la deuda, incluso con reservas del Banco Central y financiamiento de la ANSeS.

El “error” de Neri obedece a que el test tiene como premisa que los beneficios de los trabajadores son un “privilegio” en detrimento de los “sectores más alejados y más débiles”. Neri opone el obrero al desocupado y el jubilado al que carece de este derecho. No tiene en cuenta que la función del desempleo es reducir el valor de la fuerza de trabajo del ocupado e incrementar la ganancia de los monopolios, mientras que la privación de derechos jubilatorios promedia hacia abajo las jubilaciones.

Universalizar el asistencialismo, como pide el Banco Mundial, es reaccionario.

Progresista es universalizar el derecho al trabajo en blanco y el retiro jubilatorio en las mismas condiciones del activo .

Neri dice que “los tiempos” y “el arte de lo posible” aconsejan anular los derechos adquiridos y reemplazarlos por un piso asistencial de salud y jubilación que ronda entre la indigencia y la pobreza.

¿Y no es hacia allí que estamos yendo de la mano del “progre-populismo”? Sería preferible no resignarse a los hechos consumados, característica esencial del conservador, ni mirar para otro lado ante las ganancias del capital

El informe universitario que aplazó a la plana mayor del INDEC

2010-09-17T02:00:00.000-07:00

Clarin
17/09/10

Por
Ismael Bermúdez
Analisis

El informe universitario terminó de zanjar la polémica sobre la credibilidad del Indice de Precios al Consumidor (IPC) y otras mediciones que todos los meses difunde el INDEC.

Porque el diagnóstico académico --a saber, que el IPC no es creíble, que hay que hacer uno nuevo y que desde fines de 2006 la calidad del organismo se encuentra en su punto más bajo después de ubicarse “en los más altos estándares internacionales”--proviene, ni más ni menos, que de un Consejo Académico integrado por profesores de estadística, matemáticas, economía, sociología y derecho de cinco universidades nacionales creado por un decreto presidencial y designado por el propio Gobierno en julio de 2009.

“Es como perder 5 a 0, jugando de local, y después de fijar las reglas del juego, designar al referí y a los jugadores tanto locales como visitantes”, graficó un docente de la UBA quien agregó que, con este informe, “la plana mayor del INDEC no pasó el examen, no revalidó los títulos, quedó bochada”.

De ahí que lo que se diseñó como una estrategia para “ganar tiempo” y lograr el aval “de las instituciones técnico-académicas de nivel nacional” se transformó en un búmeran para el Gobierno.

Ahora se corre el riesgo que el informe académico universitario quede perdido en un cajón ministerial. Sin embargo, no hay margen para dejar las cosas como están, ensayar maquillajes o gatopardismos.

Con más urgencia que antes, lo que corresponde es apartar a los responsables de este estado de descrédito del INDEC, revisar las estadísticas posteriores a 2007, reincorporar a los directores, técnicos y empleados desplazados u obligados a renunciar y, sobre esa base, reorganizar el organismo

“Expertos” que nivelan para abajo

2010-09-17T01:56:00.000-07:00

Clarin
17/09/10

Por
Ismael Bermúdez

¿Hay que eliminar la vinculación de la jubilación con el salario, borrar definitivamente el 82% de la historia previsional y fijar una jubilación básica “universal”?
Es lo que plantean distintos especialistas con el argumento de que el 82% es inviable, que no hay fondos para garantizarlo y que el aumento de la expectativa de vida destruye toda posibilidad de financiarlo. Y recomiendan, a quienes pretendan percibir un haber superior al mínimo asistencial, que realicen aportes voluntarios en algún régimen de capitalización, sin ninguna garantía respecto del monto a cobrar en el futuro ya que dependerá de las vicisitudes financieras.

Esta argumentación -que se presenta como de “responsabilidad fiscal” y que convierte el progreso de vivir más años en una calamidad personal y social - soslaya que los fondos previsionales fueron desviados en subsidios y desvalorizados por las sucesivas crisis fiscales y financieras , que no son responsabilidad de los que aportaron . También omite, en la magnitud de la crisis fiscal y previsional, los efectos de la evasión, el empleo “en negro”, el desempleo, los aumentos salariales “no remunerativos” y la reducción de los aportes patronales, tolerados y hasta alentados por los sucesivos gobiernos.

Pero la jubilación es un salario indirecto o diferido que se financia en parte con el sueldo del trabajador . Por eso, si la jubilación fuese reemplazada por una prestación básica, se produciría jurídicamente una confiscación del salario y una “legalización” de toda la sustracción sufrida por los fondos de los trabajadores por la acción especulativa, la evasión y las decisiones gubernamentales contrarias a la previsión social, que es lo que ha venido pasando.

En lugar de ampliar los derechos sociales, se nivelaría hacia abajo, empobreciendo aún más a los trabajadores que aportaron a lo largo de 30 o más años, como se evidencia hoy en que el haber medio equivale a apenas el 36% del sueldo medio de la economía . Y en lugar de sacar a los indigentes y pobres de la degradación, con más trabajo, inversión, reestructuración económica, financiera y tributaria se consagraría como aspiración y meta del milenio el “derecho a un piso de indigencia

¿Ganó la precariedad?

2010-09-11T05:45:00.000-07:00

Revista Ñ
11-09-2010

El derrumbe de la sociedad salarial generalizó el empleo precario.
Para la polémica, el francés Robert Castel propone adaptarse sin discutir.

Por Ismael Bermúdez

En “El ascenso de las incertidumbres”( “Trabajo, Protecciones, Estatuto del individuo”), el renombrado sociólogo francés Robert Castel, vuelve a indagar en “la gran transformación” que se produjo en las últimas décadas en la sociedad salarial y que dio lugar a lo que define como “precariado”.
Con esto se refiere al fenómeno de la precariedad laboral que al comienzo –dice- fue pregonada como “un mal momento” pasajero mientras el capitalismo iría superando su crisis, pero que se ha convertido “en una condición de alguna manera “normal” de la organización del trabajo, con sus características propias y su propio régimen de existencia”. “Se podría llamar “precariado” a esta condición bajo la cual la precariedad se convierte en un registro propio de la organización del trabajo”.
Si bien Castel menciona los ejemplos franceses, como los contratos “atípicos” de empleo, de aprendizaje, de acompañamiento en el empleo, de ingreso mínimo de actividad, de tiempo parcial, de pasantías, esas figuras del precariado son ampliamente conocidas en la Argentina, camufladas o no bajo los contratos a tiempo parcial, el Monotributo o Monotributo Social, Argentina Trabaja u otros planes llamados de empleo.
”Por cierto – agrega Castel- la mayoría de estas medidas son siempre presentadas como provisionales y destinadas a servir de transición en un recorrido que debe conducir al “empleo duradero”. Pero la experiencia de aquellos que llevan a cabo estos recorridos por lo general es muy diferente. En lugar de una transición hacia el empleo duradero con frecuencia se observa el pasaje de una pasantía a otra o de un contrato asistido hacia otro contrato asistido o un empleo de duración limitada, con el intervalo de períodos más o menos largos de inactividad, soportados gracias a un poco de ayuda social, un poco de ayuda familiar cuando existe, y a veces también algunas actividades delictiva”.
Este proceso fue acompañado – prosigue el autor- de un “deslizamiento progresivo” del modelo de protección social basado en el trabajo hacia otro “minimalista” para “los que no pueden entrar en el régimen de la seguridad social porque están fuera del trabajo”.
A pesar de este duro y realista diagnóstico de la situación laboral y social, Castel descarta toda superación a esta degradación social porque – escribe- “la versión más resplandeciente y heroica de la crítica del capitalismo, la alternativa revolucionaria, se retiró de nuestra historia, por lo menos en el presente y en un porvenir previsible”.
A partir de este diagnóstico, Castel confía en que se irá logrando un nuevo registro o regulación de las relaciones laborales y de protección social adaptados a la situación actual. “Desde este punto de vista, la búsqueda de un nuevo compromiso, diferente pero homólogo al del capitalismo industrial, entre una exigencia de competitividad-flexibilidad por el lado de las empresas y una exigencia de protección-seguridad por el lado de los trabajadores, aparece como la articulación que sería necesario promover para que los trastornos actuales no desemboquen en una salida por la parte inferior de la sociedad salarial, cuyo desenlace sería un remercantilización completa del trabajo”.
Castel califica esta posición, a la que adhiere, como la de “un reformismo realista” con un Estado social que articula el mercado y el trabajo, que redefine los derechos laborales y la protección social y que construye una “verdadera solidaridad” en el que todos los miembros de la sociedad reciban un mínimo de recursos y derechos comunes que constituyen “su ciudadanía social”. Y hace esta propuesta porque considera que el Estado no es un instrumento de la dominación de clase sino un árbitro que conduce y articula compromisos “en nombre de la cohesión social”.
Así, por ejemplo, plantea “dar un estatuto al trabajador móvil” o garantizar prestaciones a los que se desempeñan en las actividades precarias o están desempleados. En lugar “de la concepción degradada de la solidaridad que consiste en prodigar ayudas a las categorías más desprovistas”, Castel dice que habría que “refundar por completo el conjunto de los derechos y las protecciones del trabajo, inclusive para aquellos que tienen actualmente un empleo estable”.
De este modo, en lugar de cuestionar el “precariado” para sacar a los precarios de esa situación para que dispongan de los derechos plenos de los asalariados y de la previsión social, Castel plantea adaptar la legislación laboral y de seguridad social a las nuevas condiciones precarias. Eso no sería otra cosa que nivelar hacia abajo, ya que incluye en su propuesta a los que tienen una ocupación estable.
Estas serían las tareas de arbitraje que le asigna al Estado social que no es otra cosa que articular un compromiso con las organizaciones sindicales y sociales - lo que supone la reglamentación y regimentación del accionar laboral y social y hasta una mayor estatización de las organizaciones sindicales- en función de la “cohesión” de los intereses del sistema.
Castel soslaya que los Estados llamados a cumplir este rol no solo no fueron ajenos a la enorme degradación social que describe sino sus promotores, luego de haberse devorado los fondos que debían servir para financiar el Estado de Bienestar. Ahora esos Estados están en bancarrota fiscal por los niveles de endeudamiento que debieron asumir para rescatar a los grandes grupos económicos y al sistema financiero, al mismo tiempo que pretenden descargar esos déficits achicando salarios y jubilaciones, elevando la edad jubilatoria, mientras el desempleo vuelve a trepar a tasas de dos dígitos. Las propuestas que Castel califica de realistas-reformistas no se oponen a este curso de acción sino que se adaptan y complementan. Los derechos y las prestaciones mínimas de la “ciudadanía social” no son otra cosa que “precariado” en la vida activa y un ingreso de pobreza luego del retiro laboral.
El autor también soslaya las consecuencias regimentadoras y hasta totalitarias de un llamado Estado social cuya tarea esencial sería regular todavía más a la fuerza de trabajo para permitir el desenvolvimiento del mercado.
Castel incurre en un error de método ya que pretende abordar la degradación social ya no solo sin discutir o cuestionar el régimen de producción que la produce y reproduce. Ni siquiera cuestiona el rescate de la banca y de los fondos especulativos o sugiere alguna quita al sistema financiero y a los monopolios, la nacionalización de los bancos o la eliminación de la deuda pública financiera. Concluye así adaptándose al precariado que tan magníficamente describe.

Asignacion por hijo: marcha atrás del Gobierno

2010-09-11T05:11:00.000-07:00

Asignación y debates
POR ISMAEL BERMUDEZ

La Razón
11-09-2010

Tuvo que producirse una fuerte reacción popular para que el Gobierno diera marcha atrás --por lo menos hasta fin de año- con la decisión de dejar de pagar la asignación por hijo a los chicos que concurren a escuelas privadas.

El argumento, según un comunicado oficial, es que "los recursos de ANSES no son ni de la Presidenta ni del Director Ejecutivo, sino de todos los argentinos" y no pueden destinarse a favorecer a establecimientos educativos privados o a familias que cuentan con recursos para pagar una cuota privada.

Detrás de este mensaje - que está embuido de un supuesto rapto de laicismo- hay varias falacias:
* El gobierno se impregna de una supuesta defensa de la enseñanza estatal, cuando hay un vasto movimiento de protesta estudiantil por el deterioro de los edificios de las escuelas públicas, que ahora se extendió a las Universidades.
* Así como no todos los chicos que van a escuelas públicas son de familias pobres, no todos los que cursan en escuelas privadas pertenecen a hogares ricos. Es sabido que a través de becas o cuotas muy bajas el 20% de los hogares con chicos pobres reciben educación privada.

* Muchas familias recurren a la educación privada por el deterioro educativo y de infraestructura de la educación pública, que es de entera responsabilidad del Estado y los gobiernos tanto de orden nacional como provinciales.

* El supuesto espíritu laicista se contradice con el vaciamiento de la educación pública, en tanto el Estado subsidia la educación privada y confesional.

* Los recursos de la ANSeS son de todos los argentinos dicen desde el Gobierno- cuando el Estado no cumple con las leyes previsionales y tampoco con los fallos judiciales, alienta la "industria del juicio" favoreciendo a miles de abogados que se llevan una parte sustancial de las sentencias favorables a los jubilados que se pagan con dinero público y los fondos del Presupuesto se manejan con total discrecionalidad.

* La asignación "universal" no es tal porque muchos sectores de bajos recursos como los hijos de monotributistas de categorías bajas--están excluidos del beneficio.

* La asignación se paga con fondos de la ANSeS, absorbiendo los planes sociales que antes se pagaban a través del Tesoro. Luego se justifican los magros haberes jubilatorios con el argumento de que la ANSeS tiene mayores erogaciones no previsionales.

Finalmente, la ANSeS dio marcha atrás con una medida que nunca informó. Pretendió hacer pasar una medida excluyente y discriminatoria que fue frustrada por la reacción de las familias perjudicadas.

Asignación: Un plan que deja marginados

2010-09-10T05:09:00.000-07:00

10/09/10

Por
Ismael Bermúdez

El requisito de que los chicos asistan a una escuela estatal para cobrar la asignación por hijo supone excluir a las familias que tienen ingresos suficientes para pagar una escuela privada.

Sin embargo, por la existencia de escuelas subsidiadas que no cobran cuotas o son muy bajas, “la asistencia a escuelas privadas no es exclusiva de los niños pertenecientes a hogares de altos ingresos.

De hecho, más de un quinto de los niños en edad escolar que viven en el 20% de hogares de menores ingresos en aglomerados urbanos asiste a un establecimiento privado”, dice el último Informe de CENDA (Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino).

Esta exclusión es más irritante porque muchas de estas familias eran asistidas por planes sociales, como el Familias, que fueron absorbidos por la asignación por hijo . Ahora, estas familias pobres “excluidas” no tienen ni una ni otra ayuda.

Otro sector no contemplado en la Asignación es el de los hijos de los monotributistas de las categorías más bajas que en general, como precisa CENDA, “son trabajadores víctimas de una relación salarial fraudulenta o bien se desempeñan por cuenta propia, lo cual no implica necesariamente que se hallen fuera de una situación de vulnerabilidad social o de bajos ingresos”. Así, la exclusión de este sector termina siendo un incentivo para darse de baja del monotributo ya que así podrían acceder a la Asignación.

A todo esto se agrega un tema clave: el financiamiento. Mientras los planes sociales se pagaban con partidas de presupuesto, la asignación por hijo se paga con los intereses del Fondo de la ANSeS . Por este pase, el organismo previsional -que paga haberes muy bajos, acumula una enorme litigiosidad y dice que no puede pagar el 82% móvil- termina financiando gastos que antes eran cubiertos con fondos del Tesoro Nacional.

En tanto, hace dos años que el Gobierno no actualiza el tope salarial (sigue en $ 4.800) que da derecho a los trabajadores en blanco a cobrar el salario familiar . Por esta razón, con cada aumento salarial, hay trabajadores que dejan de cobrar las asignaciones familiares.

JUICIO A LAS CALUMNIAS

2010-08-28T13:04:00.000-07:00

por Ismael Bermúdez

Revista Ñ
Sábado 28 de agosto de 2010

LAS ACTAS DE LA COMISION DEWEY,AHORA PUBLICADAS, PRUEBAN LA FALSEDAD DE LAS ACUSACIONES ESTALINISTAS CONTRA TROTSKY

Hace ya bastante tiempo que la opinión pública mundial sabe con certeza --algo que no ocurría en la época: que las calumnias sistemáticas de Stalin y de los voceros internacionales del aparato controlado por la burocracia de Moscú contra León Trotsky fueron una pieza central para liquidar a toda la dirigencia que había comandado la Revolución de Octubre de 1917 – cuya mayoría no compartía ni la teoría de la revolución permanente ni la caracterización de Trotsky sobre el Termidor ruso (la contrarrevolución piloteada por Stalin), ni la que caracterizaba a Stalin como un bonapartista cuya política conducía a la restauración capitalista.
Pero el 10 de abril de 1937, cuando en la Casa Azul de Krida Kahlo en Coyoacán, México, comenzaron las sesiones de la Comisión Dewey, un Tribunal constituido por grandes personalidades de la época a pedido de Trotsky para juzgar sus supuestas actividades contrarrevolucionarias, de espionaje y sabotaje contra la Unión Soviética que había lanzado Stalin, se estaban celebrando los Procesos de Moscú. Y el régimen de Stalin se encontraba en el momento de mayor crisis interna y sobrevivía a fuerza de crímenes, incluso de sus propios partidarios, y del terror. La política internacional de acercamiento a las “potencias democráticas” y los frentes populares había concluido en un completo fracaso y el régimen se encontraba aislado incluso de las propias masas en vísperas de una guerra inminente.

Los “juicios de Moscú” fueron acompañados por la masacre de decenas de miles de trotskistas y de otras corrientes de izquierda en los campos de concentración stalinianos. Fueron construidos sobre la base de “confesiones” arrancadas bajo la tortura y de una completa desmoralización política de los acusados, que pagaron de este modo su complicidad con el establecimiento del termidor. Mientras los “jueces” enviaban a los pelotones de fusilamiento a lo que quedaba de la vieja “guardia bolchevique”, Stalin liquidaba al estado mayor del ejército rojo sobre la base de su aceptación de las intrigas armadas contra ellos por el servicio de espionaje nazi. El ejército soviético había sido “depurado” dejando indefensa a la URSS frente al ejército alemán. Los seguidores de Trotsky eran asesinados en el extranjero, en tanto ya se encontraba en marcha el operativo que culminaría en agosto de 1940 en el asesinato de Trotsky en México por un agente de la GPU. Hasta junio de 1941 estuvo en vigencia el tratado Hitler-Stalin, firmado en 1939, que había entregado a la mitad de Polonia al ejército alemán. Era “la medianoche del siglo”, como había escrito Victor Serge.

En esos Procesos, Trotsky había sido declarado el principal culpable “en ausencia” de la acusación de agente del servicio de Hitler y del imperialismo japonés. Trotsky, sin embargo, había ofrecido en forma pública sentarse en el banquillo de los acusados en Moscú, a condición de que las sesiones fueran públicas, algo inaceptable para Stalin.
El “Caso León Trotsky” reúne las actas taquigráficas de la Comisión que estuvo presidida por el filósofo y pedagogo norteamericano John Dewey y otros reconocidos escritores, periodistas y abogados, como John Finerty, defensor de Sacco y Vanzetti. Las Actas evidencian que Trotsky demostró que todas y cada una de las acusaciones contra los líderes bolcheviques y las esgrimidas en su contra eran calumnias y falsedades. Refutó también los argumentos de los acusadores de que cualquier crítica socialista al stalinismo fuera “una colaboración voluntaria e involuntaria con la reacción mundial” - un sofisma que se transformaría en un ‘clásico’ de los partidos comunistas e incluso de los gobiernos nacionalistas que apoyaban su acción en la regimentación del movimiento obrero y en la cooptación de la burocracia sindical.
. Trotsky vaticinó que “cerrar los ojos frente a las sangrientas fabricaciones judiciales”, en nombre de la consigna, por otro lado correcta, de la defensa de la URSS en una guerra con el imperialismo, llevaría a “una gran catástrofe histórica”. Esta catástrofe se manifestó rápidamente: la invasión nazi encontró a la URSS sin ninguna preparación; Stalin calificó a las informaciones del servicio secreto soviético anunciando el ataque, y luego a las noticias del ataque mismo, como una “provocación” de los servicios occidentales para precipitar a la URSS a atacar al ejército alemán. Hay un lazo de unión entre el pacto Hitler-Stalin y los juicios de Moscú y el asesinato de los trotskistas: Stalin temía que un fracaso en la guerra lo barrería del poder bajo una revolución conducida de nuevo por bolcheviques.

La historia tuvo otro derrotero, pero en lo fundamental los análisis y pronósticos de Trotsky se confirmaron. El stalinismo logró quebrar todas las revoluciones de posguerra, con la excepción notable de las revoluciones china y yugoslavas (y luego la revolución cubana), que acabaron rompiendo con Moscú. Y la burocracia que reivindicaba la política stalinista condujo, en su propio beneficio, a la restauración capitalista.

ANSES: paga prestaciones que deberían estar financiadas y a cargo de otras áreas del gobierno

2010-08-19T05:27:00.000-07:00

Por
Ismael Bermúdez
19/08/10

Mientras el oficialismo y la oposición discuten si la ANSeS tiene o no recursos para pagar el 82% móvil y otros cambios votados ayer en Diputados, la realidad marca que más del 40% de los pagos que hace el organismo no son propios del régimen jubilatorio.

Esos pagos totalizan unos $ 50.000 millones anuales. Esta suma es superior a los $ 30.000 millones anuales que insumirían los cambios que discutían anoche los legisladores, de acuerdo con los cálculos del Gobierno.

De todos modos, aún si se empezara a pagar ahora el 82% móvil, el país no enfrentaría riesgos de caer en default en los próximos 3 meses, como advirtió ayer la presidenta Cristina Kirchner. Y esto porque la ANSeS cuenta con un superávit de unos $ 10.000 millones que alcanzaría para pagar un eventual incremento del haber mínimo en lo que resta de 2010.

Hacia el futuro se requiere una discusión del Presupuesto Nacional que genere, por la vía de nuevas fuentes de ingresos y redistribución del gasto, el financiamiento genuino a todo lo que hoy paga la ANSeS. Esto debería ser afrontado básicamente por el Ministerio de Desarrollo Social con partidas provenientes de Rentas Generales.

Hoy la ANSES está “sobrecargada” porque de sus ingresos corrientes se pagan:

Más de 910.000 pensiones no contributivas, que suman unos $ 10.000 millones anuales.

Se cubre el déficit de las Cajas militares, Policía y de Seguridad.

Los subsidios del programa de Reproducción Productiva (Repro) a las empresas en crisis que suspenden personal.

Las 2,3 millones de las llamadas jubilaciones “por moratoria”, que se dieron a gente con aportes incompletos o directamente sin aportes: son $ 27.000 millones.

De los intereses del Fondo de Garantía de la ANSeS salen los $ 8.300 millones para el pago de 4 millones de la nueva Asignación Universal por Hijo. Y también para el programa de computadoras a colegios y estudiantes.

En el caso de la Asignación por Hijo la “sobrecarga” sobre la ANSeS es más significativa: absorbió las partidas de planes sociales, como el Plan Familias, cuyo crédito presupuestario por esa razón este año directamente no se usó , generándole un “ahorro” al Tesoro Nacional.

Así, si todos esos gastos y beneficios tuviesen un financiamiento propio -que no fueron discutidos o evaluados cuando fueron aprobados- hasta podrían ser mejorados y acrecentados. Y la ANSeS podría pagar el 82% móvil , no sólo sobre el haber mínimo, sino para todos los jubilados.

El Gobierno sostiene que esas prestaciones corresponden a la ANSeS porque recibe una parte de los impuestos y el 15% de la Coparticipación Federal. Pero esos fondos -como se decidió en los años 90- compensan al régimen previsional nacional los desequilibrios de las cajas de jubilaciones provinciales transferidas y los déficits de las Cajas no transferidas que en 2010 rondaría los $ 7.000 millones. Y también financia los ingresos que dejó de recibir el sistema público por la reducción de unos 10 puntos de las alícuotas de las contribuciones patronales.

Así, en la práctica, la ANSeS paga haberes muy bajos y acumula una enorme litigiosidad -unos 400.000 juicios- porque financia un conjunto de gastos sociales, cuya legitimidad ningún sector discute. Pero que en definitiva lo pagan los jubilados con haberes muy bajos : hoy la jubilación promedio ronda el 36% del sueldo medio formal de la economía.